SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE CONDENA AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS. NO PROCEDE AUN CUANDO LA SENTENCIA APELADA NO CONDENÓ A TODAS LAS PRESTACIONES (ARTÍCULO 399, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 195/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de dieciséis de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 195/2024, entre los sustentados por Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.
2. La problemática jurídica a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y de ser así, determinar si en términos del artículo 399, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el tribunal de alzada debe suplir la falta de agravio, tratándose de la condena al pago de gastos y costas, si advierte que la sentencia apelada no condenó a todas las prestaciones.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la Contradicción. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil veinticuatro, los Magistrados integrantes de la Primer Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver los juicios de amparo directos 331/2022, 422/2022, 111/2023 y 360/2023 y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 55/2023.
4. Trámite ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur. Por acuerdo de cinco de agosto posterior, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; ordenó su registro con el consecutivo 195/2024; solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los asuntos involucrados; a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existe alguna contradicción radicada en el Alto Tribunal con el tema materia del presente asunto.
5. En acuerdo de trece de agosto ulterior, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informando que los criterios contendientes en los amparos directos 331/2022, 422/2022, 111/2023 y 360/2023 de su estadística siguen vigentes; asimismo, hizo del conocimiento que autorizó la vinculación de los expedientes electrónicos relativos a la contradicción de criterios en que se actúa.
6. Por oficio DGCCST/X/706/08/2024 de quince de agosto de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
7. En proveído de doce de noviembre siguiente, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informando que el criterio sustentando en el juicio de amparo directo 55/2023 de su estadística sigue vigente; asimismo, hizo del conocimiento que autorizó la vinculación del expediente electrónico relacionado con la presente contradicción de criterios. Finalmente, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
8. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los artículos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios séptimo y décimo noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, vigente a partir del día siguiente; en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados que se encuentran dentro de la región Centro-Sur.
III. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por la **********, quien emitió los actos reclamados en los criterios en contradicción denunciados.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
10. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
11. Primer criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, conoció de los amparos directos 331/2022, 422/2022, 111/2023 y 360/2023.
12. Los antecedentes que interesan de las ejecutorias pronunciadas son:
Ver antecedentes
13. Amparos directos. Contra dichas sentencias, las partes demandadas solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, demandas de las que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el cual registró los asuntos con los expedientes 331/2022, 422/2022, 111/2023 y 360/2023, respectivamente, y en sesiones de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, ocho de junio de dos mil veintitrés, veintiséis de enero y veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, en cada una resolvió, por mayoría de votos, conceder el amparo solicitado.
Cuestiones jurídicas.
• En la parte que interesa del estudio de los conceptos de violación, el tribunal colegiado los consideró fundados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, porque la sala responsable no fundó ni motivó debidamente su resolución por lo que hace a las costas.
• El tribunal contendiente consideró que la sala responsable debió suplir la deficiencia de los agravios en términos del artículo 399, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, al existir las jurisprudencias 1a./J. 73/2017 (10a.) y 1a./J. 122/2012 (10a.), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos "COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE, AUN CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO", y "COSTAS EN EL JUICIO CIVIL HIPOTECARIO. NO SE ACTUALIZA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 140 DE LAS LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE COAHUILA, CUANDO EL DEMANDADO HUBIERA SIDO CONDENADO PARCIALMENTE POR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS".
• El tribunal colegido indicó que con las jurisprudencias en cita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es ilegal la condena del pago de gastos y costas, cuando no hay condena respecto de la totalidad de las prestaciones reclamadas.
• Asimismo, refirió que tal decisión tiende al debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y a los principios de supremacía constitucional y de legalidad a que aluden los artículos 16 y 133 constitucionales, de manera que, si el control constitucional tiende a garantizar dicha supremacía constitucional y a evitar que todas las autoridades actúen fuera de los principios y lineamientos que alberga la Constitución Federal, y la jurisprudencia es un medio de control de esa naturaleza, aunque heterónomo, una vez integrada es obligatoria para cualquier órgano judicial.
• Enseguida, hizo referencia a los artículos 107, fracción II constitucional, 79, fracción VI, y 217, de la Ley de Amparo, y la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO)", y la tesis LV/89 del Pleno del Alto Tribunal, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY.".
• Con base en esas premisas, el tribunal colegiado concluyó que cuando existe jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sirve de sustento para declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, independientemente de que trate un aspecto de mera legalidad, debe suplirse la deficiencia de la queja aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio e invocar ese criterio oficiosamente, debiendo considerarse que existe una violación manifiesta de la ley en contra del quejoso que lo dejó sin defensa. Y citó como apoyo la jurisprudencia VI.2o.C. J/29 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE CUANDO SE OMITA OBSERVAR UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE RESULTE DE APLICACIÓN EXACTA AL CASO CONCRETO, POR CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY, QUE DEJE SIN DEFENSA AL JUSTICIABLE, CONFORME A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.", así como la jurisprudencia IV.2o.A.18 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de título: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE, EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA ESTABLECIDA POR EL PROPIO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO."
• Enseguida, el tribunal contendiente indicó que de las jurisprudencias 1a./J. 73/2017 (10a.) y 1a./J. 122/2012 (10a.), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya citadas, advirtió que el legislador no previó la condena al pago de gastos y costas cuando se obtiene sentencia favorable en cuanto a la acción principal, sino que la condena debe ser respecto a la totalidad de las prestaciones reclamadas, ya que el que no fue condenado a la totalidad de las prestaciones obtuvo sentencia parcialmente favorable a sus intereses y en ese supuesto el actor obtiene también una sentencia parcialmente favorable, para lo cual citó la parte conducente de la contradicción de tesis 226/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que sostuvo:
• "...debe entenderse que el término "condenado" no se actualiza de manera objetiva cuando el demandado es absuelto por algunas prestaciones y condenado por otras, ya que ante la configuración de ese mismo supuesto y bajo la misma óptica, también tendría que estimarse actualizada la hipótesis para condenar al actor, a razón de que ante una condena parcial, evidentemente éste "no obtiene sentencia favorable", ya que no logra todo lo pretendido; máxime si se atiende a que esta Primera Sala ya se ha pronunciado en el sentido de que cuando tanto el actor como el demandado obtienen en primera instancia sentencia parcialmente favorable a sus pretensiones, de la misma forma tal resultado puede calificarse como parcialmente desfavorable a sus intereses;(6) lo cual implica, pues, que bajo la teoría del vencimiento puro, en esa hipótesis no existe parte vencida.".
• Precisó que las jurisprudencias citadas son aplicables en virtud de que las legislaciones que se interpretaron en ellas, contienen disposiciones similares al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, para evidenciarlo, realizó un cuadro comparativo de los preceptos legales que regulan lo relativo a la condena de gastos y costas del Código de Comercio, y de los Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Estado de Coahuila y para el Estado de Puebla, de los que advirtió que son acordes al establecer que procede el pago de gastos y costas a favor de la parte que obtuvo sentencia favorable, por lo que el tribunal colegiado consideró que las jurisprudencias mencionadas, son aplicables por analogía en los asuntos que resolvió.
• Posteriormente, citó el contenido de los artículos 415 y 416 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de los que desprendió que las costas procesales son los gastos necesarios que eroga cada una de las partes para iniciar, tramitar y concluir un juicio que deberán tener una relación directa con la controversia de que se trate, de tal manera que sin dichos gastos no es posible concluirla; asimismo, que la condena en costas tiene la naturaleza de una prestación accesoria a la principal, aducida en una controversia judicial y que la condena al pago de costas procede en contra de quien no obtenga resolución favorable en lo principal, incidentes o recursos.
• Entonces, consideró que el citado artículo 420 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, al establecer que procede condenar al pago de los gastos y costas a la parte que no obtenga resolución favorable en lo principal, no debe entenderse en el sentido de que procede esa condena en el supuesto de que el actor obtenga sentencia favorable respecto a la acción principal y no en cuanto a lo accesorio, ya que el citado precepto legal no hace distinción al respecto.
• Así es, dijo, de la redacción del artículo en cita, advirtió que al establecer que procede condenar al pago de gastos y costas a la parte que no obtenga sentencia favorable en lo principal, debe entenderse como la resolución que resuelva el fondo de la litis tanto en lo principal como en lo accesorio, ya que con posterioridad el citado precepto hace referencia a los incidentes y recursos. Por tanto, para la procedencia de la condena de los gastos y costas, la legislación del Estado de Puebla requiere que el demandado sea condenado por el total de las prestaciones, por lo que es conforme al sistema del vencimiento puro que obedece a la existencia de una parte vencida en el juicio que procede el pago de los gastos y costas.
• Con base en esas premisas, el tribunal colegiado analizó cada asunto sometido a su potestad y advirtió que en las sentencias de primera instancia no se condenó a la parte demandada quejosa al pago de la totalidad de las prestaciones reclamadas, lo cual resultó suficiente para absolver al solicitante del amparo del pago de los gastos y costas originados por su contraparte por la tramitación del juicio de origen.
• Por tanto, de forma uniforme consideró que la sala responsable en atención a lo previsto en el artículo 399, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, debió suplir la deficiencia de los agravios que ante ella hizo valer la parte quejosa, modificar la sentencia apelada y conforme a lo dispuesto en el 420 del cuerpo legal en cita, absolver a la demandada del pago de los gastos y costas por la tramitación del juicio de origen.
• Además, el órgano colegiado consideró que toda vez que la sala responsable debe modificar la sentencia apelada, no resultaba procedente condenar al solicitante del amparo al pago de los gastos y costas por la tramitación de la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 421 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla.
• En consecuencia, el tribunal colegiado concedió el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente las sentencias reclamadas y en suplencia de los agravios, modificara el fallo apelado, a fin de que absolviera a la parte quejosa, del pago de los gastos y las costas decretados en primera y segunda instancias, al no haber obtenido la parte actora todo lo que solicitó en el capítulo de prestaciones de la demanda de origen.
14. Segundo criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, conoció del amparo directo 55/2023.
15. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:
16. Dos personas físicas promovieron acción de inexistencia del poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos de administración y poder especial para actos de dominio irrevocable y sin obligación de rendir cuentas, acción de nulidad absoluta de escritura pública de compraventa y acción reivindicatoria del bien inmueble, contra otra persona física, una Notaría Pública, un Notario Público Auxiliar, y el Registrador Público de la Propiedad y Comercio de ese mismo Distrito.
17. Cumplida la secuela procesal, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, dictó sentencia, en la que resolvió lo siguiente:
"PRIMERO.- ..., probaron su acción de inexistencia del poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos de administración y poder especial para actos de dominio irrevocable y sin obligación de rendir cuentas, acción de nulidad absoluta de escritura de compraventa y acción reivindicatoria de bien inmueble, que ejercitó en contra de ...
SEGUNDO.- La demandada ... no acreditó sus excepciones; en tanto que el **********, no suscitó explicita controversia; y los demandados **********, no comparecieron a juicio. ---
TERCERO.- Como consecuencia de los resolutivos que anteceden, se declara la inexistencia del acto jurídico contenido en el Instrumento Público número ... en el que consta el poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos de administración y poder especial para actos de dominio irrevocable y sin obligación de rendir cuentas que otorgó ... a favor de ... en relación a la casa marcada con el número ...; razón por la cual el fedatario público otorgante, deberá realizar las anotaciones relativas a la cancelación de tal instrumento público; lo cual deberá efectuar dentro del lapso de tres días, contados a partir de que cause ejecutoria este fallo. ---
CUARTO.- Se declara la nulidad del Instrumento Público número..., que contiene el contrato de compraventa celebrado entre... y... representados por su apoderada especial... en su carácter de enajenante, con.... en su carácter de adquirente, respecto de la casa marcada con el número ... razón por la cual el fedatario público otorgante, deberá realizar las anotaciones relativas a la cancelación de tal instrumento público; lo cual deberá efectuar dentro del lapso de tres días, contados a partir de que cause ejecutoria este fallo. --- QUINTO.- En concatenación a lo anterior, se ordena la cancelación total de la inscripción efectuada en el ********** que obra realizada bajo la partida número..., por virtud de Instrumento Público número...; y de cualquier otra anotación derivada de los títulos declarados nulos; para lo cual, deberá girarse el oficio que conforme a derecho proceda, dentro del lapso de tres días contados a partir de que cause ejecutoria este fallo.
---
SEXTO.- Se condena a la demandada..., a restituir a... la posesión de la casa marcada con el número... de las siguientes medidas y colindancias...; lo que deberá efectuar dentro del término de tres días siguientes al que cause ejecutoria esta resolución, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término decretado, se procederá a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. ---
SÉPTIMO.- Se absuelve a la demandada..., de la erogación de los daños y perjuicios exigidos por la parte actora. ---
OCTAVO.- Se condena a la demandada..., al pago de los gastos y costas originados por la tramitación de la causa".
18. Apelación. Inconformes con lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la cual resolvió lo siguiente:
"PRIMERO. Se modifica la sentencia definitiva, pronunciada sólo respecto de la condena a los gastos y costas, subsistiendo los demás puntos resolutivos, para quedar en los términos siguientes: --- "(...) SEXTO.- Se absuelve a la parte demandada al pago de gastos y costas dado que no se le condenó a la totalidad de las prestaciones reclamadas por parte del actor...". --- SEGUNDO. No se hace especial condena en costas al apelante por su representación por los motivos expuestos en la parte final del considerando tercero de la presente resolución".
19. Demanda de amparo directo. En desacuerdo con lo anterior, los actores quejosos promovieron juicio de amparo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y en sesión de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, resolvió, conceder el amparo solicitado.
Cuestiones jurídicas
• Declaró fundados los conceptos de violación, con base en la consideración de que para aplicar el beneficio de la suplencia de los agravios en materia civil, el artículo 399, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, establece lo siguiente: "Artículo 399.- El tribunal podrá suplir la deficiencia o la falta de agravios, en materia civil o familiar, conforme a lo siguiente: [...] IV.- Cuando se advierta por el tribunal de apelación que en el procedimiento de primera instancia existieron violaciones manifiestas de la ley que hayan dejado sin defensa a alguna de las partes...".
• El tribunal colegiado consideró incorrecto que la Sala responsable supliera la deficiencia de los agravios en favor de la demandada en el juicio de origen, porque no expuso en el recurso de apelación argumento alguno en contra de la sentencia de primera instancia, concerniente a que fuera ilegal que el juez natural lo condenara al pago de gastos y costas por la tramitación del juicio generador de los actos reclamados, puesto que no existió una violación manifiesta de la ley que dejara a dicha demandada sin defensa, en virtud de que tuvo a su alcance, e incluso interpuso el recurso de apelación contra el fallo definitivo, en el que podía haber planteado razonamientos contra la condena en costas decretada en su contra.
• Sin embargo, dijo, la tercera interesada no formuló en el recurso de apelación ningún argumento respecto de la condena en su contra al pago de gastos y costas del juicio, como se desprendió de su escrito de expresión de agravios, por lo que el tribunal contendiente consideró incorrecto que el tribunal de alzada aplicara en su favor el beneficio de la suplencia de los agravios, porque dicha apelante ni siquiera hizo referencia alguna a esa condena, lo que dijo, revela que la Sala responsable indebidamente efectuó una suplencia total de la queja.
• En ese contexto, el órgano colegiado estimó innecesario ocuparse del estudio de los restantes argumentos formulados en la demanda de amparo, de conformidad con la jurisprudencia 107, de la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS."
• En consecuencia, concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la sentencia de Apelación reclamada. 2. En su lugar dicte otra en la que reitere lo concerniente a declarar infundados los agravios relacionados con las acciones ejercitadas por el actor; y omita aplicar el beneficio de la suplencia de la queja en favor de la demandada, respecto de la prestación concerniente al pago de gastos y costas por la tramitación de la primera instancia. 3. Una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda."
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
20. Por cuestión de orden, es necesario establecer si en el caso se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.
21. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
22. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
23. Además, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:
a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33059-abb606f0/suplencia-de-la-queja-tratandose-de-condena-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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