REPARACION DEL DAÑO EXIGIDA POR EL OFENDIDO, ES IMPROCEDENTE.

La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño; ésta forma parte de la pena pública. La Ley de Amparo se adapta a estas disposiciones y establece que sólo hay dos caminos o posibilidades para que el ofendido ocurra al amparo: cuando se trate de exigir la reparación del daño o responsabilidad civil en contra de un tercero, y cuando se trate de actos relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes afectos a la reparación o a la responsabilidad civil. Fuera de estos casos no tiene derecho el ofendido a solicitar amparo cuando se trata de exigir la reparación del daño directamente del acusado, pues si el ofendido ocurre al amparo se entrará al fondo del asunto y se llegaría, en caso de concederlo, a la aplicación de una pena pública a petición del ofendido que no es sino la parte civil y no a petición del Ministerio Público, lo que chocaría abiertamente con lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, que establece en forma categórica que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público; igualmente chocaría con los preceptos de la Legislación Penal substantiva relativos a la reparación del daño.