Corpus
Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE COBRO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. MOMENTO EN QUE INICIA EL PLAZO PARA QUE OPERE CUANDO SE INTERPONE RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL AL QUE RECAE UNA CONFIRMATIVA FICTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 48/2025. · Registro digital (IUS): 33687
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-10-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.368.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 48/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 10 DE JULIO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU. PONENTE: MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al diez de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido vía interconexión el dos de abril de dos mil veinticinco en este pleno regional, las personas magistradas integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, denunciaron la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el amparo directo 205/2023 y el sustentado por ese Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y del propio circuito al decidir la revisión fiscal 49/2024.

2. Radicación en el pleno regional. Mediante acuerdo de presidencia de siete de abril de dos mil veinticinco, se ordenó registrar con el número de expediente 48/2025 la denuncia de contradicción entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con el tema determinar si el plazo para que opere la prescripción prevista en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, cuando se interpone el recurso de revocación contra la determinación de un crédito fiscal al que recae una confirmativa ficta, comienza a partir del día siguiente al en que esta se configura y es cuando se hace exigible el acto impugnado y se requirió a las presidencias de los tribunales contendientes que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda, y se turnó el asunto a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.

3. Informes de los tribunales colegiados.

• No obra en el expediente electrónico el informe del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

• Mediante oficio 05/Tesis/3TCMA2CTO/2025 se comunicó el acuerdo de once de abril de dos mil veinticinco, por el cual, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En oficio DGCCST/X/272/04/2025 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada es ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.

4. Confirmación de turno. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veinticinco, según constancia de autos.

5. Nueva integración del pleno regional. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veinticinco se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado Ernesto Martínez Andreu integra este pleno regional en sustitución del Magistrado José Patricio González Loyola Pérez.

6. Amicus curiae. Por oficio recibido en este pleno regional el treinta de junio de dos mil veinticinco, acordado el siguiente día, la Administradora de lo Contencioso "5", adscrita a la Administración Central de lo Contencioso, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formuló manifestaciones en esa calidad y por escrito recibido el diez de julio de dos mil veinticinco, una persona física expresó diversas consideraciones en cuanto al tema en disputa.

I. Competencia

7. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Segundo Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

8. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, pues la formularon los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

III. Criterios denunciados

9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el amparo directo 205/2023, en sesión de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.

10. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al fallar la revisión fiscal 49/2024, en sesión de seis de marzo de dos mil veinticinco.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

11. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. En el caso, debe tenerse por existente la contradicción de criterios entre el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el amparo directo 205/2023 y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al fallar la revisión fiscal 49/2024.

13. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Hechos. Una persona moral promovió juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra la confirmativa ficta recaída al recurso administrativo de revocación interpuesto en contra de una resolución emitida por una dependencia de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en la que determinó un crédito fiscal en su contra.

Tribunal ordinario. Emitió sentencia en la que estimó configurada la resolución ficta impugnada, determinó que la parte actora acreditó parcialmente su acción y declaró la nulidad de la resolución impugnada, así como de la inicialmente recurrida en sede administrativa.

Inconforme con la determinación, la parte actora promovió juicio de amparo directo.

14. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.

Sexto. Antecedentes del acto reclamado.

Previo al estudio de los conceptos de violación, resulta conveniente efectuar un relato de los antecedentes del caso de acuerdo a las constancias de autos, el cual se hace en los términos siguientes:

1. Mediante escrito recibido el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (...), representante legal de (...), demandó la nulidad de lo siguiente:

(...) vengo a demandar la nulidad de la resolución negativa ficta, que se actualizó al momento que la demandada dejo de dictar y notificar en el plazo de tres meses, la resolución al recurso administrativo de revocación presentado por mi mandante el pasado doce de abril de dos mil dieciséis, ante la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en contra de la resolución contenida en el oficio número (...), de uno de febrero de dos mil dieciséis, por medio de la cual la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, determinó a mi representada un crédito fiscal en cantidad de (...) por concepto de impuestos sobre la renta anual personas morales; retenciones por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado; retenciones por servicios personales independientes; impuesto empresarial a tasa única; impuesto al valor agregado, recargos y multas; pues han transcurrido más de tres meses contados a partir de la interposición de dicho medio de defensa y dicha autoridad no lo ha resuelto ni me ha notificado ninguna resolución al respecto, por lo que se ha confirmado el acto impugnado en el mismo y, por tanto, vengo a ejercer el derecho de impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado.

2. Mediante proveído de trece de julio de dos mil veintidós, la Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia, de la Segunda Sala, tuvo por admitida la demanda y las pruebas ofrecidas, por (...), representante legal de (...); ordeno emplazar a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y al Jefe del Servicio de Administración Tributaria por conducto de la Administración Desconcentrada Jurídica de México "2".

3. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, la magistrada instructora del conocimiento tuvo por contestada la demanda, por ofrecidas y admitidas las pruebas por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; se reservó correr traslado a la parte actora hasta en tanto la Administración Desconcentrada Jurídica de México "2" del Servicio de Administración Tributaria, diera su contestación o bien transcurra el término.

4. Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la magistrada instructora del conocimiento tuvo por contestada la demanda, por ofrecidas y admitidas las pruebas de la Subadministradora de la Administración Desconcentrada Jurídica de México "2" del Servicio de Administración Tributaria; se dejaron a disposición de la parte actora los traslados de los oficios de contestación y se dio término para que amplié su demanda.

5. Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la magistrada instructora del conocimiento admitió la ampliación de demanda, las pruebas ofrecidas por la parte actora y puso a disposición las copias de la misma a las autoridades para su contestación.

6. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la magistrada instructora del conocimiento tuvo por contestada la ampliación de la demanda, por ofrecidas y admitidas las pruebas por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; se reservó correr traslado a la parte actora hasta en tanto la Administración Desconcentrada Jurídica de México "2" del Servicio de Administración Tributaria, diera su contestación o bien transcurra el término.

7. Mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la magistrada instructora del conocimiento tuvo por contestada la ampliación de la demanda y por ofrecidas y admitidas las pruebas por el Administrador Desconcentrado Jurídico de México "2" del Servicio de Administración Tributaria; se dejaron a disposición de la parte actora los traslados de los oficios de contestación y se dio término a las partes para que formulen alegatos.

8. Mediante proveído de once de enero de dos mil veintitrés, la magistrada instructora del conocimiento tuvo a la Delegada de Asuntos Contenciosos de Naucalpan, de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y a (...), representante legal de (...), formulando alegatos.

9. El uno de febrero de dos mil veintitrés, la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dicto sentencia, en la que determinó:

I. Se configuró la resolución ficta impugnada en el presente juicio.

II. La parte actora acredito parcialmente los hechos constitutivos de su acción; en consecuencia,

III. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, así como de la inicialmente recurrida en sede administrativa, las cuales han quedado debidamente descritas en el resultando primero de este fallo; por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución.

Notifíquese.

Esta sentencia definitiva, es la que constituye el acto reclamado en el presente amparo directo.

Séptimo. Sistematización del concepto de violación.

1. En el concepto de violación primero, aduce la quejosa en síntesis:

a) Que la Sala responsable transgrede los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Federal y el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque dejo de observar los argumentos planteados en el concepto de impugnación segundo del escrito inicial de la demanda y el concepto de impugnación primero del escrito de ampliación a la misma, y que los transcribe para evidenciar la omisión referida, por lo que resulta contraria al principio de congruencia y exhaustividad que obligan a la responsable a resolver respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos.

b) Que la sentencia reclamada transgrede los principios de fundamentación y motivación, porque determina en una nueva reflexión abandonar las consideraciones expuestas en los fallos de los juicios de nulidad 486/19-11-02-1 y 1225/21-11-02-9, en el sentido que en ellos declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones originalmente recurridas y de las impugnadas en cada uno de ellos, y que el crédito fiscal se extinguió al haber transcurrido el plazo de cinco años que prevé el artículo 146, del Código Fiscal de la Federación, por lo que en atención al principio de cosa juzgada refleja debía debe resolverse aquel juicio de nulidad que nos ocupa, en el mismo sentido en que lo hizo en los diversos juicios antes mencionados.

c) Que la Sala responsable omitió analizar debidamente lo argumentado en el concepto de impugnación segundo del escrito inicial de la demanda y el primer concepto de impugnación del escrito de ampliación a la misma, porque era claro que han transcurrido más de cinco años a partir de que el crédito fiscal contenido en la resolución número 203134404/4755/2016 de once de febrero de dos mil dieciséis, pudo ser exigible tomando en consideración que hasta el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, tuvo conocimiento de la resolución expresa con la cual la autoridad demandada resuelve el recurso de revisión, por lo que los actos combatidos deben ser declarados nulos.

Que las facultades de la autoridad demandada prescribieron para hacer efectivo el crédito fiscal originalmente recurrido, de conformidad con la normatividad vigente en el año dos mil dieciséis, artículo 65, 121 y 131, del Código Fiscal de la Federación.

Que de dichas disposiciones se entiende que las contribuciones omitidas deben pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación.

Que la interposición del recurso debe presentarse ante la autoridad competente dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación.

Que la autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso.

Que así en el caso el transcurso del plazo para la prescripción solo se interrumpió por tres meses que es el plazo que se tiene para emitir la resolución en el recurso de revocación, porque a partir del tercer mes se considera que el crédito fiscal quedo (sic) firme y se puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución.

Que el hecho de que en la instancia administrativa no se haya resuelto un asunto en el plazo de ley, no implica que no se haya reiniciado cómputo del término para la prescripción, porque esa situación solo es atribuible a la demandada, por lo que no debe deparar perjuicio en él.

Que no puede considerarse que la interrupción del término de cinco años, se prolongue hasta que la autoridad decida resolver el recurso, o en caso de una negativa ficta cuando la autoridad demandada en la contestación a la demanda dé a conocer los hechos de derecho y en el que se apoya su resolución.

Que no se debe considerar interrumpido el plazo previsto en el artículo 146, del Código Fiscal de la Federación, con el posterior reconocimiento expreso del contribuyente al interponer la demanda del juicio contencioso administrativo contra la resolución determinante del crédito fiscal impugnado, o la diversa que contenga actos del procedimiento administrativo de ejecución o de la resolución recaída a un diverso recurso de revocación, que tenga relación con las otras.

Que si bien el reconocimiento constituye uno de los supuestos para la interrupción previstos en el citado artículo, el reconocimiento se expresó cuando el crédito ya se había extinguido pues ya había transcurrido el plazo para ello, lo cual está contemplado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2011, de rubro: PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A QUE SE CONSUMÓ EL PLAZO PARA QUE SE ACTUALICE AQUÉLLA NO LO INTERRUMPE.

2. En el concepto de violación segundo, expone la impetrante del amparo en esencia:

Que en la sentencia reclamada se aplicó indebidamente el artículo 52, fracción II, y dejó de observar lo establecido en los artículos 49, 50, 51, fracción III, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Que en la sentencia reclamada se hizo el indebido estudio de los conceptos de impugnación segundo y tercero de la ampliación a la demanda, los cuales transcribe, porque transgredió los principios de fundamentación y motivación y que expone lo que por ello se debe entender.

Que la Sala responsable al emitir la resolución reclamada no tomó en consideración, porque al estimar que la solicitud de información y documentación se encuentra debidamente fundada y motivada en cuanto a la competencia de la autoridad que la emitió, Dirección General de Fiscalización dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; al fundar su competencia en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México, en el cual, en las clausulas segunda, cuarta y novena, dispone que el objetivo del mismo es que las funciones de administración de los ingresos federales, se asuman por parte del Estado, respecto del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto empresarial a tasa única, así como su actualización, recargos y multas, dejando de estudiar que la resolución determinante del crédito fiscal viola en su perjuicio los derechos de legalidad y seguridad jurídica, al ser fruto de un acto viciado desde su origen, porque deriva de una solicitud en la cual la citada autoridad no adecua exactamente las normas invocadas en esa solicitud, ni en los oficios emitidos en ese procedimiento, porque señala de forma genérica que la información proporcionada por el contador que rindió el dictamen de estados financieros, no fue suficiente para conocer la situación fiscal, sin precisar las razones, quedando en estado de indefensión.

Que de la solicitud de informes y documentos contenida en el oficio (...) de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, se advierte que la Dirección General de Fiscalización, revisó el dictamen de estados financieros para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero que a juicio de la autoridad determinó que no había los elementos suficientes que permitieran tener el conocimiento pleno de su situación fiscal, para lo cual se le requirió diversa información y documentación, pero sin expresar de manera suficiente los motivos por los que se determinó que se actualizaba el supuesto establecido en el artículo 52-A, párrafo primero, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, lo cual fue de manera vaga, y que transcribe la parte conducente del citado oficio, del que se puede constatar que la citada dirección, incurre en una falta de motivación, en la emisión del referido oficio que no debe ser arbitrario.

Que el artículo 52-A, del Código Fiscal de la Federación, no contiene una facultad potestativa para la autoridad a efecto de solicitar cuando lo estime pertinente información al contribuyente, siendo que por el contrario establece una regla obligatoria acerca del procedimiento a seguir cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, en el cual deberá señalar cuales son los motivos o razones particulares por las que se consideró que no fueron suficientes las documentales entregadas para conocer su situación fiscal.

Que la resolución que determina el crédito fiscal número oficio (...) de once de febrero de dos mil dieciséis, carece de la debida fundamentación y motivación al citar disposiciones que no son aplicables a la revisión de gabinete por citar la cláusula segunda, fracción X, inciso b) del convenio de colaboración antes citado, ya que le mencionada clausula (sic) no guarda relación con las facultades de revisión ejercidas, y esas facultades de comprobación solo se apoyan en lo dispuesto en el artículo 42, segundo, tercero y cuarto párrafo y 48 fracciones I, II, III, ultimó párrafo del Código Fiscal de la Federación, pero que la liquidación original se basó en la fracción X, inciso b), del convenio en cita, y que no es aplicable al referirse a las facultades de comprobación ejercidas por la autoridad fiscalizadora, además de no señalar como fundamento los artículos 29 y 42, fracciones IV y V del Código Fiscal de la Federación, en el oficio de solicitud de información y documentación.

Octavo. Estudio del concepto de violación sistematizado:

A) Concepto de violación sistematizado como 1, inciso c):

El concepto de violación en estudio es fundado, por lo que a continuación se expone:

Para evidenciar la calificativa otorgada al concepto de violación en estudio es necesario traer a contexto el siguiente conjunto normativo:

Los artículos 37, 116, 117, 120, 121, 125, 130, 131, 133, 133-B, 133-C, 133-G, del Código Fiscal de la Federación son del contenido siguiente: (se transcriben).

Del anterior conjunto normativo, se advierte que en materia fiscal se encuentra contemplado como recurso en contra de los actos fiscales administrativos, el de revocación, mismo que procederá en los casos establecidos para ello.

Que el recurso de revocación es un medio optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Que el recurso de revocación debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto recurrido.

Que la autoridad deberá dictar resolución en el recurso y notificarla en un término que no exceda de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso.

Que el silencio de la autoridad significara que se ha confirmado el acto impugnado.

Que será decisión del recurrente esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado.

Asimismo dichos dispositivos regulan el sentido de resolución del recurso de revocación, para cuando se emite de forma expresa y las formas en que puede ser favorable al recurrente.

También se establece el procedimiento especializado para la tramitación del recurso de revocación.

En efecto de lo que interesa, es conveniente destacar que el recurso de revocación, es un medio de defensa ordinario que se interpone ante la propia autoridad que emite los actos administrativos fiscales.

Que ese medio de defensa tiene dos formas de atenderse:

Resolución Expresa:

Cuyo sentido será en términos del artículo 133 del Código Fiscal de la Federación antes transcrito, la cual deberá ser legalmente notificada.

Resolución Ficta:

La cual se ha establecido que deriva del silencio de la autoridad fiscal revisora, al no emitirse resolución o no haberla dado a conocer al recurrente en el plazo de tres meses posteriores a la presentación del recurso, conocida con el concepto de confirmativa ficta; esto es, que se confirma el acto impugnado tal cual fue emitido, reconociendo su legalidad y validez.

Precisándose que no es necesario notificarse para que se tenga como resuelta o nacida a la vida jurídica dicha confirmativa ficta, pues es precisamente la razón por la que se tiene por confirmada la resolución recurrida, ese hecho de la falta de notificación al recurrente de la resolución que debía emitirse en el recurso, y que en aras de no dejar en estado de inseguridad jurídica al gobernado, la intención del legislador respecto de esa figura, es que naciera a la vida jurídica derivado de la falta de dar a conocer al recurrente la resolución dentro del plazo establecido para emitirla.

En otro contexto es menester establecer lo siguiente en relación a la figura de la prescripción en materia fiscal.

En principio, debe señalarse que la prescripción, es una de las formas de extinción de las obligaciones fiscales, entre las que también se encuentran: el pago, la compensación, la condonación y la cancelación; que se surte con el transcurso de un tiempo determinado (cinco años, conforme se establece en el artículo 146, del Código Fiscal de la Federación).

Esta prescripción es de tipo negativa; es decir, es una institución jurídica sustantiva a través de la cual el legislador dispuso la extinción de obligaciones por el solo transcurso del tiempo y mediante las condiciones establecidas en la propia norma, que encuentra sustento en la circunstancia de que el titular del derecho (la autoridad acreedora) lo abandona sin justa causa, por su falta de exigencia frente al deudor (contribuyente), quien se libera de pleno derecho de la carga contraída, un crédito fiscal; lo anterior, solamente es factible cuando en un recurso o juicio de nulidad se opone como excepción ordinaria; o en vía de acción ante la exactora.

En esa tesitura, la prescripción no es una norma de carácter estrictamente procesal, sino sustantiva, porque regula una determinada situación de hecho y le otorga consecuencias jurídicas que extinguen un derecho y libera de la obligación correlativa, sin que sea óbice a lo anterior, que se encuentre regulada dentro de las disposiciones procesales, porque atañe al Procedimiento Administrativo de Ejecución, al establecer la extinción del crédito fiscal, la cual se ejercita precisamente como una excepción a través de un recurso administrativo (revocación) o en la demanda de nulidad; o como una acción en su caso ante la autoridad fiscal.

Al respecto, el artículo 146, del Código Fiscal de la Federación, dispone lo siguiente: (se transcribe).

El artículo anterior prevé la extinción de los créditos fiscales por el transcurso del tiempo, lo que se denomina como prescripción; señala que el término será de cinco años y que inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, las formas en que se puede interrumpir o suspender el plazo, y en el quinto párrafo, determina que el plazo en ningún caso, incluyendo cuando se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido; y destaca, que en el plazo de diez años no se computarán los periodos de suspensión.

Ahora la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2004-SS, en lo que interesa se basó en las consideraciones a continuación se sintetizan:

Que del numeral 146 del Código Fiscal de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33687-08239893/prescripcion-de-las-facultades-de-cobro-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.