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Modo: Corpus Pro

ACUERDO DE CONCLUSIÓN DE SERVICIO CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA CON UNO DE SUS ELEMENTOS. NO ES VEROSÍMIL QUE SE TRATE DE UN ACTO LIBRE Y VOLUNTARIO CUANDO SE REALIZA EN UN MACHOTE EN EL QUE EL SERVIDOR PÚBLICO RECONOCE QUE YA NO SE LE ADEUDA NINGUNA OTRA CANTIDAD POR NINGÚN OTRO CONCEPTO, SE DESISTE LISA Y LLANAMENTE A SU MÁS ENTERO PERJUICIO DE CUALQUIER JUICIO O PROCEDIMIENTO Y MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCIÓN LEGAL ALGUNA QUE EJERCER EN CONTRA DE LA SECRETARÍA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 623/2024. · Registro digital (IUS): 33989
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-08
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.573.

AMPARO DIRECTO 623/2024. 23 DE ENERO DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIO: ARTURO LEDESMA GONZÁLEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria del veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el dos de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ***** ******* ***** *****, por propio derecho, promovió juicio de amparo en el que señaló como acto reclamado la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro por la Octava Sala Regional Metropolitana del referido Tribunal en el juicio de nulidad 31369/21-17-08-2.

SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Recibida la demanda y los autos respectivos en este Tribunal, por acuerdo de su presidencia del diez de diciembre de dos mil veinticuatro, ordenó su admisión y la formación del expediente D.A. 623/2024; se tuvo como tercero interesada a la autoridad que intervino en el juicio de origen; y, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento.

TERCERO. TURNO. Encontrándose los autos debidamente integrados, por proveído de presidencia del ocho de enero de dos mil veinticinco se ordenó turnar el presente asunto a la ponencia de la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero para la elaboración del proyecto de sentencia.

CUARTO. LISTA. El diecisiete de enero de dos mil veinticinco se listó el presente asunto para ser resuelto en la sesión ordinaria del veintitrés posterior y/o siguientes; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. COMPETENCIA. El Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer del juicio de amparo directo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, 35, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se promueve contra una sentencia definitiva dictada por un tribunal administrativo que reside en la jurisdicción de este órgano judicial.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD. El juicio de amparo fue promovido oportunamente, ya que la sentencia reclamada se notificó por boletín jurisdiccional a la parte quejosa el diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro (foja 206 del juicio de nulidad), por lo que de conformidad con el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicha notificación surtió efectos al tercer día hábil siguiente, esto es, el veinte posterior, razón por la cual, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veintitrés de septiembre al catorce de octubre del año en cita.

No se toman en cuenta para el cómputo los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre, y uno, cinco, seis, doce y trece de octubre del año referido, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

Ver calendario

Por tanto, si la demanda de amparo se recibió el dos de octubre de la reseñada anualidad (foja 3 del toca de amparo), en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es evidente que se hizo en tiempo.

TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado en el presente juicio consistente en la resolución del veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro es cierto porque obra en el expediente del juicio de nulidad 31369/21- 17-08-2, remitido por la magistrada presidenta de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado, constante a fojas 198 a 204 la resolución reclamada en este juicio constitucional.

CUARTO. LEGITIMACIÓN. El juicio de amparo lo promueve la parte actora en el juicio de nulidad; por tanto, en términos del artículo 6o de la Ley de Amparo, está legitimada para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal.

QUINTO. No se transcriben las consideraciones de la sentencia reclamada, ni los conceptos de violación propuestos, por no ser un requisito de la sentencia en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 830, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.

Además, la magistrada ponente distribuyó a los integrantes del Pleno de este Tribunal, copias cotejadas con sus originales de la sentencia reclamada y de la demanda de amparo, dejando para constancia en el presente toca copia certificada de la citada sentencia.

SEXTO. ANTECEDENTES DEL CASO. Previamente al estudio de los planteamientos formulados a manera de conceptos de violación, este Tribunal Colegiado estima pertinente, para una mejor comprensión del asunto, informar los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias que integran el juicio de nulidad, de las que se advierte lo siguiente:

1) ***** ****** ***** ***** -en lo subsecuente el quejoso- acudió al juicio contencioso para demandar la nulidad del acuerdo celebrado el treinta de septiembre de dos mil veintiuno con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –en adelante la autoridad tercera interesada-, por virtud del cual dio por concluido el servicio como inspector PF006 para la Policía Federal.

2) Correspondió conocer de la demanda a la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en lo subsecuente la Sala responsable), la que por auto de su magistrado instructor del cinco de enero de dos mil veintidós, determinó desechar la demanda por notoria improcedencia.

3) Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por la Sala responsable mediante interlocutoria dictada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de infundado y confirmar el auto recurrido de desechamiento de demanda.

4) En contra de la resolución anterior, el quejoso promovió demanda de amparo de la que correspondió conocer a este cuerpo colegiado, quedando registrado bajo el número de expediente D.A. 716/2022.

5) Mediante ejecutoria dictada en sesión del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés por el Pleno de este Tribunal Colegiado en el expediente D.A. 716/2022, se resolvió conceder el amparo y protección al quejoso, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la interlocutoria reclamada y en su lugar emitiera una nueva en la que considere que el acto impugnado es una resolución definitiva competencia del Tribunal responsable, y que la demanda fue presentada en tiempo.

6) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala responsable emitió una nueva interlocutoria en la que se revocó el auto de desechamiento.

7) Mediante proveído del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés la Sala responsable admitió a trámite la demanda.

8) Desahogados los trámites procesales conducentes, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la Sala responsable dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

Para arribar a la anterior determinación, la Sala responsable estimó que del examen efectuado al acto impugnado y a las pruebas aportadas por las partes, no advertía que la demandada hubiera solicitado al aquí quejoso presentar y firmar su renuncia, o bien, que hubiere ejercido coacción sobre éste para que la presentara y firmara.

Expuso que el aquí quejoso debió aportar evidencia para acreditar que fue obligado a firmar bajo presión la renuncia, de ahí que sus argumentos se reducen a simples afirmaciones que no encuentran apoyo en ningún medio de prueba.

Precisó que el quejoso fue dado de baja por separación voluntaria, por lo que no acreditó la procedencia de la indemnización que solicitó.

Destacó que la demandada consideró la indemnización constitucional de tres meses y veinte días por año laborado, toda vez que del análisis que efectuó a la Plantilla de Compensación Económica por Término de la Relación Laboral expedida a favor del quejoso, advirtió que la autoridad demandada estableció: nombre, el número de expediente, el nivel/código del puesto, la fecha de ingreso a la dependencia, fecha de retiro, antigüedad reconocida, concepto a) Sueldo Integrado (tres meses y veinte días por año laborado), Impuesto Sobre la Renta retenido; pensión alimenticia; y total compensación neta.

Estableció que el quejoso no controvirtió los años de servicio que le fueron reconocidos, ni la cantidad que le fue entregada, ni el procedimiento aritmético, pues únicamente afirmó que no se le enteró la indemnización constitucional.

SÉPTIMO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En contra de la sentencia reclamada reseñada en el considerando que antecede, el quejoso aduce sustancialmente en el primer concepto de violación que la sentencia reclamada es inconstitucional e inconvencional, carece de congruencia y exhaustividad, y afecta sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

Expone que la Sala responsable no resuelve la cuestión efectivamente planteada en la demanda de nulidad, porque además de combatir el acuerdo celebrado el treinta de septiembre de dos mil veintiuno con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también controvirtió el escrito de renuncia y la planilla de compensación económica sin fecha.

Argumenta que contrario a lo determinado por la Sala responsable en la sentencia reclamada, el quejoso no realizó de común acuerdo la cuantificación de las prestaciones con la autoridad tercera interesada.

Narra que el acuerdo de conclusión impugnado en el juicio contencioso es un formato de “machote”, por medio del cual se pretende justificar una supuesta conformidad del quejoso, con la renuncia y el acuerdo de conclusión.

Relata que conoció del trámite, alcances y consecuencias jurídicas del acto impugnado en el juicio de nulidad, hasta el día en el que le fue presentado para firma.

Menciona que el quejoso no fue integrado a la Guardia Nacional, porque supuestamente no contaba con la edad para el cargo análogo que desempeñaba como policía federal, lo que resulta discriminatorio, aunado a que se le desconocieron derechos adquiridos.

Indica que la autoridad tercera interesada condicionó al quejoso para firmar de puño y letra, asentar su nombre completo, e imprimir su huella dactilar en el documento, por lo que se trata de una imposición para separarlo del cargo de manera injustificada.

Alega que la autoridad tercera interesada lo separó del cargo de forma injustificada, simulando un acto voluntario cuando se trata de una terminación ilegal del servicio que brindaba en la policía federal, sin que haya mediado causa justificada.

Señala que la Sala responsable se encuentra obligada a atender la causa de pedir y resolver la pretensión efectivamente planteada en la demanda, consistente en su derecho indemnizatorio.

Manifiesta que la Sala responsable no hace referencia a los planteamientos y documentos que acompañó a la demanda de nulidad, dado que omitió justificar de forma fundada y motivada, lo relativo a la “planilla por compensación económica”.

Refiere que la Sala responsable introduce razonamientos que rebasan la causa de pedir, al establecer que las partes cuantificaron de común acuerdo las prestaciones correspondientes a la “compensación económica”, lo que resulta desacertado, dado que el quejoso no es letrado, ni perito en derecho.

Sostiene que la “compensación económica” establecida en el acto impugnado, tiene naturaleza distinta a la indemnización que ordena la Constitución.

Pide a este Tribunal Constitucional que atienda las circunstancias del quejoso, relativas a la forma en la que se le separó del servicio que prestaba para la Policía Federal y al contexto en el que le fue impuesto el acuerdo de conclusión impugnado en la vía contenciosa.

Relata que al igual que a otros servidores públicos de la Policía Federal, se le impuso e instrumentó una forma de terminación de los efectos de la relación jurídica, que no fue voluntario.

Explica que la Sala responsable hace nulos sus derechos sociales, al no resolver respecto de la trasgresión a su derecho a ser indemnizado constitucionalmente, ante la separación injustificada de su cargo, denegando la indemnización y su cálculo con el mínimo de prestaciones establecidas para los trabajadores en general.

Agrega en el segundo concepto de violación que la sentencia reclamada trasgrede el Convenio sobre la discriminación en la ocupación y el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación, así como eliminar cualquier forma de discriminación.

Aduce que el artículo 123, apartado B, de la Constitución prevé que, si se resuelve la separación, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales, como en el caso, el Estado solo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones que tenga derecho.

Expone que en la tesis aislada 2a. LXIX/2011 de rubro: “SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.”, la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País determinó que, cuando un trabajador es separado injustificadamente de su empleo, como en el caso, debe cubrirse la indemnización constitucional con el monto de tres meses de salario y veinte días por año laborado.

Sustenta que la Sala responsable estaba obligada a resolver sus pretensiones en aplicación de la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

Añade en el tercer concepto de violación que son nulos los convenios que impliquen la renuncia de derechos o prestaciones devengadas, de conformidad con el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales.

Expone que la Sala responsable se encontraba obligada a pronunciarse oficiosamente con relación al acuerdo de conclusión y al pago de la compensación económica ilegal, al encontrarse involucrados derechos laborales, pues su carácter de empleado en la relación administrativa-laboral es análogo al de la parte obrera.

Invoca la jurisprudencia 2a./J. 195/2008(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE.”

Adiciona en el cuarto concepto de violación que los juzgadores de amparo deben realizar control de regularidad constitucional, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado.

Cita la jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)].”

Pide que se inapliquen las reglas de la interpretación del artículo 123, apartado B, de la Constitución, para el pago de la indemnización que le corresponde como policía, sustentadas por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, ya que, desde su apreciación, representan un trato desigual y discriminatorio que restringe derechos sociales.

Aduce que artículo 123 de la Constitución, reconoce un trato desigual en las relaciones laborales entre los particulares y los miembros de las instituciones policiales.

Menciona que toda vez que su separación como miembro de seguridad pública fue injustificada, tiene derecho a que se le cuantifique el pago indemnizatorio por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, prima de antigüedad, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo y cualquier otra prestación, así como salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir (salarios caídos), conforme establece la Ley Federal del Trabajo.

Relata que la autoridad tercera interesada no aclaró ni explicó cuáles eran los conceptos, montos, cálculos, operaciones y precisiones por las que llegó al monto que, de manera ilícita, definió como “compensación económica”.

OCTAVO. ESTUDIO DEL ASUNTO. La síntesis de los conceptos de violación que antecede permite observar que los problemas jurídicos a resolver en el presente asunto pueden sintetizarse de la manera siguiente:

1) Determinar si la Sala responsable resolvió la cuestión efectivamente planteada en la demanda de nulidad.

2) Resolver si el acuerdo de conclusión celebrado el treinta de septiembre de dos mil veintiuno con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por virtud del cual dio por concluido el servicio como inspector PF006 para la Policía Federal, fue voluntario; y, por ende, si el quejoso tiene derecho a la indemnización a que refiere el artículo 123 de la Constitución.

3) Determinar si los montos y cantidades establecidas en el citado acuerdo de conclusión del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se encuentran debidamente fundados y motivados.

Luego, con el propósito de resolver lo conducente, es necesario destacar que en el presente asunto opera la institución de la suplencia en la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que se dilucidan aspectos relacionados con la separación del servicio de un miembro de seguridad pública.

Al respecto es aplicable, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/2017 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo I, página 12, que dispone:

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentranen una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado.” En esa virtud, este Tribunal Colegiado dará respuesta en párrafos subsecuentes a los problemas jurídicos intitulados previamente, atendiendo la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación.

1) Determinar si la Sala responsable resolvió la cuestión efectivamente planteada en la demanda de nulidad.

El planteamiento del quejoso analizado en este apartado es infundado a juicio de este Tribunal Colegiado, porque del examen efectuado al considerando cuarto de la sentencia reclamada se desprende que la Sala responsable resolvió la litis efectivamente planteada en la demanda de nulidad.

Se expone tal aserto, porque en el fallo reclamado la Sala responsable se ocupó de atender las pretensiones del quejoso -relativas a que tenía derecho a ser indemnizado en términos del artículo 123 de la Constitución, al no ser voluntaria su baja del servicio para la Policía Federal-, estimándolas infundadas bajo la consideración esencial de que el actor no demostró, ni aun de forma indiciaria, que fue forzado a presentar su renuncia.

Para arribar a tal conclusión, la Sala estimó que del examen efectuado al acto impugnado y a las pruebas aportadas por las partes, no advertía que la demandada hubiera solicitado al aquí quejoso presentar y firmar su renuncia, o bien, que hubiera ejercido coacción sobre este para que la presentara y firmara.

Expuso que el aquí quejoso debió aportar evidencia para acreditar que fue obligado a firmar bajo presión la renuncia, de ahí que sus argumentos se reducen a simples afirmaciones que no encuentran apoyo en ningún medio de prueba.

Precisó que el quejoso fue dado de baja por separación voluntaria, por lo que no acreditó la procedencia de la indemnización que solicitó.

Destacó que la demandada consideró la indemnización constitucional de tres meses y veinte días por año laborado, toda vez que del análisis que efectuó a la Plantilla de Compensación Económica por Término de la Relación Laboral expedida a favor del quejoso, advirtió que la autoridad demandada estableció: nombre, el número de expediente, el nivel/código del puesto, la fecha de ingreso a la dependencia, fecha de retiro, antigüedad reconocida, concepto a) Sueldo Integrado (tres meses y veinte días por año laborado), Impuesto Sobre la Renta retenido; pensión alimenticia; y total compensación neta.

Estableció que el quejoso no controvirtió los años de servicio que le fueron reconocidos, ni la cantidad que le fue entregada, ni el procedimiento aritmético, pues únicamente afirmó que no se le enteró la indemnización Constitucional.

Basta lo reseñado para advertir que la Sala responsable dio respuesta exhaustiva a los argumentos del quejoso, con lo que se constata que en el caso, no existió violación de estudio, ni la vulneración a los principios de congruencia y exhaustividad, que en esta instancia se analizan.

Lo anterior, encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.” (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 62).”

Desde tal perspectiva, se concluye que la Sala responsable atendió de forma exhaustiva la litis efectivamente planteada en la demanda de nulidad, pues analizó los motivos de inconformidad sometidos a su consideración y expuso las razones y preceptos legales correspondientes, por tanto, lo aseverado por el quejoso en tal sentido, resulta infundado.

2) Resolver si el acuerdo de conclusión celebrado el treinta de septiembre de dos mil veintiuno con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por virtud del cual dio por concluido el servicio como inspector PF006 para la Policía Federal, fue voluntario; y, por ende, si el quejoso tiene derecho a la indemnización a que refiere el artículo 123 de la Constitución.

Los planteamientos analizados en el presente apartado son fundados a juicio de este Tribunal Colegiado, porque se considera que el quejoso demostró en el juicio contencioso, de forma indiciaria, que fue forzado a presentar su renuncia, con lo que acreditó el derecho a ser indemnizado en términos del artículo 123 de la Constitución.

Para exponer las razones que justifican la conclusión anticipada en este apartado, corresponde demostrar en primer término el desarrollo evolutivo del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal con relación a los miembros de las instituciones policiales, para luego precisar el concepto de indemnización constitucional, después diferenciar el despido justificado del injustificado, conocer lo que implica un cese o despido injustificado para un miembro de una institución policial y, finalmente, analizar el caso concreto con relación al acuerdo de conclusión de servicio que el quejoso celebró con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

I. Desarrollo evolutivo del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal en relación con los miembros de las instituciones policiales.

Empleando la metodología de estudio descrita, se impone en primer término, destacar que, en relación con los miembros de las instituciones policiales el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, establece lo siguiente:

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(...)

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

(...)

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(...)

XIII. Los militares, marinos, integrantes de la Guardia Nacional, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33989-1b454a0c/acuerdo-de-conclusion-de-servicio-celebrado-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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