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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO DERIVADO DEL NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS REALIZADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE ESA ENTIDAD (ACUERDO DICTADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE HABILITÓ AL SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO A LA SEGUNDA SALA PARA QUE ASUMIERA LAS FUNCIONES COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN DE ESE TRIBUNAL).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2018. · Registro digital (IUS): 200599
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2018. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTE JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hortencia Figueroa Peralta, ostentándose como Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos promovió controversia constitucional, en la que demanda la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:(1)

Entidad, poder u órgano demandado:

• Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

Reclama el acuerdo tomado en sesión extraordinaria número 8 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual determinaron que hasta en tanto el Pleno del H. Congreso del Estado de Morelos nombre a la persona que substituya al Magistrado en retiro Licenciado Orlando Aguilar Lozano, se habilita al Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda Sala, Licenciado José Juan Juárez Lagos, para que asuma las funciones como encargado del despacho de la Segunda Sala de Instrucción de ese Tribunal, con todas las facultades que le otorga el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

SEGUNDO. Artículos constitucionales señalados como violados. Del escrito de demanda hecho valer por la parte actora, se desprenden como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también los preceptos 32 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

TERCERO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

1. Decreto número mil setecientos cincuenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número cuatro mil novecientos sesenta y nueve, de veinticinco de abril de dos mil doce, en el que se resolvió el procedimiento de evaluación de Martín Jasso Díaz, Orlando Aguilar Lozano y Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrados Numerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos y en su artículo Segundo se designó al ciudadano Orlando Aguilar Lozano, en el cargo de Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, para un periodo más de ocho años.

2. Precisa que el Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Orlando Aguilar Lozano, cumplió con la edad de sesenta y cinco años y, con base en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos,(2) se produce en consecuencia su retiro forzoso.

3. Señala que la Junta Política y de Gobierno de la Quincuagésima Segunda Legislatura, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil catorce, aprobó el acuerdo de emisión de la convocatoria para designación de un Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa, misma que se publicó el veintitrés de octubre de dos mil catorce en la Gaceta Legislativa, convocatoria que en su consideración tercera señaló lo siguiente:

"Tercera.- Que la Designación del Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por única ocasión será designado como Magistrado en los términos del Artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, hasta el periodo comprendido en el decreto número mil setecientos cincuenta y nueve, publicado el veinticuatro de abril de 2012 y vence el día 17 de mayo del 2020."

4. Inconforme con lo anterior el Magistrado Orlando Aguilar Lozano interpuso juicio de amparo, el cual quedó radicado bajo el número 244/2014 y se resolvió el veintinueve de octubre de dos mil catorce, en el sentido de conceder al quejoso la suspensión definitiva para los siguientes efectos:

"a) El Congreso del Estado de Morelos deberá llevar a cabo y continuar con el proceso de designación de Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en todas y cada una de sus etapas, incluso si lo estima pertinente podrá realizar el nombramiento respectivo, pero en todo caso, deberá abstenerse de tomarle protesta en el cargo hasta en tanto este Juzgador se pronuncie respecto del fondo del asunto, pues de ejecutarse tales actos podría quedar sin materia el fondo del asunto.

b) Para que el Magistrado Orlando Aguilar Lozano no cese materialmente en sus funciones, exclusivamente con motivo del retiro forzoso a que aluden las autoridades responsables, hasta en tanto este juzgador se pronuncie sobre el fondo del asunto."

5. La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, a través de la Junta Política y de Gobierno, continuó con el procedimiento y en sesión plenaria celebrada el catorce y concluida el quince de julio de dos mil quince, mediante decreto dos mil seiscientos ochenta y ocho, designó al Maestro en Derecho Guillermo Arroyo Cruz como Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos por un período de seis años y, en el mismo Decreto, se estableció que no se le tomaría protesta hasta en tanto concluyera el juicio de amparo 244/2014.

6. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado del conocimiento resolvió el fondo del juicio de amparo 244/2014 en el sentido siguiente:

"ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Orlando Aguilar Lozano, por propio derecho, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el cuarto y penúltimo considerando de esta sentencia."

La resolución anterior fue recurrida ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, registrado bajo el expediente AR 67/2017 y resuelto el trece de septiembre de dos mil diecisiete, con los siguientes resolutivos:

"PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Orlando Aguilar Lozano por propio derecho, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el cuarto y penúltimo considerando de la sentencia que se revisa."

7. La Quincuagésima Tercera Legislatura, mediante decreto número dos mil trescientos cincuenta y cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número cinco mil quinientos cincuenta y uno, de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, abrogó el diverso número dos mil seiscientos ochenta y ocho en el que se designó a Guillermo Arroyo Cruz como Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al haber encontrado inconsistencias entre la convocatoria emitida por la Magistratura suplente y el decreto final aprobado por la Quincuagésima Segunda Legislatura.

El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos aprobó y emitió nueva convocatoria para designar a un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a fin de sustituir la Magistratura en retiro ocupada por Orlando Aguilar Lozano.

8. Inconforme con tales actos legislativos, Guillermo Arroyo Cruz presentó demanda de amparo de la que correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito del Decimoctavo Circuito Judicial, quien admitió a trámite el expediente 1915/2017 y ordenó tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa.

En el cuaderno incidental, el Juez de Distrito emitió sentencia interlocutoria el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en la que negó la suspensión definitiva de los actos reclamados debido a que al haber sido emitida la convocatoria reclamada, implicaba estar en presencia de actos consumados sin embargo; el Juez Federal determinó conceder al quejoso Guillermo Arroyo Cruz la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, es decir, para que las autoridades señaladas como responsables continuaran con el proceso de la convocatoria para designar a un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos hasta su total conclusión y, una vez elaborada la lista de los elegidos, el Congreso se abstuviera de realizar la designación, suspensión que estaría vigente hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia definitiva.

En acatamiento a la suspensión otorgada por el Juez Federal, el Congreso del Estado de Morelos continuó con la convocatoria emitida únicamente en lo que se refiere al registro de candidaturas y entrevista de candidatos con el Órgano Político del Congreso; por tanto, a la fecha, se encuentra paralizado el procedimiento hasta que no se resuelva la revocación o la modificación de la medida cautelar o, en su caso, se dicte la ejecutoria correspondiente.

9. La Quincuagésima Tercera Legislatura emitió el decreto dos mil seiscientos nueve, por medio del cual se concedió pensión por cesantía en edad avanzada a Orlando Aguilar Lozano, quien ocupara el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, acto legislativo que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" cinco mil quinientos noventa y tres de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, fecha en la que surtió efectos en términos de sus disposiciones transitorias.

10. Mediante oficio de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos hizo del conocimiento al Diputado Julio Espín Navarrete, Presidente de la Junta Política y de Gobierno de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, que mediante acuerdo tomado por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en sesión extraordinaria número ocho, celebrada el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, acordó que hasta en tanto el Pleno del H. Congreso del Estado de Morelos nombrara a la persona que sustituya al Magistrado Orlando Aguilar Lozano, se habilitaba al Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda Sala, José Juan Juárez Lagos, para que asumiera las funciones como encargado de despacho de la Segunda Sala de Instrucción de ese Tribunal, con todas las facultades otorgadas por el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sin que al oficio se acompañara el acta de sesión plenaria del Tribunal de Justicia Administrativa.

CUARTO. Conceptos de invalidez. El Poder Legislativo del Estado de Morelos, hizo valer, esencialmente, los siguientes argumentos:

1.Que se vulneran en su perjuicio, los artículos 14, 16, 17, 39, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también los artículos 40 y 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, debido a que se invade la esfera competencial del Poder Legislativo del Estado que le atribuyen los artículos 89 y 116 para realizar la designación de Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, en lo particular de la designación de las Magistraturas ausentes de manera absoluta o definitiva, en términos del artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Que no obstante dichas facultades que le asisten, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en sesión extraordinaria de Pleno número ocho, celebrada el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, acordó que hasta en tanto el Pleno del H. Congreso del Estado de Morelos nombrara a la persona que sustituiría al Magistrado Orlando Aguilar Lozano, se habilitaba al Secretario de Acuerdos Adscrito a la Segunda Sala, licenciado José Juan Juárez Lagos para que asumiera las funciones como encargado del despacho de la Segunda Sala de Instrucción de dicho Tribunal, con todas las facultades que le otorga el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y tal acto violenta, en su máximo grado de expresión, las facultades soberanas concedidas al Poder Legislativo del Estado de Morelos.

Además, de la normativa orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa no se aprecian facultades del Pleno para la designación de encargados del despacho para cubrir una Magistratura que se encuentra vacante de manera absoluta o definitiva, como en el caso de la Segunda Sala que ocupaba el Magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano, a quien se le concedió pensión por cesantía en edad avanzada, con efectos a partir del dieciocho de abril de dos mil dieciocho.

En la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, en los artículos 16 y 18, no se desprende facultad alguna a favor del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa para suplir las ausencias definitivas o absolutas de las Magistraturas que integran sus Salas, máxime que la disposición orgánica resulta específica al determinar que solo en los casos que no se puede lograr la mayoría en la discusión y aprobación de un proyecto de sentencia por la falta absoluta, temporal o por excusa de alguno de los Magistrados, el Pleno deberá habilitar a un Secretario que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica, que permita efectuar las deliberaciones correspondientes y resolver la votación, pero no así para designar a un encargado de despacho de la Sala instructora, como en el caso lo realizó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa.

Que el nombramiento realizado por el Pleno del Tribunal demandado, al habilitar al funcionario como encargado de despacho con todas las facultades otorgadas en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, vulnera la soberanía legislativa del Poder Legislativo, porque habilita a un funcionario a una Sala de instrucción y se le dota de facultades que son exclusivas de los Magistrados, sin que exista una disposición legal que le faculte para emitir dicho acto.

Por tanto, el Tribunal demandado asumió funciones que le corresponden a diverso Poder al emitir un acto reflejo de designación de funcionario con funciones de Magistrado, facultad que se encuentra ejerciendo el Poder Legislativo del Estado de Morelos a través de la convocatoria para la designación de un Magistrado de Tribunal de Justicia Administrativa, designación que se encuentra suspendida en acatamiento a la suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo 1915/2017.

Sostiene que el acto es de naturaleza administrativa y no jurisdiccional ya que fue emitido por un Tribunal del Estado de Morelos, acto que se considera invasor de la esfera competencial de un órgano originario del Estado y cita la tesis de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO".

QUINTO. Registro, admisión y trámite de la controversia. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 93/2018.

Asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(3)

Luego, mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, con el fin de estar en condiciones de proveer lo que en derecho proceda en relación con la interposición de la demanda de controversia, previno a la promovente para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de las constancias que estimara necesarias para que acreditara la ausencia de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, apercibida que de no hacerlo, se decidiría sobre la admisión o desechamiento de la demanda con los elementos que ya obraban en autos.

Así las cosas, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, Hortencia Figueroa Peralta, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en razón de la prevención que se le realizó, adujo lo siguiente:

• Que mediante sesión ordinaria de la Quincuagésima Tercera Legislatura, iniciada el veintinueve de junio y concluida el seis de julio de dos mil dieciséis, fue designada la Mesa Directiva de la Quincuagésima Tercera Legislatura para el segundo año de ejercicio constitucional, comprendido del primero de septiembre de dos mil dieciséis al treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en la cual sostiene que fue designada como Vicepresidenta de la Mesa Directiva.

• Que en sesión Ordinaria de la Quincuagésima Tercera Legislatura celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, fue nombrada la Diputada Beatriz Vicera Alatriste como Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Tercera Legislatura para el segundo año de ejercicio constitucional, comprendido del día de sesión hasta el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

Al llegar la fecha de conclusión de la Presidencia de la Mesa Directiva, es decir, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Pleno del Congreso del Estado de Morelos no realizó nueva designación de mesa directiva, por lo que dicho órgano legislativo continua en funciones acorde a su conformación en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(4)

• En sesión ordinaria de la Quincuagésima Tercera Legislatura celebrada el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Diputada Beatriz Vicera Alatriste presentó renuncia de la Presidencia de la Mesa Directiva ante el Pleno del Congreso del Estado, sin que el Pleno haya designado a un nuevo Legislador que ocupe dicho cargo, razón por la cual Hortencia Figueroa Peralta asumió en su calidad de Vicepresidenta de la Mesa Directiva las funciones de la Presidencia, en términos del artículo 38 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; además, agregó que dicha sesión legislativa se encuentra suspendida a la espera de su conclusión acorde con la agenda legislativa del Congreso Local.

En acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el Ministro Instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo tuvo a la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, cumpliendo la prevención que se le realizó y remitiendo copia certificada de la documental que acredita la ausencia de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, admitió a trámite la demanda, tuvo a la promovente designando autorizados y delegados, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ofreciendo diversas pruebas, se tuvo como demandado al Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos y se le ordenó emplazar para que presentara su contestación y señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad apercibiéndolo que, de lo contrario, las subsecuentes notificaciones se le realizarían por medio de lista, además le requirió para que remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que expresara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación de la demanda por parte del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por cuanto al acto que se demanda: Adujo que en sesión extraordinaria número ocho, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó que hasta en tanto el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Morelos nombrara a la persona que sustituya al Magistrado en retiro, Licenciado Orlando Aguilar Lozano, se habilitaba al Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda Sala, Licenciado José Juan Juárez Lagos, para que asumiera las funciones como encargado de despacho de la Segunda Sala de Instrucción de dicho Tribunal, con todas las facultades que le otorga el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Consideró que dicha determinación no es suplir o invadir la esfera competencial del Poder Legislativo que le atribuyen los artículos 116 y 89 para realizar la Designación de los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por cuanto a los preceptos constitucionales violados: Sostuvo que no se violentan en contra del Poder Legislativo del Estado de Morelos lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Federal, en virtud de que, con la emisión del acuerdo del cual se duele, no se invadió la esfera competencial del Poder Legislativo que le atribuyen los artículos 116 y 89 para realizar la designación de los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por cuanto a los hechos o abstenciones donde constan y que constituyen los antecedentes del acto cuya invalidez se demanda. Los antecedentes identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 los consideró ciertos tal y como lo hizo valer el Poder Legislativo del Estado de Morelos.

Por cuanto al único concepto de invalidez hecho valer. Señaló que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.(5)

Sostuvo que, atendiendo a la facultad que el propio Poder Legislativo del Estado de Morelos le otorgó al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa mediante el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" cinco mil quinientos catorce del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, mediante sesión extraordinaria número ocho, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determinó que hasta en tanto el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Morelos nombrara a la persona que sustituya al Magistrado en retiro, licenciado Orlando Aguilar Lozano, se habilitaba al Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda Sala, licenciado José Juan Juárez Lagos, para que asumiera las funciones como encargado de despacho de la Segunda Sala de Instrucción de ese Tribunal, con todas las facultades que le otorga el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Con dicha actuación no se invade la esfera competencial del Poder Legislativo del Estado de Morelos debido a que solo se habilitó al Secretario de Acuerdos para ejercer las funciones de Magistrado hasta en tanto el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Morelos designara a un Magistrado.

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos no suple ni invade la facultad del Congreso para designar Magistrado alguno, ya que si bien es cierto podría considerarse que existe una ausencia definitiva o absoluta del Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; sin embargo, existe un impedimento jurídico por parte del Congreso del Estado de Morelos para designar Magistrado y tomarle protesta de ley, pues con motivo de la suspensión definitiva concedida en el amparo indirecto 1915/2017, se ordenó mantener las cosas en el estado que guardaban, es decir, para que las autoridades señaladas como responsables (Congreso del Estado de Morelos) continuaran con el procedimiento de la convocatoria para designar a un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pero sin rendirle protesta hasta su total conclusión.

Debido a lo anterior, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, en sesión extraordinaria número ocho, celebrada el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, reflexionó que la ausencia del Magistrado Titular de la Segunda Sala no podría considerarse del todo absoluta o definitiva pues una vez que el Juzgado emitiera sentencia definitiva dentro del amparo indirecto 1915/2017, y esta a su vez cause ejecutoria, el Congreso Estatal estará en condiciones de designar a un Magistrado y tomarle la protesta de ley correspondiente; circunstancia que encuadra perfectamente en la hipótesis prevista en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en virtud de la ausencia de un Magistrado con motivo del decreto número dos mil seiscientos nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número cinco mil quinientos noventa y tres, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Orlando Aguilar Lozano, quien ocupaba el cargo de Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Dejando incompleta la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa se afectaría en gran manera a la sociedad, no se ejercería la obligación constitucional de administrar justicia y se paralizarían cerca de trescientos cincuenta y tres procesos tanto en trámite y su ejecución, así como doscientas sentencias a cargo del Tribunal en Pleno que, al no estar debidamente integrado, se vería en la imposibilidad de administrar justicia.

Por dicha razón, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, en sesión extraordinaria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, habilitó al Secretario de Acuerdos, José Juan Juárez Lagos, adscrito a la Segunda Sala de Instrucción, con las facultades que otorga el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, mientras que el Congreso del Estado nombra a la persona que substituirá al Magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano.

Así, no se invade la esfera competencial del Poder Legislativo que le atribuyen los artículos 116 y 89 para realizar la Designación de los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa.

SÉPTIMO. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República se abstuvo de formular pedimento.

OCTAVO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se abrió el período de alegatos, haciéndose constar que las partes no los formularon y se puso el expediente en Estado de resolución.(6)

NOVENO. Trámite de resolución. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído dictado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto.

En sesión de siete de noviembre de dos mil dieciocho, los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinaron retirar el presente asunto para remitirlo al Pleno de este Alto Tribunal, para que fuera este órgano el que se encargara de emitir la resolución correspondiente y, mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó radicar el presente asunto en el Pleno del Alto Tribunal.

No obstante ello, al haberse advertido una diversa causa de improcedencia y, en atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Ministro Presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto Tercero del Acuerdo 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido del fallo.

SEGUNDO. Improcedencia. Se considera innecesario realizar el estudio de la oportunidad de la demanda y de legitimación, toda vez que esta Prim

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200599-d9eb6560/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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