CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES DE ALZADA ESTÁN OBLIGADOS A RESPONDER DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.
AMPARO DIRECTO 890/2012. 8 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIA: MARÍA CONCEPCIÓN MORÁN HERRERA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación son ineficaces, acorde a las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.
Tales argumentos consisten, en síntesis, en lo siguiente:
a) Que la responsable omitió las pruebas ofrecidas por el quejoso a pesar de con ellas demostró los pagos efectuados respecto de la compraventa del bien ubicado en un fraccionamiento de interés social, por eso la renta del mismo no rebasa mil quinientos pesos; de ahí lo inconsistente de la cantidad señalada por el actor como renta, de tres mil seiscientos pesos.
b) Que se vulneraron los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los establecidos en el Código Civil local, relacionados con la disposición que de un bien puede hacer su propietario, del cual se le pretende desposeer sin haberse reunido las formalidades esenciales del procedimiento y sin fundamento y motivación.
Previamente, se estima necesario hacer un resumen de las consideraciones de la ad quem, de la forma siguiente:
*Que el demandado dejó de cumplir con la carga procesal, pues no ofreció pruebas, declaración que hizo el a quo y quedó firme ante la ausencia de impugnación; de ahí que no se haya contravenido el principio rector de su valoración, acorde con el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles local.
*Que el estudio de la infracción a los derechos humanos es competencia única de los tribunales federales, de conformidad con la tesis de rubro: "ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, VIOLACIÓN A LOS. SU ANÁLISIS, ES DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO."
Ahora, se desprende de esta síntesis, que la desestimación de los agravios aducidos por el quejoso en la alzada obedeció, por una parte, a que al no haber ofrecido pruebas durante el procedimiento -declaración firme por falta de impugnación- tampoco podía actualizarse infracción a las reglas de su valoración y, por otra, a que lo relacionado con la violación a derechos fundamentales es facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales federales.
Bajo ese orden de ideas, los argumentos en estudio resultan inoperantes pues a través de ellos se atribuye una omisión a la autoridad responsable consistente en la falta de valoración del material probatorio que señala el quejoso -inciso a-, sin tener éste presente la razón fundamental de la ad quem, que atañe a la firmeza de la declaración de ausencia de pruebas del demandado, por falta de impugnación.
Sin embargo, dicho quejoso no controvierte esa consideración, así, tal actitud aquí en el amparo revela ausencia en la causa de pedir.
A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para poder abordar el estudio de los conceptos de violación debe el quejoso señalar, aun cuando no de una forma rígida y solemne, la falta o lesión que le provoca el acto reclamado y los motivos que lo originan, por tanto, al limitarse a realizar meras afirmaciones sin fundamento, sus argumentos devienen inoperantes.
Ello encuentra sustento en las jurisprudencias cuyos datos de localización, rubro y texto se indican:
"Registro No. 185425
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, diciembre de 2002
"Materia(s): Común
"Tesis: la./J. 81/2002
"Página: 61
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
"Registro No. 191384
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, agosto de 2000
"Materia(s): Común
"Tesis: P./J. 68/2000
"Página: 38
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."
Como consecuencia, es ineficaz lo relativo a la falta de cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento -inciso b)-, pues el respeto a esa garantía, acorde al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio seguido ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
Esas formalidades son las condiciones fundamentales consistentes en otorgar al interesado la oportunidad de defenderse y de probar lo que a su interés convenga, con lo cual se cumplió, pues el quejoso intervino en el juicio de origen como parte demandada, contestó la demanda y ofreció pruebas; de ahí el apego a dicha garantía constitucional.
Encuentra apoyo tal conclusión, en la jurisprudencia localizable con los datos de publicación siguientes:
"Registro: 200234
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: II, diciembre de 1995
"Materia(s): Constitucional, Común
"Tesis: P./J. 47/95
"Página:133
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
De conformidad con lo anterior, también es infundada la violación a la garantía fundamental establecida en el artículo 16 constitucional -inciso b)-, en razón de que la sentencia reclamada respeta los derechos sustantivos, al expresar los preceptos legales aplicables al caso y señalar las circunstancias especiales o razones particulares consideradas para emitir la sentencia reclamada, toda vez que decidió las controversias sometidas a su conocimiento, consideró los argumentos aducidos tanto en la demanda, como contestación, así como las demás pretensiones deducidas en el litigio, resolviendo los puntos litigiosos planteados, por lo cual, dicha determinación se encuentra vinculada con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional al fundar y motivar debidamente los actos que emite.
También respetó el derecho de audiencia, esto es, se le otorgó a las partes la oportunidad de ofrecer pruebas, interponer recursos, expresar alegatos, concluyendo la primera instancia con el dictado de la sentencia respectiva.
Luego, este tribunal federal considera que dicha decisión reclamada cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los referidos artículos 14 y 16 del Pacto Federal, entendiéndose aquélla, como el derecho de toda persona, fundado en la obligación de las autoridades de ajustar sus actos a las leyes del país, fundándolos y motivándolos.
Tiene aplicación a lo razonado, el criterio de jurisprudencia que a continuación se detalla:
"Registro: 176546
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXII, diciembre de 2005
"Materia(s): Común
"Tesis: 1a./J. 139/2005
"Página: 162
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
Se estima conveniente aclarar, dada la trascendencia de la afirmación de la autoridad responsable en el sentido de que el examen de la infracción a derechos humanos es competencia exclusiva de los tribunales federales, que debe atenderse a las reformas a la Constitución General de la República, de junio de dos mil once, en materia de amparo y derechos humanos.
En efecto, a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, corresponde a todas las autoridades jurisdiccionales del país -control difuso-, el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, dicha facultad se traduce en el deber de interpretar los preceptos normativos a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, adoptando siempre la interpretación más favorable al derecho humano que se trate -interpretación pro persona- y, de no ser posible la interpretación armoniosa del precepto normativo con los derechos humanos, decretar la inaplicabilidad de éste en el caso concreto.
Así pues, la citada reforma aplicada al sistema de control constitucional ya existente en nuestro país estableció dos sistemas de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, los cuales son: 1. Concentrado. Perteneciente a los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y amparo directo e indirecto. 2. Difuso. Conferido al resto de las autoridades jurisdiccionales del Estado, las cuales, en forma incidental durante los procesos ordinarios de su competencia tendrán que ejercer dicha facultad de su control.
En ese sentido, los criterios que limitaban el control de constitucionalidad a las autoridades pertenecientes al Poder Judicial de la Federación dejan de cobrar aplicación, pues como se vio, a partir de la reforma constitucional, se inserta al modelo de control ya existente -concentrado-, el sistema difuso, el cual, autoriza a todas las autoridades jurisdiccionales a interpretar y aplicar, en el ámbito de sus competencias, los preceptos normativos a la luz de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, tratados internacionales, criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano sea parte y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
Lo anterior se corrobora con las siguientes tesis emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales, en la parte final, se establece que han quedado sin efectos los criterios jurisprudenciales que prohibían el control difuso de convencionalidad.
"Registro: 160589
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: P. LXVII/2011 (9a.)
"Página: 535
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.
"Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
"El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXVII/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.
"Nota: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: ‘Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: «CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.» y «CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.».’, conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011."
"Registro: 160480
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: P. LXX/2011 (9a.)
"Página: 557
"SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.-Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.
"Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
"El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXX/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.
"Nota: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: ‘Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: «CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.» y «CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.».’, conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011."
Tales reflexiones, dieron lugar a la tesis de este órgano jurisdiccional, publicada con los datos de localización, rubro y texto siguientes:
"Registro: 2001872
"Décima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis Aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4
"Materia(s): Civil, Común
"Tesis: VII.2o.C.4 K (10a.)
"Página: 2412
"-El sistema jurídico mexicano sufrió modificación a raíz de la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313. El modelo de control constitucional actual adoptó junto con la forma concentrada -propia de los tribunales de la Federación- la modalidad difusa. Ahora, cualquier órgano jurisdiccional del país puede, en ejercicio de su potestad y de manera oficiosa, inaplicar leyes que considere contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Por tanto, aun cuando no puede hacer declaratorias de inconstitucionalidad y expulsar del ordenamiento normas generales, sí puede considerar en los casos concretos los argumentos donde se aduce que algún acto o norma vulnera esos derechos fundamentales. Esta consideración se adecua a los parámetros establecidos en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), consultable en la página 535 del Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’. Por tanto, actualmente ya no encuentra respaldo legal la respuesta que los tribunales de alzada dan a los agravios de apelación cuando sostienen que no pueden atender planteamientos relativos a la violación de preceptos constitucionales."
De ahí que haya dejado de tener vigencia y, por ende, aplicación, la tesis que invoca la autoridad responsable -inciso b)-.
En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación y al no advertirse vulneración a los derechos fundamentales del quejoso, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.
En mérito de lo anterior, y con fundamento, además, en los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado
RESUELVE QUE:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto del Juez Octavo de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz, consistente en la sentencia definitiva pronunciada el veintiuno de agosto de dos mil doce, en el toca **********.
Notifíquese; anótese en el libro de gobierno; con testimonio de la presente resolución remítanse los autos correspondientes a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente José Manuel de Alba de Alba, Isidro Pedro Alcántara Valdés y Ezequiel Neri Osorio. Fue relator el segundo de los Magistrados antes mencionados.
En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18 fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24389-9d455c94/control-de-convencionalidad-ex-officio-los-tribunales-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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