REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO. EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DEL ACUERDO QUE REGULA SU FUNCIONAMIENTO ES UNA NORMA HETEROAPLICATIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 27/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 2 DE JULIO DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS Y DE LA MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, CON VOTO EN CONTRA DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIA: TANIA PAMELA CAMPOS MEDINA.
Ciudad de México, dos de julio de dos mil veinticinco.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Denuncia. El JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO denunció la posible contradicción de criterios entre el que se sostuvo en el recurso de revisión 399/2022 del índice del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO y el del TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO al resolver el recurso de revisión 474/2022.
SEGUNDO. Trámite. La Presidencia de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 27/2025 y lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de quince de mayo de dos mil veinticinco.
Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente.
La presente contradicción fue listada el diez de junio de dos mil veinticinco para sesión de dieciocho de junio siguiente, en la cual se acordó aplazar el asunto, por lo que se listó nuevamente el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco para sesión de dos de julio del mismo año.
TERCERO. Amicus Curiae. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.
La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Competencia.
En términos del artículo séptimo transitorio de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN abrogada, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, éste reformado por el ACUERDO GENERAL 1/2024, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 67/2022, QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES en su artículo 14, fracción I, párrafo segundo; y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3.
Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza administrativa.
SEGUNDO. Legitimación.
La contradicción de criterios se denunció por parte legítima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por el JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO como se advierte de la denuncia de esta contradicción.
TERCERO. Existencia de la contradicción de criterios.
Conforme al razonamiento fundamental extraído de los supuestos previstos en la jurisprudencia P./J. 72/2010(1) sustentada por el PLENO DEL ALTO TRIBUNAL, una contradicción de criterios se actualiza cuando los órganos contendientes sostengan discernimientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, siempre que hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.
Luego, existen criterios divergentes cuando al menos un tramo del razonamiento efectuado o la interpretación ejercida en las respectivas decisiones adoptadas por cada órgano gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, de modo que confluyan en un mismo punto de derecho y ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina sobre cuál sería la forma legalmente posible y preferente de resolver tal cuestión jurídica.
Lo anterior también se sustenta en las jurisprudencias 1a./J.22/2010(2) de la PRIMERA SALA y 2a./J. 163/2011(3) de la SEGUNDA SALA DEL ALTO TRIBUNAL de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA" y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO."
En el caso, los dos tribunales colegiados de circuito emitieron respuestas antagónicas respecto de las mismas cuestiones jurídicas.
En efecto, ambos tribunales se enfrentaron a la cuestión de determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo promovido contra el artículo 19, fracción VIII, del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO, emitido por el PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR (publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el cinco de abril de dos mil veintidós). Esto, a partir de la consideración de su naturaleza como norma autoaplicativa o heteroaplicativa. Tal precepto dispone:
"Artículo 19. Para que las Casas de Empeño obtengan su constancia de registro deberán cumplir con los siguientes requisitos:
(...)
VIII. Copia simple del documento vigente que acredite la contratación de empresa autorizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Seguridad Privada, para prestar servicios de seguridad.
(...)"
El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO al resolver el recurso de revisión 399/2022 sostuvo que la normativa reclamada es de naturaleza autoaplicativa al considerar, esencialmente, que:
- De conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la LEY DE AMPARO, el juicio de amparo sólo es procedente si el acto reclamado afecta los intereses jurídicos o legítimos de la persona promovente. Esta exigencia se relaciona, por aplicación contraria, con lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la misma ley, el cual cobra especial relevancia tratándose de amparos promovidos contra normas generales, ya que obliga a precisar en qué momento dichas normas inciden en la esfera jurídica del gobernado.
Para ello, es necesario determinar si la afectación se produce desde su entrada en vigor o bien si se requiere de un acto de aplicación concreto. Esta distinción depende de la naturaleza de la norma, lo cual implica definir si se trata de una disposición autoaplicativa -cuyos efectos jurídicos se generan de forma inmediata- o heteroaplicativa, en cuyo caso resulta indispensable un acto posterior que la haga exigible o ejecutable frente a las personas.
• El ALTO TRIBUNAL estableció que la clave para distinguir entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas radica en el concepto de individualización incondicionada que permite identificar aquellas normas que, desde su entrada en vigor, imponen directamente obligaciones o modifican situaciones jurídicas específicas, sin necesidad de un acto posterior, lo que justifica la procedencia inmediata del juicio de amparo.
Este concepto de individualización -subrayado como elemento objetivo por el ALTO TRIBUNAL- permite determinar si los efectos jurídicos de la norma ocurren de manera directa o requieren de una condición adicional. Tal condición puede consistir en un acto administrativo o jurisdiccional, en una manifestación de voluntad del propio particular, o incluso en un hecho jurídico externo.
Así, si la norma genera efectos jurídicos por sí misma, sin necesidad de condición alguna, se está ante una disposición autoaplicativa. En cambio, si su aplicación depende de un acto ulterior para que cause una afectación concreta, se tratará de una norma heteroaplicativa.
Esas consideraciones se reflejan en la jurisprudencia P./J. 55/9716 del Pleno del Alto Tribunal de rubro "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."
• En el caso se reclamó la fracción VIII del artículo 19 del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO, cuyo contenido establece una obligación incondicionada.
Esto es así, pues para que las Casas de Empeño obtengan su constancia de registro deberán cumplir con el requisito de contar con copia simple del documento vigente que acredite la contratación de empresa autorizada por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, para prestar servicios de seguridad.
• Los numerales 21 y 25, del referido ACUERDO y artículos primero a tercero transitorios establecen:
"Artículo 21. Las Casas de Empeño inscritas en el Registro Público deberán presentar la solicitud de renovación anual del establecimiento que corresponda, por lo menos noventa días naturales antes de la fecha del vencimiento de su vigencia, y en caso de no hacerlo, una vez concluida, será causa de suspensión del registro, bajo el apercibimiento de que el establecimiento no podrá operar hasta en tanto no cuente con su renovación anual respectiva."
"Artículo 25. La Procuraduría podrá suspender el registro de las Casas de Empeño cuando:
I. La Casa de Empeño utilice un contrato de adhesión distinto al registrado y vigente ante la Procuraduría;
II. No presente la solicitud de renovación anual a la que se refiere el artículo 20 de estas Disposiciones;
III. Se niegue la solicitud de renovación anual, por no cumplir con los requisitos necesarios, o
IV. La Casa de Empeño realice cualquier modificación y no dé aviso a la Procuraduría en el plazo de treinta días naturales, a que se refiere el artículo 22 de estas Disposiciones.
La suspensión en el caso de la fracción I durará hasta en tanto la Casa de Empeño no se apegue al contrato registrado en la Procuraduría, con independencia de las infracciones que pueda cometer por utilizar un contrato de adhesión distinto al registrado y vigente.
Para el caso de las fracciones II, III y IV, la suspensión durará el tiempo en que la Casa de Empeño no obtenga la renovación anual o modificación
Con la suspensión del registro, la Casa de Empeño deberá cesar las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, misma que conforme lo establecido en el párrafo que antecede, concluirá al momento de que la Procuraduría emita la resolución correspondiente. Lo anterior, bajo la consideración de que la Casa de Empeño deberá respetar la actividad de desempeño en los plazos convenidos con el consumidor, con la finalidad de dejar a salvo sus derechos."
"PRIMERO. Las presentes Disposiciones entrarán en vigor a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"SEGUNDO. El presente Acuerdo abroga el "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño", publicado el 11 de noviembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación."
"TERCERO. Los trámites solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes Disposiciones, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme al "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño", publicado el 11 de noviembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación."
De tales preceptos se deprende que las casas de empeño deben cumplir diversos requisitos para obtener la constancia de su inscripción en el REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO, entre ellos, copia simple del documento que acredite contratación de empresa de seguridad privada autorizada por la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA.
Asimismo, las casas de empeño inscritas deben renovar su registro de forma anual, presentando la solicitud de renovación al menos 90 días naturales antes del vencimiento de la vigencia de su inscripción o renovación previa, con la consecuencia que de no hacerlo, se suspenderá el registro respectivo, hasta en tanto se cumpla con la renovación, lo que implica que la casa de empeño deberá cesar las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria hasta que se emita la resolución correspondiente.
Según los numerales transitorios, la vigencia de la norma reclamada comenzó el día hábil siguiente al de su difusión oficial, es decir, desde el 6 de abril de 2022; pues a partir de esa fecha se abrogó el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO, PUBLICADO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; y, sólo los trámites iniciados con antelación a la vigencia de las disposiciones, continuarán hasta su conclusión conforme al acuerdo abrogado.
• Bajo esa óptica, las disposiciones generales analizadas, regulan los requisitos que deben cumplir las casas de empeño para inscribirse en el REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO, la obligación de renovar ese registro cada año, los requisitos para ello y las consecuencias de no hacerlo; estableciéndose que únicamente los trámites solicitados previo a la vigencia de dicha normatividad, continuarían hasta su conclusión conforme las disposiciones abrogadas.
Por tanto, desde la entrada en vigor de dicha normativa, las casas de empeño, a fin de estar en posibilidad de solicitar y/o renovar su registro quedaron obligadas a cumplir las disposiciones vigentes, entre las que se encuentra la fracción VIII del artículo 19 reclamada, sin que para ello resulte necesaria la actualización previa de condición alguna, es decir, la obligación de cumplir con esas disposiciones se produjo de manera automática con el inicio de su vigencia, de modo que los establecimientos interesados en obtener el registro y la renovación del registro quedaron constreñidos a cumplir con la regulación que establece tal porción normativa.
Así, se trata de una norma general de naturaleza autoaplicativa, ya que desde su entrada en vigor modificó una situación jurídica concreta, como es la obligación de inscribirse en el registro y que para obtener ese registro o su renovación (refrendo) anual, debe contarse, entre otros requisitos, con copia simple del documento vigente que acredite la contratación de empresa autorizada por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA, para prestar servicios de seguridad.
De manera que, a la entrada en vigor de la normativa reclamada, para solicitar su registro y renovación las casas de empeño quedaron obligadas a cumplir el artículo 19, fracción VIII reclamado, sin que para ello resulte necesario la actualización previa de condición alguna, es decir, sus consecuencias –la obligación de cumplir el requisito que prevé– se produjo de manera automática con el inicio de su vigencia, de modo que los establecimientos interesados en obtener tanto el registro como su renovación quedaron constreñidos a cumplir con la regulación que establece tal porción normativa para evitar sanciones.
El TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO al resolver el recurso de revisión 474/2022 resolvió en forma contraria el criterio narrado con anterioridad, al sostener que la norma reclamada es heteroaplicativa, esencialmente porque:
• El precepto reclamado requiere de un hecho posterior (condición) de aplicación, para que sea susceptible de ser reclamada a través del juicio de amparo.
Refirió lo sustentado por el PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la jurisprudencia P./J. 55/97, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."
A partir ello sostuvo que, una norma es autoaplicativa cuando desde su entrada en vigor obliga a los gobernados a hacer o dejar de hacer determinada conducta, sin que entre la misma norma y los gobernados se hagan necesario la creación de un acto o ley intermediarios que funjan como condiciones de su aplicación al momento de individualizarse en estos últimos.
Es decir, los gobernados se ubican en automático dentro de las hipótesis normativas de las normas jurídicas y se sujetan a sus consecuencias en el mismo momento de la iniciación de su vigencia, sin que se necesite un acto posterior de autoridad o de los mismos gobernados que haga posible su individualización.
Por tanto, si las leyes o actos con fuerza de ley no causan al promovente ningún perjuicio por su sola expedición, sino que resulte necesario que exista un acto de aplicación para que surja ese perjuicio y legitime el ejercicio de la acción constitucional, nos encontramos en presencia de leyes heteroaplicativas.
Y cuando las leyes o actos con fuerza de ley causan perjuicios al promovente por su sola expedición, al imponerle una carga u obligación cualquiera que estime inconstitucional y que tenga que cumplir espontáneamente si quiere evitarse sanciones y perjuicios, nos encontramos en presencia de disposiciones autoaplicativas.
• En el caso, la norma reclamada establece los requisitos que deberán cumplir las Casas de Empeño para obtener su constancia de registro, entre otros, contratar una empresa de seguridad privada para la prestación de dichos servicios, avalada por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA.
• Asimismo, el numeral 20 del ACUERDO en cuestión, prescribe que las Casas de Empeño inscritas deberán renovar anualmente su registro, sin perjuicio de la obligación de manifestar cualquier cambio en la información entregada a la PROCURADURÍA en términos del artículo 65 Bis 3 de la propia LEY.
Lo anterior en la inteligencia que, conforme al artículo 2, fracción XXI, del ACUERDO impugnado, por renovación anual debe entenderse el acto mediante el cual el REGISTRO PÚBLICO DE CASAS DE EMPEÑO, hace constar que una Casa de Empeño continúa cumpliendo con los requisitos de ley, a efecto de que siga con sus operaciones durante el año de vigencia de la renovación de su registro.
• Cuando el acto reclamado es una norma general, es preciso analizar su contenido e impacto en la esfera jurídica del promovente para determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que significa determinar si es autoaplicativa o heteroaplicativa. Esto tiene racionalidad jurídica en la medida que permite identificar el momento en el cual el contenido de la norma genera efectivamente el agravio o lesión: por su sola entrada en vigor, o bien, se precisa de un acto de autoridad posterior que se dicte con fundamento en la disposición.
Refirió que la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN al resolver la contradicción de tesis 41/2021, sostuvo que:
- El PLENO DE ESE ALTO TRIBUNAL ha sido consistente en señalar que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho.
- Asimismo, que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal.
De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.
- En esta narrativa, el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; en cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato origina.
- En el caso de una norma autoaplicativa, para que se acredite la afectación que una persona resiente con motivo de la entrada en vigor de una disposición, en todo caso será suficiente demostrar que se reúnen las condiciones, circunstancias y posición de los individuos que la norma vincula para que se surta plenamente.
- En cambio, en el caso de normas heteroaplicativas, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo únicamente se acredita demostrando el acto de aplicación de las disposiciones que se pretenden impugnar.
- Agregó que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad.
- Mientras que, para el caso de normas heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior.
- Dichas consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2ª./J. 7/2021 (11ª.)15, de rubro "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO, COMO AUTOAPLICATIVO, EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. BASTA ACREDITAR ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES."
• En ese sentido, la disposición impugnada del ACUERDO reclamado, no genera un perjuicio cierto y directo contra la parte promovente a partir de su vigencia, en virtud de que no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que, por el contrario, su individualización está condicionada a que los destinatarios (casas de empeño) acudan ante la autoridad para obtener y renovar la constancia que le permita operar su actividad, cumpliendo con la normatividad a que se encuentra sujeta, así como que dicha constancia sea modificada a solicitud de las Casas de Empeño registradas, o bien, suspendida o cancelada por parte de la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, y que se les requiera en su momento los documentos presentados por las Casas de Empeño.
Esto es, el supuesto normativo que se pretende reclamar, no se actualiza desde su entrada en vigor, puesto que por sí solo no causa afectación alguna a la esfera jurídica de las casas de empeño, a quienes se encuentran dirigidas dichas disposiciones, sino que para ello resulta indispensable, de forma previa, que las personas que realizan esas actividades acudan ante la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR con el objeto de cumplir con las disposiciones que le permitan operar dentro de los parámetros legales que esa normatividad establece.
Por tanto, tales disposiciones son de individualización condicionada, pues para que afecten la esfera jurídica de los gobernados se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar la emisión del acto que los facultará para realizar la actividad cuya regulación se ve modificada por las disposiciones emitidas.
Así, la norma reclamada, por su sola vigencia no causa afectación alguna a la esfera jurídica de la parte promovente, pues no se desconoce algún derecho o se establece, en forma inmediata, que deba cumplir con alguna obligación; de manera que al tratarse de una actividad regulada se considera sujeta a un acto administrativo, en este caso, el que presenten la solicitud de modificación o renovación anual de la constancia de registro del establecimiento que corresponda.
• Asimismo, en dicho ACUERDO se refieren los requisitos y obligaciones a cargo de los establecimientos de casas de empeño que deben de reunir para obtener dicha renovación anual y que se haga constar que una Casa de Empeño continúa cumpliendo con los requisitos de ley para poder seguir operando durante el año de vigencia de la renovación de su registro, y también se menciona que de no cumplir con dichas obligaciones la constancia de mérito podría ser suspendida o cancelada, así como que en cualquier momento podrán ser requeridos los documentos presentados por las Casas de Empeño.
Por tanto, de conformidad con la jurisprudencia 2ª./J. 73/2000 de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, tales disposiciones son de individualización condicionada, es decir, de carácter heteroaplicativo, pues para que afecten la esfera jurídica de la promovente se requiere, previamente, que con los documentos a que alude el artículo 6° del ACUERDO reclamado, acudan ante la PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR a solicitar la modificación o renovación anual de su Constancia de Registro con lo cual, en caso de cumplir con los requisitos establecidos, la facultaría para seguir operando como casa de empeño, o bien, que la misma sea suspendida o cancelada.
Luego, la porción normativa reclamada no tiene carácter de autoaplicativa, pues las obligaciones impuestas y de las que se duele la promovente, no es necesario que las realice o cumpla desde el momento en que entró en vigor el ACUERDO reclamado, sino que está condicionada a que acuda ante la autoridad administrativa, con la documentación correspondiente, a solicitar la renovación de su constancia, o bien la constancia de dicho registro sea suspendida o cancelada.
• Así, no basta la inminencia de la aplicación de dicho ACUERDO para efectos de que la promovente siga operando como casa de empeño, sino que, en este caso para que sea procedente el juicio de amparo, es necesario que se demuestre la existencia de un acto de aplicación, es decir, que se le formule un requerimiento de ese documento, o realice el trámite de renovación o de modificación de la constancia del multicitado registro.
Tampoco puede considerarse inminente su aplicación para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, ya que es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la posible inminencia de la aplicación de la ley, para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio.
Citó como apoyo la tesis 2a. XVI/94 de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, de rubro "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33582-a8472246/registro-publico-de-casas-de-empeno-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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