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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO (CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA (ARTÍCULO 59, FRACCIÓN LXXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE PRESIDE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA, PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE TRIBUNAL (ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO LOCAL TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO JERÁRQUICAMENTE AL PODER EJECUTIVO LOCAL. VII. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. VIII. TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES RESULTA CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 72 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA, ADICIONADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 2506, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL REFERIDO DECRETO Y, POR EXTENSIÓN, LA DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA). IX. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. LA DESIGNACIÓN DE SU TITULAR POR EL CONGRESO DEL ESTADO AFECTA LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE DICHO TRIBUNAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 72 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA, ADICIONADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 2506, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL REFERIDO DECRETO Y, POR EXTENSIÓN, LA DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA). X. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. OBLIGACIÓN DE REALIZAR MODIFICACIONES Y ADECUACIONES REGLAMENTARIAS PARA CUMPLIR CON EL DECRETO DE REFORMAS RESPECTIVO SIN PREVER LA FACULTAD DECLARADA INCONSTITUCIONAL (ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 2506 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 72 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA, ADICIONADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 2506, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL REFERIDO DECRETO Y, POR EXTENSIÓN, LA DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 122/2021. · Registro digital (IUS): 31706
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-08-25
Promovente: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo I, Pág.879.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 122/2021. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. 2 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA. PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 122/2021, promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, contra actos del Congreso Local y otras autoridades.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Manuel Velasco Alcántara, ostentándose como Magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca presentó controversia constitucional por escrito recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

2. Conceptos de invalidez. El tribunal actor expuso en su demanda los siguientes conceptos de invalidez:

a. El tribunal actor considera que las normas impugnadas invaden sus facultades en materia de administración, vigilancia y disciplina internas. Al facultarse al Congreso del Estado para designar al titular del Órgano Interno de Control del tribunal, se atenta contra el principio de autonomía e independencia judicial consagrado en los artículos 17, párrafo séptimo, 94 y 116, fracciones III y V, de la Constitución Federal, ya que el actor cuenta con facultades exclusivas para resolver internamente lo vinculado con su administración, vigilancia y disciplina.

Después de hacer referencia a los extremos y alcances de los principios de autonomía e independencia judicial, el actor señala que éstos son aplicables a los tribunales de justicia administrativa, ya que en términos de los artículos 73, fracción XXIX-H y 116, fracción V, de la Constitución Federal, sus funciones son materialmente jurisdiccionales, pues se orientan a dirimir controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares; imponer sanciones a servidores públicos por responsabilidades administrativas graves, así como a los particulares que incurran en actos vinculados con aquéllos.

En el caso particular del tribunal actor, en términos del artículo 114 Quáter de la Constitución de Oaxaca, es la máxima autoridad jurisdiccional del Estado en materia de fiscalización, rendición de cuentas, responsabilidad de servidores públicos y combate a la corrupción e impartición de justicia administrativa. Para el actor, la Constitución Local en la norma impugnada no faculta al Congreso del Estado para designar al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal promovente, sino que el órgano legislativo se arrogó esa facultad con la emisión del decreto de reformas de la ley orgánica impugnado.

Precisa que del dictamen legislativo correspondiente se desprende que la norma impugnada de la Ley Orgánica pretendió armonizarla con lo dispuesto en el artículo 59, fracción LXXV (también impugnado) de la Constitución Local, en atención a que el Tribunal de Justicia Administrativa ya no pertenecía a la estructura del Poder Judicial del Estado, sino que ahora guardaba la naturaleza de órgano autónomo.

En el esquema de designación establecido en la Constitución Local indebidamente se generaliza a todos los órganos autónomos, cuando de manera alguna aplica al Tribunal de Justicia Administrativa. En términos del régimen transitorio de la Constitución Local relativo al decreto impugnado, sólo se habilitó al Legislativo para designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos aludidos en el artículo 114 de la Constitución, siendo que el Tribunal de Justicia Administrativa encuentra su base en el artículo 114 Quáter.

Esa distinción reconoce implícitamente que la conversión del tribunal actor en un órgano autónomo no implica que se pueda equiparar, sin más, a un órgano de ese tipo, pues el diseño normativo para la designación del Órgano Interno de Control debe ser respetuoso de la autonomía e independencia judicial.

Existen razones de peso que evidencian la necesidad de implementar sistemas robustos que garanticen el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. La sociedad está interesada en que los juzgadores estén exentos de cualquier presión política o fáctica que ponga en entredicho su imparcialidad, como podría ser la imputabilidad de responsabilidad administrativa por parte de un órgano con injerencia del Poder Legislativo.

Con la facultad arrogada por el Congreso se materializa la invasión de las atribuciones del tribunal para resolver desde el fuero interno toda cuestión vinculada con su administración, vigilancia y disciplina. A su vez, ello trastoca la independencia del tribunal, pues implica que se estará a expensas de las decisiones que en esas materias adopte un órgano dirigido por una persona designada por el Legislativo. Se invoca la tesis del Tribunal Pleno, de rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES."

El actor hace referencia a que, en el precedente citado en el proceso legislativo, la acción de inconstitucionalidad 67/2018 y su acumulada, se analizó una cuestión distinta a la impugnada, pues sólo se estudió la ratificación hecha por el Congreso del titular del Órgano Interno de Control, nombrado por el Poder Judicial. Además, también resalta que en el caso de Oaxaca las funciones de ese órgano no se limitan a la fiscalización de ingresos y egresos, sino que incluye la vigilancia y disciplina del tribunal.

b. El actor sostiene que las normas impugnadas de la ley orgánica exceden lo dispuesto por la Constitución Local. El sentido literal del transitorio tercero de reformas a la Constitución Local no incluyó a los órganos previstos en los artículos 114 Bis, 114 Ter y 114 Quáter de esa legislación. De ahí que las normas impugnadas contravengan y excedan el artículo 59, fracción LXXV, de la Constitución Local.

c. La facultad que se arrogó el Congreso contraría la progresividad que debe observar en la consecución del principio de autonomía e independencia judicial como mecanismo para garantizar el acceso a la justicia. Se invoca la tesis del Tribunal Pleno, de rubro: "AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY."

Finalmente, el actor señala que previo a que se emitieran las normas impugnadas de la Ley Orgánica, el Congreso reconoció autonomía y facultó al Pleno del tribunal actor para designar, remover y acordar a propuesta de su presidente al director de Control Interno, lo cual era respetuoso del principio de autonomía e independencia judicial. Por lo que la modificación impugnada implicó un detrimento en ese progreso al introducir un cambio en el diseño institucional del Tribunal de Justicia Administrativa.

3. Admisión y trámite. En auto de quince de octubre de dos mil veintiuno el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió a trámite la controversia; tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Oaxaca; y se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

4. Contestación del Poder Legislativo. La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Oaxaca únicamente se limitó a señalar que es cierta la emisión de los decretos impugnados; asimismo, señala que no es cierto que se haya emitido la convocatoria para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del tribunal actor, por lo que solicita el sobreseimiento de la presente controversia.

5. Contestación del Poder Ejecutivo. El consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del titular del Poder Ejecutivo, señala que este último al promulgar y publicar los decretos controvertidos lo hizo de acuerdo con lo establecido en los artículos 52, 53, fracción II y 58 de la Constitución Local. Es decir, los actos impugnados al titular del Poder Ejecutivo fueron en cumplimiento a su intervención en los procesos de creación y reforma de leyes.

6. Refiere que la controversia constitucional es improcedente ya que el gobernador cumplió con su obligación constitucional de promulgar y publicar los decretos en cuestión. En el caso se actualiza la improcedencia de la acción porque los actos atribuidos al Poder Ejecutivo no existen, es decir, no tienen las consecuencias jurídicas planteadas por la actora, lo cual se corrobora con los ejemplares del Periódico Oficial del Estado.

7. Contestación del secretario general de Gobierno. El subsecretario Jurídico y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno señala que el refrendo que se realizó a los decretos impugnados fue con base en las atribuciones que le confieren los artículos 58 de la Constitución Local, 34, fracciones XIX y XLII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 9, fracción XII, del reglamento interno de la secretaría que representa.

8. Opinión de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló opinión en este asunto.

9. Alegatos. El Magistrado presidente del tribunal actor formuló alegatos por escrito recibido en este Alto Tribunal el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en los cuales se refirió a las contestaciones de los demandados, en los siguientes términos.

• La ausencia de convocatoria para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal actor no se traduce en la improcedencia de la controversia, ya que su emisión es un acto futuro de realización inminente, por lo que en estricto sentido ello podría verificarse en cualquier momento. Lo anterior, debido a que en los decretos impugnados subsiste la obligación del Congreso de hacer la designación y, porque los términos en los que fue otorgada la suspensión en esta controversia, facultan al Congreso Local a emitir la convocatoria.

• Resulta irrelevante que todavía no se haya emitido la convocatoria, ya que los decretos impugnados invaden las facultades del tribunal en violación a los principios de autonomía e independencia judicial, siendo la convocatoria y designación del titular del Órgano Interno de Control una mera consecuencia de su vigencia. Insiste en que el decreto de reformas a la Constitución Local no causó perjuicio al momento de su emisión, sino hasta que se llevaron a cabo las reformas impugnadas de la ley orgánica.

• El actor alega que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria, como lo sostienen los demandados, en virtud de que dicho precepto se refiere a la existencia de procedimientos seguidos en forma de juicio, máxime que no existen recursos ordinarios para reclamar la invalidez de los decretos y la convocatoria en función de la violación al principio de autonomía judicial.

• Por otro lado, el actor se refiere a las causas de improcedencia invocadas por el gobernador y el secretario General de Gobierno, previstas en las fracciones V y VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria. Aduce que la primera de las fracciones se refiere a la improcedencia por cesación de efectos, lo cual no tiene nada que ver con los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada, sin embargo; los efectos persisten. En otro aspecto, es falso que los actos atribuidos al gobernador no existan, incluso al contestar la demanda se reconoció su existencia. El actor precisa que si bien no se duele por vicios propios de los decretos impugnados, la ley reglamentaria prevé en su artículo 10, fracción II, que tiene el carácter de demandado el órgano emisor y promulgador de la norma general, y fue en esa medida que fueron señaladas como autoridades demandadas. De ahí que la secretaría demandada sí cuente con legitimación pasiva en la presente controversia como órgano derivado.

10. Cierre de la instrucción. En auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós el Ministro instructor tuvo por formulados los alegatos del Magistrado presidente del tribunal actor y declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, toda vez que la controversia constitucional fue promovida por un órgano constitucional autónomo local, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, contra actos del Poder Legislativo y otras autoridades de esa entidad, demandando la invalidez de diversas normas locales por vulnerar la Constitución Federal.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES IMPUGNADAS

12. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, en la sentencia debe establecerse la fijación de las normas generales o actos objeto de la controversia constitucional, y en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

13. De la lectura integral de la demanda se advierte que el tribunal actor señala como actos impugnados los siguientes:

a) El artículo 59, fracción LXXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, reformado mediante Decreto 1611, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el diez de noviembre de dos mil dieciocho.

b) Artículo 72 Bis, así como los artículos transitorios cuarto y quinto del Decreto 2506, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el siete de agosto de dos mil veintiuno.

c) El acto futuro de realización inminente consistente en la convocatoria para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal en términos del artículo cuarto transitorio del Decreto de reformas de la ley orgánica, el cual –en su momento– configurará el primer acto de aplicación de los decretos cuya invalidez se demanda.

14. Ahora bien, la existencia de los actos impugnados identificados anteriormente con los incisos a) y b) se encuentra plenamente acreditada con las documentales exhibidas por el Poder Ejecutivo demandado. Específicamente, de los ejemplares del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fechas diez de noviembre de dos mil dieciocho y siete de agosto de dos mil veintiuno, se advierte la publicación de los decretos 1611 y 2506, de los cuales forman parte las normas impugnadas.

15. Por lo que hace al acto antes identificado con el inciso c), cabe precisar que el tribunal actor lo impugnó como un acto de inminente realización, siendo que éste aún no se emite. Lo que se corrobora de la contestación del Poder Legislativo demandado, en la que señala que al momento de contestar la demanda aún no se había emitido la convocatoria para designar a la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y, por ende, consideró improcedente la controversia y solicitó su sobreseimiento.

16. En ese sentido, al no encontrarse demostrada en autos la existencia de este acto impugnado, lo procedente es sobreseer la controversia constitucional, respecto de la posible emisión de la convocatoria para designar al titular del Órgano Interno de Control del Tribunal actor, con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.(1)

III. OPORTUNIDAD

17. En términos del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover la controversia constitucional es de treinta días, en tratándose de normas generales, contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

18. Por una parte, el Decreto 2506, que contiene los artículos 72 Bis y transitorios cuarto y quinto impugnados de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el siete de agosto de dos mil veintiuno. El plazo para su impugnación corrió del nueve de agosto al veintiuno de septiembre de ese año, en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) en relación con los diversos 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como el punto segundo del Acuerdo General 18/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(4)

19. Entonces, si la demanda de controversia constitucional se recibió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, es claro que resulta oportuna.

20. Por otra parte, la demanda de controversia es extemporánea respecto de la impugnación del artículo 59, fracción LXXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ya que ese artículo se emitió por Decreto 1611, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el diez de noviembre de dos mil dieciocho, siendo que la demanda se presentó hasta el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que el plazo legal de treinta días para impugnar ese artículo transcurrió en exceso. Considerando que debe tomarse en cuenta la publicación porque en el caso no existe un acto concreto de aplicación.

21. No es impedimento para concluir la extemporaneidad de la demanda sobre este acto lo argumentado por la parte actora en el sentido de que el artículo impugnado de la Constitución Local le causó perjuicio hasta que se emitió el Decreto 2506 relacionado con las normas impugnadas de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, pues más bien son los artículos legales los que le ocasionan la afectación, en particular el artículo 72 Bis, que establece la facultad del Congreso de Oaxaca para designar al titular del Órgano Interno de Control del tribunal actor, que es justamente lo que se resolverá en el fondo de la presente controversia constitucional.

22. Aunado a que el análisis de regularidad constitucional debe hacerse frente a la Constitución Federal, no de normas locales. Es decir, se verificará si el artículo 72 Bis y los transitorios, vulneran la Constitución Federal.

23. Además, para que pueda considerarse aplicada la norma impugnada de la Constitución Local, tendría que haberse individualizado a la situación particular del promovente. Es decir, si la norma prevé que es facultad del Congreso Local designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros a los órganos de control interno de los órganos autónomos reconocidos en dicha Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos, para considerar la materialización de la norma se requiere que el Congreso hubiera designado al Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.

24. En ese sentido, si no ha sido designado el titular del Órgano Interno de Control, es dable concluir que la norma constitucional debió haberse impugnado dentro del plazo establecido a partir de su publicación.

25. Por tanto, de conformidad con los artículos 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, lo procedente es sobreseer en la controversia respecto del artículo 59, fracción LXXV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, emitido mediante Decreto 1611, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el diez de noviembre de dos mil dieciocho. IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

26. La demanda fue presentada por parte legítima. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, el actor debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que estén facultados para hacerlo en términos de las normas que lo rigen.

27. Por su parte, el artículo 20, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca,(5) dispone que es atribución del Magistrado presidente representar legalmente a dicho órgano. En el caso, la demanda fue presentada por Manuel Velasco Alcántara, en su carácter de Magistrado presidente del tribunal referido, cargo que acredita con copias certificadas tanto de su nombramiento como Magistrado, como del acta de la sesión en la que fue designado Magistrado presidente del órgano jurisdiccional. Por lo que quien presenta la demanda de controversia constitucional, en representación del tribunal actor, está facultada para tal efecto.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

28. V.1. Congreso del Estado de Oaxaca. Tiene legitimación pasiva el Poder Legislativo de Oaxaca dado que la ley orgánica de ese órgano dispone que la representación legal del Congreso Local es una atribución de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.(6) Al presente asunto comparece Laura Estrada Mauro, ostentándose como presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, lo cual acredita con copia certificada del acta de sesión ordinaria de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la que protestó el cargo. En ese sentido, quien compareció en representación del Congreso demandado cuenta con las atribuciones para ese fin.

29. V.2. Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. También cuenta con legitimación el Poder Ejecutivo de la entidad federativa, en virtud de que la ley orgánica de ese Poder dispone en el artículo 49, fracción VI, que a la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca le corresponde representar al Ejecutivo del Estado y promover en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en las que aquél sea parte.(7) Quien compareció a esta controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo fue José Octavio Tinajero Zenil, ostentándose como consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, lo cual demuestra con copia certificada del nombramiento respectivo expedido por el gobernador de la entidad. De ahí que quien comparezca en representación del Poder Ejecutivo demandado cuente con las facultades para tal efecto.

30. V.3. Secretario General de Gobierno de Oaxaca. A esta controversia comparece en representación del titular de la Secretaría General de Gobierno, Juan Enrique Lira Vásquez, quien se ostenta como subsecretario Jurídico y Asuntos Religiosos de esa secretaría, carácter que acredita con copia certificada de su nombramiento.

31. Sin embargo, en atención a que este ente jurídico es un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo local, resulta improcedente reconocerle legitimación pasiva en esta controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en términos de la jurisprudencia P./J. 84/2000,(8) de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS."

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

32. En el apartado de precisión de las normas, actos u omisiones impugnadas se determinó sobreseer la controversia respecto al acto consistente en la convocatoria para designar a la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, toda vez que en autos no se encuentra plenamente demostrada su existencia. Mientras que en el apartado de oportunidad se determinó sobreseer por extemporánea la controversia por lo que hace a la impugnación del artículo 59, fracción LXXV, de la Constitución Local.

33. Siendo que las partes no hicieron valer alguna otra causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, y este Alto Tribunal tampoco lo advierte de oficio, procede realizar el estudio de fondo.

VII. ESTUDIO DE FONDO

34. El problema jurídico a resolver en el presente asunto se relaciona con analizar la constitucionalidad del artículo 72 Bis y transitorios cuarto y quinto impugnados de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, preceptos legales que prevén que la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca sea designada, directa y unilateralmente, por el Congreso Local. A juicio de la parte actora, entre otras razones, con dichas disposiciones se afecta la autonomía e independencia del tribunal e invade las facultades propias para regular su funcionamiento.

35. Para responder al cuestionamiento planteado, resulta necesario tener presentes algunas de las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales sobre división funcional y evolutiva de poderes; tribunales locales de justicia administrativa; la afectación a la división funcional de competencias constitucionales y la designación de órganos internos de control de los entes públicos estatales.

Parámetro de regularidad constitucional

36. División funcional y evolutiva de poderes. El artículo 49(9) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que dos o más de estos poderes no podrán reunirse en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo (salvo las excepciones que la propia Constitución prevé). De igual forma, en el artículo 116(10) se dispone que el poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio en los mismos tres rubros, también con la restricción de que dos o más de ellos no se reúnan en una sola persona o corporación, y que el Legislativo no se deposite en un solo individuo.

37. Al respecto, cabe precisar que el Tribunal Pleno ha sostenido que el principio de división poderes es un principio evolutivo, con un contenido flexible, que debe adaptarse a cada momento histórico, para proyectar su ideal regulativo de "pesos y contrapesos" a cada arreglo institucional constitucional, toda vez que la arquitectura del poder público no es estática, sino dinámica.(11) Asimismo, se ha concluido que las implicaciones normativas del principio de división de poderes no se logran mediante una interpretación literal del texto del artículo 49 constitucional.(12)

38. Con motivo de esa evolución del concepto de distribución del poder público, se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas, a las Constituciones Federal y Locales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales.(13)

39. Con la creación de este tipo de órganos autónomos, no se altera la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado Mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

40. Las características elementales de estos órganos es que deben a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

41. Tribunales locales de justicia administrativa. En particular, respecto de los tribunales locales de justicia administrativa, el artículo 116(14) de la Constitución Federal establece las normas conforme a las cuales se sujetarán las entidades federativas en su organización. En la fracción V(15) de ese precepto se mandata que las Constituciones Locales establezcan Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

42. Desde la propia Constitución Federal se otorga competencia a estos Tribunales Locales para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

43. La autonomía e independencia funcional, en el caso del tribunal actor, se replica en la Constitución del Estado de Oaxaca, al disponer en el artículo 114 Quáter que el Tribunal de Justicia Administrativa local "estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y su presupuesto".

44. Afectación a la división funcional de competencias constitucionales. Este Tribunal Pleno ha considerado que para no vulnerar la división funcional de competencias constitucionales los di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31706-c2a81c35/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-del-acto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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