TRIBUNALES AGRARIOS. SU FACULTAD DE RECABAR PRUEBAS Y ORDENAR DILIGENCIAS O SU AMPLIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 186 Y 187 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE EJERCITARSE ATENDIENDO A LA SITUACIÓN ESPECIAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO.

Si bien es cierto que de los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria se advierte que: a) en el juicio agrario son admisibles toda clase de pruebas no contrarias a la ley; b) el tribunal respectivo tiene la facultad de ordenar, en todo tiempo, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia para fines probatorios, con miras a conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, así como girar oficios a las autoridades para que expidan documentos; c) los terceros están obligados a prestar ayuda a los tribunales, exhibiendo documentos y cosas que obren en su poder; y, d) el tribunal tiene facultades para suplir la queja deficiente en los planteamientos de derecho cuando se trata de ejidatarios, respetando el equilibrio procesal de las partes; también lo es que ello no lleva a concluir que, indefectiblemente, los tribunales agrarios tengan que ejercer la facultad de recabar pruebas y ordenar diligencias o su ampliación y perfeccionamiento en todos los casos, pues esa potestad, aun cuando puede adquirir el matiz de obligatoriedad, debe ejercerse en atención a la situación especial dentro del juicio correspondiente. Ello, porque en los juicios tramitados ante el tribunal agrario se encuentran claramente establecidas las cargas probatorias de las partes, en el sentido de que al actor le corresponde probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado sus excepciones, esto es, la parte interesada en demostrar un punto de hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación y desahogo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.