MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NATURALEZA PENAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE LA CAUSA PROVEER LO CONDUCENTE HASTA ANTES DE CERRAR LA INSTRUCCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 31 DE MARZO DE 2014. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ FÉLIX DÁVALOS DÁVALOS Y ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN. DISIDENTE Y PONENTE: ADALBERTO MALDONADO TRENADO. ENCARGADO DEL ENGROSE: ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN. SECRETARIO: ENRIQUE ESPINOSA MADRIGAL.
• Competencia y legitimación
PRIMERO. Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Bis, 14, 16 y 20 del Acuerdo General 14/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo circuito, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de este Pleno de Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 225 y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece.
SEGUNDO. Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, pues fue formulada por el entonces Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, quien conoció del amparo directo 297/2012, del que derivó uno de los criterios sometidos a contradicción.
• Existencia de la contradicción
Conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.
El sentido del concepto contradictorio ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica.
Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios, que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo.
Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.
Lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos.
Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen respuestas correctas únicas, esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual se va creando el llamado derecho en acción.
La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver.
Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Por ello, las contradicciones de tesis que el Pleno de Circuito está llamado a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
Sirven de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal P./J. 72/2010 y la tesis aislada P. XLVII/2009, cuyos rubros y textos son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(3)
De igual modo, con base en dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(5)
TERCERO. Posturas contendientes.
Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que suscitaron la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo penal 297/2012, el seis de junio de dos mil trece, presentado previo a la entrada en vigor de la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es decir, con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, conoció de un caso con las siguientes características:
El asunto derivó de una sentencia condenatoria de primera instancia, confirmada en segunda instancia, respecto de un ilícito no previsto en el artículo 5 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, que contiene un listado de los delitos en los que no procede la conciliación.
En contra del acto reclamado, el Tribunal Colegiado de Circuito de que se habla, concedió la protección constitucional solicitada, con base en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Determinación que adopta este tribunal. Resulta innecesario analizar y transcribir tanto la sentencia reclamada como los conceptos de violación que en su contra se hacen valer, debido a que este órgano de control constitucional, en suplencia de la queja deficiente, prevista por el ordinal 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, advierte que en el caso concreto se vulneraron las reglas del procedimiento y trascendieron al sentido del fallo, dejando en estado de indefensión al quejoso, de conformidad con lo previsto por el numeral 160, fracciones V y XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual se considera ilegal la sentencia combatida en este juicio, al emanar ésta de un procedimiento, en el cual se incumplieron con las formalidades esenciales previstas en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, en su fase de primera instancia, tal como se expondrá a continuación. Para ilustrar lo anterior, se exponen los preceptos normativos relacionados con este asunto, como son, el ordinal 160, fracciones V y XVII, de la Ley de Amparo; así como los numerales 1, 2, 5, 22, 43 y 56-Bis de la Ley de Justicia Alternativa y artículo único transitorio del Decreto 22216; 14, fracción I, inciso p), de la Ley Orgánica de la Fiscalía General; y 110, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las últimas tres leyes del Estado de Jalisco, que a la letra señalan:
"Ley de Amparo
"‘Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso: ... V. Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o cuando la (sic) coarten en ella los derechos que la ley le otorga. ... XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda.’
"Ley de Justicia Alternativa
"‘Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado.’
"‘Artículo 2. El objeto de esta ley es promover y regular los métodos alternos para la prevención y en su caso la solución de conflictos, la reglamentación de organismos públicos y privados que presten estos servicios, así como la actividad que desarrollen los prestadores de dichos servicios ...’
"‘Artículo 5. Los métodos alternos serán aplicables a todos los asuntos del orden civil susceptibles de convenio o transacción. Cuando el procedimiento pueda afectar intereses de terceros, éstos deberán ser llamados para la salvaguarda de sus derechos.
(Reformado, P.O. 23 de diciembre de 2010)
"‘En materia penal, no procederá el trámite del método alternativo respecto a las siguientes conductas, aun cuando éstas se cometan en grado de tentativa: (se transcribe artículo) ...’
(Reformado, P.O. 23 de diciembre de 2010)
"‘Artículo 22. El Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco es un órgano del Poder Judicial competente y rector en materia de medios alternativos de justicia, con autonomía técnica, así como administrativa y con las facultades y atribuciones establecidas en esta ley.’
"‘Artículo 43. El procedimiento podrá iniciarse a petición de parte interesada, de su representante legal a propuesta del Ministerio Público o por remisión de autoridad judicial, subsistiendo en todo caso la voluntad de las partes en términos de esta ley ...’
"‘Artículo 56-Bis. Los métodos alternos en materia penal procederán hasta antes de dictarse sentencia definitiva. Desde su primera intervención, el Ministerio Público, de oficio o, en su caso, el Juez, o ambos a solicitud de cualquiera de las partes o del defensor público o agente de la Procuraduría Social, invitarán a los interesados a que sometan su controversia a un método alterno en los casos en que proceda, y les explicarán los efectos y los mecanismos de mediación o conciliación disponibles, así como sus alcances. El Ministerio Público o, en su caso, el Juez, suspenderá el trámite de la averiguación previa o el proceso, según sea el caso, hasta por treinta días para que las partes medien o concilien. En caso de interrumpirse la mediación o conciliación, cualquiera de las partes puede solicitar la continuación de la averiguación previa o del proceso correspondiente. Si las partes están de acuerdo en someter su conflicto a la resolución mediante la justicia alternativa, quedarán suspendidos desde ese instante el procedimiento de averiguación previa o del proceso jurisdiccional, según sea el caso, así como el término de la prescripción de la acción penal hasta en tanto se dé por cumplido el convenio definitivo, y el instituto informará dicha decisión de sometimiento a la resolución alternativa (sic) la autoridad que conozca de la investigación, proceso o procedimiento.’. Transitorios. Nota de E., de conformidad a lo dispuesto por el artículo único transitorio del Decreto Número 22216/LVIII/08, entrara en vigor el día 1o. de enero de 2009, previa su publicación. Primero. (Derogado, P.O. 29 de abril de 2008)
"Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco
"‘Artículo 14. La Fiscalía General del Estado tiene las siguientes atribuciones en materia de investigación y persecución de los delitos del orden estatal y concurrentes: En la investigación del delito: ... p) En aquellos casos en que la ley lo permita, propiciar la conciliación de los intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren su resolución mediante la conciliación, acuerdo o cualquier otra figura jurídica que permita solucionar el conflicto; ...’
"Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco
"‘Artículo 110. Los Jueces de primera instancia tienen las siguientes obligaciones: ...’
(Reformada [N. de E. Adicionada], P.O. 30 de enero de 2007)
"‘XII. Promover los medios alternativos de solución de conflictos a las partes, de conformidad con la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; ...’
"Conforme a las porciones normativas transcritas, se advierte que el legislador local del Estado de Jalisco aprobó la Ley de Justicia Alternativa, así como la reforma respectiva al artículo 110, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, las cuales fueron publicadas por el Poder Ejecutivo del Estado el treinta de enero de dos mil siete y entraron en vigor, a partir del uno de enero de dos mil nueve. Esta ley es de orden público, interés social y de observancia general, tiene por objeto promover y regular los métodos alternos para la prevención y en su caso la solución de conflictos, la reglamentación de organismos públicos y privados que presten estos servicios, así como la actividad que desarrollen los prestadores de dichos servicios (artículos 1, 2 y transitorio único del Decreto 22216). Para efecto de garantizar el cumplimiento de este ordenamiento, se creó el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, el cual es un órgano del Poder Judicial competente y rector en materia de medios alternativos de justicia (artículo 22).(6)
"De igual forma, el procedimiento de justicia alternativa podrá iniciarse a petición de: 1. Parte interesada; 2. De su representante legal; 3. A propuesta del Ministerio Público; o, 4. Por remisión de autoridad judicial (artículo 43). El trámite del método alternativo no procede en materia penal, respecto a las siguientes conductas tipificadas como delito por el Código Penal para el Estado de Jalisco, aun cuando éstas se cometan en grado de tentativa (artículo 5), a saber:
Ver conductas tipificadas
"Asimismo, los métodos alternos en materia penal procederán hasta antes de dictarse sentencia definitiva, para lo cual, desde su primera intervención, el Ministerio Público, de oficio o, en su caso, el Juez, o ambos a solicitud de cualquiera de las partes o del defensor público o agente de la Procuraduría Social, invitarán a los interesados a que sometan su controversia a un método alterno en los casos en que proceda, suspendiéndose el trámite de la averiguación previa o el proceso, según sea el caso, hasta por treinta días para que las partes medien o concilien. Si las partes están de acuerdo en someter su conflicto a la resolución mediante la justicia alternativa, quedarán suspendidos desde ese instante el procedimiento de averiguación previa o del proceso jurisdiccional, según sea el caso, así como el término de la prescripción de la acción penal hasta en tanto se dé por cumplido el convenio definitivo (artículo 56-Bis). En ese sentido, este tribunal de justicia constitucional estima que, en la especie, se transgredió las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecta a las defensas del quejoso, en términos del ordinal 160, fracciones V y XVII, de la Ley de Amparo, al no haber dispuesto la autoridad responsable los instrumentos jurídicos y materiales necesarios para la aplicación de alguno de los medios del procedimiento de justicia alternativa, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 43 y 56-Bis de la Ley de Justicia Alternativa de Jalisco, privando con dicha omisión al solicitante de amparo de la posibilidad de acceso a los medios alternativos de solución de controversias penales, de cuyo cumplimiento pudiera emanar la extinción de la acción penal, en favor del sentenciado y la reparación del daño, en favor del ofendido. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal de Nuestro País, de título y contenido siguientes:
"‘AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR A LAS PARTES A ELLA O DE CELEBRARLA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CONSUMADA IRREPARABLEMENTE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos del artículo 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado mediante decreto publicado en la Gaceta del Gobierno de la entidad el 9 de febrero de 2009), la celebración de la audiencia de conciliación para delitos perseguibles por querella, independientemente de que se obtenga o no la conciliación y de que las partes puedan conciliar antes de la determinación respectiva, es un presupuesto insalvable para que el Ministerio Público ejerza la acción penal; de manera que su falta genera que la actuación de la representación social y de los órganos jurisdiccionales apoyados en la determinación del ejercicio de la acción penal contenga un vicio de legalidad en la integración de la averiguación previa. Así, aunque la violación se configure en la etapa de la indagatoria, si el Juez de la causa omitió verificar la falta del presupuesto de mérito, ello trae consigo la violación a las garantías previstas en las fracciones V y IX del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), en tanto que no permite al imputado ejercer a plenitud su derecho de defensa, motivo por el cual no puede actualizarse un cambio de situación jurídica. En este sentido, se concluye que la omisión del Ministerio Público de citar a las partes a la referida audiencia de conciliación o de celebrarla, no constituye una violación consumada irreparablemente para efectos del juicio de amparo indirecto y, por ende, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica, en razón de que esa citación y la audiencia misma se traducen en un requisito o presupuesto indispensable para el funcionamiento de la maquinaria de procuración y administración de justicia, lo que por sí mismo implica que se trata de un caso de excepción a la actualización de la aludida causa de improcedencia, ya que los actos procedimentales descritos inciden en las garantías tuteladas en el citado precepto constitucional.’(7)
"Ahora bien, en el caso en particular destaca que **********, promovió juicio de amparo directo, en virtud de que la titular del Juzgado Primero de lo Criminal del Décimo Cuarto Partido Judicial con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, con fecha de diez de diciembre de dos mil diez, dictó sentencia en la causa penal **********, en la que se declaró a **********, penalmente responsable por la comisión del delito de homicidio culposo, previsto por el artículo 213, en relación al 6, fracción II, y en contexto con el 48, todos del código criminal para esta entidad federativa; cometido en agravio de **********, por lo que se le condenó a la pena de dos años de prisión y al pago de la reparación del daño por el monto de $192,734.50 (ciento noventa y dos mil, setecientos treinta y cuatro pesos, cincuenta centavos, moneda nacional) (fojas 233 a 252 del cuaderno del proceso). Inconforme con dicha resolución, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, bajo el toca **********; se celebró la audiencia de vista el veinticuatro de agosto de dos mil once, con la presencia del defensor de oficio, al no comparecer el abogado del inculpado, y por sentencia de trece de septiembre de dos mil once, así como aclaración de sentencia de veintidós de noviembre de dos mil once, se resolvió: ‘SEGUNDA. «... PROPOSICIONES:
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25056-2c4b4c0b/medios-alternativos-de-solucion-de-controversias-de-naturaleza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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