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Modo: Corpus Pro

INFORME PREVIO. EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS CONTRA SUS ASPECTOS FORMALES PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO, PERO SIN QUE ELLO IMPLIQUE DIFERIR O SUSPENDER LA AUDIENCIA INCIDENTAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 364/2018. · Registro digital (IUS): 28716
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA CIVIL, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Pág. 2188.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 364/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA CIVIL, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE ABRIL DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTES: EDUARDO MEDINA MORA I. Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

III. Competencia

8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es parcialmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo prescrito en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como el 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de diversa especialidad pertenecientes a un mismo Circuito, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

IV. Incompetencia

9. No obstante lo anterior, esta Sala no es competente para conocer y resolver lo relativo al criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión en incidente de suspensión 280/2006, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226 de la Ley de Amparo, 10, fracción VIII y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, y 3 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

10. Lo anterior, porque de dichas disposiciones se desprende que el órgano competente para conocer de las contradicciones de tesis sostenidas entre los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, son los Plenos de Circuito. Asimismo, de conformidad con el artículo 226 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo tiene competencia para conocer sobre contradicciones de tesis sostenidas entre sus Salas o alguna entre las sustentadas por el mismo Pleno o sus Salas y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como las suscitadas entre los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de diversa especialidad de un mismo Circuito y/o los Tribunales Colegiados de diverso Circuito.

11. Sin embargo, en el caso, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –cuyo criterio no es factible ser revisado por este Alto Tribunal– pertenece al mismo Circuito y especialidad que el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, destacando que, respecto a este último Tribunal Colegiado, sí se justifica la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la medida en que –a diferencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito– sostuvo un criterio divergente respecto del sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual, aunque también pertenece al Primer Circuito, lo cierto es que tiene una especialidad distinta.

12. En este sentido, resulta innecesario analizar el criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como la remisión de los autos al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito; esto porque en la presente resolución esta Sala determinará el criterio que debe prevalecer.(8)

V. Legitimación

13. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quienes están legitimados para formularla, de acuerdo a lo previsto en la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

VI. Existencia de la contradicción

14. El Pleno de este tribunal ha establecido que para actualizar la contradicción de tesis, basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9)

15. Del criterio precisado se obtiene que la existencia de la contradicción de criterios no depende de la identidad o semejanza de las cuestiones fácticas, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que la variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

16. Es decir, si las cuestiones fácticas fueran parecidas e influyeran en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse, al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

17. Así, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su potestad de arbitrio judicial, mediante la intelección (interpretación) de una norma para adoptar algún canon o método interpretativo, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos realizados por los órganos judiciales existe –al menos– un problema jurídico analizado, ya sea mediante la adopción de algún criterio o la fijación de un principio o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. A efecto de constatar si, en el caso, los criterios materia de la denuncia de contradicción abordan un mismo punto jurídico y se contraponen entre sí o no, resulta conveniente precisar cuál fue el análisis efectuado en cada una de las ejecutorias correspondientes, atento a lo siguiente:

19. Recurso de queja 40/78. El referido recurso fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el seis de septiembre de mil novecientos setenta y ocho. Previo a reseñar la postura adoptada en esa resolución, es necesario realizar algunas precisiones, de conformidad con lo siguiente:

20. Con motivo de la denuncia de criterios que nos ocupa, la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó a ese órgano la remisión de la ejecutoria correspondiente, así como que informara si el criterio ahí contenido seguía siendo sostenido por ese tribunal.

21. En desahogo de tal requerimiento, el presidente del tribunal precisado dictó auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual informó que, en virtud de que en la integración actual no se ha pronunciado sobre el tema, debía considerarse vigente el criterio respectivo.(10) Posteriormente, mediante auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, el presidente de ese tribunal comunicó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que tras realizar las gestiones necesarias para poder remitir copia de la ejecutoria respectiva, fue informado de que los autos respectivos se encuentran extraviados a consecuencia de los sismos ocurridos en esta ciudad el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, por lo que no era posible dar cumplimiento a lo solicitado.(11) Ante lo expresado, en auto de diez de enero de dos mil diecinueve, la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por integrada la contradicción.(12)

22. Ahora bien, aunque de conformidad con lo expuesto en los presentes autos no obra la copia certificada de una de las ejecutorias materia de la presente contradicción de criterios, lo cierto es que esa resolución se emitió una tesis aislada, la cual es susceptible de consultarse a través del Semanario Judicial de la Federación, toda vez que tal criterio aparece publicado en su Séptima Época, Volúmenes 115-120, Sexta Parte, página 88, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, materia común (con el registro digital: 252217).(13)

23. Si bien de esa tesis no es posible conocer las particularidades del caso, no menos cierto es que el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido que los aspectos fácticos de los asuntos en contradicción no necesariamente deben coincidir, pues basta la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico,(14) máxime cuando los aspectos secundarios son irrelevantes respecto de la postura adoptada.(15)

24. Así, a partir de lo anterior, ante la irrelevancia que pueden tener los aspectos fácticos en ciertas ocasiones para efectos de la contradicción de tesis (pues lo destacado es el criterio sostenido en cada caso), a continuación se sintetiza el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el precisado recurso de queja, lo cual se obtiene de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación:

• El órgano en comento se planteó la pregunta relativa a si el supuesto contenido en el artículo 153 de la Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), es igualmente aplicable a la audiencia incidental de suspensión.

• Para dar respuesta a ese planteamiento, se precisó que no obstante que tal precepto se ubica en el capítulo referente a la sustanciación del juicio y –en principio– podría pensarse que sólo es aplicable al caso en que en la audiencia constitucional se objete de falso un documento como el informe justificado, lo cierto es que ante el carácter de documento público que tiene el informe previo, debía estimarse aplicable el precepto en cita (por analogía) y, por ende, admitir la procedencia de la objeción relativa en su contra.

• A partir de lo anterior, concluyó que la interposición del incidente de falsedad de documentos respecto del informe previo es una causa de suspensión de la audiencia incidental.

25. De la tesis referida destacan dos elementos a considerar para efectos de la presente contradicción, a saber: (1) sí es posible objetar la autenticidad del informe previo y (2) cuando ello sucede, es posible suspender la celebración de la audiencia incidental.

26. Recurso de queja 231/2018. En un juicio de amparo indirecto, la parte quejosa reclamó todas las actuaciones llevadas a cabo en una controversia de arrendamiento inmobiliario y solicitó la suspensión de los actos reclamados. Admitida la demanda y abierto el incidente de suspensión, el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecutara la orden de lanzamiento reclamada.

27. En la audiencia incidental, el juzgador negó la medida en forma definitiva debido a que las autoridades señaladas como responsables negaron los actos reclamados, porque el domicilio señalado por el quejoso no concordaba con el domicilio materia del juicio de origen, por lo que el Juez de amparo concluyó que no había identidad entre el inmueble señalado por el amparista y lo manifestado por las responsables en su informe previo.

28. Ante ello, el quejoso interpuso incidente de falsedad de documentos respecto del informe previo rendido por la autoridad responsable. Dicho incidente fue desechado por el Juez del conocimiento, bajo los siguientes argumentos:

• Acorde con la tesis de rubro: "INFORME PREVIO. TIENE CARÁCTER DE DOCUMENTO PÚBLICO Y PUEDE OBJETARSE DE FALSO, EN APLICACIÓN ANALÓGICA DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO." (criterio contendiente en la presente contradicción), el trámite de la objeción propuesta debía presentarse en la audiencia incidental con el propósito de que el juzgador se encontrara en posibilidad de suspenderla y proveer lo conducente; sin embargo, el quejoso interpuso el incidente en comento con posterioridad a la celebración de la audiencia incidental, por tanto, afirmó que su ofrecimiento fue extemporáneo.

• Asimismo, el quejoso no hizo ninguna manifestación durante el desarrollo de la audiencia incidental, sino que sólo presentó un escrito de pruebas mediante el cual pretendía desvirtuar la falsedad de la negativa hecha por la autoridad, no así de la autenticidad del informe en sí mismo, por lo que debía concluirse que el incidente de falsedad de documentos intentado era improcedente por haberse presentado fuera del plazo con que se contaba para hacerlo.

29. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo declaró infundado, por las siguientes razones:

• Se precisó que el quejoso manifestó a través de los agravios que su verdadera pretensión era desvirtuar la negativa de lo expresado en los informes previos; es decir, el contenido del mismo y no la autenticidad del documento público que los contiene.

• Los agravios propuestos se declararon infundados, porque el recurrente tenía la carga procesal de asistir a la celebración de la audiencia incidental, en tanto que, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo (vigente), ése era el momento procesal oportuno para desvirtuar la negativa expresada por las responsables a través de los informes previos.

• Luego, hizo una distinción entre los supuestos previstos en los artículos 122 (153 de la Ley de Amparo abrogada) y 140, ambos de la Ley de Amparo vigente, para concluir que se refieren a casos distintos, pues mientras el primero se refiere a la autenticidad del documento o su continente y a la posibilidad de suspender la audiencia constitucional, el segundo de esos preceptos (relativo al incidente de suspensión) no autoriza la suspensión de la audiencia incidental, pues la naturaleza sumaria del incidente obliga a que la objeción del informe se realice en la propia audiencia incidental.

• Al margen de las razones que condujeron al juzgador a desechar de plano la incidencia de mérito, lo cierto es que la petición era improcedente, pues si lo pretendido por el quejoso era desvirtuar lo afirmado por las autoridades responsables en los informes previos, entonces, ello debió hacerlo, a más tardar, en la audiencia incidental y no como aconteció, después de celebrada ésta.

• Agregó que debe distinguirse entre el incidente de modificación de la suspensión por hecho superviniente (el cual también interpuso el quejoso y que, en su oportunidad, derivó en un recurso de queja que fue desechado) y el incidente de falsedad del informe previo, pues la primera de esas incidencias implica la existencia de un evento posterior al dictado de la resolución interlocutoria que, eventualmente, podría dar lugar a modificar lo previamente resuelto e, incluso, revocar la determinación inicialmente adoptada. En apoyo de ello citó la tesis sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "FALSEDAD DE DOCUMENTOS EN EL AMPARO. EL TEMA RELATIVO A SU OBJECIÓN NO PUEDE DILUCIDARSE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, POR SER UN ASPECTO RELACIONADO CON EL FONDO DEL JUICIO." (también denunciada en la presente contradicción y respecto de la cual, previamente, esta Sala se ha declarado incompetente).

• El Tribunal Colegiado manifestó no compartir el criterio invocado por el Juez, en la medida que la objeción de falsedad del informe previo, en cuanto a su autenticidad, resultaría contraria a la naturaleza del incidente de suspensión y a la naturaleza de la objeción regulada en el actual artículo 140 de la Ley de Amparo vigente.

30. Cabe precisar que no se sintetizan los antecedentes y consideraciones que sustentaron el criterio sostenido por parte del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dado que, previamente, esta Sala ha concluido su incompetencia para conocer de la posible contradicción de ese criterio frente al emitido por el Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y especialidad.

31. De lo expuesto puede advertirse que en los fallos materia de la presente contradicción de tesis hubo pronunciamientos por parte de los Tribunales Colegiados correspondientes, en cuanto a la posibilidad de plantear el incidente de falsedad u objeción de firmas en contra del informe previo, tópico en el cual se adoptaron posturas contradictorias por parte de los órganos contendientes.

32. En efecto, para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es posible que el informe previo adolezca de algún vicio que traiga consigo su falsedad y, a causa de ello, estimó aplicable por analogía lo previsto en el artículo 153 de la Ley de Amparo abrogada (relativo a la objeción de documentos en el cuaderno principal de amparo); esto es, concluyó procedente la objeción relativa a condición de que se hiciera valer en la audiencia incidental, la cual, consideró, debe suspenderse.

33. Por su parte, en criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el incidente de suspensión no puede dilucidarse lo relativo a la falsedad de documentos, pues ello es algo relacionado con el fondo del amparo y no así con la medida cautelar dictada, aunado a que ante la celeridad propia del incidente de suspensión, no es aplicable a esa medida lo previsto en el artículo 153 de la Ley de Amparo, pues el legislador lo acotó únicamente al juicio principal.

34. Lo anterior demuestra que ambos tribunales analizaron un mismo tópico (relativo a la procedencia de la objeción del informe previo) y adoptaron posturas contrarías entre sí, pues mientras para un órgano es procedente esa medida (por analogía con lo previsto para el juicio principal), para el otro órgano no es así, dado que no existe regla expresa al respecto.

35. En este orden, la materia de la presente contradicción de criterios se constriñe a dar respuesta al siguiente planteamiento:

¿Es procedente la objeción del informe previo en el incidente de suspensión en el amparo?

36. No escapa a esta Sala que para establecer la existencia de contradicciones de criterios es necesario que las normas analizadas por los órganos contiendes sean las mismas(16) y que, en el presente caso, la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito corresponde al estudio realizado respecto de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (actualmente abrogada), mientras que la ejecutoria del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito analizó lo previsto en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; sin embargo, también es cierto que este tribunal ha considerado que cuando la norma tuvo una modificación, pero no se alteró su esencia o contenido medular, la contradicción de criterios es existente, pues al no haber un cambio destacado en el contenido normativo el cual afecte la interpretación realizada por el órgano, subsiste la divergencia planteada, al no haberse resuelto el punto de contradicción, lo cual debe ser analizado y resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(17)

37. En el caso, aunque a partir del tres de abril de dos mil trece existe una nueva Ley de Amparo, lo cierto es que esa nueva norma no resuelve el punto de contradicción, dado que en lo relativo a las normas aplicables al incidente de falsedad de documentos y a la suspensión existe una similitud considerable de contenido, según se evidencia enseguida:

Ver cuadro comparativo

38. Como puede apreciarse de la anterior comparativa, aunque a partir del tres de abril de dos mil trece entró en vigor una nueva Ley de Amparo, lo cierto es que lo previsto en ese ordenamiento no resuelve la materia de la presente contradicción de tesis, dado que las normas que regulan la suspensión a instancia de parte son sustancialmente idénticas y, por tanto, la abrogación del ordenamiento analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no conduce a declarar inexistente la presente contradicción; máxime que, como se ha demostrado, existe oposición de criterios respecto de un mismo punto de derecho.

39. Tampoco pasa inadvertido para esta Segunda Sala que el último párrafo del artículo 143 de la Ley de Amparo vigente –a diferencia del 131 de la ley abrogada– señala que las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de pruebas en el cuaderno principal no serán aplicables al incidente de suspensión; sin embargo, a fin de evitar confusiones, debe aclararse que en el presente asunto no se está dilucidando la procedencia del ofrecimiento de una prueba distinta a la documental o la inspección judicial, sino que se va a definir si es posible plantear en el incidente de suspensión en el amparo, la falsedad de documentos, para lo cual, es irrelevante el contenido particular de algunos preceptos legales (como la limitante probatoria para el incidente de suspensión).(18)

40. No escapa a esta Sala que el criterio adoptado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se apoyó en el artículo 122 de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, la objeción de documentos en el amparo sólo puede hacerse en la audiencia constitucional (es decir, en el cuaderno principal y no así en la suspensión), en tanto que el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se apoyó en el numeral 153 de la Ley de Amparo abrogada, el cual no establecía que la objeción de documentos podría hacerse hasta la audiencia constitucional. Lo anterior resulta intrascendente, dado que si bien los preceptos referidos no contienen una regulación idéntica o similar, lo cierto es que el principio de seguridad jurídica exige que las prohibiciones sean expresas, por lo que no pueden derivarse de inferencias o interpretaciones y, en el caso de la Ley de Amparo vigente, no existe una prohibición expresa la cual impida objetar documentos en la audiencia incidental. Además, en el criterio adoptado por el primero de los órganos precisados se hizo referencia a una tesis la cual analizó el artículo 153 de la Ley de Amparo abrogada, por lo que, al apoyarse en ese criterio, el indicado tribunal hizo suyo lo expuesto en esa tesis y, por tanto, es viable concluir que tal órgano consideró que existía semejanza en las reglas previstas en los preceptos invocados; máxime que no hizo salvedad o justificación al respecto.

VII. Estudio

41. A efecto de dar respuesta, resulta conveniente desarrollar algunas consideraciones en torno a la suspensión en el amparo, de conformidad con lo siguiente:

A. Incidente de falsedad de documentos en el amparo

42. Desde su expedición, en el artículo 153 de la abrogada Ley de Amparo(19) se previó la posibilidad de que las partes objetaran la autenticidad de un documento exhibido en el juicio, para lo cual se estableció que el Juez suspendería la audiencia constitucional y la continuaría dentro de los diez días siguientes, a efecto de que las partes presentaran las pruebas correspondientes.

43. Esto es, dada la trascendencia que puede tener en el juicio de amparo la exhibición de un documento apócrifo, el legislador reconoció la posibilidad de objetar la autenticidad de los documentos exhibidos por alguna de las partes, pero ello lo realizó en forma expresa, referido al juicio de amparo principal y no al incidente de suspensión, pues en el numeral en comento indicó que tal incidencia sería motivo para suspender la audiencia constitucional prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo abrogada (no la incidental a la que se refería el numeral 131 de ese ordenamiento).

44. En cuanto al momento para interponer esa incidencia, al resolver la contradicción de tesis 15/98, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ello podía suceder antes o en el momento de la audiencia incidental, pues aunque la ley disponía que se suspendería la audiencia constitucional, ello no implicaba que ése era el momento para formular la objeción, ya que podía hacerse con antelación, en cuyo caso, el Juez debía tener por hecha la objeción, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la propia audiencia y atender a la regla prevista en el numeral 153 de la Ley de Amparo abrogada.(20)

45. Respecto de los documentos susceptibles de ser analizados en el referido incidente, mediante diversas resoluciones, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que puede ser cualquiera exhibido en el juicio de amparo, incluida la demanda(21) y los informes justificados, en el entendido de que estos últimos sólo podrán objetarse en cuanto a su autenticidad (continente) y no en cuanto a lo expuesto en el propio informe (contenido), pues ello será materia del análisis propio que realice el juzgador.(22)

46. En principio, es conveniente precisar que la finalidad del incidente de falsedad de documentos es, como su propio nombre lo indica, desvirtuar la autenticidad de un documento en sí mismo, ya sea porque no ha sido firmado por quien dice ser el autor o cualquier otra causa posible, para lo cual, una vez abierto el incidente, se ofrecerán las pruebas que se crean pertinentes para acreditar la falsedad y/o autenticidad del mismo.

47. En cuanto al hecho de que el legislador haya previsto la posibilidad de objetar documentos –en apariencia– sólo en el cuaderno principal del amparo (por referirse únicamente a la audiencia constitucional y no a la incidental), debe decirse que ello encuentra cierta lógica a partir de las diferentes reglas que en materia de pruebas rigen para el juicio principal y para la suspensión, según se explica enseguida:

B. Importancia de las pruebas en el incidente de objeción de autenticidad

48. Dado que la finalidad del incidente de objeción de falsedad de documentos es, en esencia, acreditar que un documento exhibido en el juicio no es auténtico por diversas razones, entonces, para poder acreditar ese extremo se requiere de medios de convicción tales como pruebas documentales, testimoniales, de inspección o, incluso y de manera particular, las periciales, pues a través de éstas podrá demostrarse (verbigracia) que la firma que contiene la demanda o el informe justificado no corresponde a quien presuntamente suscribió alguno de esos documentos.

49. Incluso, esta Segunda Sala estableció criterio en el sentido de cuando el Juez advierta que el acto reclamado fue negado y que el quejoso no ofreció pruebas para desvirtuar esa negativa, es ociosa la tramitación del incidente en comento, pues el juicio deberá sobreseerse por inexistencia del acto reclamado, mientras que si el quejoso ofreció pruebas para desvirtuar la negativa del acto, el juzgador debe abrir tal incidencia en el momento de la audiencia constitucional y proveer lo conducente sobre las pruebas que ofrezca la autoridad responsable para probar la falsedad del documento objetado,(23) lo cual denota la necesidad de elementos probatorios que deben respaldar la objeción de documentos en el amparo.

50. Tanta importancia poseen los aspectos probatorios en el incidente de objeción que esta Segunda Sala también reconoció la procedencia del recurso de revisión en contra del desechamiento de las pruebas en tal incidente (a condición de que ello se recurra simultáneamente con la sentencia de amparo),(24) salvo que el desechamiento se haya hecho antes de la celebración de la audiencia constitucional, caso en el cual, la determinación relativa deberá recurrirse a través del recurso de queja.(25)

51. Ahora bien, en términos del artículo 150 de la Ley de Amparo abrogada (artículo 119 de la Ley de Amparo vigente), en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas salvo la de posiciones (confesional) y las contrarias a la moral o al derecho.(26) En este sentido, en el artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada (actual 119 de la ley en vigor) se establecía que las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia de juicio, pero las pruebas testimonial, de inspección ocular o pericial deben anunciarse con al menos cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional (sin incluir el día del ofrecimiento ni el de la audien

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28716-8f3cc37c/informe-previo-el-incidente-de-falsedad-de-documentos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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