AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL EN UN JUICIO DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA Y RESUELVE PROVISIONALMENTE SOBRE LOS ALIMENTOS U OTRAS CUESTIONES INHERENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 120/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 7 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.
Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veinticuatro.
El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios citada al rubro conforme a lo que en lo sucesivo se expone:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Denuncia. El magistrado Justino Gallegos Escobar, presidente del TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN CHILPANCINGO, GUERRERO, denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el referido órgano jurisdiccional en el juicio de amparo directo civil 22/2023 y el sustentado por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO en el amparo directo 4/2021.
SEGUNDO. Trámite. La Presidenta de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 120/2024, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.
TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.
La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Competencia.
Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3; lo anterior, porque se trata de la posible contradicción de criterios emitidos por dos TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, el cual está comprendido en la Región Centro- Sur y deriva de juicios de naturaleza civil.
SEGUNDO. Legitimación.
La contradicción de criterios se denunció por servidor público con legitimación conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, toda vez que se formuló por el magistrado presidente del TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, el cual es uno de los tribunales contendientes, como se advierte en el respectivo expediente electrónico.
TERCERO. Antecedentes y consideraciones esenciales.
Se exponen los antecedentes y las consideraciones que sustentan los criterios de los respectivos órganos jurisdiccionales.
• Amparo directo civil 344/2021 del índice del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO (resuelto el diez de febrero de dos mil veintidós).
De la sentencia de amparo se desprende que el asunto proviene del juicio de divorcio sin expresión de causa (el Título V de la LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO DE GUERRERO que comprende los artículos 27 al 38, lo define como ‘divorcio incausado’) en cuyo auto inicial se decretaron diversas medidas provisionales, entre ellas la de pensión alimentaria provisional que el demandado debía otorgar a favor del hijo menor de edad de las partes.
Seguido el procedimiento, el juez de primera instancia dictó sentencia en la que declaró disuelto el vínculo matrimonial entre las partes; dejó sin efecto ciertas medidas provisionales decretadas en auto de radicación; dejó vigente únicamente la medida provisional de alimentos; declaró a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer en la vía y forma que en derecho corresponda e instruyó que una vez que causara ejecutoria dicha resolución se ordenara la anotación sobre la disolución del vínculo matrimonial en la oficina del Registro Civil respectiva.
La sentencia que antecede fue confirmada en la instancia de apelación, por lo que el demandado promovió juicio de amparo directo en contra del fallo de segundo grado y el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO determinó carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de ese asunto y ordenó remitirlo al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO DEL ESTADO DE GUERRERO conforme a las siguientes consideraciones:
• En términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, por sentencias definitivas se entiende a las que decidan el juicio en lo principal y, por resoluciones que ponen fin al juicio las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.
• Para la procedencia de la vía de amparo directo se exige, como requisito indispensable, que la resolución reclamada sea de aquéllas que resuelvan o pongan fin en definitiva al juicio del que derivan; ya sea, resolviéndolo de fondo en lo principal, o bien, dándolo por concluido sin entrar a su análisis.
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la Jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.) de rubro: “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES).
• La sentencia de divorcio –entendida como documento– puede contener diferentes determinaciones, a saber: la que disuelve el vínculo matrimonial, así como las relativas a los alimentos, guarda y custodia de los hijos y, repartición de los bienes habidos en matrimonio. Luego, esas determinaciones constituyen un objeto jurídico autónomo que pueden resolverse en definitiva dentro de la denominada “sentencia de divorcio” o en la interlocutoria que resuelva el incidente respectivo. Ahora, lo que se resolvió en la contradicción de tesis, que dio origen a la Jurisprudencia señalada, consistió en determinar si la resolución que declara disuelto el vínculo matrimonial, sin decidir de manera definitiva sobre los demás aspectos inherentes al matrimonio, tiene o no el carácter de una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo.
• No se soslaya que en la Jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.) se indicó que la resolución que decreta el divorcio es materialmente una sentencia definitiva; sin embargo, se considera que en ese criterio se estudió a la sentencia de divorcio como objeto jurídico y no como documento.
• La sentencia de divorcio –entendida como documento– puede contener diferentes determinaciones, a saber: la que disuelve el vínculo matrimonial, así como las relativas a los alimentos, guarda y custodia de los hijos y, repartición de los bienes habidos en matrimonio.
• Luego, esas determinaciones constituyen un objeto jurídico autónomo que pueden resolverse en definitiva dentro de la denominada “sentencia de divorcio” o en la interlocutoria que resuelva el incidente respectivo.
• Lo que se resolvió en la contradicción de tesis, que dio origen a la jurisprudencia señalada, consistió en determinar si la resolución que declara disuelto el vínculo matrimonial, sin decidir de manera definitiva sobre los demás aspectos inherentes al matrimonio, tiene o no el carácter de una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo. Esto es, el objeto de estudio se circunscribió a la disolución del vínculo matrimonial.
• El procedimiento de divorcio incausado es susceptible de escisión, en cuyo caso puede concluir válidamente con la emisión de dos resoluciones definitivas: una sobre la pretensión principal y otra respecto a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial (alimentos, guarda y custodia de los hijos y repartición de los bienes habidos en matrimonio).
• La resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial (entendida como objeto jurídico) tiene el carácter de sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo directo. Empero, se considera que esto último no da pauta para que en amparo directo, contra la sentencia que decretó el divorcio, se analicen también los demás aspectos inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, respecto de los cuales no se resolvió de manera definitiva.
• Pues, si en amparo directo contra la sentencia que decretó el divorcio, pero que no resolvió en definitiva los restantes temas (alimentos, guarda y custodia de los hijos y repartición de los bienes habidos en matrimonio), se analizara también la legalidad de esos tópicos; y, si se parte de la base, además, de que la resolución incidental que resuelve en definitiva los demás aspectos inherentes al matrimonio constituye una sentencia para efectos del juicio de amparo; entonces, lo resuelto sobre los alimentos, guarda y custodia de los hijos y repartición de los bienes habidos en matrimonio se analizaría dos veces vía amparo directo: uno para analizar la legalidad de lo que se resolvió no de manera definitiva en la resolución que decretó la disolución del vínculo matrimonial; y, otro amparo para analizar la legalidad de lo que se resolvió de manera definitiva en la resolución incidental respectiva. Lo cual se considera incorrecto porque ello rompería con las reglas de procedencia del juicio de amparo directo, en el cual se conoce sobre laudos, sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio.
• En conclusión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que en los juicios de divorcio incausado la litis puede escindirse; de manera que se pueden emitir dos tipos de resoluciones: I. La que resuelve la disolución del vínculo matrimonial y, II. La que resuelve las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial (alimentos, guarda y custodia de los hijos y repartición de los bienes habidos en matrimonio). Sin embargo, se precisa que para que el segundo tipo de resoluciones se considere como una sentencia para efectos del juicio de amparo, debe resolver de manera definitiva y no provisional el fondo del tema.
• La vía de amparo directo no es legalmente procedente para conocer sobre la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada.
• Ello es así, porque tomando en cuenta las consideraciones y resolutivos de la resolución reclamada, se advierte que entre otros, el tema controvertido concerniente al porcentaje fijado por concepto de pensión alimenticia, no se resolvió de manera definitiva, sino provisional. De manera que, se insiste, lo que efectivamente reclama el impetrante del amparo es el porcentaje de alimentos fijados, cuyo carácter es provisional, incluso, lo reconoce en sus motivos de perjuicio. Al respecto, debe agregarse que lo resuelto por la Sala Familiar respecto del juicio de divorcio incausado sobre la pensión alimenticia provisional, no tiene la naturaleza de ser una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio en el principal; pues, sobre ese tema se dejaron a salvo los derechos de las partes para que los resolvieran de manera definitiva en la vía incidental.
• Amparo directo 22/2023 del índice del TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO (resuelto el catorce de marzo de dos mil veinticuatro).
Una persona demandó de otra el divorcio sin expresión de causa en la que, entre otras cosas, solicitó que se fijara una pensión alimentaria a favor de los tres hijos producto del matrimonio (dos de ellos son mayores de edad). Inicialmente el Juez de primera instancia decidió no fijar la pensión alimentaria solicitada, sino hasta que el demandado contestara la demanda.
Posteriormente, el Juez de instancia dictó sentencia que declaró la disolución del vínculo matrimonial, aprobó algunas cláusulas del convenio presentado por la actora, excepto las atinentes a la pensión alimentaria y la liquidación de la sociedad conyugal; no obstante, en el mismo fallo se fijó una pensión alimentaria provisional a favor de dos de los hijos, hasta en tanto se dictara la interlocutoria que resuelva de forma definitiva esos aspectos.
El demandado promovió juicio de amparo directo en contra del fallo de primera instancia. El mencionado TERCER TRIBUNAL COLEGIADO emitió sentencia en la que dijo abandonar su anterior criterio para, en su lugar, considerar la procedencia del juicio de amparo en la vía directa cuando se reclama la sentencia definitiva que, además de declarar la disolución del vínculo matrimonial, resuelve de forma provisional cuestiones inherentes a tal disolución, como son los alimentos; lo anterior sobre la base de las consideraciones siguientes:
• Contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de divorcio incausado que decretó la disolución del vínculo matrimonial, y además, resolvió lo atinente a los alimentos provisionales de los hijos de las partes contendientes, resulta procedente el juicio de amparo directo.
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.) de rubro “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES).” determinó:
a. El juicio de divorcio incausado puede culminar válidamente con la emisión de dos resoluciones: una sobre la pretensión principal, esto es, la disolución del vínculo matrimonial, y otra respecto a la regulación de las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, esto es, lo relativo a alimentos, guarda y custodia de los hijos y repartición de los bienes habidos en matrimonio.
b. La sentencia que decreta la disolución del vínculo matrimonial (entendida como objeto jurídico) es una sentencia definitiva en contra de la cual procede el juicio de amparo directo.
• Conforme a lo previsto en la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero y lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el divorcio incausado, en el aspecto que aquí importa, destaca que la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero admite la posibilidad que en el juicio existan dos resoluciones: una sobre la pretensión principal, esto es, la disolución del vínculo matrimonial; y, otra respecto de la regulación de las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial como es lo relativo a alimentos, guarda y custodia de los hijos, alimentos del cónyuge acreedor alimentario y la repartición de los bienes; que son los supuestos de escisión a que se refiere la jurisprudencia citada.
• El juicio de amparo directo es procedente, en primer lugar, porque en el auto de admisión de demanda el juez responsable determinó no fijar cantidad de alguna por concepto de pensión alimenticia, sino que fue en la sentencia en la que decretó la disolución del vínculo matrimonial cuando fijó una pensión alimenticia provisional a favor de los hijos de las partes, por lo que al tratarse de alimentos provisionales se excluye la posibilidad de que la sentencia reclamada sea susceptible de apelación ya que el artículo 48, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Divorcio prevé que será apelable la sentencia que decrete los alimentos definitivos.
• En segundo lugar, porque en la sentencia reclamada el juez responsable decretó la disolución del vínculo matrimonial, esto es, resolvió la cuestión principal motivo de la litis, y tal determinación tiene la naturaleza de una sentencia definitiva contra la cual procede el juicio de amparo directo; como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.).
• Si bien en el juicio de divorcio incausado pueden existir dos resoluciones, una atinente a la disolución del divorcio y otra que regule las consecuencias de esa disolución; cuando en la sentencia definitiva además de decidirse respecto de la pretensión principal, esto es, la disolución del vínculo matrimonial, se decretan cuestiones relacionadas con esa disolución, como es lo relativo a los alimentos provisionales de los hijos de las partes, tal determinación se erige, materialmente, como una sentencia definitiva contra la cual procede el juicio de amparo directo, ya que la acción de divorcio incausado lleva inmersa como pretensión imprescindible la de regular las consecuencias de esa disolución y por tanto, tal aspecto forma parte de la misma litis sometida a la decisión jurisdiccional.
• Lo anterior tiene congruencia con lo dispuesto en la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, en el sentido de que el juzgador contará con las más amplias facultades para resolver en la sentencia que disuelva el vínculo matrimonial todo lo relativo a los derechos y obligaciones referentes a los alimentos, guardia y custodia y la repartición de los bienes.
Al sostener esa nueva postura, el mencionado Tribunal Colegiado instruyó que se denunciara la contradicción de criterios con el sostenido por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO.
CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios.
Las posturas de los TRIBUNALES COLEGIADOS actualizan los elementos a que se refiere la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 (registro digital 165077) de rubro “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Los elementos que anteceden se actualizan porque los dos Tribunales Colegiados contendientes conocieron de asuntos que provienen de juicios de amparo directo promovidos en contra de sendas sentencias (una de primera instancia y otra de apelación) emitidas en juicios de divorcio sin expresión de causa previstos en la LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO DE GUERRERO. Ambas sentencias declararon la disolución del vínculo matrimonial, se pronunciaron en relación con la pensión alimentaria provisional a cargo del cónyuge demandado y en relación con las demás cuestiones inherentes a la disolución del matrimonio dejaron a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer como corresponda. Ambos tribunales advirtieron que en las respectivas demandas de amparo directo se reclamaron las determinaciones sobre la pensión alimentaria provisional y emitieron consideraciones acerca de si éstas tenían el carácter definitivo para la procedencia del juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la LEY DE AMPARO; a la vez que dijeron tomar en consideración lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2019 y que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.)(1) “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES).
Al decidir los casos, los órganos jurisdiccionales sostuvieron consideraciones discrepantes.
• El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO sostuvo que si bien de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.) la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial tiene el carácter de sentencia definitiva, esto no da pauta para que en amparo directo se analicen los demás aspectos inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, que no se resolvieron de manera definitiva sino provisional, como es el caso de los alimentos, pues de lo contrario, esos temas se analizaría dos veces vía amparo directo: uno para analizar la legalidad de lo que se resolvió de manera provisional (no definitiva) en la resolucióque decretó la disolución del vínculo matrimonial y otro al analizar la legalidad de lo que se resolvió de manera definitiva en la resolución incidental respectiva; lo cual rompería con las reglas de procedencia del juicio de amparo directo.
• En cambio, en un caso similar el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO consideró que en términos de la LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO DE GUERRERO y de la citada jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.) cuando en la sentencia que resuelve la disolución del vínculo matrimonial, se decretan cuestiones relacionadas con los alimentos provisionales de los hijos de las partes, esto último se erige materialmente como una sentencia definitiva contra la cual procede el juicio de amparo directo, ya que la acción de divorcio sin expresión de causa lleva inmersa como pretensión imprescindible la de regular las consecuencias de esa disolución.
Precisado lo anterior, se estima que sí existe un punto de contradicción entre los criterios mencionados, porque mientras uno de los tribunales considera que la decisión sobre la pensión alimentaria provisional para los hijos de las partes, dictada en la sentencia que decretó la disolución del vínculo matrimonial no es reclamable en amparo directo al no tener el carácter de resolución definitiva, el otro órgano jurisdiccional estima que la determinación judicial con esas características sentencia sí participa del carácter definitivo de la sentencia de divorcio, por lo que sí es reclamable en amparo directo.
Es de precisarse que no obsta a lo anterior que en el asunto del que conoció el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO se reclamó la sentencia de apelación que confirmó la de primera instancia, y que en el juicio de amparo del que conoció el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO se reclamó la sentencia de primera instancia y que, a decir de dicho tribunal, ésta no era impugnable mediante recurso de apelación.
La diferencia apuntada no tiene incidencia alguna en la existencia de la contradicción de criterios, porque el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO resolvió carecer de competencia legal sobre la base de que el acto reclamado (sentencia de apelación) no contenía una decisión definitiva sobre alimentos, sino provisional; de tal modo que debido a esa incompetencia legal, el referido órgano jurisdiccional no hizo referencia alguna que estuviera relacionada con la observancia del principio de definitividad. En cambio, el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO manifestó que la sentencia de primera instancia era inimpugnable, lo cual se entiende en el contexto de que consideró que la determinación provisional sobre alimentos sí admitía ser reclamada en amparo directo al haberse emitido en la sentencia que declaró la disolución del vínculo matrimonial. Lo anterior excluye la posibilidad de falta de coherencia fáctica o jurídica alguna que obstaculice la existencia de la presente contradicción de criterios.
Así, la disyuntiva a ser dilucidada por este PLENO REGIONAL consiste en determinar si, conforme a la legislación del ESTADO DE GUERRERO, las determinaciones provisionales emitidas en la sentencia de divorcio sin expresión de causa son reclamables en juicio de amparo directo.
QUINTO. Estudio de fondo.
Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio consistente en que las determinaciones provisionales que se emitan en la sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial, en un juicio de divorcio sin expresión de causa previsto en la LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO DE GUERRERO, forman parte de dicha resolución definitiva que admite ser reclamada mediante juicio de amparo directo.
En principio es de exponerse que las respectivas posturas de los TRIBUNALES COLEGIADOS hacen mención de la jurisprudencia 1ª./J. 1/2020 (10a.)(2) de la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, cuyo contenido es:
“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito.”
Con relación a esta jurisprudencia y las menciones que de ella se hacen en los criterios en contradicción vale realizar dos puntualizaciones.
La primera consiste en patentizar que el sistema normativo contenido en la LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO DE GUERRERO también prevé que el juicio de divorcio sin expresión de causa se integre con las dos clases de pretensiones a que se refiere la jurisprudencia en cita -la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias de dicha disolución- y que éstas puedan resolverse de manera separada o escindida.
Lo anterior se desprende de los artículos 27, 28 y 33 de la ley en cita (el énfasis es añadido):
Artículo 27. El divorcio incausado podrá solicitarse unilateralmente por cualesquiera de los cónyuges ante el juez competente, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que sea necesario señalar la causa por el cual lo solicita.
Artículo 28. El cónyuge promovente deberá acompañar a su solicitud de divorcio, una propuesta de convenio que deberá contener los siguientes requisitos:
I. La designación del progenitor que tendrá la guarda y custodia de los hijos;
II. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento, en términos del artículo 404 del Código Civil del Estado de Guerrero. La obligación alimentaria se fijará en los términos del artículo 8 de la presente ley;
III. Designación del cónyuge que hará uso del domicilio conyugal y del menaje, o en su caso el domicilio en que radican en caso de no existir éste;
IV. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta su liquidación, así como la forma de liquidarla. Para ese efecto se acompañará un inventario y avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad conyugal, las capitulaciones matrimoniales y el proyecto de partición;
V. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la indemnización a que se refiere el artículo 7º. Bis de la presente ley, salvo que se trate de bienes adquiridos a través de donaciones o herencias, éstos se sujetarán a las reglas propias previstas en el Código Civil del Estado. El Juez resolverá atendiendo las circunstancias especiales de cada caso; y
VI. Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos.
Artículo 33. En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto al convenio señalado en el artículo 28 de esta Ley, y éste, no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano decretando el divorcio mediante sentencia. Caso contrario, el Juez en su sentencia que decrete el divorcio, dej
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32953-a2b04cc1/amparo-directo-procede-contra-la-sentencia-que-declara · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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