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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE NOTORIAMENTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO, PUBLICADO EL 9 DE JULIO DE 2014 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ CONCEDER PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2014. · Registro digital (IUS): 25591
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-04-17
Promovente: MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Pág. 519.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2014. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 4 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de febrero de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Josaphat Martínez Cué, en su carácter de síndico del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Entidad, poder u órgano demandado:

a) Congreso del Estado de Morelos.

b) Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos.

c) Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos.

d) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

1. De la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos, reclamo la invalidez del proyecto del decreto condenatorio de fecha 11 de junio de dos mil catorce, que presentó a los integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual, la autoridad señalada anteriormente determina someterlo a discusión, a efecto de que se apruebe:

A) Conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. Rogelio Sánchez Gatica, quien se desempeñaba como consejero jurídico en la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En el periodo comprendido del 16 de noviembre del año 2010 al 28 de noviembre de 2011.

B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado, y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que haya dejado de prestar sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones.

C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

2. De la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, reclamo la invalidez de la aprobación del Decreto condenatorio Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, de fecha 11 de junio del dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado, número 1462, con fecha 26 de junio del 2014; ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO QUE OCASIONARAN A MI REPRESENTADA Y LE OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL ESCRITO DE ESTA DEMANDA; en donde:

A) Determina conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. Rogelio Sánchez Gatica, quien se desempeñaba como consejero jurídico en la Consejería Jurídica del H Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En el periodo comprendido del 16 de noviembre del año 2010 al 28 de noviembre de 2011.

B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones.

C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

3. Del H. Congreso del Estado de Morelos, reclamo la invalidez de la aprobación del Decreto condenatorio Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, de fecha 11 de junio del dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado, número 1462, con fecha 26 de junio del 2014; ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO QUE OCASIONARAN A MI REPRESENTADA Y LE OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL ESCRITO DE ESTA DEMANDA, mediante el cual, la autoridad señalada anteriormente:

A) Determina conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. Rogelio Sánchez Gatica, quien se desempeñaba como consejero jurídico, en la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En el periodo comprendido del 16 de noviembre del año 2010 al 28 de noviembre de 2011.

B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado, y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones.

C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

4. Del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, reclamo:

La expedición del Decreto condenatorio, sin previa audiencia, Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, de fecha 11 de junio del dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado, número 1462, con fecha 26 de junio del 2014; ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO QUE OCASIONARAN A MI REPRESENTADA Y LE OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL ESCRITO DE ESTA DEMANDA, mediante el cual, la autoridad señalada anteriormente:

A) Determina conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. Rogelio Sánchez Gatica, quien se desempeñaba como consejero jurídico en la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En el periodo comprendido del 16 de noviembre del año 2010 al 28 de noviembre de 2011.

B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado, y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones.

C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron, como antecedentes, los siguientes:

• Que el veintidós de noviembre de dos mil doce, Rogelio Sánchez Gatica presentó un escrito ante el Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual solicitó el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, anexando al referido ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado.

• Que el treinta y uno de mayo de dos mil trece, Sánchez Gatica presentó en la Comisión Legislativa un ocurso por medio del cual -en alcance al escrito primigenio-, solicitó que la cesantía en edad avanzada se tramitara tomando como base el cargo que desempeñó como consejero jurídico de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, puesto que ocupó antes de ser presidente municipal.

• Que la pensión mencionada se generaría a partir de la entrada en vigor del decreto respectivo, siempre y cuando haya cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez años en el servicio.

• Que una vez que se realizó el procedimiento de investigación respectivo, de conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, estimó que se tenían acreditados a favor de Rogelio Sánchez Gatica, diecisiete años, dos meses y veintisiete días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y setenta años de edad, por lo que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 59, inciso f), de la referida ley.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, los siguientes:

1) Que el decreto que se impugna violenta flagrantemente la autonomía municipal contemplada en el artículo 115 del Pacto Federal, puesto que se compromete el patrimonio del Municipio, y sin que se haya oído ni vencido en juicio al promovente en un procedimiento previo, ni con las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que los demandados resuelven de manera indebida; asimismo, que al no haberse llamado a juicio al promovente, se violaron en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; asimismo, se infringió el numeral 106 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, puesto que los proyectos de dictamen deben contener, entre otras cosas, el análisis de las observaciones hechas por los Ayuntamientos y los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Así, la demandada Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos, envió a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, su dictamen para que se aprobara, el cual se aprobó mediante Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro (1474), de once de junio de dos mil catorce, publicado el nueve de julio de ese mismo año en el Periódico Oficial del Estado; es por ello que la parte demandada violó en perjuicio del demandante las garantías de seguridad jurídica, así como sus derechos de audiencia y de defensa; al efecto sirve de apoyo la jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 18060 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y PUBLICADO EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, QUE DECLARA LA DESINTEGRACIÓN DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES, SIN CONCEDER DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA A LA PARTE AFECTADA, ES INCONSTITUCIONAL."

2) Que se violan en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16, 17, 115 y 123 de la Carta Magna, debido a que existe una intromisión del Poder Legislativo del Estado en la vida interna del Municipio, dado que se exige el cumplimiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a favor de Rogelio Sánchez Gatica, y que, si bien es cierto que el pago de las pensiones por cesantías en edad avanzada se encuentra contemplado en el título sexto, capítulo único, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, se configura una invasión en la esfera competencial del Municipio promovente que le otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, los Municipios, a través de sus órganos de gobierno que son los Ayuntamientos, gozan de plena autonomía para dirigir los destinos políticos, administrativos y patrimoniales en su circunscripción municipal, disfrutando de facultades para autogobernarse, y sólo por excepción en los casos de suspensión y desaparición de Ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato de los integrantes del Ayuntamiento, podrán intervenir las Legislaturas Estatales, por lo que, si en el caso no se actualiza ninguna de las causas de excepción en el que el Poder Legislativo Local tiene atribuciones constitucionales para intervenir su proceder, conculca la autonomía constitucional consagrada en el artículo 115 de la Carta Magna, y su actuar carece de sustento jurídico, porque ni la Constitución Federal, ni la Estatal, ni alguna ley local le concede facultades para dictar un acuerdo en el sentido del impugnado; por tanto, al pretender aplicar el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil citada, se transgrede la autonomía municipal al hacer uso de facultades que no le corresponden, lo que implica también la vulneración a los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, porque el decreto impugnado carece de fundamentación y motivación.

3) Que el artículo 115 de la Carta Magna establece las facultades del Municipio y su facultad para manejar el patrimonio propio; asimismo, los artículos 14 y 16 otorgan las garantías de seguridad jurídica a los gobernados; por su parte el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, viola flagrantemente la autonomía municipal por parte de los demandados, al facultar al Congreso para dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, más aún cuando no fue oída y vencida en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del mismo.

Por lo que es claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando, sin facultad, decisiones contrarias al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva.

Sin dejar de hacer notar que indebidamente se violaron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, del Municipio actor, al no haber sido llamado al juicio por parte de los demandados, ya que éstos se encontraron constreñidos a hacerlo, pues así se establece en la fracción IV del artículo 106 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos.

Sin embargo, esto no aconteció, pues la demandada Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos, turnó a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, su dictamen para su aprobación correspondiente, sin dar intervención al Municipio actor, tal como se desprende del Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", 1474, de 26 de junio de dos mil catorce (2014); es por ello, y toda vez que se violaron en perjuicio del Municipio actor las garantías de seguridad jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, por lo que se reclama la invalidez del decreto aludido, ya que los demandados debieron otorgar a mi representada el derecho de audiencia y defensa.

Esta forma de proceder que autoriza la disposición legal reclamada se aparta del principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal que otorga el artículo 115 constitucional, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Municipio, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador del Municipio se vea beneficiado con una de las distintas pensiones que menciona la ley, con cargo a la hacienda pública del Municipio, el cual deberá modificar sus previsiones presupuestales, no obstante que la Constitución establece que sólo le compete a éste guardar el destino de sus recursos, conforme lo considere conveniente, y sin injerencia de alguna otra autoridad, salvo el caso de los recursos federales que se le asignen y que previamente han sido etiquetados para un fin específico.

Finalmente, el promovente considera que debe declararse la invalidez del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar contrario al artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto Número 1474, publicado el 26 de junio de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por el que se determina conceder pensión por cesantía en edad avanzada a Rogelio Sánchez Gatica. Pues es evidente la flagrante violación a la autonomía municipal por parte de los demandados, al dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, más aún cuando no fue oído y vencido en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del procedimiento. Pues es claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando sin facultad decisiones contrarias al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva.

Al efecto, la parte actora considera que resultan aplicables al caso en concreto, los siguientes precedentes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en diversas fechas, todos bajo el razonamiento toral de que el Congreso del Estado de Morelos no puede determinar la procedencia de montos de las pensiones de trabajadores de un Ayuntamiento, pues ello era contrario al principio de libertad hacendaria municipal.

4) Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del Municipio Libre, y su facultad para manejar su patrimonio conforme a la ley, asimismo, los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan la garantía de seguridad jurídica a los gobernados.

Por lo que resulta claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando sin facultad decisiones contrarias al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva. Sin dejar de hacer notar que indebidamente se violaron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, de mi representada, al no haber sido llamada al juicio por parte de los demandados, ya que éstos se encontraron constreñidos a hacerlo, pues así se establece en la fracción IV del artículo 106 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos.

Sin embargo, esto no aconteció así, pues la demandada Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos, turnó a la Mesa Directiva del Congreso de Estado de Morelos, su dictamen para su aprobación correspondiente, sin dar intervención al Municipio actor, tal como se desprende del Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", del día 9 de julio de dos mil catorce (2014); es por ello, y toda vez que se violaron en perjuicio del Municipio actor las garantías de seguridad jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, por lo que se reclama la invalidez del decreto aludido, ya que los demandados debieron otorgar a mi representada el derecho de audiencia y defensa, el cual debe considerarse como aquel en que se concede a los interesados el conocimiento del trámite, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en su favor, conociendo de los elementos que pudieran motivar la afectación en su patrimonio, que como acontece en el caso concreto al otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada a un particular y de acuerdo a los términos ya mencionados; a fin de obtener, al emitirse la determinación correspondiente, un pronunciamiento específico sobre su defensa; sirve de base a lo anteriormente mencionado la siguiente jurisprudencia sustentada por nuestro Máximo Órgano de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es el siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 18060 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y PUBLICADO EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, QUE DECLARA LA DESINTEGRACIÓN DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES, SIN CONCEDER DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA A LA PARTE AFECTADA, ES INCONSTITUCIONAL."

Que el artículo 113 de la Constitución del Estado de Morelos, es vulnerado por la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, en su artículo 57, último párrafo, al otorgar al Congreso del Estado una atribución que lesiona la hacienda municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en su artículo 38, fracciones LXIV, LXV y LXVI, en consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, al prever que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas, es facultad de los Ayuntamientos y no del Congreso del Estado.

Así, el promovente considera que debe declararse la invalidez del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar contrario al artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto Número 1474, publicado el 9 de julio de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por el que se determina conceder pensión, por cesantía en edad avanzada, a Rogelio Sánchez Gatica. Pues es evidente la flagrante vulneración a la autonomía municipal, por parte de los demandados, al dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, más aún cuando no fue oído y vencido en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del mismo. Pues es claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando sin facultad decisiones contrarias al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva.

CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son 14, 16, 17, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de treinta de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil catorce, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 74/2014, y determinó que una vez que diera inicio el segundo periodo de sesiones, correspondiente al año en cita, enviaran los autos a la presidencia de este Alto Tribunal para que determinara lo relativo al turno de este asunto.

Asimismo, en el mismo proveído, de treinta de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas admitió la demanda de controversia constitucional, en la que se tuvo por impugnado, además del Decreto Número 1472, publicado el veintiséis de junio de dos mil catorce en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos, el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, y no así, a la Mesa Directiva ni a la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo, ambos del Congreso del Estado de Morelos. Se ordenó emplazar a los Poderes demandados para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que emitiera la opinión que le corresponde, así como formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora.

SEXTO. Contestación de la demanda.

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Se opone la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, toda vez que carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer correlativamente, se opone la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado, al no haber realizado acto alguno que afecte o invada la esfera competencial del demandante.

Adujo que el Municipio actor atribuye únicamente al Poder Ejecutivo del Estado, la promulgación y publicación del decreto que impugna. Al respecto, señaló que tales actos se realizaron de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Estatal, además de que el demandante no los combate por vicios propios.

Por lo que consideró que deben declararse inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez formulados por el actor, pues lo expuesto en su demanda resulta ambiguo y superficial, y se concreta en descalificaciones aisladas, dado que no señala ni concreta razonamiento alguno capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, al no referirse al fundamento, argumentos o razones decisorias, o argumentos, y al porqué de su reclamación.

Así -arguye el demandado-, resulta infundado lo alegado por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda y la libre administración de ésta, pues, en términos del último párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal, se ha dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sea el Congreso Local el facultado para emitir los decretos de pensión de los servidores públicos.

Todos los Municipios prevén en sus presupuestos de egresos el rubro de pensiones, por lo que el decreto de pensión únicamente consiste en un acto declarativo que emite la Legislatura Estatal conforme al derecho de los trabajadores a la seguridad social, y de acuerdo con las hipótesis y porcentajes respectivos, enmarcados dentro de los principios de libertad de configuración de los Estados, división de poderes y hacienda municipal, que rigen en un Estado social de derecho.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor como servidores públicos, entre las que se encuentran la jubilación y los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, y las demás disposiciones del apartado B de la Constitución Federal.

Por su parte, el decreto impugnado no es en sí mismo inconstitucional, dado que las partidas del presupuesto de egresos municipal, para el pago de las prestaciones de seguridad social, no pueden considerarse dentro del ámbito de la libre administración hacendaria, previsto en el artículo 115, fracción IV, constitucional, al tener que destinarse a cubrir una obligación impuesta en la fracción VIII del propio precepto, en relación con el diverso 123 de la Norma Fundamental.

En efecto, la libre administración hacendaria permite a los Municipios integrar sus presupuestos de egresos con los recursos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que en este ámbito del ejercicio del gasto público no caben injerencias estatales que establezcan una aplicación específica presupuestal.

En este sentido, puede afirmarse que la hacienda municipal se compone de un sinnúmero de ingresos provenientes de distintas fuentes, pero sólo quedan comprendidos dentro de la libertad de elección en su destino y aplicación los que deriven de actividades públicas y privadas de los Municipios, así como los que se incluyan en esa categoría de libre administración hacendaria como las participaciones, pues existen ciertos ingresos que forman parte de la hacienda municipal, tienen una aplicación específica sin que el Ayuntamiento pueda variar este manejo, porque no se integran a la autonomía en el gasto público -aportaciones-, y otros que, aun integrándose a esta autonomía, ven limitada su libre aplicación, al tener que destinarse al cumplimiento de una obligación pecuniaria establecida por la Constitución Federal.

Al respecto, señaló que a las Legislaturas Locales se les facultó para regular las relaciones laborales de los Estados y los Municipios con sus trabajadores, observando los lineamientos establecidos en el artículo 123 constitucional, entre ellos, la protección al salario [fracciones VI, VIII, X y XXVII, incisos b) y f), del apartado A, y correlativos del apartado B] y a la seguridad social (fracción XXIX del apartado A, y fracción XI del apartado B) que, como se ha señalado, comprende la jubilación y los seguros de invalidez, vejez y muerte.

De este modo, el marco establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, no vulnera la libertad de administración hacendaria del Municipio actor, pues a dicha prestación económica está obligado por disposición expresa de la Constitución Federal, debiendo cubrirla por sí o por medio de la institución respectiva, a través de las aportaciones de seguridad social q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25591-5e440c29/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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