UTILIDAD PUBLICA.

En los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, el ejercicio de las acciones que correspondan a la nación, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, remate o venta de las tierras y aguas de que se trate, y de todas sus accesiones, y contra la ejecución de esos procedimientos que se basan en lo mandado por el artículo 27 constitucional, no cabe conceder la suspensión.