LEY AGRARIA.

De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Corte, las autoridades agrarias no están obligadas, al aplicar la Ley de 6 de Enero de 1915 y sus correlativas, a observar más requisitos que los prevenidos por la misma ley y por el artículo 27 constitucional; y ni una ni otro disponen que las dotaciones de ejidos deban hacerse mediante juicio ante los tribunales, sino por las autoridades administrativas.