Corpus
Modo: Corpus Pro

CONSEJOS TARIFARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, FRACCIONES XIII Y XV, DE LA LEY DEL AGUA PARA ESA ENTIDAD Y SUS MUNICIPIOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 24083/LIX/12 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 18 DE AGOSTO DE 2012, DEBEN EXTENDERSE LOS EFECTOS DE INVALIDEZ AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, PUBLICADA POR DECRETO NÚMERO 24380/LX/12 EN EL CITADO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2012. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) CONSEJOS TARIFARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, FRACCIONES XIII Y XV, DE LA LEY DEL AGUA PARA ESA ENTIDAD Y SUS MUNICIPIOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 24083/LIX/12 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 18 DE AGOSTO DE 2012, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DEBEN INVALIDARSE LOS NUMERALES 13, FRACCIÓN IV, 48, FRACCIONES I, SEGUNDA PARTE Y II, SEGUNDA PARTE, 51, 52, FRACCIONES XIII, XIV Y XV -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN ANTERIOR"- Y 16, 62, 63, 77, PÁRRAFO PRIMERO, 85 BIS, FRACCIÓN VI, 98 Y 101 BIS, PÁRRAFOS CUARTO Y ÚLTIMO, INCISO F), ASÍ COMO LA DE LOS TRANSITORIOS CUARTO, PÁRRAFO SEGUNDO -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "LOS CONSEJOS TARIFARIOS DEBERÁN ESTABLECER LA TARIFA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE A MÁS TARDAR EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE"- Y QUINTO, FRACCIÓN I, CONTENIDOS EN EL MENCIONADO DECRETO. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) CONSEJOS TARIFARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIONES XIII Y XV, DE LA LEY DEL AGUA PARA ESA ENTIDAD Y SUS MUNICIPIOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 24083/LIX/12 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 18 DE AGOSTO DE 2012, QUE PREVÉ LO QUE DEBE ENTENDERSE POR DICHOS ORGANISMOS, ASÍ COMO POR CUOTA Y TARIFA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 24083/LIX/12 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 18 DE AGOSTO DE 2012, EN TANTO CESARON SUS EFECTOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2012. · Registro digital (IUS): 24741
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2013-12-13
Promovente: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Pág. 11.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2012. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 17 DE JUNIO DE 2013. ONCE VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE ORTIZ BLANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de junio de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación. Por escrito depositado en la oficina de correos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el dieciocho de septiembre de dos mil doce, Dagoberto Calderón Leal, en su carácter de síndico y representante del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

Autoridades demandadas:

Congreso del Estado de Jalisco

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Acto reclamado:

Decreto Número 24083/LIX/12, por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Hacienda Municipal del propio Estado, publicado en el Periódico Oficial el dieciocho de agosto de dos mil doce.

SEGUNDO. Precepto constitucional que se considera violado. Artículo 115, fracciones II, III, inciso a), y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de invalidez siguientes:

El decreto impugnado vulnera la autonomía municipal, porque incide en la prestación del servicio público de agua que le corresponde al Municipio y en su libre administración hacendaria.

Ello, porque en términos del artículo 115 constitucional el Municipio presentó su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 2013 y en su texto determinó que las cuotas y tarifas por el servicio público de agua no sufrirían incrementos, permaneciendo en los términos establecidos para el ejercicio 2012; sin embargo, el artículo cuarto transitorio de la Ley del Agua, aquí impugnada, prevé que el "Consejo Tarifario" establezca una tarifa para el ejercicio fiscal 2013, a más tardar el 30 de septiembre de 2012.

Lo anterior es indebido, pues corresponde al Municipio establecer las tarifas.

Por otra parte, es igualmente violatoria de la autonomía municipal la obligación de establecer el "Consejo Tarifario" en un plazo de treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto reclamado, porque, como se dijo, la facultad de establecer esas tarifas corresponde al propio Municipio, sin la intervención de sujetos ajenos a él.

Causa igual afectación la circunstancia de que el precepto transitorio impugnado establezca que si no se crea el "consejo", arbitrariamente se actualizarán las tarifas vigentes conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor al mes de noviembre de 2012.

CUARTO. Trámite. Mediante proveído de presidencia de veintiséis de septiembre de dos mil doce (foja 151 del expediente) se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 99/2012 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por diverso auto del día veintisiete de septiembre le reconoció personalidad al promovente y admitió a trámite la controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, a quienes ordenó emplazar para que contestaran la demanda (fojas 152 a 153).

Asimismo, se ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación conviniera.

QUINTO. Contestación de la demanda por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, por conducto de los integrantes de su mesa directiva, al contestar la demanda (fojas 183 a 194 del expediente), expuso, en síntesis, lo siguiente:

"Señala el poder actor que las fracciones XIII y XV del artículo 2 de la Ley del Agua, así como el transitorio cuarto de la referida ley, transgreden la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 constitucional, pues según su dicho intervienen indebidamente en su administración, sin que le asista la razón, ya que en la ley impugnada se cumplen y observan los ámbitos de competencia que corresponden al Poder Legislativo, al Gobierno del Estado y a los Municipios para emitir y aplicar las disposiciones administrativas y fiscales que concurren en la regulación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales.

"Tomando como fundamento lo establecido por la fracción II, inciso a), del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: (se transcribe).

"En los mismos términos, la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y la fracción I del numeral 94 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que establecen: (se transcriben).

"Por lo que, efectivamente, corresponde a la regulación municipal los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Al determinar el carácter municipal de estos servicios se otorga a los Gobiernos Municipales la facultad para emitir la normatividad donde se regule su prestación, situación que en todo momento fue respetada al reformar la ahora impugnada Ley del Agua.

"El objetivo de las leyes a que se refiere el artículo 115 constitucional en el tercer párrafo de la fracción II será establecer:

"a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo al periodo del Ayuntamiento;

"c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;

"d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o presentarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y,

"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuentan con los bandos o reglamentos correspondientes.

"Son atribuciones de las Legislaturas Estatales en materia municipal: emitir las bases generales necesarias para conferir una homogeneidad básica al Gobierno Municipal, para establecer las dependencias y organismos que tendrán a su cargo la administración pública en general y la administración de los servicios públicos a su cargo, como también las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

"Conforme al mandato constitucional, corresponde al Congreso del Estado expedir las leyes en donde se determinen las normas que constituyan las bases generales de la administración pública municipal, para establecer las dependencias y organismos que tendrán a su cargo la administración pública en general y la administración de los servicios públicos a su cargo, como también las disposiciones supletorias aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

"El fundamento para establecer las cuotas y tarifas de contribuciones aplicables a derechos por la prestación de servicios públicos municipales se encuentra en la fracción IV del artículo 115 constitucional que, para tal efecto, dispone: (se transcribe).

"Respecto de las atribuciones que en materia de contribuciones tienen los Estados y los Municipios, así como el principio de jerarquía de los lineamientos que pudieran expedirse en el ámbito estatal o municipal, se encuentran delimitados por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y han sido analizados en las tesis que a continuación se transcriben:

"‘REGLAMENTOS MUNICIPALES DERIVADOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU RELACIÓN CON LAS LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA Y NO POR EL DE JERARQUÍA.’ (se transcribe)

"‘HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe)

"Con fundamento en las disposiciones antes descritas, es que la Ley del Agua establece la integración de Consejos Tarifarios como instancias de participación social en la formulación y autorización de las cuotas o tarifas, para determinar en forma justa y equitativa las contraprestaciones por los servicios de agua potable y saneamiento.

"De ahí que sean infundados los argumentos del Municipio actor."

SEXTO. Contestación de la demanda por el Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, al contestar la demanda (fojas 447 a 491 del expediente principal), en resumen, expuso:

El Municipio actor reclama de manera vaga y genérica la inconstitucionalidad del Decreto 24083/LIX/12 del Congreso del Estado, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y, en forma azarosa y tangencial, el artículo cuarto transitorio del decreto referido; lo anterior, toda vez que, según aduce, dichas disposiciones vulneran su ámbito competencial previsto en el artículo 115, fracciones II, III, inciso a), y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto se refiere a su libre configuración normativo-fiscal.

Este proceso de control constitucional deberá declararse procedente pero infundado, en tanto que la reclamación se sustenta en una interpretación absurda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la competencia de libre configuración normativa fiscal de los Municipios y su relación con los servicios públicos como mecanismos para la satisfacción de los derechos humanos consignados en la Carta Magna.

A fin de dilucidar la litis planteada, es necesario determinar las características y linderos constitucionales que circunscriben dicha competencia taxativa de los Municipios, por lo que resulta necesario atender, en primer término, a la letra de las siguientes disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (transcribe los artículos 1o., 4o., 31, 39, 40, 41, 115, 124, 128, 133 y 134).

La Constitución en su artículo 4o., de manera fundamental y de observancia suprema para el Estado Mexicano, consagra el derecho humano relativo al "acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible", el cual se complementa con la obligación constitucional a cargo del Estado de garantizar este derecho mediante la definición que las leyes establezcan de las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, incluyendo la determinación de la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

La Constitución establece el derecho humano al acceso al agua potable para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. No sólo es una obligación constitucional abstracta a cargo del Estado, sino que se determina en forma concurrente la competencia de los distintos ámbitos gubernamentales en la satisfacción del referido derecho, siendo en este sentido el orden municipal de gobierno el asignado específicamente para satisfacer directamente el requerimiento de agua potable para consumo personal y doméstico a favor del pueblo, y esto es así en tanto que del artículo 115, fracción III, de la Constitución se desprende la obligación a cargo de los Municipios relativos de prestar y garantizar el funcionamiento de diversos servicios públicos, entre los que se encuentra el de agua potable.

Para la obligación municipal de garantizar la prestación del servicio público relativo a la satisfacción del derecho de agua potable para consumo personal y doméstico a favor del pueblo, se establece como instrumento auxiliar relevante la obtención de contribuciones municipales, a fin de atender al objeto real del servicio público, cuestión que se sustenta en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, relacionado con los diversos 4o., 39, 115, fracciones III y IV, 124, 128 y 134 de la misma Constitución, de los que se deriva, indefectiblemente, la obligación y competencia concurrente de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en garantizar la satisfacción de este derecho, con la participación de la ciudadanía.

El legislador local, en ejercicio de la competencia legislativa prevista en los artículos 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adecuó normativamente elementos esenciales de la presentación del servicio público municipal relativo al derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos en la legislación estatal vigente.

La legislación local reconoce como competencia municipal la prestación de los servicios públicos necesarios, para satisfacer el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua, la legislación estableció organismos ciudadanizados y permanentes a cargo de los Municipios denominados "Consejos Tarifarios", los cuales se constituyen a fin de realizar los estudios y formular las propuestas y aprobación de cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, considerando, invariablemente, los diversos factores económicos que inciden en la solvencia de los organismos operadores del servicio público que garanticen la satisfacción del derecho humano, y esto es así puesto que la prestación del servicio de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo, a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua.

El Municipio mantiene la competencia constitucional consistente en la obligación de la prestación del servicio público de agua potable, ya sea por sí mismo o a través de organismos operadores centralizados, descentralizados, intermunicipales o, incluso, mediante concesiones y, a su vez, mantiene bajo su esfera competencial la determinación de las contribuciones necesarias para la prestación del servicio público hídrico, en tanto que la legislación local determina que la regulación de los derechos o cualquier otro ingreso que se establezcan por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y los procedimientos para su determinación se sujetarán a lo previsto en la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual prevé la constitución, integración y funcionamiento de un consejo a cargo del Municipio, y cuya naturaleza participa de la prevención constitucional relativa a garantizar la participación ciudadana en las instancias y políticas públicas relacionadas con la consecución del acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, en tanto que dichos Consejos Tarifarios se instituyen como organismos o instancias con participación social para realizar los estudios, formular y, en su caso, aprobar las contribuciones necesarias para sufragar el presupuesto público a destinar a la captación personal y doméstica en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

SÉPTIMO. Opinión. El titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, emitió la opinión que le corresponde, en términos de la fracción IV del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y acreditó su personalidad con la copia certificada de su nombramiento, que obra a foja 571 del expediente.

En los puntos petitorios de su escrito solicitó:

"Primero. Tenerme por presentado, con la personalidad que ostento, en términos del documento que acompaño, exponiendo la opinión que me compete respecto del juicio constitucional que nos ocupa.

"Segundo. Tener por acreditados a los delegados que se mencionan en este oficio y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones.

"Tercero. Declarar que este Alto Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional y que fue promovida por persona legitimada para hacerlo.

"Cuarto. En atención a las manifestaciones vertidas en el cuerpo del documento que nos ocupa, declarar parcialmente fundados los conceptos de invalidez hechos valer por parte del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco."

OCTAVO. Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento, el veintinueve de enero de dos mil trece se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución (fojas 584 a 586).

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea un conflicto suscitado entre un Municipio y una entidad federativa, a través de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo, en el que se impugnan normas de carácter general.

SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. Es oportuna la promoción de la controversia, pues se hizo dentro del plazo dispuesto por la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma que se impugna.

Así es, el Decreto Número 24083/LIX/12, por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Hacienda Municipal del propio Estado, fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el sábado dieciocho de agosto de dos mil doce, por lo que el plazo para la presentación de la demanda comenzó a partir del día lunes veinte siguiente y concluyó el primero de octubre de ese año.

Por tanto, si la demanda se depositó en la oficina de correos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar de residencia de la parte actora, mediante pieza certificada con acuse de recibo, el dieciocho de septiembre de dos mil doce (foja 149), debe entenderse que su promoción fue oportuna, en términos de lo que establece, además, el artículo 8o. de la ley reglamentaria correspondiente.

Debiendo descontarse del cómputo del plazo legal los días sábados y domingos, y el viernes catorce de septiembre de dos mil doce, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto primero, incisos a), b) e i), del Acuerdo General Número 2/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y de descanso.

Es ilustrativa, en lo conducente, la tesis jurisprudencial que dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES. De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de normas generales en la vía de controversia constitucional, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos: 1) Dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente de su publicación; y, 2) Dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma controvertida. Con base en la citada disposición legal, los órganos de poder legitimados para intentar una controversia constitucional, gozan de una doble oportunidad para cuestionar la constitucionalidad de una norma de carácter general, ya que pueden hacerlo con motivo de su publicación, o del primer acto de aplicación en perjuicio del órgano demandante; de esto se sigue que, en el primer caso, si esta Suprema Corte de Justicia decretara el sobreseimiento por la improcedencia de la controversia constitucional, fundada en que se promovió fuera del plazo de treinta días posteriores a la publicación de la norma general respectiva, aquel mismo órgano de poder estaría en aptitud jurídica de ejercer válidamente, con posterioridad, la acción de controversia constitucional para impugnar la referida norma, si lo hiciera con motivo del primer acto de aplicación." (Novena Época, Registro IUS: 903723, Pleno, Jurisprudencia, Apéndice 2000, Tomo I, Acciones de Inconstitucionalidad y C.C., Materia Constitucional, tesis 112. página 92)

Igualmente, ilustrativa es la siguiente tesis de jurisprudencia relativa a los requisitos que establece el artículo 8o. de la ley reglamentaria de esta materia, los cuales, en el caso, se satisfacen, pues la pieza certificada se depositó en tiempo en la oficina de correos del lugar de residencia de la parte actora:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis del precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia." (Jurisprudencia, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 898, tesis P./J. 17/2002).

TERCERO. Legitimación activa. La parte actora cuenta con legitimación activa y promovió por conducto de la persona facultada para ello.

Efectivamente, al ser el Municipio uno de los entes enunciados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, es claro que cuenta con legitimación activa.

En representación del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, compareció el síndico del Ayuntamiento, Dagoberto Calderón Leal, cargo que acredita con la copia certificada del acta número 384/2012, correspondiente a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento, del cinco de enero de dos mil doce, en la que consta su nombramiento en el cargo (a fojas 19 a 23).

Por su parte, el artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece:

"Artículo 52. Son obligaciones del síndico:

"...

"III. Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales."

Es así que la legitimación para ejercitar la acción de controversia se encuentra debida y formalmente satisfecha, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

CUARTO. Legitimación pasiva. Las autoridades a las que se les reconoció el carácter de demandadas fueron los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco; el primero, por la expedición y, el segundo, por la promulgación y publicación de la norma general impugnada.

Ambos cuentan con legitimación pasiva para comparecer a juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, conforme a la cual tienen el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general objeto de la controversia, quien deberá comparecer por conducto de los funcionarios que, en términos de las disposiciones que los rigen, estén facultados para representarlos.

Por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco comparecieron los diputados Roberto Antonio Marrufo Torres, Juan Pablo Toledo Hécht y Verónica Rizo López, presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso Local, quienes acreditaron dicho carácter con copia certificada de los acuerdos legislativos aprobados los días catorce de septiembre y cuatro de octubre de dos mil doce (foja 209 y 228 del expediente).

El precepto que los faculta a actuar es el artículo 35, numeral 1, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que textualmente dice:

"Artículo 35.

"1. Son atribuciones de la mesa directiva:

"...

"V. Representar jurídicamente al Poder Legislativo del Estado, a través de su presidente y dos secretarios, en todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, ejercitando de manera enunciativa mas no limitativa todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a los medios de control constitucional en todas sus etapas procesales, rindiendo informes previos y justificados, incluyendo los recursos que señala la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la demás legislación aplicable en la materia, y con las más amplias facultades para pleitos y cobranzas para toda clase de bienes y asuntos e intereses de este poder, en la defensa de sus derechos que la ley le confiere en el ámbito de sus atribuciones. La mesa directiva puede delegar dicha representación de forma general o especial."

En representación del Poder Ejecutivo compareció el gobernador del Estado, carácter que acreditó con la copia certificada del "Acuerdo del Pleno del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, mediante el cual califica la elección del gobernador del Estado y formula la declaratoria de gobernador electo, en términos de lo señalado en el artículo 340, fracción I, de la Ley Electoral de la entidad." (fojas 493 a 512)

El artículo de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco que lo faculta a actuar es el siguiente:

"Artículo 2o. El Poder Ejecutivo se confiere a un ciudadano que se denomina gobernador del Estado, quien lo ejercerá exclusivamente. Para el debido cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones podrá, en el ámbito administrativo, delegar, cuando no exista disposición contraria para ello, algunas funciones para su debido despacho y atención."

QUINTO. Sobreseimiento. Procede decretar el sobreseimiento en el juicio, por cuanto hace al primer párrafo del artículo cuarto transitorio reclamado, debido a que, a la fecha, han cesado sus efectos.

Efectivamente, por cuanto hace al primer párrafo de esta norma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria y, por tanto, procede sobreseer en la controversia constitucional, de conformidad con el numeral 20, fracción II, del mismo ordenamiento.

Los preceptos invocados disponen:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."

"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

"...

"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."

En relación con esta causal de improcedencia, el Tribunal Pleno ha sostenido el criterio jurisprudencial que dice:

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24741-36103701/consejos-tarifarios-en-el-estado-de-jalisco-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.