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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA. EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLO, SÓLO DEBE RECIBIRLO, TENERLO POR INTERPUESTO Y REMITIRLO AL TRIBUNAL DE ALZADA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 17/2025. · Registro digital (IUS): 33521
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-08-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1604.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 17/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE MAYO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios *******, suscitada entre los emitidos por el Cuarto Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.

RESULTANDOS:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 48/2025, el Magistrado Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho Tribunal al resolver el amparo directo ********; y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al emitir la tesis aislada I.3o.C.408 C (10a), con registro digital 2021252, de rubro: “RECURSO DE APELACIÓN Y DE QUEJA, LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ESTÁ LIMITADA A SU RECEPCIÓN Y A SU ENVÍO AL TRIBUNAL DE ALZADA, POR LO QUE SU JURISDICCIÓN CESA CON DICHA REMISIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).”, que deriva del amparo directo ******** y el amparo en revisión ********, ambos de su estadística.

SEGUNDO. Trámite de la contradicción de criterios. Mediante acuerdo de Presidencia de catorce de marzo de dos mil veinticinco, se ordenó formar y registrar el expediente de contradicción, al que correspondió el número ******* y se admitió a trámite.

En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; y, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios, radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente: “DETERMINAR SI TRATÁNDOSE DEL RECURSO DE QUEJA, EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PUEDE CALIFICAR SU PROCEDENCIA Y DESECHARLO, O BIEN, ÚNICAMENTE DEBE LIMITARSE AL ACUERDO DE RECEPCIÓN Y POSTERIOR ENVÍO AL TRIBUNAL DE ALZADA, PARA QUE SEA ÉSTE QUIEN DEFINA SU ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO).”

TERCERO. Vigencia de los criterios. Mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibidos los informes de los Tribunales Colegiados tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios sustentados al resolver el amparo directo ******** [Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito], así como el amparo directo ******** y el amparo en revisión ******** [Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito], de los que derivó la tesis aislada I.3o.C.408 C (10a), con registro digital 2021252, de rubro: “RECURSO DE APELACIÓN Y DE QUEJA, LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ESTÁ LIMITADA A SU RECEPCIÓN Y A SU ENVÍO AL TRIBUNAL DE ALZADA, POR LO QUE SU JURISDICCIÓN CESA CON DICHA REMISIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).”, dentro de la denuncia de contradicción, se encuentran vigentes.

CUARTO. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En acuerdo de uno de abril de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio con el que el titular de la aludida Dirección General hizo del conocimiento el diverso informe del Secretario General de Acuerdos del Alto Tribunal, en el sentido de que no existe contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal, sobre el probable tema a analizar en el presente asunto.

QUINTO. Confirmación de turno. Integrado el expediente, en ese mismo auto de fecha uno de abril se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de siete de junio de dos mil veintiuno, aplicable en términos del transitorio Séptimo del DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados especializados en materia civil, pertenecientes al Primer circuito, comprendidos en la Región Centro-Sur, región y materia respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, al haberse formulado por el Magistrado Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivado de lo resuelto en el amparo directo 626/2024, expediente que forma parte de los criterios contendientes en el presente asunto.

TERCERO. Criterios denunciados. Los Tribunales Colegiados sustentaron los razonamientos medulares que se expresan a continuación:

I. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Resolvió el amparo directo ********.

Antecedentes

• Varias personas físicas demandaron en la vía ordinaria civil, la acción reivindicatoria solicitando la declaración de que son legítimos copropietarios, pro indiviso, de un inmueble; la entrega de la planta alta de dicho inmueble; el pago de los menoscabos sufrido en él, desde que los demandados ocuparon la planta alta; el pago de daños y perjuicios derivados de la posesión; y, gastos y costas; demanda que registrada con el número ********, mediante proveído de uno de abril de dos mil veinticuatro, previa aclaración, fue admitida.

• Al contestar la demanda, negaron la procedencia de las prestaciones y opusieron dos excepciones, a saber, 1) falta de personalidad y, 2) falta de legitimación procesal.

• Por interlocutoria de once de junio de dos mil veinticuatro, el titular del juzgado declaró procedentes las excepciones opuestas; sobreseyó en el juicio, con fundamento en el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles y ordenó la devolución de los documentos exhibidos.

• Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de queja y, mediante acuerdo de veintiuno de junio del mismo año, el juez de origen denegó la admisión al considerar que el recurso no se encontraba en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles.

• En contra del citado acuerdo, la parte actora promovió juicio de amparo directo.

• Le correspondió conocer del asunto al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se registró la demanda con el número ******** y, mediante resolución de treinta de enero de dos mil veinticinco, resolvió:

“CUARTO. Estudio. En contra de la interlocutoria que acogió las excepciones de falta de personalidad y de legitimación procesal, en juicio ordinario civil, en el que se ejercitó la acción reivindicatoria, la parte actora interpuso el recurso de queja, con sustento en los artículos 47 y 725 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

En auto de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, el juez responsable acordó:

“A sus autos el escrito de ***** mandatario judicial de la parte actora, escrito dirigido a los ‘Magistrados que integran la Sala en Materia Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México’ y copias de traslado que se entrega a la persona del turno, se tienen por hechas las manifestaciones que hace valer y tomando en cuenta que el recurso que plantea no se adecúa a ninguna de las hipótesis normativas del artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles, amén de lo previsto por el artículo 692-bis, fracción II de dicho cuerpo legal, no ha lugar a admitir el recurso de queja.”

Conforme a lo anterior, el juez no admitió la queja, por no adecuarse a las hipótesis del artículo 723 del código adjetivo civil de la localidad, que prevé los supuestos en que procede ese recurso:

“Artículo 723. (Se transcribe)”

A lo que el juez agregó la invocación a lo dispuesto en el artículo 692 bis, fracción II, del propio ordenamiento, relativo a las apelaciones de tramitación inmediata:

“Artículo 692 BIS. (Se transcribe)

I. [...]

II. (Se transcribe) ...”

Con lo anterior, el juez pone de manifiesto que en contra de la interlocutoria recurrida no procede la queja, sino la apelación; por lo que desechó aquel recurso.

En contra de esa determinación, en el primer concepto de violación la quejosa aduce que, en conformidad con los artículos 723 y 725 del Código de Procedimientos Civiles, el deber del juzgador es que interpuesto el recurso de queja, remita los autos, el recurso y su informe justificado a la Sala, sin hacer pronunciamiento sobre su procedencia; por lo que el juez responsable se extralimitó, en transgresión al segundo de los preceptos ya citado, que dispone:

“Artículo 725. (Se transcribe)”

El agravio es infundado, como se expone a continuación.

El artículo 72 del código procedimental en cita dispone que:

“Artículo 72. (Se transcribe)”

Este precepto, en lo que interesa, faculta a los juzgadores a desechar recursos notoriamente improcedentes; sin hacerlo saber a las partes previamente; sólo con el deber de fundar y motivar esa determinación.

Es de entenderse por recursos notoriamente improcedentes, entre otros, aquellos que se interponen en contra de actos que claramente no están dentro de alguno de los supuestos de procedencia previstos en la ley para el recurso que se intenta o se interponen fuera del plazo o en forma distinta de la prescrita en el código respectivo; lo cual advierte el juzgador de manera clara.

Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

“RECURSOS ORDINARIOS, PROCEDENCIA DE LOS. (se transcribe)”

El primer supuesto que por antonomasia se identifica con la improcedencia conlleva la necesidad de que el juzgador tenga en cuenta las hipótesis normativas de procedencia del recurso que se intenta, en el caso de la queja, previstas principalmente en el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México; además de otras disposiciones, ya que aparte de los casos específicos previstos en ese precepto, se dispone que “En los demás casos fijados por la ley”.

De manera que si el juzgador advirtió que no se está en ninguno de esos supuestos, e incluso, lo corroboró al advertir que contra la resolución recurrida procede un recurso distinto al interpuesto (apelación), es evidente que el juzgador tenía facultades para desechar el recurso, al ser notoriamente improcedente.

Máxime que el artículo 725 del Código adjetivo civil local, prevé que es después de que se tenga por interpuesto el recurso, cuando el juez ha de remitir los autos a la alzada; sin embargo, en el caso, no hay auto que tenga por interpuesta la queja, ya que el juzgador la desechó.

Sobre esas bases es de estimarse que el juez responsable no se excedió a sus facultades al desechar la queja, ya que el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles le confiere la facultad para hacerlo, cuando el recurso es notoriamente improcedente, lo cual ha de estar fundado y motivado, requisito que en el caso se satisfizo; ya que el juez expuso que en las hipótesis del artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles no se prevé la resolución recurrida como una de las hipótesis en que prevea el recurso de queja, y le invocó el artículo 692 Bis, fracción II, del propio ordenamiento que prevé la apelación con tramitación inmediata contra las resoluciones que resuelvan excepciones procesales.

Cabe precisar que la atribución prevista en el referido artículo 72 es para todo juzgador.

Aun cuando este precepto inicia con: “Los tribunales ...”, ello no significa que los jueces no tengan la atribución de desechar promociones, solicitudes o recursos notoriamente frívolos o improcedentes.

El término “tribunal” es usado por el legislador, en el código adjetivo local, como sinónimo de juzgador, prueba de ello son los múltiples disposiciones normativas en los que se utiliza para actos procesales de los cuales se ocupa el juez, como ejemplo se citan los artículos 51, 56, primer párrafo, y 61, primer párrafo del propio ordenamiento.

Sobre el alcance del término “tribunal” es ilustrativa la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al analizar un precepto que dispone que los tribunales no admitirán recursos notoriamente frívolos e improcedentes, se refiere a esa facultad como concedida a los jueces:

“RECURSOS FRIVOLOS E IMPROCEDENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO). (se transcribe)”

También cabe tomar en cuenta que la finalidad que persigue el artículo 72 es la de purgar el procedimiento de toda promoción o petición inútil, o de recursos que notoriamente no proceden, con lo que se evita el desgaste tanto de las partes como de los juzgadores, con la consecuente administración de Justicia pronta y expedita; lo cual no puede estimarse como una transgresión al derecho de acceso a la justicia ni a la certeza jurídica, precisamente porque la atribución está acotada a promociones, solicitudes y recursos notoriamente frívolos o improcedentes, cuya justificación debe estar fundada y motivada.

No se pasa por alto que en el juicio de amparo en revisión, registrado RC ********, fallado en sesión de veinte de septiembre de dos mil cuatro, por unanimidad de votos, este tribunal consideró que en el trámite del recurso de queja, la participación del juez se limita a remitirlo al tribunal dentro de los cinco días siguientes a la interposición y enviar su informe justificado junto con las constancias necesarias, en tanto compete a la sala determinar la procedencia del recurso; por lo que el juez no puede desecharlo. Esta consideración se apoyó en la tesis aislada que se compartió, identificada como I.3o.C.408 C (10a.).

Sin embargo, no es dable aplicar ese criterio, primero, porque en aquel asunto no se abordó el estudio del artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México; y, segundo, porque este artículo forma parte del sistema normativo rector de los recursos, aun cuando no esté incluido en el Título “De los Recursos y responsabilidad civil”; habida cuenta que su ubicación en el Título Segundo de las “Reglas Generales” capítulo II. “De las Actuaciones y resoluciones judiciales” y la circunstancia de que en el artículo expresamente se disponga que “no se admitirán nunca promociones o solicitudes, incluyendo recursos ...”; llevan a establecer su aplicación para todas las promociones, solicitudes y recursos.

En cuanto a la tesis citada en el precedente, y que ahora invoca la quejosa, su contenido es el siguiente:

“RECURSOS DE APELACIÓN Y DE QUEJA. LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ESTÁ LIMITADA A SU RECEPCIÓN Y A SU ENVÍO AL TRIBUNAL DE ALZADA, POR LO QUE SU JURISDICCIÓN CESA CON DICHA REMISIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). (se transcribe)”

Al margen de que la tesis transcrita es un criterio aislado de tribunal colegiado, que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, carece de obligatoriedad; no es un criterio que se comparta porque no incluye en su interpretación el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para la ahora Ciudad de México, precepto que, como ya se dijo, constituye una de las reglas generales que son parte del sistema que rige los procesos civiles en esta ciudad.

Además, en esa tesis se soslaya que el artículo 725 del código adjetivo civil local, no prevé que una vez que se interponga el recurso, el juez lo ha de remitir a la Sala, sino que, primero dispone el plazo que tiene el agraviado para interponer la queja “El recurso de queja, se interpondrá ante el juez, dentro de los tres días siguientes al acto reclamado”, y luego prevé el plazo que tiene el juzgador para remitir a la alzada, el recurso, las constancias necesarias y su informe; ese plazo se computa a partir de que el juzgador tiene por interpuesto el recurso “Dentro de los cinco días siguientes en que se tenga por interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la alzada ...”

Por lo que el juez no está compelido a remitir todo recurso de queja a la sala responsable, sin análisis alguno, pues, en uso de la atribución que le confiere el artículo 72, puede no tener por interpuesto el recurso, por estimarlo notoriamente improcedente, lo que sucede entre otros casos, cuando el auto recurrido en queja no se ubica en ninguno de los supuestos de procedencia, y por el contrario, en su contra procede distinto recurso.

Por esas razones la tesis transcrita no es compartida cuando el juez desecha por notoriamente improcedente el recurso de queja.

De ahí que el concepto de violación se desestima por infundado.

En segundo orden, la parte quejosa aduce que el juicio de amparo directo tiene sustento en el artículo 172, fracción IX, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia de tribunal colegiado de distinto circuito XIV.2o. J/29:

“RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO. (se transcribe)”

Lo aseverado por los quejosos no es un concepto de violación en contra de lo decidido por el juez responsable, sino el argumento para sostener que en el juicio de amparo directo es dable hacer valer como violación procesal el desechamiento de recursos, lo cual incluye la declaración de improcedencia de éstos.

Al respecto sólo se precisa que la procedencia del juicio de amparo directo se fundamenta en el artículo 170 de la Ley de Amparo, porque la protección constitucional se pide contra una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir sobre el fondo, el auto reclamado lo concluyó. Conclusión

La resolución reclamada no es un acto de autoridad que por sí solo sea violatorio de derechos humanos, por lo que en conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, correspondía a los impetrantes demostrar su inconstitucionalidad, lo cual no sucedió, por lo que se debe negar el amparo.

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa contra el acto y autoridad precisados en el preámbulo de esta ejecutoria.

Notifíquese; ...”

[Lo destacado es de la propia ejecutoria]

II. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Resolvió el amparo directo ********.

Antecedentes

• Una persona física, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovió incidente de impugnación de firma en contra del escrito por el que diversa persona interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de compensación, derivado del divorcio incausado, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

• El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el citado Juzgado emitió la sentencia interlocutoria en el procedimiento incidental, en la que determinó que la actora incidentista había acreditado su acción y declaró procedente la impugnación de la firma que calzaba el escrito del recurso de apelación y, en consecuencia, tuvo por no presentado dicho medio de impugnación.

• En contra de dicha sentencia, la persona demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado con el número ********* en la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y, mediante sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve declaró infundado el único agravio hecho valer y confirmó la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de impugnación de firma.

• Inconforme, la ahora persona quejosa, promovió juicio de amparo directo que, por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se radicó con el número de expediente D.C. ********, se admitió a trámite, y, en sesión de catorce de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió, en lo que interesa:

“OCTAVO. Es fundada una de las violaciones procesales que hace valer el quejoso.

Violación procesal

En una parte de la demanda de amparo, el quejoso, en esencia, aduce que la sala responsable emitió la sentencia reclamada sin advertir que indebidamente el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tramitó el incidente de impugnación de firma, promovido por **********, ahora tercera interesada, respecto de la estampada en el escrito de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que ************, en su carácter de mandataria judicial de ********** interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho en el incidente de compensación, promovido por ella misma en contra de *********, derivado del Divorcio Incausado **********

Afirma que dicho juzgador estaba impedido para tramitar el incidente de mérito porque tenía suspendida su jurisdicción, en virtud de que el recurso de apelación cuya firma fue cuestionada en cuanto a su autenticidad en ese incidente, ya había sido remitido al tribunal de alzada, es decir, a la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, razón por la cual debió respetarse la jurisdicción de esa autoridad, en virtud de que ya estaba conociendo dicho medio de impugnación, de ahí que se haya violentado en su perjuicio el derecho a un debido proceso.

Requisitos para el estudio de la violación procesal.

Previo al análisis de la violación procesal indicada, se estima necesario precisar que el juicio de amparo directo es la vía constitucional idónea para reclamar el derecho constitucional de debido proceso, porque el quejoso puede plantear en éste las violaciones a las leyes del procedimiento que rigen la actuación del juez y de las partes, como lo establecen los artículos artículos (sic) 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, y los diversos 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo

A mayor abundamiento, para que las violaciones procesales cometidas en el curso del procedimiento civil puedan ser analizadas en el juicio de amparo directo, se requiere de la satisfacción de los siguientes requisitos:

1. Que la violación emane directamente del procedimiento en que se dictó la resolución reclamada.

2. Que se afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo; y

3. Que se hayan combatido durante el procedimiento a través del recurso ordinario idóneo previsto en la ley.

En el caso, se colmaron los requisitos necesarios para entrar al estudio de la violación procesal aducida, a saber:

El primer requisito se encuentra satisfecho, pues en la sentencia reclamada de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca *********, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso ***********, en contra de la sentencia interlocutoria de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del incidente de impugnación de firma, promovido por ************* ahora tercera interesada, respecto de la estampada en el escrito de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el que **************, en su carácter de mandataria judicial de ********** interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de catorce de mayo de dos mil dieciocho en el incidente de compensación, promovido por ella misma en contra de ***********, derivado del Divorcio Incausado *********.

Y el referido incidente de impugnación de firma, cuya resolución fue materia de la sentencia que en esta instancia constituye el acto reclamado, fue tramitado por el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El segundo de los requisitos fue colmado, pues al haberse confirmado en la sentencia reclamada la resolución apelada se convalidó la tramitación del incidente de impugnación de firma ante el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin haber advertido la sala responsable que le correspondía a ella la tramitación de ese incidente; por lo tanto, se actualiza una afectación a la defensa del quejoso que trasciende en el resultado del fallo de apelación que se reclama.

El tercer requisito no era necesario que lo cumpliera el quejoso, pues se encuentra en el supuesto de excepción establecido en el artículo 171, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues se trata de un asunto en materia familiar.

Además, de que este tribunal colegiado advierte que al haberse tramitado el incidente de impugnación de firma de mérito ante una autoridad que no tenía jurisdicción para ello, se está ante una violación manifiesta de la ley, que dejó sin defensa al quejoso ***********.

Es así, porque la resolución dictada por el juez de origen en dicho incidente ordena tener por no interpuesto el recurso de apelación que él hizo valer en contra de la sentencia interlocutoria dictada el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el incidente de compensación que promovió ************ en su contra, en la que se tuvo por reconocido el derecho de ella a recibir una compensación, la cual podrá ser de hasta el 50% cincuenta por ciento de los bienes adquiridos por ************, durante la vigencia de su matrimonio, determinación que fue confirmada en la sentencia reclamada en el presente juicio de amparo.

Estudio

Expuesto lo anterior, se procede al análisis de la violación invocada, en los siguientes términos:

En primer lugar, resulta necesario tener presente lo establecido en los artículos 688, 689, 692, 693, 700, 703, 704 y 705 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, cuyo texto es del tenor siguiente:

“Artículo 688. (Se transcribe)”

“Artículo 689. (Se transcribe)”

“Artículo 692. (Se transcribe)”

“Artículo 693. (Se transcribe)”

“Artículo 700. (Se transcribe)”

“Artículo 703. (Se transcribe)”

“Artículo 704. (Se transcribe)”

“Artículo 705. (Se transcribe)”

De los preceptos transcritos se advierte, en lo que atañe al presente asunto, que el recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez.

La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos, y la primera podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva.

Tratándose de juicios de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, la apelación será admitida en el efecto devolutivo de tramitación inmediata

La substanciación de la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata se llevará en los términos siguientes:

1. Debe interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada, expresando los agravios que considere le cause.

2. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria de tramitación inmediata deberán hacerse valer en el término de ocho días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones.

3. Interpuesta una apelación, el Juez la admitirá sin substanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos, expresando el juzgador en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo y ordenando se for

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33521-a0478091/recurso-de-queja-el-juez-de-primera-instancia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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