RÉGIMEN DE CONVIVENCIA DE MENORES. ES DE LITIS ABIERTA Y OPERA LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
QUEJA 41/2009. **********. 20 DE AGOSTO DE 2009. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. SECRETARIO: MARIANO SUÁREZ REYES.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Resultan infundados los motivos de queja, dado que el recurrente sostiene que la Sala responsable incurrió en exceso en la ejecución de la sentencia protectora, dictada en el amparo directo D.C. **********, bajo el argumento de que en materia de pruebas únicamente se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de psicología sobre el menor y no sobre sus progenitores.
A fin de corroborar el anterior aserto, es necesario fijar, en primer término, los alcances y efectos de la sentencia pronunciada en el amparo directo D.C. ********** y, en segundo lugar, examinar la determinación impugnada en queja en relación con aquella ejecutoria y destacadamente en los aspectos materia de exceso.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 37/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, junio de dos mil dos, página 115, de rubro y texto siguientes:
"QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO. SU RESOLUCIÓN FIJA LOS ALCANCES Y EFECTOS DE ÉSTA. La resolución que se dicta en el recurso de queja interpuesto por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia de amparo, necesariamente supone su análisis y la precisión de sus alcances y efectos, pues la materia sobre la que versa dicho recurso consiste en la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada en el juicio de garantías y, una vez interpretada esta resolución, en la fijación de sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo. En este sentido, la resolución de la queja fundada forma parte integrante de la sentencia de amparo, es decir, se trata de una unidad de resoluciones, pues la dictada en el mencionado recurso no es más que la interpretación del fallo protector. De no entenderlo así, se llegaría al extremo de aceptar el incumplimiento de la queja declarada fundada por exceso o defecto en la ejecución y de reconocer la autonomía e independencia de esta resolución respecto de la sentencia de amparo."
En la sentencia dictada el cuatro de junio de dos mil nueve, en el amparo directo DC. **********, que se tiene a la vista al momento de emitir esta resolución, se precisó lo siguiente:
"En esas condiciones, dependiendo del caso concreto, el Juez de lo familiar deberá decidir sobre la guarda y custodia del menor y su convivencia con su padre -que no la tiene-, previa audiencia del menor y, atento al interés superior de éste, en donde el derecho de mérito sólo se limita o suspende por mandato judicial, atento al incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica o sexual de los hijos. En el caso, la Sala responsable modificó el régimen de visitas que inicialmente fue fijado por el Juez de primera instancia, únicamente respecto a que ésta debería efectuarse fuera del domicilio en que habita el menor con su progenitora, los días sábados y domingos en forma alternada, esto es, un fin de semana en sábado y al siguiente fin de semana en domingo, en un horario de diez a las doce horas, debiendo el demandado recogerlo en el domicilio que habita y reintegrarlo en el horario establecido. La anterior determinación no parece que haya tenido en cuenta la circunstancia de que en autos no aparece que exista una previa y frecuente convivencia entre el padre y el menor y tampoco advirtió si se escuchó o no al menor, cuya edad le permitiría manifestar sus sentimientos en relación con su padre y, menos todavía, ordenó el desahogo de prueba pericial en psicología, para que atendiendo a la especial circunstancia de falta de convivencia previa, determine cuál es la mejor forma de convivencia entre ellos. En ese contexto, para decidir una cuestión trascendental para la vida del menor, como es el régimen de convivencia con su señor padre, resultaba necesario que se le diera intervención al referido menor, dado que debió ser escuchado para determinar si quiere convivir con su padre fuera de su domicilio y, en su caso, recabar la prueba pericial respectiva. De ahí que si la Sala responsable no se cercioró de que el menor haya sido escuchado, infringió lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con los artículos 416, 416 Bis, y 416 Ter del Código Civil para el Distrito Federal, así como los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Por otro lado, como no hay prueba de que el menor corra peligro por la convivencia con su progenitor y tampoco está probado que previamente ha existido convivencia entre padre e hijo, la Sala responsable debió ponderar la necesidad de recibir opinión pericial en psicología que ilustrara sobre el impacto psicológico al menor si la convivencia se produce fuera del domicilio en que habita con su progenitora y en su caso, sobre la mejor convivencia entre ellos atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Por tanto, no se desconoce la regla general de que mientras no se demuestre plenamente que la convivencia o relación del menor con alguno de sus padres, puede ser dañina o riesgosa para el sano desarrollo físico, mental y emocional de éste, no puede limitarse ese derecho que corresponde tanto al menor como a ambos progenitores; pero en el caso, el menor que actualmente tiene más de ocho años, debe ser escuchado y tener en cuenta que no está demostrado que previamente haya existido convivencia entre padre e hijo. Esas circunstancias no fueron debidamente atendidas por la Sala responsable, al modificar el régimen de visitas y convivencias entre el menor y su padre, fuera del domicilio en que habita el menor, puesto que no escuchó al menor, ni recabó prueba pericial psicológica que permita advertir que la convivencia fijada pueda ser perjudicial para el menor, o cómo puede darse de la mejor manera, dado que aunque no existe un elemento de prueba idóneo que demuestre que existe un riesgo evidente de la integridad del menor por convivir con su progenitor fuera de su domicilio, tiene derecho a ser oído, de conformidad con el artículo 416 Bis del Código Civil para el Distrito Federal. En las relatadas condiciones, al no haber sido escuchado el menor ni tenerse en cuenta la circunstancia de que el menor y su progenitor no han convivido, que es una circunstancia que debe ponderarse al fijar el régimen de visitas fuera de su domicilio, queda demostrado que no se aplicaron debidamente las disposiciones legales ordinarias analizadas y, por ende, la sentencia reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada y, por ende, se infringieron las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, escuche al menor y, en su caso, recabe la prueba pericial en materia de psicología, y dicte nueva sentencia en la que resuelva sobre los agravios vertidos contra la sentencia de primera instancia de manera fundada y motivada."
Conforme al texto transcrito, la autoridad responsable debía realizar lo siguiente:
1. Dejar insubsistente la sentencia reclamada de dieciocho de marzo de dos mil nueve, dictada en el toca de apelación número **********; y,
2. Dictar otra sentencia en la que, para la determinación del régimen de visitas entre el menor y su progenitor, tomara en cuenta:
a) Que ambos no han convivido.
b) Que el menor no ha sido escuchado.
c) Recabar la prueba pericial en materia de psicología que ilustrara sobre el impacto psicológico al menor, si la convivencia se produce fuera del domicilio en que habita con su progenitora y, en su caso, sobre la mejor convivencia entre ellos atendiendo a las circunstancias especiales del caso.
d) Dictar nueva sentencia en la que resuelva sobre los agravios vertidos contra la sentencia de primera instancia de manera fundada y motivada.
Una vez precisados los alcances y efectos del fallo protector, es dable sostener que la determinación de diez de julio de junio de dos mil nueve, impugnada en queja y emitida por la Sala responsable para dar cumplimiento a aquél, no excede los efectos de la ejecutoria de amparo.
La afirmación es así, puesto que sobre las facultades de las autoridades en materia de controversias familiar en la ejecutoria que deriva de la QC. **********, expediente que constituye un hecho notorio para este tribunal, se dejó establecido lo siguiente:
"I. La autoridad responsable escuchó al menor, puesto que al respecto en la diligencia de referencia se asentó lo siguiente:
"‘... se procedió a platicar con el niño **********, quién manifestó que: tiene ocho años, que va en tercer año de primaria, que su escuela se llama **********, que vive en ********** muy feliz con su mamita, que si conoce a su papá, pero que desde hace tres años no lo ve, hasta el día de hoy, que desconoce como sea su papá y su familia, que nunca le llama por teléfono y que eso lo pone muy triste, además de que sí le gustaría que su papá lo fuera a ver a su casa y que está muy triste porque no lo ve y que eso lo enoja y que no le gustaría volver a verlo por esa situación ...’
"II. Por otra parte, el órgano de apelación indicó:
"‘... Por otra parte vistas las manifestaciones del asistente del menor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la C. Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 278, 279, 940, 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 4, 5, y 6 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; 3, 4, 8, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y, a efecto de salvaguardar el interés superior del menor **********, se decreta la siguiente diligencia para mejor proveer: gírese atento oficio al director del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que a la brevedad posible, se sirva designar médico especialista en psicología, a efecto de que realice estudios psicológicos a los señores ********** y **********, con escalas clínimétricas para ambas partes, contemplando el área de personalidad, daño orgánico y coeficiente intelectual y, posterior al resultado, se proponga el tratamiento psicoterapéutico necesario para las partes y para el niño, siendo con un mismo terapeuta; para lo cual solicítesele que de manera urgente se sirva señalar fecha y hora para la práctica de los mismos, en atención a que se decretó como diligencia para mejor proveer en cumplimiento a una ejecutoria de garantías ...’
"En ese contexto, es cierto que en la ejecutoria de amparo **********, no se ordenó textualmente la práctica de estudios psicológicos a los padres del menor **********.
"No obstante lo anterior, es inexacto que con la determinación que se impugna, a través del recurso de queja, exista exceso en la ejecutoria de amparo, habida cuenta que la regulación del régimen de convivencia entre padres e hijos menores deriva de un derecho establecido a favor de los que ejercen la patria potestad, en relación con sus descendientes menores de edad, aun cuando unos y otros vivan separados, y que sólo puede limitarse o suspenderse en caso de incumplimiento de obligaciones de crianza o peligro para los segundos, quienes, a su vez, tienen un derecho de convivir y mantener relaciones personales con sus parientes lo que, por tanto, da igualmente sustento a la convivencia, misma que puede ser decidida judicialmente, a través del establecimiento de un régimen particular, aunque, en todo caso, debe considerarse el interés superior del menor que se manifiesta en la prioridad que debe darse a sus derechos sobre los de cualquier otra persona.
"En ese sentido, atendiendo a que la convivencia entre el menor y sus padres es un derecho superior de aquél, el órgano jurisdiccional en materia familiar debe actuar oficiosamente para recabar pruebas, para decidir lo conducente tratándose del régimen de visitas entre progenitores y sus menores hijos; máxime que en el caso, el ahora recurrente manifestó su voluntad de renunciar a su derecho de convivencia con el menor; lo que es una actitud que es superveniente a lo que expresó en sus agravios y que motiva que estando abierta la segunda instancia, de manera prudente y legal, la Sala responsable haya ordenado el desahogo de la prueba no sólo en relación a ese progenitor sino de ambos, lo cual garantiza que de ser necesario todos recibirán el tratamiento psicológico respectivo en aras del interés superior del menor, lo que es acorde con los artículos 416, 416 Bis y 416 Ter del Código Civil y 941 Bis del Código de Procedimientos, ambos para el Distrito Federal, que disponen lo siguiente:
"‘Artículo 416. En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus obligaciones y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores. En caso de desacuerdo, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, previo el procedimiento que fija el título décimo sexto del Código de Procedimientos Civiles. Con base en el interés superior del menor, éste quedará bajos (sic) los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar en su alimentación y crianza conservando el derecho de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.’."
"‘Artículo 416 Bis. Los hijos que estén bajo la patria potestad de sus progenitores tienen el derecho de convivir con ambos, aún cuando no vivan bajo el mismo techo. No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes. En caso de oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente previa audiencia del menor, atendiendo su interés superior. Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica o sexual de los hijos.’."
"‘Artículo 416 Ter. Para los efectos del presente código se entenderá como interés superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos: I. El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal; II. El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar; III. El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos; IV. Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional; y V. Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables.’."
"‘Artículo 941 Bis. Cuando a petición de parte interesada, se deba resolver provisionalmente sobre la custodia y la convivencia de las niñas y los niños con sus padres, previamente se dará vista a la parte contraria y, en caso de desacuerdo, se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia que resolverá sobre la custodia y la convivencia de los menores misma que se efectuará dentro de los quince días siguientes. En la sesión donde sean escuchados los menores deberán ser asistidos por el asistente de menores correspondiente, adscrito al Sistema Integral de la Familia del Distrito Federal, quien no requerirá comparecer para protestar el cargo. Para que tenga verificativo la audiencia respectiva el Juez de lo familiar tomará en consideración la programación de audiencias que tenga la Institución. Quien tenga a los menores bajo su cuidado, los presentará a la audiencia, para que sean escuchados por el Juez y el Ministerio Público adscrito. El Juez de lo familiar oyendo la opinión del representante social y valorando todos y cada uno de los elementos que tenga a su disposición, pudiendo incluir valoración psicológica del menor y de las partes que solicitan la custodia, determinará a quién de los progenitores corresponderá la custodia provisional de los hijos menores de edad. A falta o imposibilidad de los progenitores para tener la custodia de los menores se considerarán las hipótesis previstas en los artículos 414 y 418 del Código Civil. Las medidas que se tomen deberán tener como principio fundamental el interés superior del menor. Cuando cambie de domicilio el ascendiente que conserva la guarda y custodia, éste tiene la obligación de informar al Juez y a quien no ejerce la custodia los datos del nuevo domicilio y número telefónico para efecto de mantener la comunicación del menor y del ascendiente que no ejerza la guarda y custodia. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a lo establecido en el artículo 73 de éste ordenamiento.’."
"‘Artículo 941 Ter. El ascendiente que no le sea otorgada la custodia podrá convivir tal y como lo fije el Juez, diversos días de la semana, fuera del horario escolar y sin desatender las labores escolares y debiendo auxiliarlo en dichas actividades. Asimismo, en forma equitativa, se podrá regular la convivencia en fines de semana alternados, periodos de vacaciones escolares y días festivos; cuando estos ya acudan a centros educativos. El Juez de lo familiar, antes de regular el derecho de convivencia de manera provisional, deberá tomar en cuenta todos los elementos que estén a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior del menor. En especial valorará el hecho de que una de las partes manifieste que ha habido violencia familiar, pudiendo solicitar valoración psicoemocional que determine si existen síntomas en el menor, de haber vivido cualquier tipo de violencia familiar, ya sea psicológica, física o sexual, independientemente de que exista o no indagatoria al respecto, a fin de proteger la integridad física y psicológica de los hijos. En caso de duda, y para salvaguarda de los hijos menores de edad o incapaces, deberá ordenar que las convivencias se realicen en los Centros e Instituciones destinados para tal efecto, únicamente durante el procedimiento. Las convivencias de manera provisional no se otorgarán por el Juez de lo familiar cuando exista peligro para la integridad física, sexual y psicológica de los hijos menores de edad.’."
"Conforme a la interpretación sistemática y teleológica de los indicados preceptos, el régimen de convivencia entre el menor y sus progenitores tiene por base el interés del menor por encima de cualquier otro, y compete a los juzgadores de lo familiar tomar en cuenta dicho interés al momento de pronunciarse sobre cuestiones que afectan al menor, en el caso, respecto al régimen de convivencia entre ascendientes y progenitores.
"De igual forma, el juzgador familiar debe considerar las circunstancias especiales del caso y determinar si debe o no limitarse o suspenderse el derecho de convivencia, en caso de existir peligro para el menor, entre otros aspectos, en el orden emocional, lo que entraña la valoración de los elementos probatorios indispensables para determinar tales extremos y de no obrar en juicio debe recibirlos, por contar con las facultades previstas en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los términos siguientes:
"‘Artículo 940. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella la base de la integración de la sociedad.’."
"‘Artículo 941. El Juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros.-En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho.-En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento.’."
"Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores.
"No obsta a lo anterior, que quien tenga que decidir sobre los aspectos relativos al régimen de convivencias sea el tribunal de segunda instancia, puesto que atendiendo a la legislación aplicable, dicho tribunal tiene facultades implícitas y expresas que derivan de los artículos invocados para actuar oficiosamente y recabar las pruebas que estime conducentes, para determinar el régimen de convivencia entre progenitores y sus menores hijos.
"Sobre dicho tema, tiene aplicación al caso la tesis I.3o.C.660 C, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página 2818, de rubro y texto:
"‘-Conforme a los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es dable para el órgano judicial en materia familiar, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recopilación de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Por ende, es posible para la autoridad judicial de segunda instancia modificar un régimen de visitas que fue inicialmente solicitado de una forma distinta a la que después se planteó en apelación, dado que en la materia familiar la litis no es cerrada, por lo que cuando el Juez suple la deficiencia, no hay una variación de la litis, porque es su obligación hacerlo en uso de sus facultades antes precisadas.’."
"En esas condiciones, atento al interés superior del menor, el Juez de lo familiar y, en su caso, el tribunal de apelación, por disposición expresa de los artículos 940, 941 Bis y 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, están obligados para que oficiosamente, tratándose de asuntos que afecten la familia y cuando se tenga que resolver respecto de la convivencia de progenitores con sus hijos, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
"a) En audiencia pública se revolverá lo relativo a la convivencia en la que sean escuchados los menores, quienes serán asistidos por el asistente de menores adscrito al Sistema Integral de la Familia del Distrito Federal.
"b) Oyendo la opinión del representante social, valorar los elementos que tenga a su disposición, pudiendo incluir la valoración psicológica del menor, e incluso la de sus progenitores.
"En el caso, la Sala responsable para decidir una cuestión transcendental del menor, como es el régimen de convivencia con su señor padre, de oficio estimó necesario ordenar la práctica de estudios psicológicos a los progenitores del menor, y posterior a dicho resultado, proponer el tratamiento psicoterapéutico necesario para las partes y para el niño, siendo con un mismo terapeuta.
"Dicha determinación no implica exceso en la ejecutoria de garantías, puesto que los artículos 416, 416 bis, y 416 Ter del Código Civil para el Distrito Federal, así como los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, otorgan la facultad a la autoridad familiar de suplir la deficiencia de la queja, cuando esté de por medio directa o indirectamente la afectación de un menor de edad como en el caso acontece.
"Además, tratándose de menores, la suplencia de la queja opera incluso en la etapa de ejecución de la sentencia.
"Orienta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento sesenta y siete, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente:
"‘MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.-La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.’."
"En las narradas circunstancias, al haber resultado infundados los agravios, procede declarar igualmente infundado el recurso de queja por no existir exceso en el ejecutoria de amparo de cuatro de junio de dos mil nueve, pronunciada en el amparo directo DC. **********."
Las anteriores consideraciones tienen aplicación al caso que se analiza, ya que la determinación que impugna el tercero perjudicado por exceso en la ejecutoria del juicio de amparo, deriva del diverso auto en que la Sala responsable ordenó girar oficio al director del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a efecto de que designe especialista en psicología y realice los estudios psicológicos al aquí recurrente.
En tal virtud, si en el auto de diez de julio de dos mil nueve, que se impugna por exceso en la ejecutoria de amparo, se ordenó notificar al recurrente para el efecto de que se presente a la práctica del estudio psicológico ordenado por la Sala responsable, con el apercibimiento que en caso de inasistencia se le impondría una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de Salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, es evidente que dicha determinación tiene por objeto el desahogó de los estudios psicológicos a los progenitores del menor **********, de modo que si como se indicó en las consideraciones de la QC. **********, que atento al interés superior del menor, el órgano jurisdiccional de apelación, conforme a los artículos 940, 941 Bis, y 941 Ter, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, está obligado para que oficiosamente, tratándose de asuntos que afecten a la familia, y cuando se tenga que resolver respecto de la convivencia de progenitores con sus hijos, la suplencia de la queja opera incluso en la etapa de ejecución de sentencia.
No obsta a lo anterior, que el auto que se impugna contenga el apercibimiento de multa para el recurrente en caso de que no comparezca en la fecha señalada para el desahogo de los estudios psicológicos a su cargo, puesto que la queja por exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo no puede tener por objeto la legalidad de la medida de apremio que la Sala responsable está utilizando para hacer cumplir sus determinaciones, mientras que la materia de la queja por exceso únicamente consiste en determinar si la autoridad realizó una conducta que va más allá del núcleo del efecto particular y no puede calificarse la legalidad del fondo de la determinación, ni su medida de apremio.
En las narradas circunstancias, al haber resultado infundados los agravios, se declara infundado el recurso de queja por no existir exceso en la ejecutoria de amparo de cuatro de julio de dos mil nueve, dictada en el amparo directo DC. **********.
Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 95, 97 y 99 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Es infundado el recurso de queja interpuesto por **********, en contra del auto dictado el diez de julio dos mil nueve, por la Cuarta S
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23251-04c2ee4f/regimen-de-convivencia-de-menores-es-de-litis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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