ARRENDAMIENTO. NULIDAD DE COMPRAVENTA RECONVENIDA, COMPETENCIA PARA RESOLVERLA.
Se publica íntegra la ejecutoria del amparo directo 71/92:
México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos.
VISTO para resolver el juicio de amparo directo número D.C. 71/92, promovido por Cormetal, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado Pedro Bravo González, contra los actos reclamados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Juez Vigésimo del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, consistentes, respectivamente, en la sentencia definitiva dictada en el toca de apelación número 2415/91, relativo al juicio ordinario civil número 628/90, promovido por Inmobiliaria Sitatunga, S.A., contra la quejosa sobre terminación de contrato de arrendamiento; y su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales; y,
RESULTANDO
PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, Inmobiliaria Sitatunga, S.A. por conducto de sus apoderados Rafael Ayala Aranda, Miguel Angel Quintanilla García, Jorge Morales Ortiz y René I. Olivares Cuello, inició juicio ordinario civil ante el Juez Vigésimo del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, en el que demandó de Cormetal, S.A. de C.V., las siguientes prestaciones: a).- La terminación del contrato de arrendamiento de fecha primero de mayo de mil novecientos ochenta y siete, celebrado por las partes respecto de la casa número 1424 de la calle de Boulevard Adolfo López Mateos, Mixcoac, de esta ciudad. b).- "La declaración judicial de que no produjo efectos la opción de compra que se estableció a favor de la arrendataria en el anexo al contrato de arrendamiento ...". c).- La desocupación y entrega del inmueble arrendado. d).- El pago de las pensiones rentísticas adeudadas hasta la desocupación y entrega del inmueble. e).- Los gastos y costas.
Fundó la demanda en los siguientes hechos: "I.- El día 1o. de mayo de 1987, nuestra representada, como arrendadora, celebró con Cormetal, S.A. de C.V., como arrendataria, contrato de arrendamiento respecto de la casa número 1424 de la calle Boulevard Adolfo López Mateos, Mixcoac, México, D.F., código postal 01460, la cual se ocuparía para localidad comercial destinada a sala de exhibición y compraventa de maquinaria industrial. II.- En la cláusula segunda del contrato mencionado en el hecho que antecede, se estipuló que el término del arrendamiento sería de 18 meses forzosos para ambas partes, contados a partir del 1o. de mayo de 1987. III.- En virtud de que a la fecha el contrato de arrendamiento base de la acción concluyó, al finalizar los 18 meses forzosos, es decir el 1o. de noviembre de 1988, por lo que el mismo se convirtió en voluntario para ambas partes. IV.- El día 5 de marzo del año en curso, nuestra representada, por conducto del C. notificador, notificó a la parte demandada Cormetal, S.A. de C.V., su voluntad de dar por terminado el contrato de arrendamiento base de la acción, lo anterior como consecuencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas ante el C. Juez Vigésimo del Arrendamiento Inmobiliario, expediente número 245/90, extremo que se acredita con las copias certificadas de las aludidas diligencias que también se exhiben y anexan como documentos base de la acción con el número dos de este ocurso. V.- Cabe señalar, que toda vez, que el contrato de arrendamiento venció el 1o. de noviembre de 1988, sin que la arrendataria hubiese ejercitado la opción de compra a que se refiere el anexo al contrato de arrendamiento que en copia fotostática se exhibe por carecer los promoventes del original, tanto durante su vigencia como al finalizar el contrato de referencia, ello no obsta el hecho de que la arrendataria, en forma maliciosa, y después de que nuestra representada le hubiese notificado en jurisdicción voluntaria su voluntad de dar por terminado el referido contrato de arrendamiento, y en forma extemporánea pretendió decir que sí ejercitaba la aludida opción a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovió ante el C. Juez Octavo de lo Civil, expediente No. 286/90 bajo el rubro Cormetal, S.A. de C.V., mismas que le fueron notificadas a nuestra representada el día 26 de marzo del año en curso y que nuestra representada por las razones que se han mencionado, se opuso en los términos del escrito de fecha 29 de marzo último, toda vez que, como es lógico, si ya había concluido el contrato de arrendamiento base de la acción; su accesorio como lo es la opción de compra también caducó, de tal forma que al haber concluido la obligación principal, debe de entenderse que queda caduca la obligación accesoria, que en el caso que nos ocupa lo es precisamente la opción de compra que pretendió hacer valer en forma totalmente extemporánea la parte demandada en el presente juicio, a través de las citadas diligencias.".
SEGUNDO.- Admitida la demanda, se emplazó a la demandada Cormetal, S.A. de C.V., quien formuló su contestación por conducto de sus representantes Rodolfo Payán Rentería y Srebren Hristov Argirov, presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad, respectivamente; quienes negaron las prestaciones reclamadas y en relación a los hechos adujeron lo siguiente: "I. Es cierto. II. Es cierto. III. La actora afirma que: "En virtud de que a la fecha el contrato de arrendamiento base de la acción, concluyó al finalizar los 18 meses forzosos, es decir, el 1o. de noviembre de 1988 ..." No son ciertas las afirmaciones de la actora, pues el día 31 de octubre de 1988 (y no el 1o. de noviembre de 1988), concluyó el término de 18 meses forzosos para ambas partes, pero no el contrato de arrendamiento, que continuó por tiempo indefinido, como la misma actora lo reconoce en el hecho que contestó, al decir que el contrato: "... se convirtió en voluntario para ambas partes ...", porque Cormetal, S.A. de C.V., siguió en el uso y disfrute del inmueble arrendado, sin oposición de la arrendadora. IV. Es cierto. V. La actora afirma varios hechos en este inciso, que se contestaran separadamente: a). Que el contrato de arrendamiento venció el 1o. de noviembre de 1988. No es cierto. Lo que venció el día 31 de octubre de 1988 (y no el 1o. de noviembre de 1988), fue el término de 18 meses forzosos para ambas partes; pero no el contrato de arrendamiento, que continuó por tiempo indefinido. b). Que Cormetal, S.A. de C.V. no ejercitó la opción de compra a que se refiere "el anexo al contrato de arrendamiento... tanto durante su vigencia, como al finalizar el contrato de referencia ..." (textual). No es cierto. El contrato de arrendamiento estuvo en vigor hasta el día 5 de marzo de 1990 en que el C. notificador notificó a Cormetal, S.A. de C.V. la voluntad de la actora de darlo por terminado. Sin embargo, la actora omite mencionar una circunstancia importantísima: que conforme a los artículos 1956, 1178 y 1179 del Código Civil, el último día de cualquier plazo, debe ser completo, por lo que el contrato de arrendamiento concluyó el día 5 de marzo de 1990 a las 24 horas, a pesar de que el notificador hizo la notificación el día 5 de marzo de 1990 a las 9:50 horas y tan es así, que el término para desocupar corre siempre a partir del día siguiente al de la notificación.
Ahora bien, Cormetal, S.A. de C.V., ejercitó la opción de compra, mediante escrito que presentó en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el día 5 de marzo de 1990 a las 12:26 horas, o sea, cuando el contrato de arrendamiento aún estaba en vigor. En efecto, Cormetal, S.A. de C.V., con ese escrito, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria, para que se notificara a Inmobiliaria Sitatunga, S.A., que ejercitaba la opción de compra que le concedió el día 1o. de mayo de 1987, respecto de la casa 1424 de las calles de Boulevard Adolfo López Mateos, Col. Mixcoac, D.F., y terreno en que está construida y que en consecuencia, compraba dicho inmueble en el precio que una Institución Nacional de Crédito determinara, en base a un avalúo físico y comercial al 5 de marzo de 1990. c). Que Cormetal, S.A. de C.V., "en forma extemporánea, pretendió decir que sí ejercitaba la aludida opción a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria ... mismas que fueron notificadas a nuestra representada el día 26 de marzo del año en curso.". Contestación.- Ya demostramos que Cormetal, S.A. de C.V. ejercitó la opción de compra cuando el contrato de arrendamiento aún estaba en vigor, por lo que no puede decirse que lo haya hecho en forma extemporánea. Es cierto que las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por Cormetal, S.A. de C.V., fueron notificadas a la actora el día 26 de marzo del año en curso. d). Que Inmobiliaria Sitatunga, S.A., por escrito de 29 de marzo de 1990, se opuso a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por Cormetal, S.A. de C.V. Contestación.- La actora omite decir, que a ese escrito, recayó el auto de 9 de abril de 1990, que dice: "A sus autos el ocurso de cuenta, sin lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que la ocursante no acredita su personalidad.". También omite decir que ese auto causó estado porque ninguna de las partes lo recurrió. Hicieron valer la defensa de falta de acción y opusieron la excepción de improcedencia de la vía ordinaria civil.
En su mismo escrito Cormetal, S.A. de C.V., reconvino la siguiente prestación: "a). El otorgamiento y firma de la escritura pública que contenga el contrato de compraventa que celebra Inmobiliaria Sitatunga, S.A., como vendedora y Cormetal, S.A. de C.V., como compradora, respecto de la casa 1424 de la calle Adolfo López Mateos, Mixcoac, México, D.F., y terreno en que está construida por un precio de $ 600,000,000.00 (Seis cientos millones de pesos 00/100 M.N.), que la compradora pagará de contado a la vendedora en el momento de firma de la escritura pública de compraventa". Como hechos fundatorios de la reconvención adujeron los que consideraron pertinentes.
TERCERO. El Juez Vigésimo del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, por auto del ocho de noviembre de mil novecientos noventa, se declaró incompetente para conocer de la reconvención y dejó a salvo los derechos de la demandada, para que los hiciera valer ente la autoridad competente; y seguido el juicio por su cauce legal, el Juez del conocimiento dictó sentencia el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que resolvió que la actora probó su acción, y la demandada no justificó sus excepciones y defensas; en consecuencia declaró terminado el contrato de arrendamiento base de la acción y condenó a Cormetal, S.A. de C.V., a desocupar y entregar a la actora la localidad arrendada, en un término de cinco días, contados a partir de que la sentencia sea ejecutable, apercibida de lanzamiento a su costa en caso de incumplimiento; también la condenó al pago de las pensiones rentísticas que se encuentren insolutas hasta la desocupación del inmueble, previa su cuantificación en ejecución de sentencia; en cambio absolvió a la inquilina de la prestación que se le reclamó en el inciso b) del escrito inicial de demanda, por no ser competente para conocer de la misma, y dejó a salvo los derechos de la actora para que los haga valer en la vía y forma correspondiente; por último no hizo condena en costas.
CUARTO. Inconforme con dicha resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, de los que tocó conocer a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que los resolvió en una sola sentencia del trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Se modifica en su resolutivo cuarto, la sentencia definitiva dictada el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno, por la Juez Vigésimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, en los autos del juicio ordinario civil promovido por Inmobiliaria Sitatunga, S.A., en contra de Cormetal, S.A. de C.V., en consecuencia, SEGUNDO.- EL resolutivo a que se alude, deberá quedar en los términos siguientes: Cuarto.- Se declara que quedó sin efecto legal alguno la opción de compra que se estableció en favor de la arrendataria en el anexo al contrato de arrendamiento base de la acción.". TERCERO.- Permanecen intocados los demás resolutivos del fallo impugnado. CUARTO.- No se ace especial condena en costas. QUINTO.- Notifíquese; ..." La sentencia se notificó a la sociedad quejosa por Boletín Judicial del catorce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, la que surtió efectos el día siguiente.
QUINTO. Este es el fallo reclamado en el presente juicio de amparo, cuya demanda se presentó ante la responsable el seis de diciembre de mil novecientos noventa y uno, la que la remitió junto con su informe justificado y los autos originales del juicio a este tribunal colegiado, donde se admitió por auto del diez de enero anterior; satisfecho el trámite legal, se turnó el expediente al Magistrado ponente, con lo que quedó en estado de sentencia, sin que la agente del Ministerio Público Federal adscrito hubiese formulado pedimento.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente negocio, conforme a lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley de Amparo; 44, fracción I, inciso c), 45, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, por reclamarse una sentencia definitiva pronunciada en un juicio civil, por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito.
SEGUNDO. Quedó probado el acto reclamado con el informe justificado de la responsable y los autos del juicio natural.
TERCERO. Las consideraciones en que se apoya la resolución reclamada son: "I. En cuanto concierne a los razonamientos que informan el único agravio esgrimido por la parte actora, es de considerarse que resultan substancialmente fundados. En efecto, del análisis del libelo iniciatorio de la instancia de origen, así como del contexto fáctico que la integra, se advierte que la actora, hoy apelante, reclamó también como pretensión la declaración judicial de que no produjo efectos la opción de compra que se estableció en favor de la arrendataria, en el anexo del contrato de arrendamiento que celebraron el día primero de mayo de mil novecientos ochenta y siete, respecto del inmueble marcado con el número mil cuatrocientos veinticuatro de la calle de Boulevard Adolfo López Mateos de esta capital. Ahora bien, en el resolutivo cuarto de la sentencia recurrida, la Juez del conocimiento absolvió a la demandada en cuanto concierne a dicha prestación, por haber considerado que carecía de competencia legal para conocer de la misma, lo cual efectivamente, como lo apunta la inconforme, es contrario a lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, ya que por una parte admitió la demanda en los términos propuestos y, por la otra, además de que se declaró incompetente se pronunció jurisdiccionalmente absolviendo a la parte reo, lo que en principio no resulta lógico, pues cuando existe incompetencia no es dable jurídicamente efectuar pronunciamiento alguno decidiendo la materia controvertida, sino solamente reservar derechos. Además, es indudable que la propia juzgadora no procedió en forma legalmente correcta al estimarse incompetente desde el punto de vista legal para conocer de la pretensión reclamada a que se ha hecho referencia, en mérito de las siguientes consideraciones: Del examen de las constancias judiciales que se tienen a la vista, concretamente el contrato de arrendamiento base de la acción y la "carta compromiso" que en la misma fecha del propio pacto locativo suscribieron las partes y anexaron al referido contrato, se advierte que la opción de compra otorgada en favor de la arrendataria se sujetó, en cuanto a su ejercicio y operancia, "... al término del vencimiento del contrato de arrendamiento de referencia". En este orden de ideas, es inconcuso que el análisis sobre esa cuestión depende de la determinación judicial respecto al momento de verificación de dicha hipótesis, para así estar en condiciones de resolver si la opción fue o no ejercitada oportunamente. Tal análisis compete al Juez del Arrendamiento Inmobiliario, ya que la causa eficiente radica en una situación jurídica inherente al contrato de arrendamiento con base al cual se otorgó la opción. Por tanto, siendo fundados los razonamientos vertidos en vía de agravio en cuanto a la temática de cuanto concierne a esta Sala, con plenitud de jurisdicción, se avoca, en seguida, al estudio y decisión de la pretensión de referencia, siendo de apuntarse que para sistematizar la exposición se analizarán paralelamente los agravios que por su lado hizo valer la parte demandada, pues en ellos combate lo considerado por la Juez del conocimiento en el sentido de que la excepción que opuso y que hizo consistir precisamente en que, según dijo, ejerció la opción de compra el día cinco de marzo de mil novecientos noventa "cuando el contrato de arrendamiento todavía estaba en vigor", la declaró infundada, y ello es lo que constituye la materia de sus alegaciones. II.- Atendiendo al sistema enunciado, es de considerarse que los agravios esgrimidos por la parte demandada, los cuales por la relación que guardan entre sí se estudian en conjunto, resultan infundados. En efecto, del análisis del documento anexo al contrato de arrendamiento base de la acción denominado "carta compromiso", se desprende que se otorgó a la arrendataria opción de compra respecto del inmueble materia de la locación "... a un valor que determine un perito autorizado en base a un avalúo físico y comercial al término del vencimiento del contrato de arrendamiento de referencia.". De la legal interpretación de dicho texto en términos de lo previsto por el artículo 1851 del Código Civil, se colige que la intención de los contratantes fue sujetar el ejercicio de la opción de compra al término forzoso de vencimiento del contrato de arrendamiento, el cual se tiene a la vista y en él se pactó expresamente en la cláusula segunda que el término del arrendamiento sería de dieciocho meses forzosos para ambas partes a partir del primero de mayo de mil novecientos ochenta y siete; luego entonces es por demás claro que el pacto en estudio, conforme a la literalidad del texto en cuestión revela que la opción de compra se sujetó al momento en que venciera el término forzoso del arrendamiento y no, como lo sostiene la demandada apelante, al momento posterior en que la actora en vista de que el arrendamiento había continuado por tiempo indefinido en virtud de haber operado la tácita reconducción, dio a la inquilina en vía de jurisdicción voluntaria el aviso indubitable de dar por terminada la locación en términos del artículo 2478 del ordenamiento sustantivo precitado. Esto es así en virtud de que la notificación a la arrendataria de ser voluntad del arrendador dar por concluido un arrendamiento por tiempo indefinido, no tiene el efecto de crear la relación jurídica propia del contrato por tiempo determinado, porque el plazo de dos meses a que alude el numeral antes invocado, no es término de duración del contrato de arrendamiento, ni prórroga del mismo, sino lapso máximo para la desocupación y entrega del inmueble arrendado; siendo de invocarse en apoyo de este criterio la jurisprudencia 231 consultable en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, página 422, bajo la voz:
"ARRENDAMIENTO POR TIEMPO INDEFINIDO. EFECTO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DEL CONTRATO.". En mérito de lo anterior, es inconcuso que la Juez del conocimiento estuvo en lo legalmente correcto al considerar, como lo hizo, que la excepción planteada por la demandada consistente en la falta de acción para que se declarara que no produjo efecto la opción de compra resultó improcedente, pues efectivamente la ejercitó posteriormente al vencimiento del término estipulado por las partes en el contrato de arrendamiento, por lo que sus alegaciones en cuanto a la violación de los artículos 1956 y 1179 del Código Civil que atribuye a la juzgadora, carecen de fundamento y consecuencia. Y, por las mismas razones legales ya expuestas, es evidente que al no haber ejercitado oportunamente ese derecho, el mismo precluyó, por lo que quedó sin efecto legal alguno la opción de compra pactada en el anexo al contrato de arrendamiento materia del juicio. III. En las relatadas condiciones, procederá revocar únicamente el cuarto punto resolutivo de la sentencia recurrida para quedar en la forma y términos que se precisan en el segundo dispositivo de esta resolución, subsistiendo los demás que informan el fallo recurrido, sin que por otra parte sea dable fincar especial condena en costas por no actualizarse alguno de los supuestos previstos por el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles".
CUARTO. Los conceptos de violación aducidos por la quejosa son los siguientes: "1. En relación con la sentencia dictada en el toca de apelación 2417/91: La Sala responsable confirma el auto materia de la apelación sosteniendo en esencia, que en la reconvención propuesta por mi representada se reclamó de la contraparte, como principal pretensión, "el otorgamiento y firma de la escritura pública que contenga el contrato de compraventa que celebra Inmobiliaria Sitatunga, S.A., como vendedora y Cormetal, S.A. de C.V., como compradora, respecto de la casa 1424 de la calle de Adolfo López Mateos, Mixcoac, de esta capital, por el precio de seiscientos millones de pesos que pagaría la compradora al momento de la firma de dicha escritura", siendo indudable, dice la Sala, que el pronunciamiento sobre tal relación jurídica contractual, corresponde al conocimiento de un Juez de lo civil, conforme a lo dispuesto por los artículos 143 y 144 del Código Adjetivo Civil, en relación con el artículo 54 fracciones II y III de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal; de donde resulta que la Juez a quo actuó correctamente al haber determinado, en el auto recurrido, que carecía de competencia legal para conocer de la reconvención planteada, por lo que no violó los artículos 39, 41 y 160 del Código de Procedimientos Civiles, así como el artículo 60-D de la Ley Orgánica antes invocada, y por ende el agravio hecho valer es infundado. Agrega la sala responsable, que no es óbice a lo anterior, lo aducido por mi representada en el sentido de que la Juez del conocimiento admitió la demanda de la actora en lo principal y por ende involucró la prestación a que se refiere el inciso b) de dicho libelo (la declaración judicial de que no produjo efectos la opción de compra que se estableció a favor de la arrendataria en el anexo al contrato de arrendamiento base de la acción), ya que de las constancias judiciales que obran en el cuaderno principal, consistentes en el contrato de arrendamiento base de la acción y la "carta compromiso" a él anexa, se advierte que la opción de compra otorgada en favor de la arrendataria se sujetó, en cuanto a su ejercicio y operancia, "... al término del vencimiento del contrato de arrendamiento de referencia", siendo inconcuso que el análisis y determinación de la vigencia del contrato de arrendamiento y de la oportunidad del ejercicio de la opción de compra, encuadra en el marco competencial del Juez del arrendamiento, no así la pretensión de otorgamiento y firma de la escritura pública relativa a la compraventa reclamada en vía de reconvención, pues da por perfeccionada una compraventa, lo que es diferente a la determinación judicial en relación a si la opción de compra otorgada se ejercitó o no oportunamente. Dice la Sala, pues, en esencia, que el Juez del Arrendamiento Inmobiliario sí es competente para decidir cuál fue el término y vigencia del contrato de arrendamiento, y para decidir si la opción de compra se ejerció o no oportunamente; pero que no es competente para conocer de la reclamación de otorgamiento y firma de la escritura pública de compraventa derivada del ejercicio de la opción de compra, porque ello implica dar por perfeccionada una compraventa, lo que es diferente a la determinación judicial en relación a si la opción de compra otorgada se ejercitó o no oportunamente, siendo de la competencia de un Juez de lo civil, conocer de esa distinta relación. Refutación: La tesis que sustenta la sala responsable es por completo errónea, dado a que implica dividir una relación jurídica que en su causa y contexto es única y que como tal, al tenor de los artículos invocados en los agravios, debe ser resuelta por un solo Juez, en una única sentencia. Es evidente que la determinación en torno a la vigencia del contrato de arrendamiento y a la oportunidad o no oportunidad del ejercicio de la opción de compra consignada en su carta anexa, implica necesariamente la resolución sobre si la opción se ejercitó o no oportunamente y con ello pronunciamiento acerca del perfeccionamiento de la compraventa cuyo otorgamiento fue materia de la opción. El Juez del Arrendamiento Inmobiliario, a quien la Sala responsable reconoce competencia para decidir en torno a la vigencia del contrato de arrendamiento y a la oportunidad o no oportunidad en el ejercicio de la opción de compra, al resolver sobre tales puntos necesariamente habrá de determinar si la compraventa materia de la opción se perfeccionó o no. Si el Juez decide en el sentido de que la opción se ejercitó en tiempo, con ello también estará determinando que la compraventa se perfeccionó por el acuerdo de voluntades actualizado con el ejercicio de la opción. Si el propio Juez resuelve, como en el caso aconteció, que la opción no fue ejercitada en tiempo, con ello está también determinando que la compraventa no se perfeccionó, porque la voluntad de ejercer la opción no se produjo en tiempo. De lo anterior se advierte que, dentro del orden de ideas del caso, en ningún supuesto será dable a un Juez de lo civil determinar en relación con el perfeccionamiento de la compraventa materia de la opción, para seguidamente condenar o absolver con respecto a la reclamación de otorgamiento y firma de la escritura pública que contenga el contrato de compraventa; pues el punto esencial en el negocio, o sea la determinación en el sentido de si la compraventa se perfeccionó o no por el ejercicio oportuno de la opción, ya habrá sido resuelto por el C. Juez del Arrendamiento Inmobiliario, como se vio anteriormente. Salta a la vista que en el caso que nos ocupa el conocimiento de la reclamación materia de la reconvención, queda dentro de la competencia del C. Juez del Arrendamiento Inmobiliario, toda vez que el otorgamiento y firma de la escritura pública que contenga el contrato de compraventa, no es sino parte de la misma y única, en su causa y contexto, relación jurídica constituida por el contrato de arrendamiento y su opción de compra anexa, constituyendo ese otorgamiento y firma la culminación de los actos a realizar por la vendedora para el cumplimiento de ésta. Así como la sala responsable, al resolver en la apelación a la sentencia definitva dictada en el juicio natural, en plenitud de jurisdicción declara que quedó sin efecto legal alguno la opción de compra que se estableció en favor de la arrendataria, con lo cual resuelve hasta en su última consecuencia esa misma y única, en su causa y contexto, relación jurídica constituida por el contrato de arrendamiento y su opción de compra anexa; de la misma manera el C. Juez del Arrendamiento Inmobiliario, dentro del marco de su competencia y conociendo de la propia relación jurídica, perfectamente pudo y puede conocer de la reconvención planteada, para decidir como última consecuencia de dicha relación, sobre la reclamación de otorgamiento y firma de la escritura pública que contenga el contrato de compraventa materia de la opción. De lo anteriormente expuesto resulta que la sentencia reclamada viola, al omitir su aplicación, los artículos 39, 41 y 160 del Código de Procedimientos Civiles, así como al artículo 60-D de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, y por aplicación indebida, los artículos 143 y 144 del propio código adjetivo, en relación con el artículo 54, fracciones II y III de la misma ley orgánica, al confirmar el auto apelado con apoyo en la reclamada implique conculcación, en agravio de mi representada, a las garantías de exacta aplicación de la ley, legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que es procedente se conceda a mi mandante la protección y amparo de la Justicia Federal en torno a tal sentencia solicitados; para el efecto de que la Sala responsable, dejando insubsistente el acto reclamado, dicte nueva sentencia en la que revoque el auto materia de la apelación, para en su lugar determinar que debe ser admitida la reconvención planteada, con todas las consecuencias legales a ello inherentes. Es pertinente destacar que el presente juicio constitucional resulta procedente con respecto a la sentencia que aquí se ha analizado, de conformidad con los artículos 158, 159, fracción XI y relativos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha sentencia implica violación a las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, como se desprende de los expresados conceptos de violación; pues es evidente que, por tal sentencia reclamada, de la reconvención planteada ya no pudo ocuparse la sentencia de fondo en el juicio natural. 2. En relación con la sentencia dictada en el toca 2416/91: La Sala responsable confirma el auto materia de la apelación, con base en las consideraciones que a continuación en lo conducente transcribo; "Los razonamientos contenidos en el único agravio es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/677-c142b19a/arrendamiento-nulidad-de-compraventa-reconvenida-competencia-para-resolverla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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