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Modo: Corpus Pro

OBLIGACIONES MERCANTILES. MOMENTO EN QUE COMIENZAN LOS EFECTOS DE LA MOROSIDAD EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE CONTRAEN SIN TÉRMINO PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 302/2014. · Registro digital (IUS): 26709
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-10-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUI
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Pág. 459.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 302/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE FEBRERO DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.

III. Competencia

5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito en un tema que, por ser de naturaleza civil corresponde a la materia de especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009, en la que no se requiere la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.

IV. Legitimación

6. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, facultados para tal efecto de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

V. Consideraciones de los Tribunales Colegiados

7. Para establecer la materia de la contradicción, esta Primera Sala estima pertinente señalar los antecedentes que dieron origen a las ejecutorias contendientes, así como las consideraciones sobre las que los órganos colegiados basaron sus criterios.

8. En primer término, debe establecerse que de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (actual Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito) en el amparo directo 414/2007, se advierten como antecedentes, los siguientes:

• ********** por su propio derecho y como representante legal de las empresas ********** y **********, así como **********, por su propio derecho y en razón de los derechos que le corresponden por la sociedad conyugal, demandaron en la vía ordinaria mercantil de **********, **********, ********** e ********** el cumplimiento de diversas prestaciones.

• De la demanda conoció el Juez Quinto de lo Civil y de Hacienda de Aguascalientes bajo el expediente **********, quien dictó sentencia el diecinueve de octubre de dos mil seis.

• En contra de dicha sentencia, los actores interpusieron recurso de apelación, mismo que quedó radicado bajo el toca ********** del índice de la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes y resuelto en veinte de abril de dos mil siete en el sentido de establecer que los actores no demostraron sus pretensiones.

9. En contra de la resolución dictada en el recurso de apelación, los actores promovieron juicio de amparo directo, en el cual se resolvió conceder el amparo a los quejosos, con base en los razonamientos que se señalan a continuación:

"De igual manera, resulta fundada la segunda parte del cuarto concepto de violación, así como el quinto, los cuales se estudian en conjunto dada su estrecha relación.

"En dichos conceptos la parte quejosa aduce, en síntesis, que le causa agravio el que en la sentencia que se combate se haya considerado que no se acreditó la rescisión del contrato fundatorio de la acción, por no existir un requerimiento personal y directo a los demandados para que emitieran las acciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2080 del Código Civil Federal; pues afirman, dicho numeral no es aplicable al caso, en virtud de que en el Código de Comercio no existe laguna que colmar a través de la aplicación del Código Civil Federal, ya que las obligaciones mercantiles que no tienen plazo para su cumplimiento se rigen por lo dispuesto en el artículo 83 del citado Código de Comercio.

"Lo anterior se estima fundado, por lo siguiente:

"El Código de Comercio en los artículos 2, 81 y 1054, en lo que interesa, disponen: (se transcriben)

"De la lectura de los preceptos antes transcritos, se advierte que el legislador permitió que se aplicara a los actos de comercio, así como a los juicios mercantiles, de manera supletoria el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Lo anterior encuentra apoyo también, en la parte que interesa, en las siguientes tesis aisladas de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... ‘JUICIOS MERCANTILES, SUPLETORIEDAD EN LOS.’ (se transcribe)

"‘SUPLETORIEDAD EN MATERIA MERCANTIL PROCESAL. INOPERANCIA DE LA DEL DERECHO COMÚN CUANDO NO EXISTEN LAGUNAS.’ (se transcribe)

"Ahora bien, de los numerales y las tesis anteriormente transcritas, podemos advertir también que la aplicación supletoria de leyes a los actos de comercio y a los juicios mercantiles contenidos en el Código de Comercio procede únicamente en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias:

"1. Que la institución contemplada en los actos de comercio, en el procedimiento, ya sea ordinario o ejecutivo mercantil, carezca de preceptos suficientes para su total regulación, o bien, que dicha reglamentación tenga lagunas jurídicas.

"2. Que la ley procesal común reglamente la misma institución que se presenta en el juicio ejecutivo mercantil, respecto de la cual existen lagunas.

"3. Que el Código de Comercio, que regula tanto a los actos de comercio, como a los juicios ordinarios y ejecutivo mercantil, de manera expresa determine la aplicación de otras leyes en caso de ser necesaria la suplencia.

"En atención a lo anterior, se concluye que en el caso concreto, como bien lo señala la parte quejosa, la autoridad responsable no debió aplicar lo dispuesto en el artículo 2080 del Código Civil Federal, pues aun cuando en dicho numeral se regula el cumplimiento de las obligaciones cuando no se ha fijado un plazo para su cumplimiento; sin embargo, dicha institución jurídica sí se encuentra regulada en el Código de Comercio, pues en el artículo 83, se dispone: (se transcribe)

"Como puede verse, en dicho dispositivo legal el legislador reguló con toda claridad los requisitos que se deben observar en los actos mercantiles cuando se trata del cumplimiento de una obligación cuyo término no fue fijado por las partes; de ahí que la aplicación del citado numeral 2080 del Código Civil Federal resulte violatoria de las garantías de los quejosos, pues, se insiste, al existir disposición expresa en el Código de Comercio respecto de cuándo se puede hacer exigible una obligación cuando no se ha fijado término por las partes, es dicho numeral al que se debe atender, por ser el ordenamiento legal aplicable al caso en específico; de ahí que no pueda admitirse la aplicación supletoria de dicho precepto legal.

"En atención a lo anterior, también resulta fundado el concepto de violación en el que se aduce que lo afirmado por la autoridad responsable, en el sentido de que para que proceda la acción rescisoria es necesario que se demuestre que la parte demandada, previo a la presentación de la demanda, fue requerida por el cumplimiento de la obligación a su cargo, es contrario a derecho.

"Lo anterior es así, porque de la lectura de lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Comercio, que es el que regula lo relativo al cumplimiento de las obligaciones en las que las partes no hayan especificado un término, no se desprende que sea requisito indispensable el que se requiera a la parte demandada para que cumpla con su obligación, pues lo único que se necesita demostrar, en todo caso, es que transcurrieron diez días después de que fue contraída la obligación, plazo que debe computarse, atendiendo al texto de ese precepto legal, desde el día en que ambas partes celebraron el contrato de aportación de recursos económicos fundatorio de la acción -dos de enero de dos mil- pues fue a partir de entonces que, en términos de derecho, porque el contrato constituye una norma particular, que debe observarse de acuerdo a la ley bajo la que los contendientes contrajeron la obligación que a cada uno le atañe.

"En efecto, desde la fecha en la que se llevó a cabo la contratación ********** estuvo obligado a aportar recursos económicos para la construcción del hotel **********, mientras que los demandados ********** y ********** contrajeron la obligación de transformar -entregar al actor- acciones de la sociedad que manejaría el referido hotel.

"Y si bien las obligaciones en comentario son sucesivas, porque cada vez que se lleve a cabo la aportación de recursos, a cambio de ésta deben darse acciones, ello sólo puede estimarse como el cumplimiento de la prestación a cargo de las partes en los términos del contrato, pero la obligación se contrajo, como se dijo, desde el día en que se realizó el concurso de voluntades habido entre las partes.

"Por tanto, es de concluirse que lo resuelto por la autoridad responsable es contrario a derecho y violatorio de garantías, puesto que está exigiendo un requisito de procedencia que el Código de Comercio no contempla.

"Sin que sea aplicable al caso la tesis de jurisprudencia que cita la autoridad responsable y que se encuentra bajo el epígrafe: ‘ACCIÓN RESCISORIA DE CONTRATO. LA MORA O INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR, ES UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA Y SU ACREDITAMIENTO DEBE SER ESTIMADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR.’, por las razones que se exponen a continuación.

"En primer lugar, porque para concluir que era necesario requerir al deudor por el cumplimiento de la obligación, a efecto de constituirlo en mora, se partió de la base de que en los contratos respectivos no se estableció lugar de pago, en cuyo caso, conforme a los Códigos Civiles del Distrito Federal y del Estado de México, debe atenderse a la regla general de que el pago debe realizarse en el domicilio del deudor, de ahí que si una de las partes alegó que su contraria incumplió con la obligación recíproca que es a su cargo, esto lleva implícito que el acreedor, para hacer efectivo el pago, estará obligado a requerir al deudor precisamente en su domicilio para que se actualice la negativa de pago y se constituya éste en mora.

"Lo que es totalmente distinto al presente caso, debido a que en éste no se encuentra en discusión si en el contrato hubo omisión en cuanto al lugar en el que debía cumplirse la obligación, sino que las partes dejaron de precisar el plazo en el que habría de realizarse el cumplimiento, supuesto en el cual ninguna aplicación tienen las normas sustantivas civiles que ordenan requerir al deudor en su domicilio por el cumplimiento de la obligación, pues tal hipótesis solamente debe observarse, como se expuso, cuando en la convención no se designó el lugar de pago.

"Y finalmente, porque como consecuencia de lo anterior, nuestro más Alto Tribunal del País no se ocupó de establecer, por razones obvias, si el requerimiento de pago al deudor también era necesario cuando en la contratación respectiva los celebrantes hayan omitido señalar el plazo para el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso tendría que haberse referido a los artículos 83 y 85 del Código de Comercio, dado que los asuntos sobre los que versó la contradicción se ocuparon de resolver sobre contratos de compraventa mercantil, todo lo cual no hizo porque, se insiste, no fue ese el tema que debía resolver.

"Inclusive no está de más señalar que en la ejecutoria publicada con motivo de la mencionada jurisprudencia la Corte aludió a la mora automática, es decir, a aquella que se da sin necesidad de que se requiera al deudor, la cual tiene lugar en los casos en los que el retraso en el cumplimiento de la obligación de pago es contrario a lo convenido por los contratantes, o a las circunstancias o naturaleza de la obligación, o a la ley.

"Por otra parte, cabe precisar que no pasa inadvertido para este tribunal que en el artículo 85, fracción II, del Código de Comercio, se prevé que para los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán, en los contratos que no tuvieren día señalado para su cumplimiento, desde el día en que el acreedor le reclamare al deudor, judicial o extrajudicialmente ante escribano o testigos; sin embargo, aun cuando dicho numeral es similar al que citó la responsable, cabe señalar que éste no es de aplicarse al caso concreto, en virtud de que en él lo que se regula es lo relativo al momento en que comienzan los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, cuestión que es diversa a aquella situación en la que puede hacerse exigible una obligación en la que no se fijó término para su cumplimiento, como en el caso.

"En efecto, la mora es el retardo en el cumplimiento de una obligación lato sensu o de un derecho de crédito indemnizatorio, cuando la ley aprecia ese retardo para fijar la indemnización que el responsable por el hecho ilícito debe pagar a su víctima, por la inejecución que le sea imputable; consecuentemente, para que haya mora o retardo se requiere que, el cumplimiento de la prestación por parte del autor del hecho ilícito, sea aún posible independientemente del retardo, porque si la obligación ya no se puede cumplir, no habrá mora, sino incumplimiento definitivo y absoluto de la obligación.

"El efecto que produce la mora en el cumplimiento de la obligación -que es a lo que se refiere al artículo 85 antes referido- es crear a cargo del deudor un derecho de crédito que implica pagar una indemnización, además del objeto original que debía. La ley castiga al autor del hecho ilícito de no cumplir con toda oportunidad y lo sanciona llevándolo a que cubra una indemnización que recibe el nombre de ‘moratoria’, adicional al objeto original debido y para determinar en qué momento se inicia la mora y su efecto, debe distinguirse si se trata de hecho ilícito que va en contra de una obligación a plazo o sin plazo, y dentro de la obligación afectada por esa modalidad plazo, distinguir en qué consiste el objeto de la obligación que se incumple.

"Ahora bien, la indemnización moratoria se origina en dos diferentes fuentes: a) cuando se viola una obligación previa al hecho ilícito, y se da cuando no hay incumplimiento definitivo de la obligación, sino sólo cumplimiento tardío, por estar en posibilidad de pagar y, por ello se traduce en la evaluación del empeño que tenía el acreedor en que la obligación se haya cumplido en forma oportuna; y, b) cuando se comete el hecho ilícito de no cumplir con un derecho de crédito indemnizatorio, originado a su vez en cualquier causa (este tipo de indemnización es a la que se refiere el artículo 85 del Código de Comercio).

"Por último, cabe precisar que cuando una persona realiza el hecho ilícito de no cumplir una obligación previa, derivada o no de un contrato, la víctima tiene derecho para exigir se ejecute forzadamente la obligación por el deudor, o bien, tiene entre otros, derecho a exigir el pago del daño y el perjuicio; por tanto, la ejecución efectiva de la obligación y la indemnización moratoria, al ser aspectos diversos pueden acumularse, porque si se comete el hecho ilícito de no cumplir oportunamente, se puede cumplir después y dar además una indemnización moratoria para la conducta ilícita de demorarse en cumplir con aquello a que se está obligado.

"En este orden de ideas, es de concluirse que una cosa es el momento en que se hace exigible la obligación (artículo 83 del Código de Comercio) y otra muy diferente el momento en que comienza la mora para efectos de indemnización; de ahí que el numeral 85, fracción II, del Código de Comercio, no pueda ser tomado en cuenta para los efectos de la procedencia de la acción de rescisión.

"Así las cosas, al resultar fundados los conceptos de violación que se analizaron, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal.

"Sin que sea necesario analizar los conceptos de violación sexto, incisos B) y C), séptimo, octavo y noveno, pues su eficacia queda supeditada a lo que en la nueva sentencia resuelva la autoridad responsable. ..."

10. El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al fallar el amparo directo 305/2014, narró como antecedentes:

• El doce de diciembre de dos mil trece, **********, por propio derecho, promovió juicio oral mercantil en contra de **********, en demanda del pago de $63,054.56 (sesenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 56/100 M.N.), respecto de ocho notas de venta firmadas por este último, el pago de interés moratorio legal, así como los daños y perjuicios generados por falta de pago y los gastos y costas; derivados de diversas ventas de cemento gris a granel que dieron en total la cantidad demandada.

• De la demanda conoció el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Texcoco, Estado de México, quien por auto de doce de diciembre de dos mil trece, admitió la misma bajo el número de expediente **********, ordenó correr traslado y emplazar al enjuiciado.

• El veintinueve de enero de dos mil catorce, el notificador judicial adscrito al juzgado del conocimiento, emplazó a juicio al demandado, por conducto de **********, quien dijo ser padre del enjuiciado y el trece de febrero de dos mil catorce, el demandado dio contestación a la incoada en su contra, se opuso al pago de las prestaciones reclamadas y alegó que la actora carecía de personalidad para demandarlo, pues en las notas figuraba como persona moral **********.

• El siete de marzo de dos mil catorce, tuvo verificativo la audiencia preliminar, en la que una vez precisada la suerte principal consistente en $63,054.56 (sesenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 56/100 M.N.), que las partes no conciliaron; el Juez se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas.

• Finalmente, el veintiuno de abril de dos mil catorce, el Juez dictó sentencia en la que declaró procedente la acción; condenó al demandado al pago de 63,054.56 (sesenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos 56/100 M.N.), intereses moratorios a razón del 6% anual y, por otro lado, fue absuelto del pago de daños y perjuicios reclamados, pero no del pago de gastos y costas generadas en esa instancia.

11. En contra de la resolución dictada en el juicio oral mercantil, el demandado ********** promovió demanda de amparo, en la cual se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente:

"Este Tribunal Colegiado considera que es sustancialmente fundado el concepto de violación, en el que se argumenta que la autoridad responsable determinó que el quejoso incurrió en mora, al no haber pagado las ocho notas de remisión y condena al pago de intereses moratorios, a razón de seis por ciento anual, pero en el acto reclamado se señala que no era preciso requerir el pago para constituir al deudor en mora, cuando en el capítulo de excepciones, el demandado señaló que no se atendió el artículo 360 del Código de Comercio, en el que se establece el plazo para el pago, después de haberse hecho la interpelación judicial o extrajudicial.

"Así las cosas, en primer término debe precisarse que el tema de la interpelación para la mora no está regulado en el artículo 360 del Código de Comercio, pues esa temática corresponde a lo previsto en los artículos 83 y 85, fracción II, de esa codificación, cuyo texto es el siguiente: (se transcriben)

"Establecido lo anterior, se reitera, que este Tribunal Colegiado de Circuito considera que es sustancialmente fundado el concepto de violación que se analiza, porque la contabilización de intereses moratorios debe ser, a partir de que el deudor sea requerido del pago.

"Lo anterior es así, porque debe distinguirse, en primer término, que es diferente el momento para exigirse el cumplimiento de la obligación de aquél para iniciar el cómputo de los intereses moratorios, en virtud de que la mora es una sanción por el incumplimiento de la obligación, por lo que se considera que es necesaria la interpelación, de acuerdo con la fracción II del artículo 85 antes citado.

"En efecto, la mora es el retardo en el cumplimiento de una obligación lato sensu o de un derecho de crédito indemnizatorio, cuando la ley aprecia ese retardo para fijar la indemnización que el responsable por el hecho ilícito debe pagar a su víctima por la inejecución que le sea imputable; consecuentemente, para que haya mora o retardo se requiere que el cumplimiento de la prestación por parte del autor del hecho ilícito sea aún posible, independientemente del retardo, porque si la obligación ya no se puede cumplir no habrá mora, sino incumplimiento definitivo.

"Así, el efecto que produce la mora en el cumplimiento de la obligación, que es a lo que se refiere el artículo 85 del Código de Comercio, es crear a cargo del deudor un derecho de crédito que implica pagar la indemnización, además del objeto original que debía, porque la ley castiga al autor del hecho ilícito de no cumplir con toda la oportunidad y lo sanciona llevándolo a que cubra una indemnización que recibe el nombre de ‘moratoria’, adicional al objeto original debido y para determinar en qué momento se inicia la mora y su efecto, debe distinguirse si se trata de hecho ilícito que va en contra de una obligación a plazo o sin plazo y dentro de la obligación afectada por esa modalidad de plazo, distinguir en qué consiste el objeto de la obligación que se incumple.

"Asimismo, cabe precisar que la indemnización moratoria se origina en dos diferentes fuentes: a) cuando se viola una obligación previa al hecho ilícito y se da cuando no hay incumplimiento definitivo de la obligación, sino sólo cumplimiento tardío, por estar en posibilidad de pagar y, por ello, se traduce en la evaluación del empeño que tenía el acreedor en que la obligación se haya incumplido en forma oportuna; y, (sic) cuando se comete el hecho ilícito de no cumplir con un derecho de crédito indemnizatorio, originado a su vez en cualquier causa, este tipo de indemnización es a la que se refiere el artículo 85 del Código de Comercio.

"En ese orden de ideas, cabe precisar que cuando una persona realiza el hecho ilícito de no cumplir una obligación previa, derivada o no de un contrato, la víctima tiene derecho para exigir se ejecute forzadamente la obligación por el deudor, o bien, tiene entre otros, derecho a exigir el pago del daño y el perjuicio; por tanto, la ejecución efectiva de la obligación y la indemnización moratoria, al ser aspectos diversos pueden acumularse, porque si se comete el hecho ilícito de no cumplir oportunamente, se puede cumplir después y dar además una indemnización moratoria para la conducta ilícita de demorarse en cumplir con aquellos a que se está obligado.

"Por consiguiente, se concluye que una cosa es el momento en que se hace exigible la obligación (a lo que se refiere el artículo 83 del Código de Comercio) y otra muy diferente el momento en el que comienza la mora para efectos de la indemnización; de ahí que el precepto 85, fracción II, del Código de Comercio es el que se debe considerar en el caso, para estimar sustancialmente fundado el concepto de violación que se analiza, en el que se establece que los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzará, para los contratos que no tuvieren día señalado, como sucede en el caso, con los documentos base de la acción, desde el día en el que el acreedor reclame al deudor, judicial o extrajudicialmente el pago.

"Esto es así, porque en el acto reclamado la autoridad responsable determinó que procedía condenar al demandado (quejoso) al pago de intereses moratorios, estimando que el enjuiciado incurrió en mora, a partir del día siguiente de que aceptó pagar cada una de las notas referidas, cuando este tribunal considera, como antes lo ha expuesto, que el pago de los intereses moratorios debe contabilizarse desde el momento en que se interpeló al deudor, judicial o extrajudicialmente, por lo que al no haberse hecho así, entonces, debe concederse el amparo al quejoso, para los efectos que más adelante se precisarán.

"En ese orden de ideas, debe destacarse que las anteriores consideraciones son compartidas por este Tribunal Colegiado con el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de acuerdo a lo expuesto en la tesis aislada de este último, cuyo contenido es el siguiente:

"‘OBLIGACIONES MERCANTILES. LAS ACCIONES DERIVADAS DE ELLAS QUE NO TENGAN TÉRMINO PREFIJADO POR LAS PARTES O POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO PODRÁN EJERCITARSE EN LOS PLAZOS QUE ÉSTE ESTABLECE SIN QUE PREVIAMENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE HAYA REQUERIDO AL DEUDOR SU CUMPLIMIENTO.’ (se transcribe). ..."

12. Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil 321/2010, narró los hechos siguientes:

• Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil nueve, ante la Oficialía de Partes Común Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ********** apoderada de **********, demandó de **********, en la vía ordinaria mercantil, entre otras prestaciones, el pago de $120,224.23 (ciento veinte mil doscientos veinticuatro pesos 23/100 M.N.), cantidad que corresponde a las mercancías que se le entregaron a la empresa demandada y que correspondía a diversas facturas por la entrega de materiales y el pago de los intereses moratorios al tipo legal, tal y como lo establece el artículo 362 del Código de Comercio a partir de la fecha de vencimiento de los mencionados documentos, hasta la total solución de la presente litis, así como, los gastos y costas que se originaran en el juicio.

• Por auto de veinticinco de septiembre de dos mil nueve el Juez Quincuagésimo de lo Civil del Distrito Federal, a quien correspondió conocer del asunto por razón de turno, admitió la demanda.

• Mediante escrito presentado el diez de noviembre del dos mil nueve, la demandada **********, por conducto de su apoderado legal **********, contestó la demanda y negó el derecho a su contraparte para reclamarle las prestaciones de mérito, expresando lo que a su derecho convino.

• Seguido el juicio por sus trámites, la Juez Quincuagésimo de lo Civil del Distrito Federal por ministerio de ley, el catorce de abril de dos mil diez, dictó sentencia definitiva, en la que declaró procedente el juicio ordinario mercantil y condenó a la demandada a pagar una parte de la suerte principal solicitada, intereses moratorios al tipo legal a partir de los diez días siguientes a la fecha de la emisión de las facturas correspondientes y hasta la total solución del juicio, y la absolvió del pago de gastos y costas.

13. Inconforme, la demandada promovió el juicio de amparo directo que se analiza, el cual se resolvió en el sentido de negar el amparo a la quejosa; destacando para el caso, las consideraciones que se transcriben enseguida:

"En otro contexto, se estiman infundados los argumentos sintetizados al inicio de este estudio bajo el inciso B, pues contrariamente a lo que sostiene la parte quejosa, el Juez responsable actuó legalmente al estimar que la mora en que había incurrido el deudor por la falta de pago de las facturas base de la acción, por carecer de fecha pactada para su cumplimiento, debía computarse a partir de los diez días siguientes a su fecha de emisión.

"En efecto, los artículos 83 y 85 del Código de Comercio establecen: (se transcriben)

"La primera disposición transcrita contempla claramente tres hipótesis para considerar exigibles las obligaciones mercantiles, a saber:

"a) En la fecha prefijada por las partes o por el propio Código de Comercio.

"b) A los diez días de contraídas cuando no se hubiere prefijado término por las partes o éste derive de las disposiciones del propio Código de Comercio, si la obligación sólo produce acción ordinaria.

"c) Al día inmediato siguiente de contraídas, cuando las partes o el Código de Comercio no establezcan término de vencimiento, si éstas traen aparejada ejecución.

"Por su parte, la segunda disposición transcrita prevé los momentos en que ha de comenzar a computarse la mora por el incumplimiento de las obligaciones mercantiles, a saber:

"a) Al día siguiente de su vencimiento, en contratos con día señalado por las partes o por la ley para su cumplimiento.

"b) Desde el día en que el acreedor reclamare el pago al deudor, judicial o extrajudicialmente, ante escribano o testigos, cuando la obligación no tuviere día fijado por las partes o por la ley para su cumplimiento.

"La interpretación concatenada de las anteriores disposiciones permite concluir que la exigibilidad de la obligación y, como consecuencia, la actualización de la mora por parte del deudor, se actualizan en dos momentos:

"I. En la fecha prefijada por las partes o por la ley, computándose la mora al día siguiente.

"II. Desde que se exige el pago de la obligación cuando no se actualiza ninguna de las hipótesis del inciso anterior.

"Ahora, aun cuando pareciera que los artículos 83 y 85 del Código de Comercio prevén

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26709-fb3db3ba/obligaciones-mercantiles-momento-en-que-comienzan-los-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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