I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. ANÁLISIS DE LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL ABSTENERSE DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE EL VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO O BAJO SU RESGUARDO CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN VEHICULAR (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE JALISCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 122/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 16 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 122/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la fracción XIV del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, adicionada mediante Decreto 28804/LXIII/22, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de la entidad el cuatro de agosto de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA ACCIÓN
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de la fracción XIV del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, adicionada mediante Decreto 28804/LXIII/22, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de la entidad el cuatro de agosto de dos mil veintidós.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso los siguientes conceptos de invalidez:
• La fracción XIV del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco establece, como falta administrativa no grave de los servidores públicos, abstenerse de realizar las gestiones necesarias para que el vehículo oficial que tengan asignado o bajo su resguardo cumpla con la verificación vehicular; lo cual resulta violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, dado que el legislador local no puede ampliar los supuestos de faltas administrativas de los servidores públicos, pues la regulación relativa a las conductas o infracciones en esta materia corresponde al Congreso de la Unión.
• El artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución General reservó a este último la atribución de expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y las cometidas por particulares vinculadas con faltas administrativas graves que prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
• En cumplimiento a lo anterior, el Congreso Federal expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Este ordenamiento prevé todas las disposiciones necesarias para operar a nivel nacional un sistema homogéneo de responsabilidades administrativas, por lo que las legislaturas locales tienen una competencia residual muy limitada, sin mayores espacios para modificar, ampliar o disminuir los alcances de sus previsiones sustantivas y procedimentales.
• En lo que interesa, los artículos 49 y 50 de la referida ley general establecen los supuestos que constituyen faltas administrativas no graves, a los que remite la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; sin embargo, ésta prevé, en su artículo 48, otras hipótesis que también configuran este tipo de infracciones, como en el caso de la fracción XIV, impugnada, con lo cual el legislador local amplía el catálogo de faltas no graves sin estar constitucionalmente facultado para tal efecto.
• Al resolver la acción de inconstitucionalidad 115/2017, el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó normas que ampliaban de manera indebida el catálogo de faltas no graves que establece el citado artículo 49 de la ley general, dada la necesidad de que las legislaciones guarden la uniformidad y congruencia que pretendió el Constituyente Permanente con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
• En este sentido, las entidades federativas deben ajustarse a las disposiciones de la ley general, las cuales prevén las bases que sirven de parámetro de actuación en el ejercicio de su competencia legislativa, pues, de no ser así, se rompe con la seguridad jurídica y con la finalidad de que el sistema funcione de manera eficaz y coordinada, tal como acontece en la especie, al contemplarse un supuesto normativo que se aparta de los mandatos establecidos en la Constitución y la mencionada ley general; razón por la cual debe declararse la invalidez de la norma combatida.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 122/2022 y turnarlo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien, por acuerdo de veintiuno de septiembre siguiente, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco para que rindieran sus informes, así como a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento respectivo y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestara lo que a su representación corresponde.
4. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Por escrito presentado vía electrónica el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, por conducto del Presidente y las Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso Local, rindió informe, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:
5. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 20, fracción II y 65 del propio ordenamiento y 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General, por hacerse valer presuntas violaciones a esferas competenciales y no a derechos humanos, aspecto, este último, al que está acotada la legitimación de la Comisión promovente.
6. Sin que pueda válidamente argumentarse que la supuesta incompetencia del legislador local en materia de responsabilidades administrativas configura una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues, en todo caso, ésta es consecuencia del tema de fondo relacionado con aquélla.
7. Contestación a los conceptos de invalidez. La materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción es de carácter concurrente, por lo que la ley general expedida por el Congreso de la Unión distribuye competencias y establece la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sin limitar las facultades de las entidades federativas para legislar atendiendo a la realidad y necesidades particulares de cada una de ellas, con apego, en todo caso, a lo dispuesto por la Constitución General y las Constituciones Locales, así como a las bases establecidas en dicha ley general.
8. Lo resuelto por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 115/2017 no resulta aplicable, pues, a diferencia de lo que acontece en la especie, en aquel asunto el Congreso del Estado de Aguascalientes, al legislar sobre faltas administrativas no graves, contravino lo dispuesto por la ley general.
9. El artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé parámetros de conductas consideradas como no graves que no son vulnerados por la fracción XIV del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, impugnada, la cual sólo establece una sanción por el incumplimiento de una obligación que en materia de verificación vehicular contemplan los artículos 72, fracción VII y 72 Bis de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
10. En este sentido, únicamente complementa el marco normativo establecido en la citada ley general, adecuando el régimen estatal de faltas administrativas de los servidores públicos a conductas omisivas relacionadas con la protección al medio ambiente que la propia legislación local obliga a sancionar.
11. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por escrito presentado vía electrónica el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por conducto de la Consejería Jurídica, rindió informe, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:
12. El Decreto 28804/LXIII/22, mediante el cual, entre otros, se adicionó la fracción XIV al artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, fue promulgado por el titular del Poder Ejecutivo Local, de conformidad con las atribuciones que le otorgan la Constitución Estatal y la Ley Orgánica de dicho Poder.
13. Por su parte, la verificación vehicular en el Estado, implementada de acuerdo con las normas oficiales mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-047-SEMARNAT-2014, es una función propia del titular del Poder Ejecutivo Local, quien debe llevar el control de cada una de sus etapas, en términos del Decreto 27260/LXII/2019, emitido por el Congreso Estatal.
14. La norma impugnada pretende que no sólo los ciudadanos, sino también los servidores públicos con vehículos oficiales bajo su resguardo, cumplan con la política pública en materia de verificación vehicular; resultando válido, por tanto, que la norma tildada de inconstitucional considere como falta administrativa no grave la inobservancia del deber de realizar las gestiones necesarias para tal efecto.
15. Pedimento de la Fiscalía General de la República y manifestaciones por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizó manifestación alguna.
16. Alegatos. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Comisión promovente, por conducto de su delegada, formuló alegatos.
17. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la Ministra instructora cerró instrucción en el presente asunto, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
18. Returno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, el expediente fue returnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
I. COMPETENCIA
19. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se planteó la posible contradicción entre la fracción XIV del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y la Constitución General.
II. OPORTUNIDAD
20. De conformidad con el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente; pudiendo presentarse el escrito respectivo el primer día hábil siguiente, si el último día del plazo fuese inhábil.
21. En este caso, la acción es oportuna.
22. La fracción XIV fue adicionada al artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco por Decreto 28804/LXIII/22, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de la entidad el jueves cuatro de agosto de dos mil veintidós; por lo que el plazo para promover la acción transcurrió del viernes cinco de agosto al sábado tres de septiembre de dicho año, pudiendo presentarse hasta el lunes cinco de septiembre, al haber sido este último inhábil, en términos del artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como aconteció en la especie.
III. LEGITIMACIÓN
23. La acción fue promovida por parte legitimada.
24. Conforme al artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales y de tratados internacionales que vulneren los derechos humanos consagrados en la propia Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte.
25. En el caso, la acción es promovida en contra de la fracción XIV del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, la cual constituye una norma de carácter local, por estimar que resulta violatoria de los principios de legalidad y seguridad jurídica, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; razón por la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que comparece por conducto de su Presidenta, está legitimada.
26. En este sentido, resulta infundada la causa de improcedencia planteada por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco en relación con la falta de legitimación de la Comisión promovente para hacer valer presuntas violaciones a esferas competenciales y no a derechos humanos, pues, como se ha indicado, se alega la vulneración de los principios de legalidad y seguridad jurídica, cuyo análisis, en todo caso, es materia del estudio de fondo.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
27. Aunque no lo plantea propiamente como una causa de improcedencia, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco aduce que promulgó el Decreto 28804/LXIII/22, mediante el cual, entre otros, se adicionó la fracción XIV al artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado, conforme a las atribuciones que le otorgan la Constitución Estatal y la Ley Orgánica de dicho Poder.
28. Este argumento debe, en todo caso, desestimarse, pues, al tener injerencia en el procedimiento legislativo, está invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General, en términos de la tesis P./J. 38/2010, de rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(1)
V. ESTUDIO DE FONDO
29. La Comisión promovente aduce que la fracción XIV del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco,(2) al prever, como falta administrativa no grave de los servidores públicos, abstenerse de realizar las gestiones necesarias para que el vehículo oficial que les haya sido asignado o tengan bajo su resguardo cumpla con la verificación vehicular, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues el legislador local no puede ampliar los supuestos de faltas administrativas que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al corresponder al Congreso de la Unión la regulación relativa a las conductas o infracciones en esta materia.
30. El precepto impugnado establece:
Artículo 48.
(...)
(ADICIONADA, P.O. 4 DE AGOSTO DE 2022)
XIV. Abstenerse de realizar las gestiones necesarias para que el vehículo oficial que tenga asignado o bajo su resguardo cumpla con la verificación vehicular;
31. Cabe destacar que el proyecto presentado a consideración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proponía declarar la invalidez de esa fracción; sin embargo, sometida a votación la propuesta, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se emitieron siete votos(3) a favor del proyecto, así como cuatro(4) en contra.
32. Por ende, dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI. DECISIÓN
33. Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO.—Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO.—Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al IV relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento.
Se expresó una mayoría de siete votos a favor de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 48, fracción XIV, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. La señora Ministra y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Ríos Farjat y Laynez Potisek votaron en contra. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto concurrente. La señora Ministra Ríos Farjat y el señor Ministro Laynez Potisek anunciaron sendos votos particulares. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto aclaratorio.
Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
Firma la señora Ministra Presidenta con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe y certifica, para efectos de lo previsto en el artículo 68, fracciones III y XIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa por la cual el engrose no se suscribe por el Ministro ponente de la propuesta original de la presente acción de inconstitucionalidad.
________________
1. Texto: "Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el párrafo 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Abril de 2010, Página 1419).
2. Artículo 48.
1. Adicional a lo que señala el artículo anterior, se considerará que comete una falta administrativa no grave, el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
(...)
XIV. Abstenerse de realizar las gestiones necesarias para que el vehículo oficial que tenga asignado o bajo su resguardo cumpla con la verificación vehicular; (...).
3. Siete votos a favor de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
4. Cuatro votos en contra de la señora Ministra y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Ríos Farjat y Laynez Potisek.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32719-be2f6355/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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