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Modo: Corpus Pro

INTERES JURIDICO. SU NOCION EN MATERIA DE RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. * * * MARCAS, NULIDAD DE. QUIENES PUEDEN DEMANDARLA. * * * INTERES JURIDICO. SUS ACEPCIONES TRATANDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS. - - -

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2463/89. · Registro digital (IUS): 749
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FÁBRICAS DE PAPEL LORETO Y PEÑA POBRE, S.A. DE C.V.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, , Pág. 252.

Por acuerdo del Tribunal se publica parcialmente la ejecutoria del amparo en revisión 2463/89:

Quinto.- En los agravios primero y segundo, estudiados en conjunto dada su estrecha conexión, sostiene la revisionista que el fallo impugnado es ilegal porque, contrariamente a lo afirmado por la Juez de Distrito, la tercera perjudicada carecía de interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de nulidad de su registro marcario, considerando que no existe confusión alguna entre éste y el registro cuya titularidad aquélla ostenta. Señala la reclamante que los argumentos de su demanda de amparo sobre las discrepancias existentes entre ambas marcas, los cuales fueron desestimados en la sentencia porque abordaban un tema distinto del tratado en el acto reclamado, ameritaban un examen más cuidadoso por parte de la juzgadora, pues si bien la nulidad de su registro no se decreto por razones de confusión o semejanza con otra marca, lo cierto es que el interés jurídico de su contraria en el procedimiento administrativo sólo podía derivar de tal fenómeno de confusión. En suma, aclara, el problema de semejanza en grado de confusión no se conectó con el fondo del asunto planteado en sede administrativa, sino con el requisito de interés jurídico del demandante. Concluye la revisionista diciendo que de haberse interpretado correctamente su exposición, se habría advertido la ilegalidad del acto reclamado, porque el procedimiento del cual derivó se inició por quien carecía de un derecho subjetivo, es decir, del interés jurídico para instar, según lo que se entiende por este en la doctrina y en el artículo lo. del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente a esta materia. Es parcialmente fundado este agravio, por cuanto y en tanto la juzgadora no interpretó de modo integral los conceptos de violación relacionados con la confusión entre los registros marcarios, a modo de resolver efectivamente la controversia fijada por la quejosa. Para alcanzar esta conclusión, se impone comenzar la exposición de este apartado, con una breve relación de los antecedentes del caso: a) Con fecha veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y tres, se concedió a la quejosa, Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V., el registro número 293134 de la marca Lypps, de fecha legal dieciocho de enero del mismo año, para amparar productos de la clase 37 de la clasificación oficial; b ) Mediante escrito presentado ante la autoridad administrativa el día siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, la ahora tercera perjudicada, Kimberly Clark Corporation, inició el procedimiento de nulidad del registro marcario propiedad del la quejosa, ostentándose como titular del registro número 88247 de la denominación Lys, de fecha legal trece de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, para amparar productos de la misma clase antes identificada; c) Adujo dos causales de anulación: que la marca impugnada era semejante en grado de confusión a la suya, por lo cual violaba los derechos derivados de su título e incurría en la prohibición del artículo 91, fracción XVIII (ahora XXII), de la Ley de Invenciones y Marcas vigente en la época de su otorgamiento; y que la denominación registrada estaba constituida de una palabra de lengua inglesa (LIPS) presentada en una construcción artificiosa, cuya protección marcaria estaba proscrita por la fracción XIII del numeral ya antes citado; d) Oídas las partes promovente y afectada en el procedimiento administrativo y rendidas las pruebas relativas, la autoridad responsable pronunció resolución en donde únicamente se ocupó de la segunda causal propuesta por Kimberly Clark Corporation, la que halló fundada y suficiente para declarar la nulidad demandada, por considerar que la denominación Lypps coincidía fonéticamente con el vocablo lips que en inglés significa labios (LIPS, para los labios o de los labios) y que desde el punto de vista gráfico debía reputarse como una construcción artificiosa de aquélla, que genera en el público consumidor la impresión de tratarse de un producto de procedencia extranjera, siendo que la marca se solicitó sólo para productos de fabricación nacional, características contrarias a lo dispuesto en el artículo 91 fracción XIII de la Ley vigente en la época de su otorgamiento (mil novecientos ochenta y tres), que era aplicable al caso por disposición del artículo 147, fracción I, de la ley, no obstante haberse derogado a partir del año de mil novecientos ochenta y siete. Relatados estos antecedentes, puede compartirse la apreciación de la Juez, de que el problema de confusión entre los registros Lypps y Lys no fue examinado por la responsable, de manera que a falta de pronunciamiento de parte de la administración, su decisión no podía corresponder al Juez de amparo, atento al principio de que este ejerce un control de constitucionalidad sobre los actos de las autoridades, pero no puede sustituirse en las funciones y atribuciones conferidas a ellas en términos de las leyes. Sin embargo, se precisa advertir que la intención de la quejosa al contradecir la acusación de semejanza en grado de confusión de su marca con la de Kimberly Clark Corporation, no consistía en demostrar la legalidad de su título, pues de sobra le era conocido que la invalidez decretada por la responsable no se apoyaba en tal consideración. Pretendía, en cambio, patentizar la falta de interés jurídico de su contraria para iniciar el procedimiento administrativo de nulidad, según puede desprenderse de diversos fragmentos de su demanda de amparo, algunos de los cuales se insertan a continuación: "La ahora autoridad responsable en ningún momento analiza el registro marcario número 88247 Lys propiedad de la ahora tercera perjudicada para amparar productos de la clase 37 de la clasificación oficial, se encuentra afectado en forma directa (el subrayado no es original) porque Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V., haya obtenido el registro de la marca Lypps para amparar exclusivamente papel higiénico, toallas higiénicas, servilletas de papel, manteles individuales de papel, papeles para impresión, papel bond, papel china, papel crepé y papel encerado y en consecuencia obtenido la exclusividad del uso de dicha marca dentro de la República Mexicana, toda vez que ambas marcas no son idénticas y menos aún similares, por lo tanto no se afectan los derechos de la ahora tercera perjudicada y en consecuencia no existe interés jurídico para ejercitar la acción relativa a la declaración administrativa de nulidad del registro marcario número 293134 Lypps, propiedad de la ahora quejosa. Si el registro marcario número 88247 Lys no es idéntico y menos aún semejante en grado de confusión al registro marcario número 293134 Lypps propiedad de la ahora tercero perjudicada y por consiguiente, no se acredita que la tercero perjudicada tenga interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro marcario número 293134 Lipps". (Fojas siete). Se aprecia, pues, como ahora señala la revisionista, que en su demanda de amparo sostuvo que Kimberly Clark Corporation carecía de interés jurídico para acudir al procedimiento administrativo de nulidad, porque ese interés (concebido como un derecho subjetivo perfecto) sólo podía asistirle en caso de confusión de registros marcarios y, en la especie, ese supuesto no se realizó. Dicho en otras palabras, la demandante estima que de acuerdo con la doctrina y la legislación, no cualquier persona puede pretender la declaración administrativa de nulidad de una marca; únicamente goza de esa aptitud, quien sea titular de un registro marcario afectado directamente por el de otro (su contrario en el futuro procedimiento), por razón de semejanza en grado de confusión, condición no satisfecha en su asunto. Definidos así los extremos de la controversia, toca exponer las consideraciones por virtud de las cuales los suscritos magistrados, en sustitución de la juzgadora de primer grado, estiman infundados los conceptos de violación en estudio. La Ley de Invenciones y Marcas preceptúa en el numeral 151: "La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos en que se requiera, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación". De ello se sigue, que la decisión de la autoridad administrativa sobre la invalidez de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento iniciado: de oficio por la propia administración; a petición de "parte"; a solicitud del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación. Como en este juicio no hay duda alguna de que el procedimiento anulatorio se inició por impulso de un particular, no de oficio por la administración, ni a solicitud del Ministerio Público Federal, lo que importa resolver es si, como afirma la quejosa, para convertirse en parte demandante de la nulidad, se precisa ser titular de un derecho subjetivo afectado directamente por el registro atacado, o si es otra la condición legitimadora de la participación de una persona como sujeto activo de la resolución jurídica adjetiva, todo ello considerando que la ley es omisa en establecer las cualidades subjetivas de las "partes" en el procedimiento. La noción de derecho subjetivo ha sido repetidamente delineada por los Tribunales, particularmente los de amparo, al ocuparse del requisito previsto en los artículos 4o. y 73, fracción V. de la ley de la materia, según el cual puede reclamarse la constitucionalidad de un acto de autoridad sólo por quien sufra un perjuicio actual y directo en su esfera jurídica. Al respecto éste Tribunal ha dicho: "En términos del artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de garantías es improcedente en contra de actos que no afectan el interés jurídico del quejoso. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, asiste interés jurídico al quejoso cuando es titular de un derecho subjetivo (público o privado) que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por el conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular tratándose de derechos subjetivos privados tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Lo antes expuesto trasladado al ámbito del derecho público dentro del cual se producen las relaciones administrativas, se traduce, en pocas palabras, en que solo existirá un derecho subjetivo si la norma aplicable fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas del particular. Por el contrario, si la norma no se dictó para asegurar un interés individual exclusivo, sino que se dictó en beneficio de la colectividad en general, es decir, para proteger un interés grupal indiferenciado, entonces se estará en presencia de un interés simple o de hecho y por lo tanto insuficiente para dar a su titular acceso al sistema judicial de control de constitucionalidad". (Amparo en revisión 1883/88.- Raquel Arabedo Martínez y coagraviados. Resuelto el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, por unanimidad de votos)."Uno de los requisitos esenciales de todo derecho subjetivo es la existencia de una norma creada por el legislador con el propósito inmediato de tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular colocado en el supuesto. En este asunto, conviene prestar especial atención al carácter exclusivo del interés protegido. Se dice que un interés es exclusivo cuando no coincide con el interés de un grupo de personas o con el interés público, de modo que aquel es siempre excluyente del de los demás; en este sentido, si la norma es creada no para salvaguardar el interés exclusivo de un particular, sino el interés de todos o el interés general, no se está en presencia de un derecho subjetivo. En efecto, el cumplimiento de una norma con estas características no reportara a ningún particular un beneficio exclusivo y por lo tanto excluyente del provecho que recibiría la comunidad entera, lo cual explica claramente que ninguna persona puede invocar un interés exclusivo a título de legitimación para exigir a la autoridad la observancia de la regla". (Amparo en revisión 267/88.- Eli-Lilly y Cía. de México, S.A. de C. V. Resuelto el ocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho por unanimidad de votos). Son varias entonces las notas calificativas de este concepto, las que en conjunto pueden expresarse diciendo que tiene interés para acudir al juicio de garantías aquel que es titular de un derecho subjetivo afectado directamente por un acto de autoridad. El perjuicio debe ser actual y directo, no indirecto ni eventual. Si esto es así en materia de amparo, no ocurre necesariamente lo mismo en el ámbito administrativo, tratándose de los medios impugnativos (recursos en sentido lato o procedimientos contenciosos) dispuestos en manos de quienes desean atacar los actos de la administración pública que estimen irregulares, bien por ser atentatorios de sus derechos como gobernados, bien por ser violatorios de las normas de derecho objetivo de cuya puntual observancia deriva, en su favor, situación calificada. Lo anterior obedece en principio, a que las leyes administrativas no suelen consagrar un concepto limitado o estrecho de "interés jurídico", tan restringido que se agote en el derecho subjetivo o que excluya, de entre los sujetos aptos para intentar la impugnación en sede administrativa a quienes carezcan de un derecho perfecto, privado o público; este panorama es resultado propiamente de que en México, como en otros países influidos por los principios del contencioso administrativo francés, se ha producido una evolución hacia un concepto más amplio del interés jurídicamente protegido, hasta comprender en él a las personas colocadas en una situación calificada y diferenciable del resto de los habitantes de una comunidad, aunque estas no sean titulares de derechos subjetivos. Y la legislación marcaria no constituye una excepción frente a esta tendencia. En efecto, desde la Ley de Marcas de Fábrica del año de mil ochocientos ochenta y siete hasta la reformada y adicionada con efectos a partir del año de mil novecientos ochenta y siete, no ha existido ningún precepto o antecedente que permita afirmar la intención del legislador de trasplantar a la materia de propiedad industrial el esquema de derecho subjetivo. Por el contrario, ya en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del año de mil novecientos tres, se establecía que la decisión administrativa sobre la validez de una marca podía provocarse por cualquiera que se creyera perjudicado con ella, según se atestigua la redacción del propio precepto: "La acción para pedir la nulidad del registro de una marca corresponde a cualquiera que se crea perjudicado por él y al Ministerio Público en los casos en que haya algún interés general". Esta expresión, si bien sustituida mas tarde por la locución ya antes comentada de "a petición de parte", aparejada originalmente con el reconocimiento del Ministerio Público como representante de los intereses de la sociedad y luego con la autorización para la actuación oficiosa de la administración, anuncia la voluntad del autor de las normas de consagrar un sistema adjetivo tal que garantiza el respeto a la ley, en beneficio tanto del interés de un sujeto particularizado, como de un grupo determinado o de la colectividad. Precisamente, estas tres categorías de interesados -los sujetos singularizados con intereses exclusivos, los miembros de un grupo con una posición en la cual incide por vía de reflejo el acto administrativo, y las demás personas en cuanto miembros de la comunidad- explican la redacción actual del artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas ya transcrito, y determinan quienes pueden constituirse como partes en el procedimiento administrativo de nulidad del registro marcario, pretendiendo el dictado de una resolución sobre el problema de fondo planteado. La primera categoría, en donde se protege el interés de un sujeto particularizado que se siente afectado por un acto de autoridad, corresponde al concepto de derecho subjetivo ya antes tratado. La nulidad debe ser solicitada por el titular de un derecho (normalmente derivado de un registro marcario, pero también de contenido profesional), siempre que el agravio aducido afecte directamente su esfera exclusiva y personal de poder jurídico. Piénsese, por ejemplo, en el caso de una invasión de los derechos derivados de la marca, producida por la imitación o la semejanza en grado de confusión, o en el desconocimiento del derecho nacido del uso de una marca no registrada, casos previstos en los numerales 91 fracciones XXI y XXII y 93 de la Ley de Invenciones y Marcas. Aquí se actualiza con todo vigor la idea defendida por la quejosa sobre la exigencia de un derecho subjetivo en el solicitante de la nulidad: Si una persona distinta del titular de ese derecho pretendiera atacar el registro, su pretensión no podría prosperar por su falta de interés jurídico, pues no sería la persona perjudicada por el acto. En la segunda categoría de sujetos, en donde se protege el interés de un grupo de personas colocadas en una situación calificada, ya no se habla de un derecho subjetivo; se habla simplemente de un interés jurídicamente protegido (llamado en otras latitudes interés legítimo o identificado bajo el rubro de legitimidad en la causa) configurado por la reunión de diversas circunstancias. Trátese de las personas que no tienen un interés exclusivo, considerado por el derecho como objeto directo de tutela, pero que gozan en cambio de una posición distinta de la de cualquier otro miembro de la comunidad. Tal posición calificada, perfectamente diferenciable, obedece a que los miembros de esta categoría se verán indirectamente beneficiados o perjudicados por el cumplimiento o incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas (tales como participar con su opinión en la creación de actos administrativos), bien porque resulten privados de las ventajas ya obtenidas. Esta categoría no debe ser confundida con la primera de las comentadas, ya que el interés protegido aquí no es exclusivo. Ni tampoco deriva de la observancia de normas legales dictadas para satisfacer intereses de particulares; se trata de un interés, generalmente, grupal, nacido de la infracción de normas legales ideadas para salvaguardar el interés general, pero cuya eficacia trasciende de manera refleja en ciertos sujetos, en atención a su situación de proximidad al acto. Y tampoco corresponde asimilarla a la tercera categoría, mas adelante comentada, reservada para los demás integrantes de la sociedad, toda vez que las personas que ocupan esta posición calificada, tienen un interés distinto del de cualquier sujeto preocupado por la observancia regular de las leyes. Precisamente, en atención a tal condición intermedia (entre los titulares de derechos subjetivos y los titulares de un interés simple o de hecho), es frecuente observar que el autor de normas administrativas conceda a estos sujetos, instancias, acciones o recursos en contra de actos de la autoridad. Los ejemplos en la normatividad mexicana se multiplican y entre ellos pueden citarse los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas), 18 de la Ley Federal de Radio y Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante), 124 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular) y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública). La tercera categoría de interesados, como antes se anuncio, comprende a todos los miembros de la sociedad que, por el solo hecho de serlo, pretenden que las leyes se cumplan, aunque de ello no derive directamente en favor suyo algún beneficio personal. Porque la estricta observancia de la ley no les reportara a título propio ventaja, ni tampoco se vera afectada su esfera personal; en caso de transgresión -la perjudicada será la colectividad entera, el orden jurídico no concede a estos sujetos recursos o medios de defensa vinculantes para la autoridad. La única manifestación de su interés se traduce en la denuncia o acción popular, tal como acontecen la Ley de Invenciones y Marcas cuando el artículo en examen previene la actuación oficiosa de la administración, la cual puede iniciarse por denuncia de un particular o por la autoridad motu proprio. El desarrollo de esta clasificación de interesados permite desentrañar el sentido total del precepto: cuando dispone que la nulidad de un registro marcario podrá pronunciarse "a petición de parte", debe entenderse que se refiere a todo aquel que sea titular de un interés jurídico, es decir, no de un interés de hecho. Ese interés jurídico no deriva necesariamente de un derecho subjetivo, sino que comprende también al que asiste a cierta clase de personas (interesados legítimos), situados en una posición próxima al acto, sobre las cuales, incide por vía de reflejo la actuación de la autoridad. Esta doble vertiente del concepto "interesado" para efectos de la promoción de la acción anulatoria y en general de variados recursos administrativos o instancias contenciosas en sede administrativa, encuentra su aplicación en la naturaleza de los objetos tutelados por cada materia. En el caso de los registros marcarios, el legislador se ha preocupado por proteger y garantizar el respeto no sólo de los derechos exclusivos derivados de cada registro marcario, sino también de los principios reguladores de la concurrencia en el sistema de propiedad industrial, entre los que destacan la competencia leal y el respeto hacia el público consumidor. De esta manera resulta que la acción anulatoria de registros marcarios esta dispuesta en favor de todos aquellos que de manera singularizada, a título personal y exclusivo, vean afectados sus derechos subjetivos y también de todos aquellos que de manera indirecta, pero igualmente actual, vean afectados sus intereses de grupo por haberse violado las reglas de la actividad marcaria. En la especie, Kimberly Clark Corporation gozaba de interés jurídico para pretender de la responsable un pronunciamiento sobre la legalidad del registro de la quejosa, porque acudió al procedimiento como titular de un registro marcario, bastante para acreditar su derecho subjetivo y alegar la violación sufrida en el por la semejanza en grado de confusión de aquel registro y el suyo, y porque a la vez acudió como titular de un interés calificado ( legítimo o preferencial ), nacido de la circunstancia de que su registro correspondía a la misma clase de productos amparados por la marca de su contraria, suficiente para argumentar ( como lo habría podido hacer cualquier titular de un registro en esa clase) la infracción cometida a las reglas de competencia leal, por el uso de una denominación compuesta de una voz extranjera. De lo anterior se desprenden dos conclusiones más: que la autoridad actuó correctamente al reconocer interés jurídico a la tercera perjudicada para cuestionar la legalidad del registro marcario de la quejosa, cualquiera que fuera la causal de anulación que se estudiara, y que la autoridad no estaba obligada a pronunciarse preferentemente sobre la confusión entre las marcas, pues la acción de nulidad podía deducirse indistintamente para cuestionar los problemas de semejanzas y de competencia desleal. A las consideraciones antes apuntadas, podría agregarse que los restantes razonamientos de la quejosa sobre la semejanza entre las marcas no pueden examinarse por este tribunal porque, como antes se apuntó, no es necesario ocuparse de ello cuando la tercera perjudicada también tenía interés jurídico (legítimo) para obtener un pronunciamiento de la responsable sobre la invalidez del registro marcario por ser contrario al principio de la leal competencia. Esta apreciación, por lo demás, no se contradice con lo dispuesto en el artículo lo. del Código Federal de Procedimientos Civiles (invocado insistentemente por la quejosa en apoyo de su pretensión) en el párrafo que a la letra dice: "Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en el, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario". Lo previsto por este precepto no se halla en contradicción con el criterio sostenido ahora por este Tribunal porque dejando al margen las posibles objeciones sobre su aplicabilidad al procedimiento marcario, ante la presencia de una norma específica en este ordenamiento y las diferencias existentes entre la evolución legislativa en materia administrativa y la propia de la materia judicial civil, de su redacción no se advierte la intención de exigir la titularidad de un derecho subjetivo en quien intente la acción. Unicamente requiere la presencia de un interés jurídico, pero no define su concepto. Los efectos, entonces, de este artículo se traducen en proscribir la promoción de juicios con fines solamente académicos o especulativos, por virtud de los cuales las partes contendientes no estén en posibilidades de obtener un provecho o evitar un perjuicio. En tales condiciones, la interpretación formulada por este Tribunal sobre la condición legitimadora del demandante de la nulidad, tratándose de registros marcarios, no se aparta del sentido antes apuntado. Siendo fundados parcialmente los agravios primero y segundo formulados en esta revisión, pero infundados los conceptos de violación relacionados con la falta de congruencia de la sentencia, corresponde analizar ahora el siguiente agravio. En este apartado la reclamante afirma, que no asiste razón a la juzgadora al estimar actualizada la hipótesis del artículo XIII, de la Ley de Invenciones y Marcas vigente en la época de otorgamiento del registro marcario, porque además de que Lypps difiere fonéticamente y gráficamente de la palabra Lips del idioma inglés, aquella debe estimarse excluida de la prohibición por ser resultado de las iniciales que componen su denominación social. Este concepto de inconformidad también merece ser desestimado ya que, como sostiene la Juez, la apreciación de la autoridad responsable esta ajustada a derecho. Respecto de las diferencias entre la denominación defendida en juicio y la registrada por la tercera perjudicada; este Tribunal no comparte la apreciación de la quejosa, pues no advierte que la autoridad responsable, y mas tarde la juzgadora al revisar su actuación, hayan infringido los principios de la lógica y el sentido común al valorar el dictamen pericial agregado en autos, según el cual, fonéticamente no existe diferencia entre las palabras comentadas, y gráficamente la palabra Lypps es una construcción artificiosa de la palabra Lips que produce la impresión de que se trata de un vocablo extranjero. Lo anterior, sobre todo atendiendo a que en el castellano la letra "i" de Lips tiene un sonido igual a la de la letra "y" empleada por la quejosa y a que la duplicación de la letra "p" no es bastante para desvirtuar la apariencia de que se está frente a una palabra extranjera, según lo antes comentado. No obsta a esta conclusión lo aducido por la quejosa a propósito de la integración de la denominación a partir del acrónico de su denominación social, porque es atinada la afirmación de la Juez de que la ley no previene excepción alguna a la prohibición anotada, de allí que al intérprete no se le permitió distinguir. Además, conviene tener presente que, de acuerdo al criterio sostenido repetidamente por los Tribunales competentes en esta materia, el empleo del nombre propio (asimilable a la razón o denominación social de una persona colectiva) no siempre es título bastante para superar alguna condición de irregistrabilidad de una marca. Esta interpretación se debe a que, de admitirse la contraria, se alentarían prácticas indeseables (como la inclusión de un socio con un nombre sinónimo al de otra persona famosa o al de una marca notoria, o como la cesión simulada de los derechos derivados de cierto registro en favor de aquella), tendientes a crear artificialmente las condiciones convenientes para evadir o defraudar la Ley Marcaria. Para concluir el estudio de este agravio, debe señalarse que las reflexiones de la demandante sobre las posibilidades de registrar como

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/749-35288346/interes-juridico-su-nocion-en-materia-de-recursos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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