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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. SI SE DECRETA SIN QUE EXISTA CONDENA O ABSOLUCIÓN AL PAGO DE COSTAS JUDICIALES, EL DEMANDADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 337/2021. · Registro digital (IUS): 31335
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-03-24
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, Pág.3783.

AMPARO DIRECTO 337/2021. 26 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: JUAN GARCÍA OROZCO. SECRETARIA: DENISSE FREGOSO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Síntesis histórica del asunto. Los datos necesarios para resolver el presente juicio de amparo, se destacan a continuación:

1. Presentación de la demanda. **********, mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil diecisiete ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Tepic, demandó en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción reivindicatoria a ********** y **********, ambas de apellidos **********, las prestaciones siguientes:

"A) Por la declaración judicial de que la suscrita actora ********** soy propietaria legítima del inmueble ubicado en la calle **********, número ********** de la colonia ************ de esta ciudad de Tepic, Nayarit, mismo inmueble que se identifica como: casa habitación marcada con el número ********** de la calle **********, construida sobre el lote de terreno número **********, de la manzana número **********, de la unidad habitacional **********, también conocida como la colonia ********** primera etapa en esta ciudad, con una superficie de terreno de ********** metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al noroeste mide ********** metros y colinda con la calle **********, al sureste mide ********** metros y colinda con lote número ********** y al suroeste mide ********** metros y colinda con baldío.

"Dicho inmueble con la clave catastral número **********.

"B) Por la desocupación y entrega de dicho inmueble por parte de las hoy demandas ********** y ********** a favor de la suscrita actora ********** con todos sus frutos y accesiones.

"C) Por el pago de los daños y perjuicios ocasionados y que ascienden al equivalente a la cantidad de $********** (********** 00/100 moneda nacional) en forma mensual, calculados a partir de la fecha en que las hoy demandas vienen ocupando en contra de mi voluntad dicho inmueble.

"D) Por el pago de gastos, costas y honorarios que el presente juicio origine hasta su total culminación."

2. Trámite de la demanda. El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Tepic, Nayarit, previo requerimiento, admitió a trámite la demanda en la vía propuesta, ordenó registrarla con el número ********** y emplazar a juicio a las demandadas, para que dentro del término de nueve días dieran contestación a la misma.(10)

El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete la demandada **********, promovió incidente de nulidad de actuaciones por falta o defectos en el emplazamiento;(11) el veinticinco siguiente se admitió y se ordenó correr traslado a la actora ********** en el juicio principal; se le previno para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, y se suspendió el procedimiento ordinario civil hasta tanto se resolviera el incidente planteado.(12)

Además, se tuvo a ********** y **********, dando contestación a la demanda presentada en su contra, oponiendo excepciones y defensas y, respecto a la reconvención hecha valer, se determinó que se acordaría lo conducente una vez resuelto el incidente planteado.

El quince de febrero de dos mil diecinueve, la Juez Primero Civil de Primera Instancia con residencia en Tepic, Nayarit, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la demandada **********, lo declaró infundado, ordenó levantar la suspensión y hacer del conocimiento de las partes que contaban con cinco días para inconformarse contra la interlocutoria.

El doce de marzo de dos mil diecinueve, la Juez de primera instancia tuvo por recibido el escrito de apelación interpuesto por las demandadas contra la citada resolución, mismo que desechó porque dijo se hizo valer fuera del término otorgado.

Luego, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el juzgado de origen en atención al escrito enviado por la actora y al estado de las actuaciones, decretó la caducidad del juicio por inactividad procesal, por haber transcurrido el término de ciento ochenta días establecido por el artículo 268 del código procesal aplicable pues, dijo: "de la notificación practicada al autorizado judicial de la parte demandada **********, el día veintidós de marzo de dos mil diecinueve, a la fecha no existe promoción alguna de las partes tendiente a impulsar el procedimiento, evidenciándose que a esta fecha ya había transcurrido el término de ciento ochenta días naturales que la ley establece para la caducidad de la instancia. Lo anterior, porque como se precisó (conforme al artículo 268 del código procesal civil), para que se actualice la caducidad de la instancia debe transcurrir sin impulso procesal de las partes, el término de referencia, a partir del día siguiente de la última actuación judicial y, si ésta se realizó el día veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el primer día del cómputo corresponde al día veintitrés de marzo de dos mil diecinueve.

"En efecto, de un simple cómputo cronológico, se desprende que el término de referencia se completó, precisamente, el día dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve."

3. Recurso de apelación. En desacuerdo con el sentido de dicha actuación, las demandadas *********** y **********, ambas de apellidos ************, interpusieron recurso de apelación en su contra del cual conoció la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, quien lo tramitó por sus cauces legales y el diez de marzo de dos mil veintiuno dictó sentencia definitiva en la que resolvió:

"Primero. Los agravios expresados por las demandadas apelantes ********** y **********, ambas de apellidos **********, se califican de infundados en su totalidad, por tanto:

"Segundo. Se confirma el auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Tepic, Nayarit."(13)

QUINTO.—Sobreseimiento del juicio. En el caso, es innecesario analizar las consideraciones de la sentencia reclamada conforme a lo planteado en los conceptos de violación formulados por las quejosas, atento a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo examen es oficioso por disposición del artículo 62 de la misma ley(14) e impide el análisis de fondo, porque el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado.(15)

Para justificar la improcedencia del asunto, debe precisarse que el juicio de amparo no es absoluto e irrestricto, esto es, no puede acudirse a él en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia sino que, previo al estudio de fondo, deben cumplirse ciertos requisitos formales.

En efecto, para acceder al juicio de amparo, el artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República establece presupuestos denominados "causales de improcedencia" que, según el momento en que el juzgador de amparo detecte su actualización, éstas pueden conducir bien a desechar la demanda(16) o, bien, a decretar el sobreseimiento en el juicio,(17) en audiencia constitucional o fuera de ella,(18) inclusive, en el recurso de revisión,(19) cuando aquél ya se hubiese admitido a trámite.

Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la existencia y aplicación de causales de inadmisibilidad –causales de improcedencia en el juicio de amparo– de un recurso, es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, en el mismo sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal del País ha establecido(20) que aquéllas, en sí mismas, no violan el derecho de acceso a la impartición de justicia y, específicamente, el derecho a un recurso judicial efectivo.

Lo anterior obedece a razones de seguridad jurídica, tanto para la correcta y funcional administración de justicia, como para la efectiva protección de los derechos de las personas, pues admitir una amplitud del juicio de amparo sin permitir al juzgador analizar requisito de procedibilidad alguno, ocasionaría un abuso excesivo del mismo, incluso, como práctica dilatoria.

Ello, a su vez, paralizaría la impartición de justicia en perjuicio de los gobernados, ocasionando demora excesiva y causando perjuicio al derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su aspecto de justicia pronta.

Ahora, es importante destacar que en el juicio de amparo mexicano, la regla general es su procedencia y el estudio de fondo consiguiente, en tanto la excepción es la actualización de alguna causal de improcedencia.

En consecuencia, estas últimas deben interpretarse de manera estricta, para hacer efectiva la salvaguarda de las normas sobre derechos y libertades; de lo que deriva que, ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, el juzgador debe acoger la que evite riesgos de indefensión para el promovente, lo que es acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva.(21)

El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos tutelados por la Constitución –incluso los previstos en los tratados internacionales en los que el Estado sea Parte– y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Por tanto, se establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte quejosa sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo.

En el caso a estudio, el presupuesto procesal se refiere a la acreditación del interés jurídico en razón de que el acto reclamado deriva de una resolución jurisdiccional emitida por un tribunal civil. Tal como lo establece el citado artículo 107, fracción II, (sic) párrafo segundo, de la Constitución General y lo regula el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo al disponer:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

"El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

"La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley."

Motivo por el cual, debe concluirse que para instar la acción constitucional se deben acreditar los elementos del interés jurídico.

El interés jurídico es entendido como la transgresión por parte de una actuación de la autoridad a un derecho legítimamente tutelado por una norma de derecho objetivo. A decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el interés jurídico se trata de un derecho transgredido por la actuación de la autoridad o por la ley, de modo que aquél como elemento esencial de la acción, juntamente con la pretensión, obedece a que la acción consiste en la facultad de instar al órgano jurisdiccional a emitir una sentencia que resuelva un conflicto o controversia del orden jurídico, por lo cual, únicamente pueden plantearse a través de ella, aspectos del orden jurídico por quien justifica ser titular del derecho subjetivo que se señala como fundamento de la sentencia que se solicita.(22)

En otras palabras, únicamente quien es titular del derecho que pretende prevalezca con el dictado de la sentencia se encuentra legitimado para ejercer la acción.

Los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar:

- La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado.

- El acto de autoridad afecta ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente.

La demostración del interés jurídico lleva implícita el tema de procedencia pues, de no darse aquélla, la consecuencia será el sobreseimiento en el juicio y, en el supuesto contrario, una sentencia de fondo que podrá o no otorgar el amparo, pues ello dependerá de que se haya acreditado o no una violación a derechos humanos.

En el caso, se considera que las justiciables no cuentan con interés jurídico para instar la acción constitucional, pues no obstante que la Sala civil responsable, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las hoy quejosas –materia del acto reclamado– calificó de infundados los agravios formulados y confirmó el auto materia de impugnación –resolución "adversa" que pudiera dar lugar a una afectación– lo cierto es que esa determinación no agravia a las justiciables porque debe tenerse en consideración que son demandadas en el juicio civil de origen, en el cual se decretó la caducidad de la instancia, cuya actuación apelaron.

Ahora, de acuerdo con el artículo 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit(23) y la doctrina procesal existente sobre el tema,(24) la caducidad de la instancia consiste en la extinción extraordinaria del proceso a causa de la inactividad procesal de las dos partes durante un periodo prolongado de tiempo establecido en la ley, teniendo como finalidad principal, evitar que los procesos permanezcan abandonados indefinidamente por las partes.

La caducidad de la instancia está considerada de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenio entre las partes, opera de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes, tendiente a impulsar el procedimiento.

Además, conforme al citado numeral, la extinción del proceso por caducidad de la instancia afecta sólo al proceso mismo, pero no la acción o las prestaciones de fondo de las partes, pues éstas pueden ser exigidas en un juicio posterior.

La extinción extraordinaria del proceso por virtud de la actualización de dicha figura jurídica produce, en la primera instancia, la ineficacia de todos los actos procesales realizados con anterioridad al periodo de inactividad que la haya causado, con excepción de las resoluciones firmes sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes; porque éstas regirán en el juicio ulterior si se promoviere, así como las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad, pues éstas pueden ser invocadas en otro posterior, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal.

Así pues, si la caducidad de la instancia sólo produce la ineficacia o extinción de los actos procesales previos al periodo de inactividad que la haya generado, con excepción de las resoluciones firmes que se han enunciado, las cuales pueden invocarse en un diverso proceso donde se demanden las mismas prestaciones, al igual que las pruebas rendidas en el proceso anterior, pues éstas no se vuelven ineficaces, al tratarse de una de las excepciones previstas por la ley; excepciones que otorgan seguridad jurídica a los justiciables y evitan una pérdida de los actos y recursos llevados a cabo legalmente en el proceso, al permitir que lo admitido o declarado válidamente en un juicio caduco, pueda ser invocado nuevamente en un diverso en detrimento de la justicia, del conocimiento de la verdad por parte del juzgador(25) y del derroche de recursos jurídicos y materiales de los contendientes.

Es claro entonces que con la determinación que declara la caducidad de la instancia, por regla general, quien resiente una afectación a su interés jurídico es el accionante, pues de acuerdo con el artículo 9, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, sólo puede iniciar un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, es decir, el interés jurídico que se exige como requisito para que proceda el ejercicio de una acción en juicio ordinario, es la relación que debe existir entre la situación de hecho contraria a derecho o el estado de incertidumbre jurídica que afecte a la parte actora y la necesidad de la sentencia demandada, así como la aptitud de ésta para poner fin a dicha situación o estado de inseguridad.

Lo anterior lo confirma el hecho de que el proceso inicia con la demanda que se presenta ante un órgano jurisdiccional, a fin de obtener una resolución sobre una pretensión litigiosa y lograr, en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado, por lo que si es el actor quien pretende que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena o haga cesar un estado de incertidumbre jurídica, es incuestionable que, como titular de derecho de acción, cuando la autoridad concluye de manera anticipada un proceso por caducidad y, por consiguiente, no declara ese derecho, ni pone fin al estado de incertidumbre jurídica que lo llevó a accionar, es éste quien resiente un perjuicio y, por consiguiente, quien está legitimado para promover el juicio de amparo en términos del artículo 6o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No se soslaya que, por excepción, esa decisión también puede generar agravio al accionado, no porque haya concluido el juicio de manera anticipada y se aduzca que de haberse resuelto el fondo del asunto, la sentencia que llegara a dictarse podría ser favorable, porque probó sus excepciones, pues lo cierto es que hasta el momento en que se decretó la caducidad sólo existía una expectativa de derecho para ambas partes, pero no un derecho adquirido derivado de alguna situación jurídica ya creada, porque todavía no existía sentencia condenatoria o absolutoria a favor de alguno de los contendientes que pudiera dar lugar a que la conclusión anticipada del procedimiento violentara su derecho de acceso a la jurisdicción ni a una condena o absolución en costas judiciales; máxime que, como ya se estableció, los demandados no son titulares del derecho de acción y, por consiguiente, no les puede afectar que no se haya resuelto el fondo del asunto, y tan no lo son –titulares de ese derecho de acción– que como parte demandada no ejercieron acción reconvencional alguna contra la parte actora del juicio de origen, y menos expresaron argumento alguno por el que reclamaran la inconstitucionalidad de la normativa procesal que prevé la caducidad de la instancia con base en que resultaría incompatible con el derecho humano a una tutela judicial efectiva, entre otros. Sobre todo, porque la circunstancia de que los derechos de la parte accionante del juicio de origen queden expeditos constituye una expectativa de derecho, pues no se tiene la certeza de que ésta iniciará un nuevo juicio donde demande nuevamente las mismas prestaciones, pero con base en diversos medios de prueba que pudieran llevar a concluir que se perfeccionó la acción reclamada inicialmente, al tratarse de un acto futuro e incierto.

Sin embargo, como ya se dijo, pueden existir sentencias que por excepción causen perjuicio a los accionados y, por consiguiente, los legitimen para promover el amparo, como por ejemplo, cuando se les condene al pago de costas, porque si bien éstas son de naturaleza accesoria a la pretensión principal en el juicio relativo, deben seguir la misma suerte de aquélla; sin embargo, atendiendo a que toda persona que entable contra otra un juicio de manera injustificada, o bien se vea desfavorecida con el fallo recaído, está obligada a compensar los gastos erogados por las partes a las cuales llevó el procedimiento litigioso, por lo que, se insiste, la condena o absolución de tal tópico, abre la instancia del juicio constitucional a la parte que le afecte la determinación respectiva, por trascender a la esfera jurídica de quien perjudique la sanción o absolución de costas, por tratarse de los gastos necesarios erogados por cada una de las partes para iniciar, tramitar y concluir un juicio, o bien cuando consideren los quejosos que la autoridad debió pronunciarse al respecto en su favor, pero sólo respecto de esos tópicos, no en cuanto a la pretensión de que se resuelva el fondo del asunto, porque ello no trasciende a su esfera jurídica,(26) por las razones expuestas.

En tales condiciones, si la Sala responsable no hizo pronunciamiento alguno respecto a si debía o no hacerse condena al pago de costas y las quejosas no se duelen de esa omisión, sino que impugnan la falta de resolución de fondo, porque dicen, la ahora tercera interesada no probó la acción reivindicatoria, es inconcuso que adolecen de interés jurídico para cuestionar esa sentencia.

Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se decrete el sobreseimiento del juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la citada legislación.

Finalmente, atendiendo al sentido de la ejecutoria, este Tribunal Colegiado de Circuito no realizará pronunciamiento expreso respecto de los alegatos formulados por la tercera interesada, puesto que no existe disposición alguna que obligue a ello y del análisis de los mismos.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** y **********, ambas de apellidos **********, por propio derecho, en contra del acto que reclamaron de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, consistente en la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, en el toca civil número **********.

Notifíquese; publíquese, anexándose al expediente en que se actúa copias certificadas de la sentencia reclamada. Anótese en el libro de registro correspondiente; devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Juan García Orozco y Víctorino Rojas Rivera, con voto particular del Magistrado disidente Enrique Zayas Roldán, en contra del sentido del proyecto, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados.

En términos de lo previsto en los artículos 110, fracción XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis aislada 2a. CLVII/2009 y de jurisprudencia 2a./J. 10/2003 y 1a./J. 22/2014 (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXXI, enero de 2010, página 324 y XVII, marzo de 2003, página 386; en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, respectivamente.

________________

10. Fojas 59 y 60 del expediente **********.

11. Fojas 73 a 77 ídem.

12. Foja 105 ibídem.

13. Fojas 21 a 23 del toca civil **********.

14. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."

15. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la extinta Cuarta Sala del Máximo Tribunal, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIII, enero a marzo de 1945, página 46, con número de registro digital: 372970, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN AMPARO. Al dictarse sobreseimiento en un juicio de amparo no se juzga de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, y ese sobreseimiento, conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya incurrido la autoridad responsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado, en tanto que las sentencias en las que se niega la protección federal a los quejosos, sí contiene un estudio respecto de esa constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, siendo por tanto, los efectos del sobreseimiento, muy diversos de los de la negativa del amparo, por lo que el sobreseimiento de ninguna manera puede reputarse como tal negativa."

16. Artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

17. Artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone:

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

"...

"V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

18. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", con número de registro digital: 184572.

19. Artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo, que estatuye:

"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

"...

"III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia."

20. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, materia constitucional, página 699, con número de registro digital: 2004823, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31335-b9d0224b/caducidad-de-la-instancia-en-materia-civil-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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