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Modo: Corpus Pro

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. LOS ARTÍCULOS 59 AL 62 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, AL NO PREVER EL PROCEDIMIENTO PARA OÍR AL POSIBLE INFRACTOR Y SE LE DÉ LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE EN CASO DE RESULTAR AFECTADO, TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. LOS ARTÍCULOS DEL 59 AL 62 DE LA LEY DE SUS DERECHOS DEL ESTADO DE CAMPECHE INCURREN EN LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA, SIN QUE LA VALIDEZ DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS DEL PROPIO ESTADO LA SUBSANE. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. LOS ARTÍCULOS DEL 59 AL 62 DE LA LEY DE SUS DERECHOS DEL ESTADO DE CAMPECHE VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2004. · Registro digital (IUS): 20370
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 2034.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2004. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de agosto de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio depositado en la administración "principal" del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Campeche, Campeche, el tres de agosto de dos mil cuatro, Pedro Jesús Ocampo Calderón, Onésimo Darío López Solís, Aquiles Tzeek Moo, María del Carmen Gómez, Diana Palmer Abreu, Socorro del Carmen Gamboa Vela, Elizabeth Vela Rosado, Enrique Iván González López, Juan Manuel González Navarrete, Hiram Alonso Manzanero Carrillo, Rita Margarita Espinosa Rebolledo, Miguel Ángel Montejo González y Francisco Eustaquio Portela Chaparro, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más adelante se precisa emitida y promulgada por los órganos que a continuación se mencionan:

"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas A) Órgano Legislativo: La LVIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Campeche como el órgano que emitió el Decreto Número 67, cuyo contenido constituye la norma general impugnada. B) Órgano Ejecutivo: El gobernador del Estado de Campeche, C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez y el secretario de gobierno, Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio como el que promulgó la norma general impugnada mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado, órgano del gobierno constitucional del Estado de Campeche. III. Normas generales cuya invalidez se reclaman y el medio oficial en que fueron publicadas: Los artículos 59, 60, 61 y 62 que integran el título décimo primero denominado ‘sanciones’ de la Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado, órgano del gobierno constitucional del Estado de Campeche, segunda sección, tercera época, año XIII, número 3122, el día 5 de julio de 2004."

SEGUNDO. Los promoventes esgrimieron los siguientes conceptos de invalidez:

"1. Los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche, violan la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Los preceptos aludidos se encuentran contemplados dentro del título décimo primero denominado ‘sanciones’ de la Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche. Estos artículos vulneran la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Dicha afirmación se desprende de la simple lectura de dichos artículos. A continuación se transcriben las normas de carácter general contenidas en los multicitados artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche. ‘Decreto Número 67, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 5 de julio de 2004, título décimo primero. Sanciones. Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche. Título décimo primero. Sanciones. «Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas por las instituciones especializadas de procuración que se prevén en este ordenamiento, con multa por el equivalente de una hasta quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado.». «Artículo 60. En casos de reincidencia o particularmente graves, las multas podrán aplicarse hasta por el doble de lo previsto en el artículo anterior e inclusive arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Se entiende por reincidencia que el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir de la fecha de la primera infracción.». «Artículo 61. Las sanciones por infracciones a esta ley y disposiciones derivadas de ella, se impondrán con base, indistintamente, en I) Las actas levantadas por la autoridad; II) Las indagaciones efectuadas por el personal propio o adscrito de la institución especializada de procuración; III) Los datos comprobados que aporten las niñas, niños y adolescentes o sus legítimos representantes; o IV) Cualquier otro elemento o circunstancia que aporte elementos de convicción para aplicar la sanción correspondiente.». «Artículo 62. Para la determinación de la sanción, la institución especializada de procuración estará a lo dispuesto por esta ley y las disposiciones derivadas de ella, considerando, en el siguiente orden I) La gravedad de la infracción; II) El carácter intencional de la infracción; III) La situación de reincidencia; IV) La condición económica del infractor.».’. 1.1) Sin lugar a dudas, una de las garantías individuales más trascendental dentro de nuestro orden constitucional, es la de audiencia, consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que resulta ser la principal defensa con que cuenta todo gobernado frente a actos del Poder Público que pretendan privarlo de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades o derechos. Efectivamente, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: ‘Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. Resultando pertinente señalar lo preceptuado por el artículo 6o. de la Constitución Política del Estado de Campeche: ‘Artículo 6o. Además de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe sobre derechos garantizados para los habitantes de la República, los del Estado de Campeche gozarán de los demás derechos que la presente Constitución les otorga.’. De lo anterior se colige que tanto la Constitución Federal como la particular del Estado reconoce como garantía individual, el derecho a la audiencia, con que todo gobernado debe de contar ante cualquier acto del poder público que pretenda privarlo de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades o derechos, es decir, a ser oído y vencido en juicio. Una vez transcritos los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama y el precepto constitucional federal violado, procedemos a fundar y motivar lo anterior. En primer término, consideramos pertinente manifestar lo que señala la doctrina constitucional mexicana y en específico el célebre maestro Ignacio Burgoa Orihuela en su obra Las Garantías Individuales, respecto a la garantía de audiencia: ‘Como se puede advertir, la garantía de audiencia está contenida en una fórmula compleja e integrada por cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, a las cuales posteriormente nos referiremos, y que son: a) la de que en contra de la persona, a quien se pretenda privar de algunos de los bienes jurídicos tutelados por dicha disposición constitucional, se siga un juicio; b) que tal juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos; c) que en el mismo se observen las formalidades esenciales del procedimiento y d) que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio.’. Como se observa, esta garantía individual dada su complejidad representa una de las más importantes para todo gobernado, puesto que en ésta se encuentran consagradas cuatro garantías específicas de las llamadas de seguridad jurídica, las cuales se encuentran concatenadas entre sí, por lo que cualquier violación a cualquiera de ellas traería consigo la contravención a dicha garantía. Ahora bien, de estas cuatro garantías cobra mayor importancia la de audiencia previa, la cual impone la ineludible obligación a cualquier autoridad, sea administrativa o jurisdiccional, a que de manera previa al dictado de un acto de privación, sea de la vida, libertad, posesiones, propiedades o derechos, cumplan con una serie de formalidades esenciales, para oír en defensa de los afectados. Es tal la importancia de la multicitada garantía de audiencia previa que ese Máximo Tribunal así como diversos tribunales que lo integran, han sostenido que aun cuando la ley en que se funde la resolución no contemple procedimiento alguno para dar cumplimiento a dicha garantía, ésta debe ser respetada atendiendo al mandato supremo establecido por el artículo 14 constitucional. Sirven para confirmar lo anterior, las siguientes tesis de jurisprudencia y criterios jurisprudenciales, sostenidos por diversos tribunales federales ‘AUDIENCIA, GARANTÍAS DE. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales, útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.’. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII-enero, página 153. ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. La garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Federal debe interpretarse en el sentido de que las autoridades administrativas, previamente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos respetando los procedimientos que lo contengan, tienen la obligación de dar oportunidad a los agraviados para que expongan lo que consideren conveniente en defensa de sus intereses. Lo anterior implica que se otorgue a los afectados un término razonable para que conozcan las pretensiones de la autoridad y aporten las pruebas legales que consideren pertinentes para defender sus derechos.’. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 151-156, Tercera Parte. ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. La garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional exige que antes de privar a una persona de sus derechos, se le debe dar oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho corresponda, lo que implica darle a conocer en forma plena y cabal todos los datos o elementos que puedan fundar y motivar el acto de autoridad, pues de lo contrario malamente podría alegar y probar en forma adecuada y congruente. Y tal garantía debe ser respetada siempre por las autoridades administrativas, aunque la ley que rija el acto no prevea o establezca ese debido proceso legal, y aunque estimen que sus facultades para actuar son discrecionales, a menos que aleguen y demuestren razonablemente que el interés público o la seguridad nacional justifican que no se otorgue en esa forma el derecho de previa audiencia. Esto, claro está, entorpece en alguna manera los procedimientos administrativos, pero ese es el precio de la democracia.’. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 103-108, Sexta Parte, página 36. ‘ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (AUDIENCIA, GARANTÍA DE). El derecho de la audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional, debe tener lugar dentro del procedimiento que antecede a la sanción de que se haga objeto a una persona, y por consiguiente, no es posible conceptuar que se ha concedido tal derecho a ésta, por el solo hecho de haberla interrogado sobre la visita que se le practicó y que motivó la sanción que se le impuso.’. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXVIII, página 975. ‘ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, GARANTÍA DEL. La garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, no se refiere únicamente a asuntos civiles o a aquellos en que se sigue un procedimiento, sino que su alcance llega a todos los actos administrativos que causen perjuicio.’. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, página 1852. ‘ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, GARANTÍAS DEL. Las garantías individuales del artículo 14 constitucional, se otorgan para evitar que se vulneren los derechos de los ciudadanos sujetos a cualquier procedimiento, bien sea administrativo, civil o penal, por lo que es errónea la apreciación de que sólo son otorgadas para los sujetos al último.’. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo L, página 1552. ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE, AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla al mandato imperativo del artículo 14 constitucional, que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción.’. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 66 Tercera Parte, página 50. ‘AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE. En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses; obligación que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto constitucional.’. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, tesis 82, página 54. Ahora bien, como ya se mencionó líneas arriba esta garantía de audiencia debe ser respetada por toda autoridad, ya sea administrativa o jurisdiccional e inclusive por la autoridad legislativa, al establecer la obligación a este último (Poder Legislativo) de que en las leyes que emita se instituyan los procedimientos con los que se le conceda al gobernado la oportunidad de ser escuchado en defensa por las autoridades encargadas de su aplicación, antes de que en virtud de ésta, se realice un acto de privación autorizado normativamente. Siendo que en el caso que nos ocupa vemos que el Congreso del Estado de Campeche no cumple con esta obligación, al establecer un capítulo de sanciones y que está conformado por los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Estado de Campeche, mismos que hoy se combaten, a través de la presente acción de inconstitucionalidad y que contiene diversas sanciones (multa e inclusive la privación de la libertad en caso de reincidencia), sin que se contemple un procedimiento adecuado en la mencionada ley para que los gobernados puedan defenderse, lo que vulnera flagrantemente la garantía de audiencia, toda vez que se contempla la privación de diversos derechos al particular. Efectivamente, el criterio sustentado por ese Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, respecto a esta cuestión ha sido en el sentido de considerar que la garantía de audiencia debe ser efectiva aun frente a las leyes; de tal suerte que el Poder Legislativo debe de acatarla, instituyendo en las mismas los procedimientos en los que se conceda al gobernado la oportunidad de ser escuchado en defensa por las autoridades encargadas de su aplicación, antes de que se realice algún acto de privación. Manifestando de igual forma, que la garantía de audiencia que todo gobernado tiene frente a las autoridades legislativas, no debe consignarse legalmente con las solemnidades y formalidades de los procedimientos judiciales propiamente dichos, sino que es suficiente que se prevea en las leyes, en el sentido de otorgar a los particulares la oportunidad de ser oídos y de formular sus alegatos contra el acto aplicativo que tienda a privarlos de cualesquiera de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, circunstancia que en el presente caso tampoco se cumple, puesto que como ya se dijo anteriormente, en la ley que hoy se combate no se contempla procedimiento alguno de ninguna clase; es decir, ni judicial ni administrativo. De igual forma y congruente con lo anterior, ese Máximo Tribunal ha llegado a la conclusión de que toda ley ordinaria que no consagre la garantía de audiencia a favor de los particulares en los términos a que nos referimos líneas arriba debe declararse inconstitucional; es decir, toda ley que no instituya las dos formalidades procesales esenciales, la de defensa u oposición al potencial acto privativo y la probatoria, será evidentemente violatoria de las disposiciones constitucionales implicadas en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, circunstancia que el presente caso, como ya se dijo anteriormente, no se cumplen, por lo que los preceptos que hoy se combaten (59, 60, 61 y 62 de la Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche) deben de ser declarados inconstitucionales por los motivos ya expresados. A mayor abundamiento, es preciso señalar que en la ley que se combate y que, como ya se dijo anteriormente, contempla la privación de diversos derechos a los particulares, no se contempla recurso ordinario alguno para combatir las resoluciones que se emitan con motivo de la aplicación de la misma, lo que vulnera de igual forma la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Sirven para confirmar los criterios anteriores, las siguientes tesis de jurisprudencia y criterios jurisprudenciales, sostenidos por diversos Tribunales Federales ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. Haciendo un análisis detenido de la garantía de audiencia para determinar su justo alcance, es menester llegar a la conclusión de que si ha de tener verdadera eficacia, debe constituir un derecho de los particulares no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, (las que en todo caso deben ajustar sus actos a las leyes aplicables y, cuando éstas determinen en términos concretos la posibilidad de que el particular intervenga a efecto de hacer la defensa de sus derechos, conceder la oportunidad para hacer esa defensa), sino también frente a la autoridad legislativa, de tal manera que ésta quede obligada, para cumplir el expreso mandato constitucional, a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados sus derechos. De otro modo, de admitirse que la garantía de audiencia no rige para la autoridad legislativa y que ésta puede en sus leyes omitirla, se sancionaría la omnipotencia de tal autoridad y se dejaría a los particulares a su arbitrio, lo que, evidentemente, quebrantaría el principio de la supremacía constitucional y sería contrario a la intención del Constituyente, que expresamente limitó, por medio de esa garantía, la actividad del Estado, en cualquiera de sus formas. Esto no quiere decir, desde luego, que el procedimiento que se establezca en las leyes, a fin de satisfacer la exigencia constitucional de audiencia del interesado, cuando se trate de privarle de sus derechos, tenga necesariamente los caracteres del procedimiento judicial, pues bien pueden satisfacerse los requisitos a que se contrae la garantía, mediante un procedimiento entre las autoridades administrativas, en el cual se dé al particular afectado, la oportunidad de hacer su defensa y se les otorgue un mínimo de garantías que le aseguren la posibilidad de que, rindiendo las pruebas que estime convenientes, y formulando los alegatos que crea pertinentes, aunque no tenga la misma formalidad que en el procedimiento judicial, la autoridad que tenga a su cargo la decisión final, tome en cuenta tales elementos para dictar una resolución legal y justa. A esta conclusión se llega atendiendo al texto del artículo 14 de la Ley Fundamental, a su interpretación jurídica y al principio de la supremacía constitucional y de ella se desprende como corolario, que toda ley ordinaria que no consagre la garantía de audiencia a favor de los particulares, en los términos a que se ha hecho referencia, debe ser declarada anticonstitucional. Debe esta manera (sic), y siempre que se reúnan los requisitos técnicos el caso, en cuanto a que se impugne en la demanda, no ya la correcta o incorrecta aplicación de la ley sino la validez constitucional de la misma, es procedente que el Poder Judicial Federal a través del juicio de amparo, no sólo examine si el procedimiento seguido por las autoridades se ajusta, o no, a la ley aplicable, y si en él se dio al interesado la oportunidad de ser oído y defenderse, sino también si la ley misma concede al propio interesado esa oportunidad y de esa manera determinar su constitucionalidad frente a la exigencia del artículo 14. Un primer supuesto que condiciona la vigencia de esa garantía, que viene siendo una condición «sine que non», es el de que exista un derecho de que se trate de privar al particular, ya que tal es la hipótesis prevista por el artículo 14. «Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, etc.» Esto quiere decir que cuando no existe ningún derecho, no puede haber violación a la garantía de audiencia, porque entonces falta el supuesto que condiciona la vigencia de la misma, y no pueden producirse las consecuencias que prevé el precepto constitucional que la establece. Así sucede, por ejemplo, en aquellos casos en que el particular tiene un interés, pero no un derecho; es titular de los que se llamen «intereses simples», o sea, intereses materiales que carecen de titular jurídico, pero no tiene un derecho subjetivo que pueda hacer valer frente a las autoridades y los demás particulares. Así sucede cuando los particulares están disfrutando del ejercicio de una facultad de soberanía, que corresponde al Estado, y que éste les ha delegado temporalmente por estimar que, de esa manera, se obtenía una mejor satisfacción de las necesidades colectivas que estaban a su cargo, como pasa con facultades como las de la policía sanitaria, transportes de correspondencia y otras semejantes. Un segundo supuesto para que opere la garantía que se examina, es el de que la audiencia sea realmente necesaria, que la intervención del particular en el procedimiento que puede culminar con la privación de sus derechos, a fin de hacer la defensa de sus intereses, sea de verdad indispensable. En efecto, la audiencia de que se trata (que también ha sido llamada «la colaboración del particular» en el procedimiento), consiste, fundamentalmente, en la oportunidad de que se concede al particular para intervenir con objeto de hacer su defensa, y esa intervención se concreta en dos aspectos esenciales: la posibilidad de rendir pruebas, que acrediten los hechos en que se finque la defensa y la de producir alegatos, para apoyar, con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes, esa misma defensa. Esto supone, naturalmente, la necesidad de que haya hechos que probar y datos jurídicos qué determinar con claridad para que se proceda a la privación de esos derechos, porque de otra manera, cuando esa privación se realiza tratándose de procedimientos seguidos por la autoridad administrativa sobre la base de elementos claramente predeterminados en la ley, de una manera fija, de tal suerte que a la propia autoridad no le quede otro camino que el de ajustarse a los estrictos términos legales, sin que haya margen alguno en que pueda verter su arbitrio, la audiencia resulta prácticamente inútil, ya que ninguna modificación se podrá aportar. Un tercer supuesto para que entre en juego la garantía de audiencia es el de que las disposiciones del artículo 14 que la reconocen y consagran, no están modificados por otro precepto de la Constitución Federal, como acontece en el caso de las expropiaciones por cause de utilidad pública a que se refiere el artículo 27 de la propia Constitución, en las que, como se ha establecido jurisprudencialmente, no se requiere la audiencia del particular afectado. Quedan así precisados los supuestos que condicionan la vigencia de la garantía que se examina y que señalan, al mismo tiempo, los límites de su aplicación.’. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, parte LXXX, página 3819. ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La Suprema Corte ha resuelto que la garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano, cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos.’. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, parte 157-162 Primera Parte, página 305. ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE, OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La Suprema Corte ha resuelto que la garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé la oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos.’. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, parte 121-126 Primera Parte, página 45. ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA LEGISLATIVA. La garantía de audiencia debe constituir un derecho para los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa, en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley, y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde a órganos públicos.’. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, parte 21, Primera Parte, página 31. ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20370-b689ce34/derechos-de-la-ninez-y-la-adolescencia-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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