EXPROPIACIÓN. NOCIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA. EXPROPIACIÓN. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS ESTABLECER LEGALMENTE LAS CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA QUE LA JUSTIFIQUEN. PROPIEDAD PRIVADA. EL DERECHO RELATIVO ESTÁ LIMITADO POR SU FUNCIÓN SOCIAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2004. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de noviembre de dos mil cinco.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el siete de junio de dos mil cuatro, en la administración de correos de la ciudad de Colima, Estado de Colima, Gabriel Salgado Aguilar, Ferdinando Enrique Martínez Valencia, J. Félix Mendoza Pérez, Francisco Santana Ochoa, J. Antonio Álvarez Macías, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Margarita Ramírez Sánchez, Armando González Manzo y J. Jubal Ayala Jiménez, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de esa entidad federativa, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:
"Órgano legislativo que emitió las normas generales impugnadas. La LIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con domicilio en calzada Galán Esquina con calle Los Regalado s/n, de esta ciudad de Colima, Colima. Órgano ejecutivo que promulgó las normas generales impugnadas. El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Colima. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron. Las fracciones V y XIV del artículo 5o., de la Ley de Expropiación del Estado además de la fracción IX del artículo 24 bis 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, reformas que se aprobaron el 22 de abril del año dos mil cuatro, y publicadas mediante el Decreto No. 75 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional ‘El Estado de Colima’, Órgano de Publicación del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, el ocho de mayo de dos mil cuatro y que se acompaña como anexo con el No. 2."
SEGUNDO. Los promoventes señalaron como antecedentes de las normas impugnadas los siguientes:
"I. Que con fecha 20 de octubre de 2003 fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado el oficio número DGG-622/01, de fecha 7 de diciembre de 2001, recibido en la Oficialía Mayor el mismo día, relativo a la iniciativa del Ejecutivo del Estado, para modificar y reformar diversos artículos de las Leyes de Expropiación y Orgánica de la Administración Pública del Estado, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. II. En sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Colima, celebrada el día 20 de abril del 2004, se incluyó en el orden del día la lectura y análisis del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el cual proponía reformas y adiciones a diversos artículos de las Leyes de Expropiación y Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, presentada por el Ejecutivo del Estado. En el citado dictamen, se incluyó la reforma a las fracciones V, XII, XIV y se adiciona la fracción XV del artículo 5o. y se reforma la fracción I del artículo 15 de la Ley de Expropiación del Estado para quedar en los siguientes términos: ‘Artículo 5o. ... V. La creación, fomento y conservación de parques, zonas industriales, empresas e industrias para beneficio de la colectividad, así como la creación y conservación de reservas territoriales para el establecimiento de las mismas; ... XII. La construcción de presas, canales, bordos, establecimientos y explotación de pozos profundos, artesianos y desecación de pantanos; XIII. La construcción de edificios e infraestructuras de apoyo administrativo para los Gobiernos Estatal y Municipales; XIV. La creación, establecimiento, impulso, promoción y fomento de áreas, zonas, lugares y puntos de interés y desarrollo turístico; y XV. Las que sean declaradas como tales en las leyes expedidas por el Congreso del Estado.’. ‘Artículo 15 ... 1. El secretario del ramo, en los casos en que se trate de expropiar bienes que serán utilizados directamente por el Gobierno del Estado o cuya construcción estará a cargo de la respectiva dependencia o se trate de un bien que deba aportarse por el Gobierno del Estado en un esquema de coordinación con los Gobiernos Federal o Municipales, para la realización de una obra que se destine a alguna de las causas de utilidad pública prevista por el artículo 5o. del presente ordenamiento. De igual manera, podrá iniciar dicho procedimiento, cuando el bien cuya expropiación se solicite vaya a ser utilizado para la realización de acciones que se ubiquen dentro del ámbito de competencia de la respectiva secretaría; II y III ... Después de un amplio debate sobre la aprobación o no del citado artículo fue aprobado y emitido el Decreto No. 75, por mayoría de quince votos a favor y diez en contra del total de veinticinco diputados que integran la LIV Legislatura del Estado de Colima. III. Con fecha 8 de mayo de 2004, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional ‘El Estado de Colima’, correspondiente al número 23 de dicha publicación, el Decreto No. 75, mediante el cual se le da formal publicidad a la reforma que hoy se combate y que se impugna. ..."
TERCERO. Los promoventes señalaron como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primero. El Congreso del Estado de Colima al aprobar la reforma al artículo 5o. de la Ley de Expropiación del Estado de Colima contravino lo señalado en los artículos 1o., 14, 16 y 27, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque sitúa en un plano de desigualdad a los ciudadanos frente a la ley, pues tal como aprobó el artículo impugnado, unos tendrán más derechos que otros, específicamente cualquier inversionista o ciudadano con dinero, mediante trámites y con el apoyo de esta ley con la reforma pretendida, podrá apropiarse de cualquier inmueble por el solo hecho de que va a invertir y generar empleos, poniendo con esta reforma en desventaja a la ciudadanía en general, frente a la ley y favoreciendo al particular pudiente. En efecto, el artículo 5o., antes de la reforma decía lo siguiente: ‘Artículo 5o. Se consideran causas de utilidad pública para los efectos de la presente ley: I. El establecimiento, explotación, ampliación, modificación o conservación de un servicio público; II. La apertura, prolongación, ampliación y alimento de arterias de circulación peatonal o vehicular, de cualquier naturaleza como calles, avenidas, bulevares, malecones, calzadas, puentes, caminos, pasos a desnivel, libramientos, andadores y túneles para facilitar el tránsito, así como los accesos que se requieren; III. La creación, ampliación, saneamiento y mejoramiento de centros de población; IV. La construcción y ampliación de cementerios, hospitales, centros y clínicas de salud, oficinas públicas, centrales de autobuses, viviendas y conjuntos habitacionales de interés social, escuelas, bibliotecas, parques, jardines, instalaciones deportivas, teatros, auditorios, casas de usos múltiples, establecimientos penitenciarios e instalaciones para fomentar la cultura, la recreación y el sano esparcimiento; V. La creación, fomento y conservaciones de empresas, para beneficio de la colectividad; VI. La conservación de los edificios y monumentos arqueológicos o de interés histórico o artístico y de los bienes o cosas que se consideren como características notables de nuestra cultura; VII. El almacenamiento, abastecimiento y distribución de medicamentos, víveres o artículos de consumo necesarios en caso de siniestros, terremotos, derrumbes, inundaciones, epidemias, plagas e incendios; VIII. La creación y conservación de reservas territoriales para el crecimiento de las poblaciones, así como la regularización de asentamientos humanos; IX. Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad o bien cuando por cualquier medio se ataque el equilibrio ecológico; X. La construcción de carreteras, así como de caminos locales, comunales, vecinales o de penetración, entendiéndose por éstos los que comuniquen una o más regiones agrícolas con carreteras, caminos o con algún centro de población; XI. La dotación de fondos legales o las poblaciones y la ampliación de los mismos cuando sus necesidades lo requieran; XII. La construcción de presas, canales, bordos, establecimientos y explotación de pozos profundos, artesianos y desecación de pantanos por; y (sic) XIII. La construcción de edificios e infraestructura de apoyo administrativo para los Gobiernos Estatal o Municipales’. Con la reforma aprobada, quedó de la siguiente manera: ‘Artículo 5o. ... V. La creación, fomento y conservación de parques, zonas industriales, empresas e industrias para beneficio de la colectividad, así como la creación y conservación de reservas territoriales para el establecimiento de las mismas; ... XII. La construcción de presas, canales, bordos, establecimientos y explotación de pozos profundos, artesianos y desecación de pantanos; XIII. La creación de edificios e infraestructuras de apoyo administrativo para los Gobiernos Estatal y Municipales; XIV. La creación, establecimiento, impulso, promoción y fomento de áreas, zonas, lugares y puntos de interés y desarrollo turístico; y XV. Las que sean declaradas como tales en las leyes expedidas por el Congreso del Estado.’. De lo anterior se colige que el legislador sí atendió en la ley, antes de la reforma, a términos de equidad, respeto y equilibrio entre los sectores y ciudadanos que quisieran invertir, desarrollar, crear empleos etcétera. Pero con el acotamiento que garantiza el respeto irrestricto a la certeza jurídica y garantía de legalidad y dejando ante todo la igualdad de las partes ante la ley, permitiendo a la vez los derechos que sí beneficien a la colectividad. Puesto que en la ley anterior se cita específicamente ‘creación de empresas para beneficio de la colectividad.’. Los primeros tres párrafos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen lo siguiente: ‘Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público ...’. Esto es, reconoce la propiedad privada, permite las expropiaciones e indica que a la propiedad privada se le pueden imponer modalidades, en todos los casos se establecen las formas en que deban hacerlo. Así tenemos que para que proceda la expropiación de una propiedad siempre deberá ser para satisfacer una causa de utilidad pública que el legislador debe señalar en la ley. La Ley de Expropiación del Estado de Colima establece que la expropiación es el desposeimiento o privación legal de una cosa por causa de utilidad pública o interés preferente, a cambio de una indemnización justa. Sin embargo, no señala qué deba entenderse por utilidad pública, estableciendo únicamente, en su artículo quinto, una relación de causas por las que se podrá iniciar el procedimiento de expropiación, agregando que todas son causa de utilidad pública. Al no existir un concepto claro del concepto de utilidad pública el legislador puede erróneamente agregar, modificar o eliminar causas para la expropiación aduciendo que son de utilidad pública o que dejaron de serlo, lo cual es incorrecto, pues provoca un estado de peligrosidad grave en detrimento de la propiedad privada. La Constitución General reconoce sólo una causa para que proceda la expropiación de la propiedad y que es la que debe ser de utilidad pública, ninguna otra más. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes criterios al definir el concepto de utilidad pública: ‘UTILIDAD PÚBLICA. (EXPROPIACIÓN). Solamente la hay cuando en provecho común se sustituye la colectividad, llámese Municipio, Estado o nación, en el goce de la cosa expropiada. No existe cuando se priva a una persona de lo que legítimamente le pertenece para beneficiar a un particular, sea individuo, sociedad o corporación, pero siempre particular.’. ‘EXPROPIACIÓN PARA URBANIZAR. Al expropiarse, en los casos de la ley, un terreno para fundar una colonia urbana, no puede decirse que se beneficiarán únicamente los particulares, sino también el Estado y el Municipio a que pertenezca la colonia que se funda, circunstancia por la cual queda establecido el concepto de utilidad pública.’. ‘EXPROPIACIÓN. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA. La materia del procedimiento expropiatorio se constituye por la causa de utilidad pública y la evidencia de que el inmueble afectado es apto para satisfacer el fin de utilidad pública señalado en el decreto expropiatorio, siendo esta última uno de los requisitos de procedencia de la expropiación y debe determinarse en el procedimiento de la misma.’. Por su parte la doctrina ha sostenido que para que la expropiación sea constitucionalmente válida, se requiere que tenga como causa final, la utilidad pública, que implica una relación entre una necesidad y un objeto satisfactor que la colme, esto es, se requiere que haya, por un lado, una necesidad pública personalmente indeterminada y, por otro, un objeto susceptible que satisfaga dicha necesidad, que la extinga, afirma que, no concurriendo estas circunstancias, cualquier expropiación que se decrete es notoriamente inconstitucional, agrega que puede haber una necesidad pública que satisfacer pero si la causa materia de la expropiación es inadecuada para satisfacerla, no existiría utilidad pública. Aceptar la reforma que se impugna de invalidez en los términos que establece el artículo 5o. de la Ley de Expropiación del Estado de Colima fundamentalmente en su fracción V, sería tanto como aceptar que los legisladores locales puedan aprobar alguna otra reforma que planteen o propongan algunos de los actores autorizados para ello, sin importar hasta dónde en sus extremos pueda esta reforma local no solamente contravenir preceptos de nuestra Ley Fundamental sino que también pueda vulnerar garantías fundamentales del ciudadano, como en el caso que nos ocupa apoyándose en una subjetiva apreciación de lo que deba interpretarse por utilidad pública o beneficio para la colectividad. Segundo. El Congreso del Estado de Colima al reformar el citado artículo 5o. de la Ley de Expropiación, vulnera la garantía de certeza jurídica, de propiedad y de seguridad que los particulares tenemos aseguradas en nuestra Carta Magna; pues si bien es cierto que los miembros de la Legislatura en el Congreso del Estado de Colima pertenecientes a un partido político en el poder y que para el presente caso forman mayoría y con esa circunstancia establecen y fundamentan su voluntad y decisión de decretar la reforma que se impugna; éstos lo hacen basándose en consideraciones y motivos solamente de tipo económico pretextando el plan estatal de desarrollo, que por cierto se refiere a un sexenio pasado, pues como es de advertirse fue elaborado para un proyecto aplicable en 1998-2003 mismo que entre otras cosas establece: ‘El Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 establece como objetivo del capítulo denominado consolidación del turismo, «desarrollar el sector turístico de manera continua e integral para ofertar al Estado como un destino turístico nacional e internacional», asimismo, se consignaron las siguientes líneas de acción, «promover la construcción de infraestructura adecuada para la atención del turismo», «proporcionar la construcción de infraestructura básica y complementaria que apoye el desarrollo de las actividades turísticas ...» y «ampliar la oferta de atractivos turísticos y su puesta en valor». Con esos propósitos el Gobierno del Estado tiene proyectada la creación, establecimiento, impulso, promoción y fomento de áreas, zonas, lugares y puntos de interés y desarrollo turístico en toda la entidad, con especial interés en la zona costera del Municipio de Manzanillo por ser éste el polo turístico de mayor importancia en el Estado. De esta manera se pretende sentar las bases para disponer de infraestructura adecuada para promover e impulsar enérgicamente la actividad turística, que constituye uno de los principales motores de la economía colimense. Por otra parte, el mismo plan estatal de desarrollo establece como uno de sus objetivos en el capítulo de empleos y productividad, «generar el suficiente número de empleos de calidad que demanda la población», fijando como metas programáticas «la creación de 33,000 empleos directos como resultado del dinamismo de la actividad económica estatal». Asimismo, en el capítulo desarrollo industrial con sustentabilidad, tiene como objetivo «lograr un desarrollo diversificado de la industria en Colima, propósito de un enfoque sustentable que sea armónico con el resto de los sectores e integrado en un contexto regional, nacional e internacional», también busca como estrategias «crear un marco jurídico estatal que promueva la inversión y facilite la desregulación y la simplificación de trámites», «promover la atracción de industrias con criterios de selectividad, considerando su impacto al medio ambiente y la sinergia con cadenas productivas regionales, aprovechando las ventajas competitivas de la entidad» y «fomentar la creación de una base industrial integrada que contribuya a la generación de empleos de calidad demandados, con visión a corto, mediano y largo plazo». El cumplimiento de lo anterior conlleva promover la instalación de empresas en nuestra entidad, direccionando su establecimiento hacia las áreas adecuadas, teniendo en consideración las características y necesidades de las diversas regiones de nuestro Estado, circunstancia que además corresponde a uno de los objetos de la Ley de Fomento Económico Local, que consiste en promover el establecimiento y consolidación de parques y zonas industriales. Es indudable que el Estado debe impulsar la generación de fuentes de empleo, pues es éste el principal instrumento para lograr el bienestar de los colimenses. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado para disponer de la infraestructura idónea en la materia, es el procedimiento de expropiación, consignado constitucionalmente como la facultad para ocupar la propiedad privada, siempre y cuando el propósito tenga una causa de utilidad pública y se efectúe mediante indemnización. A él recurre cuando no es posible la adquisición de inmuebles por la vía conciliatoria y negociada, cuando sus titulares o poseedores anteponen sus intereses particulares a los de la colectividad. A nivel estatal, por disposición de la ley aplicable, se requiere además del previo otorgamiento de la garantía de audiencia para los posibles afectados. Más aún, con motivo de las reformas estatales para adecuar el artículo 115 constitucional, el valor catastral que sirve de base para cuantificar la indemnización, ha sido notoriamente redimensionado, lo que representa una significativa revaloración económica para los inmuebles objeto de expropiaciones, evitando de ese modo lesionar el patrimonio de los propietarios. Sin embargo, es indiscutible que el Estado debe disponer de los instrumentos necesarios, idóneos y suficientes para llevar a cabo las acciones que promuevan el desarrollo, con el propósito de generar las condiciones que impacten el bienestar de la comunidad. Actualmente la Ley de Expropiación del Estado considera como causas de utilidad pública diversas hipótesis, entre ellas la creación y conservación de empresas, para beneficio de la colectividad y la creación y conservación de reservas territoriales para el crecimiento de las poblaciones, así como la regularización de asentamientos humanos. Estas hipótesis generales pudieran comprender, en un momento dado, la creación, establecimiento, impulso, promoción y fomento de áreas, zonas, lugares y puntos de interés y desarrollo turístico, así como de otros que tengan vocación para el establecimiento de industrias, tomando en cuenta la redacción que tienen las fracciones V y VIII del artículo 5o. de dicho ordenamiento. No obstante lo anterior, debido a la acelerada evolución que han experimentado los criterios jurisprudenciales sostenidos por los tribunales judiciales federales, en el sentido de que las causas de utilidad pública por las cuales se sustancien expropiaciones, deben estar contenidas expresamente en los ordenamientos legales correspondientes, es conveniente modificar la Ley de Expropiación del Estado, con el propósito de que se contenga explícitamente una causa de utilidad pública que comprenda la hipótesis fáctica mencionada, para propiciar el disfrute de la garantía de seguridad para los afectados, por una parte, y por la otra evitar una interpretación contraria de la autoridad judicial federal, en el caso de la tramitación de un amparo.’. Consecuentemente, que en estos tiempos también resultan aplicables y pertinentes medidas tales como, las establecidas en el plan de desarrollo que se comenta; también es de advertirse que la ley de referencia en su estado natural antes de la reforma que se impugna establece y permite con claridad no solamente los planes de desarrollo que un Gobierno Estatal debe implementar en su ámbito para su población, sino que define y especifica en su artículo 5o., fracción V, de la ley en comento la facultad para la creación, fomento y conservación de empresas, para beneficio de la colectividad, y es aquí en este punto donde se aclara de manera muy específica que las empresas a que se refiere dicho ordenamiento legal son aquellas cuyo objetivo será el beneficio de colectividad, que no tiene nada que ver, es decir, que es muy diferente a la propuesta de creación de empresas y parques industriales, cuyo objetivo e intencionalidad es el beneficio del inversionista, del empresario o propietario de las inversiones en un parque industrial. Creer que este tipo de inversiones o creación de empresas que la reforma impugnada establece y alienta, son o tienen el objetivo del beneficio para la colectividad, sería tanto como convencernos que cualquier negocio o empresa chica o grande que se establezca en cualquier punto de nuestra comunidad tendrá también esta calidad o connotación, ya que como es claro y evidente, cualquiera de los negocios o empresas a que se alude pagan impuestos, necesitan empleados y, por ende, crean empleos y desde luego su función es vender servicios a la colectividad; lo cual de ninguna manera quiere decir que puedan ser clasificadas o calificadas como empresas para beneficio de la colectividad. Simple y sencillamente son entes empresariales que obedecen a un interés y conveniencia de la oferta y de la demanda y por supuesto que los usuarios o la colectividad podrán recurrir o no a servirse de dichos entes empresariales o parques industriales si creen que les conviene o no, pero de hacerlo será con un costo a su cargo, y de ninguna manera se puede considerar que fue usuario de un beneficio de la colectividad. Llevando al extremo la interpretación o teorías y argumento en que se pretende fundar y justificar la reforma que se combate se podría concluir que cualquier ciudadano pudiente o grupo de inversionistas, con un instrumento legal de la naturaleza de la que aquí se plantea pretendiendo la reforma aludida (sic), les pudiera gustar nuestro domicilio particular o casa y hasta por capricho iniciar un trámite de expropiación argumentando que se creará en dicho lugar una empresa o industria que obviamente va a necesitar empleados, va a pagar impuestos y va a expender satisfactores o servicios a la ciudadanía. En tal caso y con tal criterio, apoyados en el instrumento legal cuya reforma se combate simple y sencillamente cualquier ciudadano podemos terminar con nuestro bien expropiado. En el supuesto de la creación y conservación de reservas territoriales a que se refieren las fracciones V y XIV del artículo 5o. de la Ley de Expropiación es aún más injusta, pues la creación de reservas territoriales y zonas, lugares o puntos de interés y desarrollo turístico no acarrean de manera inmediata un beneficio a la sociedad en general, por el contrario le perjudica y lo único que provocaría es la especulación y la incertidumbre, además de que las tierras permanecerían ociosas hasta que alguna persona decida invertir que podrían pasar meses o años, esta causa no se justifica pues la expropiación es para satisfacer una necesidad inmediata de la sociedad. Estas ‘causas de utilidad pública’ no resistirían un amparo, pues la autoridad jamás podrá acreditarla, pues este órgano jurisdiccional federal ha establecido que no basta que la autoridad afirme que existe pues entonces sería un acto arbitrario. Tercero. No obstante lo anteriormente expuesto y aducido en sus argumentaciones o consideraciones el legislador que aprobó la norma que se impugna, aduce en el proyecto de dictamen que a falta de una definición en nuestra legislación tanto local como federal sobre lo que debe entenderse por utilidad pública, y pretende fundarse en la siguiente jurisprudencia: ‘EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, con relación a que las expropiaciones únicamente tienen el carácter de utilidad pública cuando se sustituye la colectividad, llámese Municipio, Estado o nación, en el goce de la cosa expropiada, pero que nunca podía ser legal cuando se privara de su propiedad a una persona, para beneficiar a un grupo particular, individuo, sociedad o corporación, ha sido contrariada. En efecto, de una recta comprensión del concepto de utilidad pública, en los términos relativos del artículo 27 de la Constitución, cabe deducir que es más amplio el alcance de la facultad de expropiar, que el restringido que se sostuvo en la jurisprudencia anterior. Es más amplio, porque comprende, además de los casos en que el Estado se sustituye en el goce del bien expropiado, para establecer y explotar, por sí mismo, un servicio público, o para emprender una obra que reportará utilidad colectiva, aquellos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de realizar estos objetivos, en beneficio de la colectividad. La nueva concepción jurídica de la propiedad, no la reputa ya como un derecho absoluto, sino como una función social, y permite que la expropiación pueda llevarse a cabo, no sólo por el antiguo concepto restringido de utilidad pública, sino, además, por razones de interés social, ya que el individuo no tiene el derecho de conservar improductivos sus bienes, ni cegar las fuentes de vida, de trabajo o de consumo, con menoscabo del beneficio general; ante la inercia o rebeldía del individuo, para cubrir con este trascendental deber, el Estado, en su carácter de administrador de los intereses públicos, y de órgano destinado a satisfacer las imperiosas necesidades populares, tiene el deber indeclinable de intervenir, con la energía y rapidez que el caso reclame, a fin de impedir que la propiedad fecunda se vuelva estéril, que el equilibrio económico se rompa o que el progreso nacional se estanque. La expropiación por razones de utilidad social, se caracteriza por la tendencia a satisfacer, de un modo directo o inmediato, las necesidades de determinada clase social, pero mediata o indirectamente, las de la colectividad, sin que los bienes expropiados dejen de continuar bajo el régimen de propiedad privada. Así acontece tanto en el fraccionamiento de los grandes latifundios o en su colonización, en beneficio de las clases campesinas, como en el fraccionamiento y urbanización de terrenos destinados a construir habitaciones baratas e higiénicas para obreros. En estos casos, es indudable que los directamente beneficiados, son los individuos pertenecientes a estos dos grandes grupos sociales; pero a la postre, lo es la sociedad, por la interdependencia que la vida moderna ha establecido entre ésta y aquélla. Finalmente, la facultad de expropiar, se basa también en razones de interés nacional, que abarca, no solamente los fines que debe cumplir el Estado de velar por la paz pública y por el bienestar de la colectividad, en casos de crisis, de trastornos graves, de epidemias o de terremotos, con las proporciones o caracteres de una verdadera calamidad pública, sino además, la imperiosa necesidad de proveer con toda eficacia a la defensa de la soberanía territorial, al establecer el artículo 27 constitucional que las expropiaciones sólo pueden hacerse por causas de utilidad pública, adopta como concepto básico de la expropiación, el de utilidad pública, en su más amplio significado, es decir, el que abarca las tres distintas modalidades que se han analizado.’. Deduce de lo anterior que en dicha jurisprudencia se establecen tres grandes requisitos para que el concepto utilidad pública pueda darse o interpretarse como tal y enumera así: 1) Que el poder público (Federación, Estados y Municipios) ocupe la propiedad privada para explotarla directamente; 2) Que el poder público expropie la propiedad para transmitirla a otro particular quien a su vez la usará en la explotación de una actividad económica que acarreará beneficios colectivos; y 3) Que el poder público expropie el bien inmueble privado por alguna situación que por defensa de la soberanía o atención de una contingencia, sea considerada de seguridad nacional. El legislador que emite la ley reformada que se impugna en una combinación de razonamientos confusos e incompletos, pretende acreditar que son aplicables y que se justifica el caso que nos ocupa y qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19304-87a1a913/expropiacion-nocion-de-utilidad-publica-expropiacion-es-facultad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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