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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/99. · Registro digital (IUS): 7106
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL P
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, , Pág. 32.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustenta la tesis que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VI, noviembre de 1997

"Tesis: I.5o.C. J/7

"Página: 446

"SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS ‘PARA’ O ‘EN’ EJECUCIÓN DE.-Conforme a una sana interpretación del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada para la ejecución de una sentencia, y la diversa en ejecución de la misma; por la primera, es decir, la pronunciada ‘para’ la ejecución de sentencia, en términos del precepto en cita, debe entenderse la que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, la que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la emitida ‘en’ ejecución de sentencia, no constituye precisamente la última determinación judicial, previa a su material ejecución, sino que está orientada en forma indirecta a preparar y lograr tal objetivo. En cuya virtud, si el proveído reclamado era impugnable a través del recurso de apelación por no constituir la última resolución dictada para la ejecución de sentencia, al no agotar el demandado dicho recurso ordinario, lo procedente es confirmar la resolución que desechó de plano su demanda de garantías por ser notoriamente improcedente el juicio de amparo indirecto intentado.

"QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 1593/90. Francisco Vergara Morteo. 10 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Secretario: Adalid Ambriz Landa.

"Amparo en revisión 1703/92. Manuel Garrido Patrón. 14 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera Ocampo. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto.

"Amparo en revisión 485/95. Mexamérica, S.A. 30 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera Ocampo. Secretario: David Solís Pérez.

"Amparo en revisión 2245/97. Ignacio Morán Sánchez y Eco 2000, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Sánchez. Secretaria: Ana Bertha González Domínguez.

"Amparo en revisión 2625/97. Sara Elena Betancourt Mendoza y otro. 2 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Sánchez. Secretaria: Ana Bertha González Domínguez."

La tesis en cuestión se emitió al resolver los siguientes amparos en revisión, números RC. 1593/90, RC. 1703/92, RC. 485/95, RC. 2245/97 y RC. 2625/97, en los que en esencia sostiene:

RC. 1593/90:

"CUARTO.-El único motivo de inconformidad que formula el quejoso y aquí recurrente, es infundado. En efecto, no le asiste razón legal al impugnante, cuando aduce que el Juez de Distrito le ocasionó agravio al desechar su demanda de garantías por estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo; cuando, siguió argumentando el recurrente, tal supuesto no era aplicable al caso porque el auto que se le notificó y contra el cual interpuso su nulidad, se dictó en el periodo de ejecución de sentencia, y que de conformidad a lo establecido en el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admite otro recurso que el de responsabilidad, y si fuese sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior. La argumentación anterior, como ya se apuntó, es infundada, habida cuenta que es correcta y legal la apreciación sustancial del a quo federal, de que el acto que reclamó el quejoso en el amparo, es decir, el proveído de catorce de junio de mil novecientos noventa, por virtud del cual el Juez Décimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario ‘desechó’ dar curso legal al incidente de nulidad, que hizo valer dicho peticionario de garantías, contra la notificación efectuada el tres de mayo de mil novecientos noventa, resultaba apelable en términos del artículo 691, segundo párrafo, del código adjetivo en cita; pues, y no obstante que la potestad federal no lo razonó cabalmente, de cualquier modo este Tribunal Colegiado comparte el criterio de que el acto reclamado, es decir, el proveído de catorce de junio de mil novecientos noventa (visible a fojas 124 del principal) no el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, como lo expuso el inconforme en su escrito aclaratorio de la demanda de garantías, visible a fojas 127, era impugnable a través del recurso de apelación; ello no obstante que fue dictado en el periodo de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio natural del cual emana el acto reclamado, acorde con el siguiente razonamiento: En efecto, conforme a una sana interpretación del artículo 527 del código procesal en la materia, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada para la ejecución de una sentencia, y la diversa, en ejecución de la misma; por la primera, es decir, la pronunciada ‘para’ la ejecución de sentencia, en términos del artículo 527 del código adjetivo en cita, debe entenderse como la que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio la emitida ‘en’ ejecución de sentencia, no constituye precisamente la última determinación judicial, previa a su material ejecución, sino que está orientada en forma indirecta a preparar y lograr tal objetivo. De esta guisa, si en la especie el acto reclamado, como ya se vio, consistió en el proveído de catorce de junio de mil novecientos noventa, que ‘desechó’ o negó dar trámite al incidente de nulidad que propuso el quejoso en contra de la notificación practicada el tres de mayo de mil novecientos noventa, visible a fojas 118 del principal y mediante la cual se notificó al quejoso y aquí recurrente Francisco Vergara Morteo, el acuerdo de veintisiete de marzo de mil novecientos noventa, que ordenó se hiciera saber a éste que contaba con el término de treinta días para desocupar el inmueble materia del juicio natural, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo sería lanzado a su costa, resulta inconcuso que tal proveído que se pretendía nulificar, se dictó ‘en ejecución’ de sentencia y por ello mismo no era el último que dictaría el órgano jurisdiccional orientado al cumplimiento y ejecución de la sentencia en el principal; cuestión esta que inclusive queda corroborada en las propias constancias, pues a fojas 126 obra el diverso auto de veintidós de junio del año próximo pasado, acordando que en virtud de que el demandado y hoy recurrente no desocupó el bien inmueble en el término concedido, se ordenaba su lanzamiento en los términos acordados. Todo lo antes expuesto permite concluir que, como correcta y legalmente lo apreció el Juez Federal, el referido acto reclamado en el amparo dictado ‘en’ y no ‘para’ la ejecución de sentencia resultaba impugnable a través del recurso de apelación por no constituir la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y por medio del cual podía ser modificado, nulificado o revocado el acto combatido y por ende, al no agotarse el principio de definitividad en el caso se surtió la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo; y en consecuencia, lo procedente en el caso es confirmar la resolución recurrida."

RC. 1703/92:

"CUARTO.-Los conceptos de agravio transcritos anteriormente, son infundados.-En efecto, contrariamente a lo sostenido en los citados agravios, la sola lectura de la transcripción que de los autos reclamados hace el recurrente en su demanda de amparo (fojas 2 y 3), pone en evidencia que la sustancia jurídica de los mismos únicamente se contrae a tener por desahogada la vista ordenada por diverso proveído de fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y dos y a no tener por ofrecidas las pruebas que relacionó el propio recurrente, dada la naturaleza del incidente de que se trata y con la salvedad de las documentales que acrediten el ‘cumplimiento del convenio’; de lo anterior, se sigue que los autos reclamados fechados el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, dictados por el Juez responsable en los cuadernos números 1 y 2 del expediente 484/90, en el incidente de cumplimiento de convenio, relativo al divorcio voluntario de Mónica Cordero Pretelin y Manuel Garrido Patrón, si bien se encuentran dictados en la etapa procesal de ejecución de sentencia, no constituyen precisamente la última determinación judicial previa a su ejecución material, sino solamente se orientan, en forma indirecta, a preparar y lograr ese objetivo, de lo que resulta con toda claridad que los precitados autos materia de la reclamación constitucional, se traducen en resoluciones dictadas ‘en’ ejecución de sentencia, de ahí que siendo la resolución recurrida congruente con lo que antecede no se ocasionó agravio alguno al amparista. Resulta aplicable al respecto, la tesis que sin constituir jurisprudencia, constituye precedente, sustentada por este cuerpo colegiado, publicada en la página 252 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, visible bajo el número TC0105341.CIV, que establece: ‘SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS «PARA O EN» EJECUCIÓN DE.’ (la transcribe).-De lo anterior, se colige lo erróneo de las afirmaciones del recurrente, cuando indica que basta la lectura de los antecedentes, que provocaron los proveídos reclamados, así como de las prestaciones que le reclama en el juicio natural su ex-esposa, para determinar que se está ordenando la ejecución de lo acordado en el convenio en cuestión; y ello es así, puesto que tal aseveración es falsa, en atención a que en los autos reclamados, como ya se ha dicho, el Juez responsable solamente se contrajo a tener por desahogada la vista ordenada por diverso acuerdo y a no tener por ofrecidas las pruebas con relación al hoy inconforme, siendo de destacarse que en tales autos no se ordena en forma alguna la ejecución de lo acordado por las partes en el convenio ni lo aprobado por la sentencia del juicio de divorcio voluntario en cuestión. Debiendo aclararse que todos los acuerdos o resoluciones que no se encuentran encaminados en forma directa e inmediata al cumplimiento o ejecución de las sentencias dictadas en los juicios del orden civil, aunque sean pronunciadas en dicha etapa, son regidos por las normas generales que regulan la procedencia de los recursos y, por tanto, el recurso idóneo en contra de los autos materia de la reclamación constitucional, es el de apelación, por ser apelable la sentencia definitiva, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal con el artículo 723, fracción III, del citado código, en que el recurso de queja procede contra la denegación de apelación, sin distinguir la diversidad de situaciones procesales en las que la apelación puede ser negada y así las cosas, la Juez de Distrito tuvo la razón al afirmar que si bien el quejoso mencionó en su demanda que los actos reclamados los impugnó mediante los recursos de revocación y apelación, que le fueron denegados por la autoridad responsable, ello no era obstáculo para la actualización de la causal de improcedencia hecha valer en el fallo recurrido, puesto que ciertamente lo conducente era continuar tales recursos hasta sus últimas consecuencias, es decir, impugnar la denegada apelación a través del recurso de queja correspondiente o en su caso, combatir en la instancia constitucional la no admisión del recurso hecho valer y no así acudir en amparo en contra de los autos en cuestión. Son aplicables en lo conducente, las tesis de jurisprudencia número 17, la tesis sin constituir jurisprudencia constituye precedente, número TC0105168.CIV, sustentadas por este Tribunal Colegiado, publicadas, la primera en las páginas 53 y 54 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 46, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y uno, y la segunda, en la página 107 del Tomo III, Segunda Parte-1, del mencionado Semanario, Octava Época, que establecen lo siguiente: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA, RESOLUCIONES DICTADAS EN EL PERIODO DE. APELABLES.’ (la transcribe), y ‘APELACIÓN DENEGADA. QUEJA PROCEDENTE.’ (la transcribe).-Consecuentemente y toda vez que en la especie se está ante la presencia de actos reclamados que caen dentro de la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, resulta incuestionable que se actualizó la causal de improcedencia en cuestión, por lo que es apegada a derecho la resolución recurrida que desechó de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la propia Ley de Amparo, por lo que procede confirmarla en sus términos."

RC. 485/95:

"CUARTO.-En el escrito de expresión de agravios materia del presente recurso, la representación de la sociedad disconforme se duele, en primer orden, de un acuerdo dictado por la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal durante el desarrollo de la audiencia constitucional celebrada en los autos del juicio de amparo indirecto que en grado de revisión se analiza, cuestión que es susceptible de ser analizada en esta instancia atento a lo dispuesto por el artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo.-La determinación en contra de la que se inconforma la recurrente consiste en el desechamiento que se hizo de la prueba documental que ofreció bajo el apartado ‘1’ de su escrito relativo, esto es, de las actuaciones existentes en el juicio ordinario civil seguido por COTSA en contra de Mexamérica, S.A., ante el Juzgado Décimo Segundo del Arrendamiento Inmobiliario en el Distrito Federal.-Al respecto, se afirma que la Juez de amparo al emitir el proveído que nos ocupa contravino lo dispuesto por el artículo 78 de la ley de la materia, ya que, se dice, la a quo federal de manera incorrecta estableció que dicho medio de convicción no debía admitirse ni ser tomado en consideración al no haber sido rendida ante la autoridad responsable; que lo anterior era incorrecto porque dichas constancias sí habían sido rendidas en el juicio común del que derivaron los actos reclamados en el amparo y por tanto conocidas y tomadas en cuenta por la autoridad responsable. En ese sentido, la quejosa recurrente manifiesta que en la diversa prueba documental que ofreció al juicio de garantías bajo el apartado ‘2’ de su escrito de pruebas, consistente en las ‘actuaciones’ del juicio especial de desahucio perseguido por COTSA en contra de la quejosa ante el Juzgado Décimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario en el Distrito Federal, existe el auto de veintidós de febrero de mil novecientos noventa y tres que acuerda la promoción de la demandada de trece de febrero de ese propio año, en donde, según dice, se tuvo a dicha parte exhibiendo en vía de prueba la copia certificada de todas las actuaciones del juicio ordinario civil tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, antes indicado.-Asimismo, se hacen valer diversas cuestiones tendientes a demostrar que la omisión en la valoración del medio de prueba desechado por la a quo federal ocasiona a la sociedad peticionaria de garantías un perjuicio irreparable.-Los antes referidos conceptos de agravio se estiman infundados por una parte e inatendibles por otra.-En efecto, este tribunal revisor estima que la Juez de garantías desechó acertadamente la prueba documental a que se contrae el presente argumento de impugnación y por ello deben declararse infundados los conceptos de agravio que pretenden demostrar lo contrario.-Se afirma lo anterior, pues según se advierte de la copia certificada de las constancias que integran el expediente 1047/92, relativo al juicio especial de desahucio seguido por Compañía Operadora de Teatros, S.A. de C.V., en contra de Mexamérica, del índice del Juzgado Décimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario de esta ciudad, que merece pleno valor probatorio según lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, lo siguiente: Es verdad que la demandada al dar contestación a la reclamación y oponer excepciones, ofreció como prueba para demostrar estas últimas, entre otras, la instrumental pública consistente en la copia certificada de las actuaciones existentes en el expediente número 337/92, juicio ordinario civil, iniciado por COTSA en contra de Mexamérica, S.A., ante el Juzgado Décimo Segundo del Arrendamiento Inmobiliario (foja 496); por auto de nueve de febrero del propio año, el juzgador común acordó, en lo que interesa, tener por contestada la demanda y desechó las excepciones opuestas, salvo la de pago (f. 507); por escrito presentado ante dicho juzgador el trece de febrero del año de que se trata, la enjuiciada interpuso recurso de apelación en contra de la decisión judicial que antecede (f. 519), medio de defensa que se admitió por acuerdo de quince del propio mes y año (f. 521); por auto de dieciocho del mes y año en cuestión, el a quo común, al acordar una promoción de la actora, desechó las pruebas ofrecidas por la sociedad enjuiciada y citó a las partes para oír sentencia (f. 525); el mismo día dieciocho el a quo común dictó sentencia de fondo en los autos del juicio especial de desahucio (f. 526 y 528); mediante escrito presentado ante el juzgador natural el dieciocho de febrero del año de que se trata, Mexamérica, S.A., exhibió copia certificada de las constancias que integran el expediente número 337/92, del juicio ordinario civil tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo del Arrendamiento ya referido (f. 529); el veintidós del mes y año a que se viene haciendo referencia se proveyó guardar en el seguro del juzgado las constancias exhibidas y señaló a la ocursante que debió estarse al proveído de nueve de febrero ya de autos (f. 531); cabe señalar que si bien existe constancia de que la enjuiciada apeló tanto de la sentencia de fondo como del auto de dieciocho de febrero ya aludidos (f. 532 y 535), también consta en autos que la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el catorce de junio de mil novecientos noventa y dos, dictó sentencia definitiva en el toca de apelación 753/93, confirmando la resolución pronunciada por el Juez Décimo Cuarto del Arrendamiento (f. 540 a 544); asimismo, aparece que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la enjuiciada (f. 539).-Lo anterior evidencia con notoria claridad que la recurrente se aparta de la realidad al expresar los agravios que nos ocupan, cuenta habida de que como con toda exactitud lo hizo notar la a quo federal, las constancias judiciales que la quejosa pretendió que fueran admitidas en el juicio de amparo, constituían un medio de convicción que no se había rendido ante la autoridad responsable, razón por la cual dicho medio convictivo de ninguna forma podía haber sido admitido en el amparo, pues así lo determina el artículo 78 de la ley de la materia.-En otras palabras, si bien Mexamérica, S.A., exhibió en el juicio especial de desahucio radicado en el Juzgado Décimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario, en vía de prueba, copia de las actuaciones habidas en el diverso procedimiento ordinario civil tramitado ante el Juez Décimo Segundo de la materia arriba indicada, también se debe puntualizar que el juzgador mencionado en primer sitio, desechó dicho medio de convicción y consecuentemente, no lo tomó en cuenta al resolver la controversia especial referida; luego, si no se deben admitir ni tomar en consideración en el juicio de amparo, las pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable (artículo 78), la Juez Tercero de Distrito ajustó su proceder conforme a derecho al desechar la prueba instrumental de que se trata, por lo que al respecto no es dable establecer ningún agravio en demérito de la quejosa recurrente.-Por lo anterior, deben declararse inatendibles los argumentos de impugnación que tienden a evidenciar que la omisión en la valoración de la probanza que nos ocupa causó un perjuicio a Mexamérica, S.A., pues si la misma no era susceptible de ser admitida en la controversia constitucional nada puede alegarse respecto de su valoración.-En otro aspecto, los agravios que se enderezan en contra del fallo constitucional, son infundados en parte e inatendible en otra.-En efecto, en contra de lo que se aduce, debe señalarse que la a quo correctamente sobreseyó en el juicio de amparo respecto del primer acto reclamado con base en lo previsto por el artículo 73, fracción XIII, de la ley de la materia. Dicho acto lo constituye el acuerdo pronunciado por el Juez responsable el diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la fase de ejecución de sentencia, y su texto es el siguiente: (lo transcribe).-La recurrente afirma que al haberse acordado ‘para los efectos legales a que haya lugar’ y estando el asunto en el periodo de ejecución de sentencia los efectos de dicho proveído no podían ser otros, que darle facultades ‘al ocursante’ para exigir el cumplimiento de la sentencia; que al habérsele reconocido personalidad a Ricardo Zúñiga Medina en el juicio común, dado su estado procesal, la mención para los efectos legales a que haya lugar, no podían ser otros que cumplimentar la orden de lanzamiento ya dictada en autos; que el propio Zúñiga Medina al presentar un escrito ante la potestad jurisdiccional común el veintisiete de octubre del año próximo pasado, señaló que solicitaba su acreditación como apoderado de la actora para el seguimiento del juicio; que el auto de diez de noviembre pasado es una resolución dictada ‘para’ la ejecución del fallo que, según se dice, no admitía en su contra medio ordinario de defensa atento a lo previsto por el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; que lo anterior no se afecta por el hecho de que el quince de noviembre próximo anterior Ricardo Zúñiga Medina hubiera presentado una promoción solicitando que los autos fueran enviados a la oficina correspondiente para ejecutar la orden de lanzamiento correspondiente.-Tales manifestaciones de inconformidad resultan, como se tiene dicho, infundadas, cuenta habida de que el auto de diez de noviembre ya transcrito, sí admitía recurso de apelación en su contra. Ciertamente, según lo previene el numeral arriba citado, de las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad y si fuere sentencia interlocutoria, el de queja por ante el superior.-Así, debe distinguirse jurídicamente entre lo que constituye una resolución dictada para la ejecución de una sentencia, y distinta, en ejecución de ella; por la primera debe entenderse aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución del fallo, por su propia naturaleza no requiere de otra determinación legal; en cambio, la segunda no constituye precisamente la última determinación judicial, previa su material ejecución, sino que está orientada en forma indirecta a preparar y lograr tal objetivo. Siguiendo ese orden se obtiene que todos los acuerdos o resoluciones que no estén encaminados en forma directa e inmediata al cumplimiento o ejecución de las sentencias dictadas en los juicios civiles (que no sean ‘para’ la ejecución), aun cuando se pronuncien en ese periodo, se rigen por las normas generales que regulan la procedencia de los recursos.-Conforme a lo anterior, se colige que el auto reclamado por la quejosa pronunciado por el Juez responsable en el sentido de reconocerle personalidad a Ricardo Zúñiga Medina, como apoderado de la actora y ‘para los efectos a que haya lugar’, no es una decisión encaminada directa e inmediatamente a la ejecución del fallo correspondiente, en todo caso y como sucedió en la especie requirió de otra determinación legal para obtener la referida ejecución, de lo que se sigue que dicho acto reclamado resultaba impugnable a través del recurso de apelación, tal y como lo patentizó la Juez de Distrito; en consecuencia, ningún demérito es dable constatar en relación con la recurrente.-En apoyo a lo anterior, cabe citar la tesis número 341, emitida por este cuerpo colegiado, consultable en la página 252, Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de 1991, Octava Época, que dice: ‘SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS «PARA O EN» EJECUCIÓN DE.’ (la transcribe).-En otro aspecto, este cuerpo colegiado encuentra que las alegaciones que externa la quejosa recurrente en relación con la legitimación de la actora, cuestión que, según se afirma, debe examinarse de oficio aun en esta instancia constitucional son inatendibles; ello es así, pues como ya se vio, el auto mediante el cual se reconoció tácitamente legitimación al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, y personalidad al indicado Zúñiga Medina, necesariamente debió de haber sido materia de análisis en el recurso de apelación que procedía en contra de dicho proveído y al no haberse hecho valer dicho medio de impugnación por la demandada, tales circunstancias jurídicas deben considerarse como consentidas por dicha parte, atento a los principios de preclusión y firmeza que rigen en nuestra materia, sin que este órgano colegiado pueda válidamente emitir pronunciamiento al respecto.-Finalmente, debe señalarse que también son infundadas las manifestaciones de inconformidad aducidas en contra de los razonamientos que presenta la a quo federal en el fallo sujeto a revisión, relativos a declarar inatendibles los conceptos de violación expresados en contra del segundo acto de autoridad que se reclamó en la causa constitucional. En primer lugar, porque en contra de lo que se argumenta, dicha juzgadora no declaró inatendible el acto reclamado, sino los motivos de inconformidad aducidos en su contra. Y en segundo, porque como lo determinó la a quo federal y este órgano revisor constata, los argumentos declarados inatendibles no guardan relación con el auto que se señaló como acto reclamado (el acuerdo de dieciocho de noviembre pasado), pues, según se advierte, se encuentran encaminados esencialmente a combatir la diversa determinación del a quo común de otorgar legitimación a una sociedad diversa a la que inició el juicio natural y personalidad a quien promovió en nombre de dicha persona moral, por lo que bien hizo la juzgadora de garantías al desestimar tales alegaciones.-En esas condiciones, al resultar infundados e inatendibles los agravios en estudio, lo que procede es confirmar la resolución sujeta a revisión."

RC. 2245/97:

"QUINTO.-Son infundados los agravios que formula la parte recurrente, como se verá a continuación.-En sus agravios, la inconforme manifiesta que el Juez de Distrito violó en su perjuicio el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al señalar que en contra del proveído de veinticinco de abril del año en curso, procedía el recurso de revocación siendo que el acto reclamado es una resolución dictada para la ejecución de una sentencia, la cual admite únicamente el recurso de responsabilidad; asimismo, que el acto reclamado es la última resolución dictada en el procedimiento respectivo por lo que sí se da el supuesto de procedencia del juicio de amparo, conforme a la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo.-En primer lugar, debe distinguirse entre lo que se entiende por una resolución dictada ‘para la ejecución de una sentencia’ y por una resolución dictada ‘en ejecución de sentencia’; la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución dictada en ejecución de sentencia, no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo.-Así lo ha sostenido este Tribunal Colegiado en la tesis I.5o.C.341 C, visible en la foja 252 y 253 del Tomo VII, correspondiente al mes de abril de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ‘SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS «PARA O EN» EJECUCIÓN DE.’ (la transcribe).-Conforme a lo anterior, el acuerdo reclamado, de fecha veinticinco de abril del año en curso, que ordena que las notificaciones personales pendientes a la parte demandada la surtan por boletín judicial, no es un acto dictado para la ejecución de la sentencia, como lo aducen los revisionistas, toda vez que éste requiere de otra determinación legal para ejecutar la misma, como puede ser la aprobación del remate, sino que se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia, ya que no está encaminado en forma directa e inmediata a preparar la materia de la ejecución del fallo correspondiente, debido a que fue dictado para dar cumplimiento a una notificación personal ordenada en diverso auto de once de abril de mil novecientos noventa y siete, en el que se puso en conocimiento de las partes la llegada de los autos al juzgado de origen; en tal virtud, contrariamente a lo manifestado por los inconformes, en el caso no es aplicable el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.-Tampoco puede decirse que es el último acto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7106-dedbbbef/amparo-indirecto-significado-de-la-expresion-ultima-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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