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Modo: Corpus Pro

PRUEBA TESTIMONIAL. EL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ESTÁ FACULTADO PARA OFRECERLA A FIN DE ACREDITAR HECHOS QUE A ÉL LE INTERESA DEMOSTRAR, NO OBSTANTE QUE SU INTERÉS COINCIDA CON EL DEL QUEJOSO.

Tipo de asunto: QUEJA 50/2011. · Registro digital (IUS): 23490
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Pág. 1341.

QUEJA 50/2011. 11 DE AGOSTO DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ DE JESÚS ORTEGA DE LA PEÑA. PONENTE: FRANCISCO GONZÁLEZ CHÁVEZ. SECRETARIO: JOAQUÍN FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son fundados los agravios hechos valer.

Aduce el recurrente que disiente de la apreciación del Juez de Distrito para no admitir la prueba de testigos por él ofrecida en el juicio de garantías, toda vez que no estaba encaminada a acreditar la afectación generada por el acto reclamado; que con motivo del emplazamiento que se le practicó como tercero perjudicado, él acudió al juicio constitucional para informarle al Juez Federal que el veintiséis de enero de dos mil once, celebró un contrato de arrendamiento con **********, respecto de la casa **********, que pactaron como contraprestación el pago de la cantidad de tres mil pesos mensuales y como fecha de terminación el veinticinco de enero de dos mil doce; que también le indicó a la autoridad de amparo que ambos contratantes acudieron ante el notario público número ********** de Irapuato, Guanajuato, licenciado **********, a fin de dar certeza a dicho acto jurídico; que el ahora inconforme le hizo entrega de la posesión del inmueble al arrendatario, quien dispuso de él para los efectos pactados en el contrato y como contraprestación le entregó al arrendador las pensiones rentísticas de los meses de febrero, marzo y abril de dos mil once; que finalmente le hizo saber al órgano jurisdiccional que el cuatro de abril del año en curso, el arrendatario le reclamó por haber sido desalojado de la casa arrendada; que contrariamente a lo considerado por el Juez constitucional, el ofrecimiento de la prueba de testigos no tiene como finalidad acreditar la afectación que produjo el acto reclamado, pues ni del contenido del escrito por el que se apersonó ni del cuestionario que adjuntó el oferente se advierte ese propósito; que la finalidad de dicha prueba es demostrar las alegaciones por él vertidas en el escrito por el cual se apersonó al expediente de amparo; que dicho medio de convicción es idóneo para el objeto que se propuso; que los artículos 150, 151 y 152 de la Ley de Amparo le otorgan el derecho de ofrecer pruebas con la única restricción de la de posiciones y de las que fueren contra la moral y el derecho, pero la de testigos por él ofrecida no está acotada por ninguno de esos supuestos; que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no reserva el derecho probatorio únicamente para el quejoso; que a través de la prueba por él ofrecida no pretende en modo alguno que se juzgue la conducta de las autoridades responsables, pues como lo anticipó, la finalidad es acreditar su dicho expresado en el escrito por el cual compareció al juicio constitucional; que no existe razón alguna para que tuviera que acreditar sus aseveraciones ante la responsable, pero sí ante el Juez de Distrito por ser quien conoce del juicio constitucional; que no cobra aplicación el artículo 78 de la Ley de Amparo, en el cual se apoyó el Juez para sustentar la inadmisión de la prueba, ya que, por regla general, ese numeral cobra vigencia cuando se trata de actos reclamados que originalmente han sido sometidos previamente a la potestad común.

Sigue manifestando el inconforme que es inaplicable el criterio contenido en la tesis invocada por el Juez Federal, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, PRUEBAS EN EL. NO DEBEN SER ADMITIDAS LAS OFRECIDAS POR EL TERCERO PERJUDICADO, CUANDO TIENDAN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, PUES ELLO CORRESPONDE AL QUEJOSO.", ya que dicho criterio está orientado a que la acreditación de la afectación que produce el acto reclamado corresponde al quejoso; que de imposibilitarlo para ofrecer la prueba testimonial no tendría sentido el emplazamiento al juicio de garantías, de conformidad con el criterio contenido en la tesis de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO."; que el emplazamiento del tercero perjudicado al juicio constitucional tiene, entre otras finalidades, que éste ejerza sus derechos procesales, así como que interponga los medios de impugnación que sean procedentes, según lo indica la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO."

Como se adelantó, son fundados los argumentos.

Los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente:

"Artículo 150. En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho."

"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.

"Al promoverse la prueba pericial el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado.

"Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

"La prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación."

De conformidad con las normas legales citadas, en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que vayan contra la moral o el derecho; que en el caso de las pruebas de testigos, pericial e inspección las partes deben anunciarlas cinco días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia diligencia, exhibiendo copia de los interrogatorios a los que se sujetará a los testigos, o bien, del cuestionario para los peritos.

Asimismo, el numeral de referencia no limita en modo alguno que la prueba de testigos pueda ser ofrecida sólo por el quejoso, pues expresamente alude a las "partes", y de conformidad con el diverso artículo 5o. del ordenamiento legal en cita, tienen carácter de parte en el juicio de amparo el agraviado o agraviados, la autoridad responsable, el tercero o terceros perjudicados y el agente del Ministerio Público.

De la fotocopia certificada de constancias derivadas del expediente del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado ********** de Distrito en el Estado de Guanajuato, del que emana el recurso de queja en estudio, que adjuntó a su informe justificado el Juez federal, con valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el numeral 2o. de ésta, se advierte que mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo del año en curso en la Oficialía de Partes del Juzgado ********** de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, se apersonó a dichos autos el tercero perjudicado **********, quien en ese ocurso manifestó, en lo que ahora interesa, lo siguiente:

"... como se relata en la demanda de garantías, el 26 de enero del 2011 celebré contrato de arrendamiento con el C. ********** sobre la **********, pactando como contraprestación el pago de la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), mensuales y con fecha de terminación el 25 de enero de 2012.

"Para ese efecto, comparecimos ante el licenciado **********, notario público número ********** de ********** y conforme a las cláusulas novena y décima quinta hice entrega al arrendador de la posesión del inmueble, quien dispuso de él para los efectos pactados en el contrato. Como contraprestación percibí las pensiones rentísticas por los meses de febrero, marzo y abril de 2011.

"Sin embargo, el cuatro de abril de 2011 el C. ********** fue a reclamarme a mi domicilio que lo habían desalojado de la casa arrendada y al verificar ese hecho, me percate que un abogado, en compañía de mi contraparte en un juicio civil que se tramita ante la potestad común, habían entrado al domicilio con la fuerza pública ..." (foja 78 del cuaderno de queja).

Asimismo, para acreditar tales afirmaciones el tercero perjudicado ofreció la prueba de testigos a cargo de ********** y **********, quienes declararían, de conformidad con el cuestionario que para tal efecto anexó, el cual se transcribe:

"1. Que diga el testigo si conoce a **********.

"2. Que diga el testigo si conoce a **********.

"3. Que diga el testigo si sabe y le consta que el señor ********** arrendó a ********** el inmueble que se localiza en **********.

"4. Que diga el testigo si sabe y le consta, si con motivo del contrato de arrendamiento referido en el punto anterior, el señor ********** hizo entrega de la posesión del inmueble descrito en la pregunta anterior al señor **********.

"5. Que diga el testigo, si sabe y le consta la fecha a partir de la cual el arrendatario entró en posesión de la casa habitación que se ubica en **********.

"6. Que diga el testigo la razón de su dicho." (foja 80 del cuaderno de queja).

Ahora bien, se afirma que son fundados los motivos de inconformidad expuestos por el quejoso, en virtud de que, contrariamente a lo estimado por el Juez de Distrito en el auto recurrido, de la lectura del cuestionario formulado por el tercero perjudicado, que antes se transcribió, se advierte que la prueba por él ofrecida se encuentra encaminada a demostrar los hechos narrados por **********, en el escrito por el cual se apersonó a los autos, consistentes en la existencia del contrato de arrendamiento que él adujo haber celebrado con **********, respecto del inmueble ubicado en el **********, así como que a raíz de la celebración de dicho contrato el primero le hizo entrega de la posesión de ese bien al arrendatario.

Este órgano colegiado no comparte el criterio sostenido por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis invocada en la resolución recurrida, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, PRUEBAS EN EL. NO DEBEN SER ADMITIDAS LAS OFRECIDAS POR EL TERCERO PERJUDICADO CUANDO TIENDAN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, PUES ELLO CORRESPONDE AL QUEJOSO.", por las razones que se exponen a continuación.

Se estima que al tercero perjudicado sí debe permitírsele probar contra la constitucionalidad del acto reclamado, en la medida que la litis del amparo y la del juicio del que emana el acto reclamado no son idénticas, pues mientras que en el primero el peticionario de garantías es quien insta al órgano de control constitucional a fin de que se salvaguarden sus derechos fundamentales de los eventuales ataques que sufra por un acto de autoridad, en el último la cuestión litigiosa se dirime, por regla general, únicamente entre las partes actora y demandada ante el Juez o tribunal que conozca del asunto.

La necesidad de acreditar ciertos hechos puede derivar de la presentación de la demanda de amparo, como ocurre en el caso que se examina, en que el tercero perjudicado adujo que él celebró un contrato de arrendamiento con **********, respecto de la casa número **********, de la cual el último fue posteriormente desalojado en el juicio de origen. No sería viable que se probara, sobre el particular, ante el Juez responsable, puesto que la litis en el juicio natural versa sobre divorcio necesario y pago de una pensión alimenticia a cargo del demandado; en el juicio de amparo ha de dilucidarse si el acto de autoridad vulneró o no las garantías del quejoso en cuanto arrendatario del inmueble.

De acuerdo con las circunstancias, puede ser del interés del tercero perjudicado probar con coincidencia de interés de una de las partes, incluyendo el quejoso. Limitar la intervención del tercero perjudicado al apersonamiento, señalamiento de un domicilio para recibir notificaciones y la posibilidad de recurrir implicaría limitar el derecho de defensa de una de las partes, reconocido por la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo en un aspecto fundamental: el de ofrecer pruebas. Este tribunal es del criterio que en el juicio de amparo, autónomo del natural, deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."

La tesis a que se alude se localiza en la página ciento treinta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional, Común, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, con registro IUS 200,234, del tenor literal siguiente:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Por otro lado, se estima incorrecta la consideración del juzgador en el sentido de que la prueba de referencia tenía que haber sido ofrecida y desahogada ante la autoridad responsable y no en el trámite del amparo, toda vez que de las constancias que obran en el cuaderno de queja se advierte que los actos reclamados en la demanda de garantías derivan del juicio ordinario civil **********, del índice del Juzgado ********** Civil de Partido, promovido por ********** en contra de ********** sobre divorcio necesario y pago de pensión alimenticia; de ahí que los hechos materia del interrogatorio formulado por el oferente ninguna relación tienen con la acción ejercida en contra del demandado en el expediente antes referido.

La prueba de testigos ofrecida por el tercero perjudicado se considera idónea para la acreditación de los hechos que al oferente interesa demostrar, ya que en su carácter de arrendador puede tener responsabilidad frente al arrendatario por la perturbación que éste pueda sufrir en la posesión del bien inmueble arrendado, con las consiguientes consecuencias jurídicas adversas.

Cabe destacar, que el emplazamiento no es sólo para que tenga conocimiento de la suerte del asunto y se le posibilite recurrir la sentencia si la estima ilegal, ya que tal limitación no la prevé la ley, por lo que su calidad de parte incondicionada lo faculta para ofrecer las pruebas que resulten coincidentes para su interés.

En cuanto a que al tercero perjudicado incumbe acreditar actos vinculados con el quejoso y que eventualmente pueden incidir en la determinación de constitucionalidad o no del acto reclamado, es de hacer advertir que de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 1913 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, el arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso, a garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato; por tanto, con motivo del desposeimiento del que adujo haber sido objeto el arrendatario respecto del bien arrendado, el arrendador debe responder de la evicción o de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado a aquél por la privación del uso o goce de la vivienda dada en arrendamiento, según lo dispuesto en el diverso numeral 1914 del ordenamiento legal en cita. Los invocados preceptos se transcriben:

"Artículo 1913. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso:

"...

"IV. A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato; ..."

"Artículo 1914. El arrendador también estará obligado aunque no haya pacto expreso, a responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario, si se le privara del uso o goce de la cosa, por virtud de la evicción que se haga valer en contra del arrendador."

En esas condiciones, la determinación de denegar la admisión de la prueba de testigos ofrecida por el tercero perjudicado por considerar que no resultaba idónea es incorrecta, puesto que el Juez Federal debió atender para ese fin a los hechos que el oferente pretendía acreditar con el interrogatorio por él formulado.

En consecuencia, al resultar fundados los agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente es revocar la determinación impugnada, a fin de que el Juez ********** de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, emita un acuerdo en el que tenga por anunciada la prueba de testigos ofrecida por el tercero perjudicado **********, en su escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil once, y como del sello de recibido que obra impreso en dicho ocurso se advierte que el oferente sólo exhibió un tanto del interrogatorio respectivo, lo requiera para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación que se le haga, exhiba las copias suficientes de dicho interrogatorio para correr traslado a las partes, especificando el apercibimiento correspondiente en caso de incumplimiento.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 12/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, con registro IUS 200,327, de rubro y texto siguientes:

"PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DEL INTERROGATORIO AL MOMENTO DE ANUNCIARLA NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SINO A QUE SE REQUIERA AL ANUNCIANTE. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba testimonial deberá ser anunciada cinco días antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia, para cada una de las partes, de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos a fin de que estén en posibilidad de formular por escrito o verbalmente repreguntas al verificarse la audiencia. Este dispositivo legal está inspirado en el principio de igualdad procesal de las partes, el cual implica que éstas deben tener en el proceso un mismo trato, es decir, que se les debe dar las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas. Por tanto, mientras esa igualdad procesal de las partes se conserva, no es válido que se deseche una prueba testimonial anunciada en tiempo, sólo por no haberse cumplido el requisito formal de exhibir la parte o la totalidad de las copias del interrogatorio al momento de anunciarse, sino que debe requerirse al anunciante para que las exhiba, ya que en estos casos existe la posibilidad de que las partes del litigio constitucional puedan conocer el interrogatorio para los testigos y preparar sus repreguntas sin afectar la celeridad del proceso. Por tanto, sólo se le deberá desechar o tener por no anunciada la prueba, cuando no exhiba las copias respectivas en el término perentorio que para tal efecto se le otorgue."

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo 99 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Es fundado el recurso de queja.

Notifíquese. Anótese en el libro de registro correspondiente, remítase testimonio de esta resolución al Juez ********** de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad y, en su oportunidad, archívese el expediente; con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción V, del Acuerdo General 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, previa valoración que se ha efectuado, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en atención a que este Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja, y no se trata de un asunto de relevancia documental.

Así, por mayoría de votos de los Magistrados José Juan Trejo Orduña y Francisco González Chávez, en contra del emitido por el Magistrado José de Jesús Ortega de la Peña, quien formula voto particular, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.

En términos de los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23490-e9c34fdc/prueba-testimonial-el-tercero-perjudicado-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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