CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN ACTOS EMITIDOS O DERIVADOS DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL OBLIGATORIA (APLICACIÓN EXTENSIVA DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 22/2003).
AMPARO EN REVISIÓN 91/2021. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO. 9 DE DICIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO. PONENTE: JOSÉ DOMINGO GONZÁLEZ GARCÍA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: CARLOS ENRIQUE ZAYAS GARCÍA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Improcedencia del recurso. Es innecesario transcribir la resolución recurrida y los agravios formulados, pues este Tribunal Colegiado de Circuito considera que el presente recurso de revisión es improcedente, dado que la parte recurrente carece de legitimación para interponerlo.
De inicio, cabe precisar que los criterios invocados en la presente resolución son aplicables, no obstante que refieran a artículos de la Ley de Amparo abrogada, pues no se oponen al contenido de la legislación de amparo vigente, en términos de lo dispuesto por su transitorio sexto.(1)
3.1. Antecedentes.
A continuación se narran los antecedentes más relevantes del juicio de amparo:(2)
I. **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco y de su directora general el siguiente acto:
• El auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictado en el procedimiento con número de identificación único **********, de su índice, en el que se señaló el once de junio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de conciliación prejudicial –la que estimó fuera del plazo legal–.
II. Por auto de diez de mayo dos mil veintiuno (fojas 14 a 20) el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco tuvo por recibida la demanda de amparo; la radicó con el número ********** de su índice, la admitió a trámite, requirió a las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha para la audiencia constitucional.
III. Tras el trámite del juicio, el quince de junio dos mil veintiuno (fojas 74 a 86) se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia recurrida, en la que se concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos:
"En consecuencia, atendiendo a la prerrogativa denominada derecho a la jurisdicción, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17 constitucional, lo procedente es, de conformidad con los numerales 74 y 77 de la Ley de Amparo, conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable, en caso de no haberse celebrado la audiencia de conciliación prejudicial fijada para las doce horas del once de junio de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento con número de identificación único ********** de su índice, señale una nueva fecha dentro del término de quince días, como lo prevé el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, adoptando las medidas legales conducentes para que el diligenciario a su cargo, y no el quejoso, realice las notificaciones respectivas, en los términos previstos en la ley de la materia, a fin de que tal audiencia pueda celebrarse." (juicio de amparo, foja 84)
3.2. Estudio de la legitimación.
Como se adelantó, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco carece de legitimación para interponer el presente recurso de revisión.
En primer lugar, debe indicarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la legitimación de las partes constituye un elemento o condición de la acción, por lo que debe examinarse de manera oficiosa.(3)
Ahora, por razón de orden y estructura, el estudio se dividirá en los siguientes temas:
a) Reforma al sistema de justicia laboral: conciliación prejudicial obligatoria;
b) La conciliación como medio alternativo de solución de conflictos;
c) La conciliación como una etapa del proceso laboral;
d) Legitimación de los órganos jurisdiccionales para interponer el recurso de revisión;
e) Aplicación extensiva del criterio de falta de legitimación para los Centros de Conciliación laboral; y,
f) Caso concreto y decisión.
a) Reforma al sistema de justicia laboral: conciliación prejudicial obligatoria.
El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada reforma al sistema de justicia laboral en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fueron tres sus ejes principales: [1] un nuevo esquema de derechos y obligaciones en cuestiones sindicales; [2] el tránsito de competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial, federal o local, para la resolución de los juicios; y, [3] la creación de una instancia previa a la jurisdiccional que impulsara y resolviera los procedimientos de conciliación.
Este último eje impulsó la obligación de agotar la instancia conciliatoria –salvo las excepciones consignadas en la ley reglamentaria–, previamente a iniciar una acción jurisdiccional. Para tal efecto, se previó la creación de los Centros de Conciliación a nivel federal y local que se encargarán de esa función.
Así, se estableció en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Ley Fundamental:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
"...
"XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción III, y 122, apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
"Antes de acudir a los Tribunales Laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.
"La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.
"En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
"El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia."
En virtud de la anterior reforma constitucional, el uno de mayo de dos mil diecinueve se publicó la respectiva reforma a la Ley Federal del Trabajo; en sus artículos 590-A, fracción I,(4) 590-B,(5) 590-E, fracción I(6) y 590-F,(7) se dispuso que serán organismos públicos descentralizados los encargados de realizar la función conciliatoria a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución General. Por su parte, se adicionó al título trece bis, el capítulo I, denominado: "Del Procedimiento de Conciliación Prejudicial", a fin de regular cómo se desarrollaría dicho procedimiento.
En él se reguló cuáles serían los requisitos de la solicitud de conciliación (artículo 684-C); el plazo máximo de cuarenta y cinco días que debería tardar dicho procedimiento (artículo 684-D); la manera en que se desarrollaría; la posibilidad de efectuar convenios y elevarlos a la categoría de cosa juzgada, así como de expedir una constancia de no conciliación, como requisito para acudir a los tribunales (artículo 684-E).
Debe apuntarse que dentro de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional en materia de trabajo –que posteriormente sería publicada el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete–, se estableció como uno de sus ejes principales:
"2. Se propone replantear la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Con esta medida, se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad. En tanto que la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales, dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, que contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; mismos que serán organismos descentralizados. Destaca que la iniciativa delinea el nuevo procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria, de manera que resulte eficaz para las partes. Para tal efecto, se propone que esta etapa procesal conste de una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita, y que las subsecuentes audiencias de conciliación se realicen con el acuerdo de las partes en el tiempo que de común acuerdo determinen."(8)
En cuanto a la anterior iniciativa –enviada por el Ejecutivo Federal–, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos del Senado de la República, no realizaron modificación alguna a la reforma planteada al artículo 123, apartado A, fracción XX, constitucional, en el sentido de que el procedimiento conciliatorio consistiría en una sola audiencia de carácter obligatorio,(9) de manera que ese apartado fue elevado a la Cámara de Senadores para su discusión.
Durante ésta, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes destacó que una de las grandes ventajas era "pasar de un régimen basado en lo contencioso, a lo conciliatorio".(10) A su vez, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya mencionó que resultaba un acierto "la instauración de un mecanismo de autocomposición, una etapa de conciliación previa a la interposición de la demanda que, si funciona correctamente, coadyuvará a despresurizar el sistema de justicia laboral, lo que a su vez redundará en la celeridad de los juicios que se tramitan."
Posteriormente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados –que recibió la minuta por parte del Senado– destacó como uno de los aspectos positivos de la reforma, la asistencia de las y los trabajadores y empleadores a una instancia conciliatoria prejudicial, a cargo de los organismos descentralizados correspondientes. Así, la Comisión,(11) la Cámara de Diputados(12) y diecisiete Legislaturas de las entidades federativas,(13) aprobaron que en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución General, se estableciera una etapa prejudicial conciliatoria y una audiencia obligatoria.
Así las cosas; i) el uso de métodos alternos para la solución de conflictos, en lugar de juicios; ii) una atención más cercana y especializada en materia de conciliación; y, iii) una disminución en los tiempos de resolución, dieron lugar al principio de obligación conciliatoria. Dicho principio significa que, salvo las excepciones consignadas expresamente en el artículo 685 Ter(14) de la Ley Federal del Trabajo, trabajadores y empleadores deben agotar la instancia conciliatoria antes de promover una acción ante los Tribunales Laborales. Esto no sólo se advierte de la reforma constitucional, sino también del artículo 684-B de la legislación laboral, que dice:
"Artículo 684-B. Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta ley."
En ese sentido, la reforma constitucional dividió el anterior procedimiento laboral en dos fases: [1] una administrativa ante los organismos descentralizados que llevan a cabo la conciliación y [2] otra jurisdiccional, ante los Tribunales Laborales. En otras palabras, a partir de la reforma en materia de trabajo, los procedimientos de conciliación laborales son formal y materialmente parte de la administración pública federal y estatal, según corresponda –no como antes, que eran formalmente administrativos, pero en ocasiones(15) materialmente jurisdiccionales, al desarrollarse en las Juntas de Conciliación y Arbitraje–.(16)
Los dos escenarios –procedimiento de conciliación y juicio laboral–, encuentran sustento en los ejes principales de la reforma, a saber: el énfasis en los métodos alternos de solución de conflictos y el tránsito de competencia para resolver los juicios, de las Juntas de Conciliación al Poder Judicial. Cada uno de esos estadios tiene una regulación especial en la Ley Federal del Trabajo: el primero en el título trece bis, capítulo I, denominado: "Del Procedimiento de Conciliación Prejudicial"; el segundo, en el título catorce, denominado: "Derecho Procesal del Trabajo".
Al respecto, conviene señalar el contenido de los artículos 521, fracción I, 684-E, fracción VIII, tercer párrafo, 684-F, fracción VIII y 872, apartado B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que prevén el requisito para transitar del procedimiento conciliatorio a los mecanismos jurisdiccionales:
"Artículo 521. La prescripción se interrumpe:
"I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante el tribunal, independientemente de la fecha de la notificación. Si quien promueve omitió agotar el procedimiento de conciliación no estando eximido de hacerlo, el tribunal sin fijar competencia sobre el asunto lo remitirá a la autoridad conciliadora competente para que inicie el procedimiento de conciliación establecido en el título trece bis de esta ley. No es obstáculo para la interrupción que el tribunal sea incompetente;"
"Artículo 684-E. El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes:
"VIII. Si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad.
"También se le asignará a la parte citada, un buzón electrónico para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; hecho lo anterior formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia; de estar de acuerdo las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste.
"De no llegar a un acuerdo, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común acuerdo, podrán solicitar se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes;"
"Artículo 684-F. El conciliador tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
"VIII. Expedir las actas de las audiencias de conciliación a su cargo, autorizar los convenios a que lleguen las partes, y las constancias de no conciliación en aquellos casos que ésta no fuere posible. Expedir las copias certificadas de los convenios y las actas de su cumplimiento;"
"Artículo 872. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. En caso que el demandante sea el trabajador y faltaren copias, ello no será causa para prevención, archivo, o desechamiento. El tribunal deberá subsanar de oficio dicha falta.
"B. A la demanda deberá anexarse lo siguiente:
"I. La constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes, a excepción de los casos en los que no se requiera dicha constancia, según lo establezca expresamente esta ley;"
De los anteriores numerales y del citado artículo 684-B, se advierte que para iniciar un juicio laboral es necesario que la parte interesada acompañe a su demanda, salvo las excepciones que prevé la ley, la constancia de no conciliación expedida por la autoridad competente (Centros locales y federales de Conciliación). Asimismo, que en caso de no hacerlo así, los tribunales deberán remitir el asunto a la oficina de conciliación para que desahogue el procedimiento conducente.
La reforma al sistema de justicia laboral, como se dijo, originó el principio de obligación conciliatoria, el cual posee dos dimensiones: [1] por una parte, como directriz para guiar los actos de interpretación vinculados con ese tema, toda vez que fue consagrado en la Ley Fundamental, en donde se encuentran los principios y valores de la vida democrática y republicana, reconocidos en nuestro sistema jurídico;(17) y, [2] por otra, como presupuesto procesal para el acceso a los tribunales, al crearse una instancia previa, administrativa y obligatoria, que busca solucionar los conflictos de naturaleza laboral de forma breve, cercana y especializada a través de métodos alternos.(18)
Así, bajo la segunda dimensión del principio de obligación conciliatoria, las constancias de no conciliación, en tanto requisito de la demanda laboral, son un presupuesto procesal para el acceso a la vía jurisdiccional y, de no presentarse, impiden la continuación del juicio laboral, pues la autoridad judicial deberá remitir el asunto al Centro de Conciliación que corresponda, a fin de que desarrolle el procedimiento conducente y se cumpla así con los ejes en los que descansa el nuevo sistema de justicia laboral.
Resta destacar que, de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución General, los principios que rigen el funcionamiento de los Centros de Conciliación –federal o locales– son: certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Ello, además, se encuentra robustecido por el artículo 684-H, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo,(19) en el que se indican los siguientes principios: conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad.
Al respecto, cabe mencionar que en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional,(20) se precisó que:
"Es indispensable actualizar nuestras leyes y hacerlas acordes a la realidad laboral, nacional e internacional, así como transformar instituciones y construir nuevas políticas públicas integrales y consensadas, con base en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía."(21)
b) La conciliación como medio alternativo de solución de conflictos.
Ahora bien, a continuación se plasmarán algunas reflexiones sobre: [1] el concepto de litigio; [2] sus mecanismos de solución; y, [3] la conciliación.
En primer lugar, el tratadista Luis Octavio Vado Grajales indica lo siguiente en torno al concepto de litigio:
"Aunque no existe un término universalmente aceptado, el que cuenta con el mayor uso y con un respaldo teórico más importante es el siguiente: la palabra litigio proviene del latín litis, que se utilizaba como sinónimo de pleito, demanda, lucha e, incluso, certamen.(22) Su significado original alude a una disputa. Se ha utilizado en el derecho desde la antigüedad, en frases tales como litiscontestación, litis abierta, litis cerrada, litisconsorcio, cuotalitis, etcétera.
"Se debe a Francesco Carnelutti la elaboración teórica del concepto de litigio, definiéndolo como ‘el conflicto intersubjetivo de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro’.(23) La definición anterior fue complementada por el procesalista español Niceto Alcalá-Zamora, para quien el conflicto debe ser jurídicamente trascendente, esto es, susceptible de solución mediante la aplicación del derecho.(24) Desmenucemos esta definición.
"En primer lugar, cuenta con dos elementos subjetivos: una persona que pretende y otra que resiste. En segundo lugar, tenemos un elemento objetivo, que es el bien jurídico(25) sobre el que versan la pretensión y la resistencia.
"El litigio no nace con el proceso judicial. De hecho, el proceso es distinto y posterior al litigio, aunque, como veremos, es una de las formas posibles de resolverlo. El litigio nace desde el momento en que alguien formula una pretensión, esto es, exige una subordinación del interés ajeno al propio, y frente al mismo se presenta una resistencia de aquel contra quien se pretende."(26)
Con base en lo anterior, podemos afirmar que un litigio –en su acepción amplia– constituye un conflicto de intereses entre dos partes: una que exige una pretensión y otra que opone resistencia.
Los litigios o conflictos pueden ser solucionados de distintas maneras, a saber: por la imposición de una de las partes sobre la otra (autotutela), por mutuo acuerdo de las partes (autocomposición), o por la decisión de un tercero ajeno al problema ante quien las partes se someten (heterocomposición).(27)
Como métodos autocompositivos de solución de conflictos, en la doctrina encontramos: a) la negociación; b) la mediación; y, c) la conciliación; por su parte, los métodos heterocompositivos son: i) el arbitraje; y, ii) el proceso jurisdiccional.
Ahora, el propio autor –Vado Grajales– indica que los medios alternativos de solución de conflictos "consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional";(28) en ese sentido, los ejemplos mencionados en el párrafo anterior –a excepción del proceso jurisdiccional– son formas de "justicia alternativa".(29)
Al respecto, cabe destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(30) –tras la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil diez– establece que las leyes deben prever los mecanismos alternativos de solución de controversias. En ese sentido, su reconocimiento en el texto constitucional hace patente que el acceso a los medios alternos de solución de controversias es un derecho humano que goza de la misma dignidad que el de acceso a la jurisdicción, pues ambos forman parte del derecho fundamental de acceso a la justicia.
Apoya lo anterior la tesis aislada III.2o.C.6 K (10a.), con número de registro digital: 2004630, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito –la cual se comparte–, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, página 1723, que indica:
"ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, conciliación y el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias ‘son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo’; ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que es, resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado Mexicano."
Por cuanto hace a la conciliación, el doctrinario Francisco J. Moreno Treviño apunta lo siguiente:
"La palabra conciliar se deriva del vocablo latino conciliare, que significa componer, ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. [Real Academia Española, 2017]
"En términos generales, la conciliación es un medio alternativo para la solución de controversias a través del cual uno o varios conciliadores facilitan la comunicación entre los participantes de un conflicto, formulando propuestas o recomendaciones que ayuden a lograr un acuerdo o convenio que ponga fin al conflicto. Es una negociación asistida.
"La conciliación es un medio de solución consensual parecido a la mediación, con la diferencia de que, en la primera, el papel del tercero conciliador es más activo, en tanto puede proponer soluciones, las cuales no son vinculantes."(31)
De lo anterior se advierte que en la conciliación, las partes del litigio entablan negociaciones o pláticas ante un tercero –conciliador–, quien tiene la facultad de proponer soluciones que no son vinculantes, a fin de solucionar el litigio.
Ahora, según informa el tratadista Luis Octavio Vado Grajales, la conciliación puede dividirse en: extraprocesal o intraprocesal.
"Extraprocesal: cuando se realiza fuera de un proceso judicial, por lo que no constituye un presupuesto procesal. Tenemos de ella varios ejemplos en la legislación mexicana, como lo son la Profeco, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las comisiones estatales y nacionales de Arbitraje Médico, la comisión estatal de Derechos Humanos, Condusef, etcétera.
"Intraprocesal: se presenta al inicio o previa a un proceso y, en todo caso, su intento es un requisito procesal. Como ejemplo, tenemos el juicio sumario hipotecario en Querétaro, el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, entre otras figuras."(32)
De lo anterior se advierte que, bajo esa óptica doctrinal, las conciliaciones que se presentan durante un juicio o, incluso en forma previa –como requisito procesal–, pueden clasificarse como intraprocesales.
c) La conciliación como una etapa del proceso laboral.
De lo hasta aquí expuesto, se pueden establecer las siguientes premisas:
• Uno de los ejes de la reforma al sistema de justicia laboral mexicano es la creación de una instancia conciliatoria previa a la jurisdiccional.
• Así, se incorporó la figura de la conciliación prejudicial obligatoria, como una etapa anterior al juicio laboral.
• Dicho procedimiento corre a cargo de los Centros de Conciliación –federal o locales–, que son autoridades material y formalmente administrativas, que deben regirse por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
• La conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos, en el que un tercero facilita la comunicación entre las partes y realiza propuestas para solucionar el litigio.
• Doctrinalmente,(33) se podría clasificar la conciliación obli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30422-dcd9a4c2/centros-de-conciliacion-laboral-carecen-de-legitimacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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